La independencia en la Nueva Vizcaya.

En los alrededores del Camino Real de Tierra Adentro, el orden social distaba de tener presencia en aquellos territorios. Desde la incorporación de la Nueva Vizcaya, los españoles no lograron una pacificación duradera de los indígenas de la región, ya fueran los tepehuanes, los tarahumaras, los huicholes o los belicosos apaches, que constantemente realizaban incursiones en los pueblos.

Incluso a principios del siglo XIX, seguía muy presente en la conciencia indígena la rebeldía nacida del milenarismo de hace dos siglos, mezclándose con el crecimiento del sentimiento nacionalista criollo. Surgieron movimientos como la rebelión del “indio Mariano” de Nayarit en 1801, que tuvo repercusiones en la Intendencia de Durango, siendo secundado por el “transtornado Mesías de Durango” y el “indio Rafael”, movimientos que fueron reprimidos.

En lugar de detener estas inquietudes sociales, el enrarecimiento del contexto monárquico de la península con la intervención napoleónica de 1808 hizo que arraigara el sentimiento autonomista. Muchos cabecillas indígenas se sumaron a la iniciativa del Ayuntamiento de México, y con su represión surgió una conspiración por parte de los gobernadores de Santa María de Ocotán, José Domingo de la Cruz Valdez, y el de Guazamota, Tomás Páez, quienes fueron denunciados y detenidos antes de tomar las armas.

Con este antecedente, no es sorprendente que los indígenas duranguenses se unieran a la causa de Miguel Hidalgo, especialmente los de la región del Mezquital en el sur. Estos indígenas se habían sublevado en el pueblo de San Andrés del Teul y amenazaban con tomar Sombrerete para dirigirse hacia Durango. Sin embargo, los realistas, comandados por el capitán Pedro María Allende, ocuparon la villa e impidieron que la rebelión se propagara por la intendencia.

La responsabilidad de la defensa de Durango recayó en el comandante general de las Provincias Internas de Occidente, Nemesio Salcedo, quien estableció a Sombrerete como punto fuerte para impedir la incursión de los insurgentes zacatecanos. La pacificación del Mezquital llevada a cabo en noviembre de 1810 fue fundamental en este proceso.

La contrainsurgencia tuvo éxito y los realistas convirtieron a Durango en un bastión confiable para luchar contra los independentistas. Sin embargo, esto no impidió que los tepehuanes siguieran siendo un elemento de desestabilización al rebelarse continuamente. Como ningún movimiento estaba interconectado con otro, los realistas pudieron reprimirlos sin problemas.

El Obispado de Durango desempeñó un papel importante en los procesos llevados a cabo contra los religiosos insurgentes que cayeron prisioneros en manos realistas. Es importante tener en cuenta que el alto clero siempre se mantuvo fiel al rey, mientras que el bajo clero, al estar en contacto directo con el pueblo, apoyaba a las poblaciones que se sumaron a la insurgencia. Esto llevó a la degradación sacerdotal de los miembros capturados para que pudieran ser fusilados. Un caso destacado es el del vicario del valle de Topia, Salvador Parra, quien tenía antecedentes rebeldes al sumarse a las conspiraciones de 1808 y contaba con un historial de continuas fugas hasta que se unió a la insurgencia. Se convenció de secundar el movimiento al toparse con emisarios napoleónicos como Torcuato Medina, reafirmando su idea de luchar contra los “gachupines” afrancesados.

Otro religioso colaboracionista destacado fue Telesforo Alvarado, cura de Pueblo Nuevo, quien ayudó en la rebelión del sinaloense José María González Hermosillo. González Hermosillo tomó villas importantes como el Real de Rosario, Mazatlán y San Sebastián, incentivando a que los indígenas de los cuales Alvarado era responsable se sumaran a sus fuerzas.

Dentro de los territorios que conformaron la Intendencia de Durango o Nueva Vizcaya estaba Chihuahua. Se sabe que muchas de las autoridades de la villa fueron partícipes del movimiento autonomista de 1808 y su anulación hizo que también participaran en conspiraciones para rebelarse. Este fue el caso de la conspiración denunciada y detenida en enero de 1811, encabezada por el regidor y capitán Salvador Porras, el auditor peruano Mariano Herrera y el teniente de Mazatlán, Juan Pedro Walker.

La provincia fue muy favorable a las reformas implantadas por el constituyente de Cádiz, por lo que la implementación de la democracia para la elección de los representantes y miembros del ayuntamiento tuvo un gran recibimiento por la sociedad chihuahuense, que participó activamente. Sin embargo, el gobernador de Durango, Bernardo Bonavia, obstaculizó los procesos desconociéndolos y declarándolos nulos.

Todos estos problemas provocaron malestar entre los criollos que se veían cooptados por las autoridades realistas, como fue el caso de José Félix Tres Palacios, quien estuvo muy activo en la búsqueda de igualdad social. Sin embargo, el empeño de los españoles por ocupar los principales puestos del ayuntamiento llevó a Tres Palacios a participar en una nueva conspiración en enero de 1814, en la que también participaron estadounidenses, la cual fue denunciada.

La restauración del orden constitucional de 1820 renovó el interés de la sociedad de la Nueva Vizcaya por continuar con el experimento democrático. Se eligieron tres diputados más un suplente, además de ser responsables de las elecciones de la provincia de Sonora y Sinaloa para dos diputados. El interés por participar llevó a provincias como Nuevo México a solicitar su representación. Sin embargo, paralelamente al restablecimiento del orden gaditano, surgió el movimiento Trigarante de Agustín de Iturbide, proclamando la independencia. A este movimiento se sumó el militar español Pedro Celestino Negrete, comisionado para liberar el noroeste. Negrete se enfrentó al comandante general de la Nueva Galicia, José de la Cruz, que se había refugiado en Durango.

Inesperadamente, la capital de la Nueva Vizcaya se convirtió en un punto de resistencia realista frente a los iturbidistas, quienes iban sumando apoyos como el del capitán general de las Provincias Internas de Occidente, Alejo García Conde. Negrete sitió Durango en agosto de 1821 y la rindió el 3 de septiembre. Con esto, finalizó la era virreinal en el septentrión e inició su vida dentro de la nación mexicana.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Jose de la Cruz Pacheco. El proceso de independencia en la Intendencia de Durango, del libro La Independencia en las provincias de Mexico.

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El contexto chihuahuense en el siglo XIX.

Imagen:

– Izquierda: Mapa de las intendencias de la Nueva España, en verde limon vemos a la Intendencia de Durango.

– Derecha: Ramón P. Cantó. Retrato de Pedro Celestino Negrete, siglo XIX.

Prejuicios y delincuencia en la sociedad porfiriana.

Desde el siglo XVIII, surgieron en Europa teorías sociales que establecían una conexión directa entre los grupos sociales menos favorecidos y la delincuencia. Estas teorías fueron los primeros indicios de la ideología positivista, que vinculaba la pobreza con la ignorancia, la ociosidad, la suciedad y otros factores como posibles detonantes de comportamientos antisociales, incluida la delincuencia. Se intentaron formular métodos para detectar a potenciales delincuentes.

En el contexto mexicano, décadas de inestabilidad habían generado un nutrido contingente de personas en extrema pobreza que buscaban subsistir de cualquier forma posible, ya fuera mediante la escasa oferta laboral disponible, el autoempleo, las apuestas o recurriendo a la vida criminal. Esto llevó a la proliferación de ideas de criminalización de los pobres entre las autoridades, lo que resultó en la fundación del Tribunal de Vagos. Sin embargo, este tribunal resultó ineficaz debido a la falta de preparación de las autoridades, lo que provocó que muchas de sus acusaciones fueran infundadas.

A pesar de esto, los prejuicios persistían y las autoridades continuaban basando sus leyes en la presunción de que ciertas personas podrían ser potenciales criminales. Un ejemplo de esto fue la promulgación del código penal del Distrito Federal de 1871, que permitía el arresto de cualquier persona que pareciera vaga y que establecía una pena de tres años de cárcel si se les encontraba en posesión de herramientas que se sospechara que podrían utilizarse para cometer delitos.

Uno de los primeros estudiosos de la criminalidad fue Antonio Medina y Ormachea, quien publicó en 1890 un texto donde describía las condiciones de la delincuencia de la época. Aunque seguía adhiriéndose a las antiguas ideas sobre la vagancia, el desempleo y el fraude, recomendaba el internamiento de los vagos en casas especiales en lugar de encarcelarlos. Consideraba esta medida necesaria para prevenir el delito, al considerar a estos individuos como un «peligro social de todos los días y a toda hora». Con esto, Medina y Ormachea proponía excluirlos de la sociedad y sugirió que fueran objeto de continua vigilancia por parte de las autoridades debido a su supuesto potencial criminal.

El enfoque de Medina y Ormachea se centraba en los vagos, las prostitutas no reguladas y los estafadores, todo ello con la idea de suprimir este potencial de criminalidad. Sin embargo, mostraba reservas hacia otros grupos, como los jóvenes abandonados, los exreclusos, los estafadores y los «corredores de mala ley». Esta propuesta contradecía el modelo imperante en ese momento, que era el derecho liberal, el cual se enfocaba en reaccionar frente a los delitos cometidos en lugar de adoptar medidas preventivas. Por el contrario, el derecho positivista, basado en su comprensión de la sociedad, consideraba la prevención como una herramienta clave para el control de la población en general.

Según los positivistas, los delincuentes actuaban como resultado de la conjunción de factores tanto endógenos como exógenos, negando la existencia del libre albedrío. Por lo tanto, consideraban necesario mantenerlos vigilados durante un tiempo indefinido y someterlos a tratamiento, el cual era determinado tanto por su personalidad como por su peligrosidad. Estas razones respaldaban una reacción preventiva, justificándose con el «determinismo biológico».

Una corriente intermedia entre el positivismo y el liberalismo es la conocida como corriente ecléctica, la cual reconocía la existencia del libre albedrío de los individuos, pero también abogaba por investigar las causas detrás de los delitos y estudiar los rasgos de personalidad de los delincuentes. Esta corriente otorgaba mayor peso a la figura del juez para que considerara estas circunstancias como atenuantes.

A pesar de sus diferencias, las tres corrientes coincidían en ciertos puntos, especialmente en lo que respecta a los reincidentes. Dejaban en manos de los jueces la decisión de determinar las penas que los delincuentes deberían enfrentar según su grado de peligrosidad. Sin embargo, el punto de acuerdo principal residía en el aumento del periodo de tiempo que los delincuentes debían pasar en prisión, una tendencia que se reflejaba en las leyes de diversos países.

Hacia 1906, surgió como proyecto para abordar la problemática la creación de colonias penales propuesta por el jurista Querido Moheno. Esta iniciativa tenía como objetivo encerrar a una variedad de personas, incluidos «rateros» (ladrones de poca monta y no violentos), alcohólicos, mendigos, vagos, prostitutas, encubridores y robachicos. Moheno pretendía desterrar a estas «gentes de mal vivir», a quienes consideraba imposibles de redimir debido a sus particularidades fisiológicas.

Para lograr este propósito, Moheno propuso que la concentración de estos individuos se llevara a cabo como parte de la pena cuando fueran arrestados o como medida preventiva, según las interpretaciones de las autoridades políticas de la entidad. Sin embargo, este último punto era anticonstitucional, ya que por ley solo el poder judicial podía dictaminar penas por delitos, según lo estipulado en el artículo 21. Moheno propuso una reforma para extender esta facultad al poder ejecutivo.

Inicialmente, esta propuesta se aplicaría únicamente en el Distrito Federal, cuyo gobierno tenía la misión de hacer realidad el ideal de «orden y progreso» porfiriano. Según este ideal, la capital debía ser un ejemplo de que México había alcanzado la madurez y podía considerarse una nación civilizada que mantenía a su sociedad bajo control.

La propuesta fue implementada y en 1908 se amplió su alcance para castigar a los fabricantes o traficantes de monedas falsas, considerándose necesario cambiar su medio y estilo de vida al colocarlos en una condición diferente. Sin embargo, se excluyó de este internamiento en las colonias penales tanto a reincidentes peligrosos como a individuos peligrosos posdelincuenciales.

En el Distrito Federal y en otras entidades, las autoridades comenzaron a llevar a cabo redadas policiales sin orden judicial y basándose en el criterio de las autoridades. Como resultado, muchas de las detenciones carecían de respaldo legal y fueron utilizadas como herramientas de represión por parte de los gobernantes para encarcelar a sus opositores, violando la ley.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elisa Speckman Guerra. Malvivientes y otros sujetos terribles. Peligrosidad sin delito y defensa social preventiva (México, siglos XIX y XX), de la revista Historia Mexicana, no 73.

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El problema del desempleo y su reflejo en el Tribunal de Vagos.

Imagen: Jose Guadalupe Posada. Doble asesinato en Puente de los Gallos, ca. 1905.

El sitio de Guadalajara y la batalla de Calpulalpan, la derrota conservadora

Por segunda vez durante la Guerra de Reforma, la ciudad de Guadalajara se convirtió en un campo de batalla entre liberales y conservadores a finales de septiembre y principios de octubre de 1860. Esta vez, los conservadores se habían atrincherado en la ciudad bajo el mando del general Severo Castillo, mientras que los liberales, inicialmente liderados por Jesús González Ortega y posteriormente reemplazado por Ignacio Zaragoza, tenían la misión de tomarla.

Sin embargo, se enfrentaban a la dificultad de la pronta llegada de refuerzos conservadores liderados por Leonardo Márquez y Tomás Mejía, quienes contaban con una fuerza de 4,300 hombres y estaban financiados con $200,000 pesos obtenidos de préstamos forzosos durante su victoriosa campaña por el Bajío. Zaragoza se vio presionado por el tiempo y decidió tomar Guadalajara a toda costa, a pesar de que las tropas conservadoras rondaban los 6,000 efectivos, cuyas fuerzas se veían mermadas por la falta de recursos.

Así, en la mañana del 29 de octubre, Zaragoza inició el asalto, desencadenando una batalla cruenta y sin cuartel que dejó la ciudad en ruinas y ninguno de los bandos se proclamaba como vencedor después de 14 horas de combate continuo, dejando exhaustas a ambas fuerzas.

A pesar de haber quedado igualados, la situación en el bando conservador estaba siendo más apremiante al quedarse sin dinero y sin parque. Por lo tanto, Castillo decide iniciar conversaciones con el general liberal Manuel Doblado, algo a lo que Zaragoza no se opuso, ya que esto le permitió preparar los morteros y continuar con el bombardeo al día siguiente. La reunión resultó en un armisticio de 15 días, durante los cuales las fuerzas conservadoras defensoras de Guadalajara no podían abrir fuego contra las tropas liberales. Esto permitió a Zaragoza concentrarse en atacar a Márquez, quien se encontraba en Zapotlanejo, a 34 km de la ciudad.

Para enfrentarlo, Zaragoza comisionó al general Nicolás Regules para perseguirlo y enfrentarlo en las Lomas de Calderón el 1ro de noviembre. La batalla se desencadenó después de que Márquez atacara como represalia contra Zaragoza por negarse a negociar, pero no pudo hacer frente a las tropas liberales y se dio a la fuga. Cerca de 3,000 soldados conservadores fueron capturados en la huida.

Como consecuencia de la derrota de Márquez, el general Castillo decide seguir sus pasos y abandona Guadalajara el 3 de noviembre, lo que representó una derrota decisiva para los conservadores al dejar en manos de los liberales los puntos más importantes del Occidente. Esto permitió a los liberales recuperar el Bajío y comenzar a prepararse, tanto comprando armamento a Estados Unidos como obteniéndolo de la ferrería de Tula. Reunieron una fuerza de 30,000 soldados y 180 cañones para dirigirse hacia la Ciudad de México.

Para finales de octubre, Miguel Miramón sabía que la causa conservadora estaba en desventaja. Un golpe moral fue el retiro de la legación británica, la cual desconoció su gobierno y se instaló en Xalapa. Ante esta situación, Miramón decide vender mobiliario y propiedades para pagar deudas y costear su huida a Europa junto con su familia. Una vez recibida la noticia de la toma de Guadalajara y la derrota de Márquez, Miramón declara el estado de sitio en la capital el 13 de noviembre y vuelve a imponer un préstamo forzoso de $300,000 pesos. Además, ordena a Márquez incautar los bonos de la legación británica por un valor de $660,000 pesos. Emitió una proclama donde admitía la situación crítica y preparaba a los capitalinos para la batalla.

La campaña final de los liberales contra los conservadores comenzó con una victoria para las tropas de Miramón en Toluca el 9 de diciembre, donde capturaron valiosos prisioneros como los generales Santos Degollado y Felipe Berriozábal, lo que les dio impulso para enfrentarse a las tropas de González Ortega, que habían tomado posiciones en la loma de San Miguelito en Calpulalpan con una fuerza de 16,000 hombres.

El día 21, Miramón llegó con la plana mayor de los comandantes conservadores, incluyendo a Márquez, Mejía, Marcelino Cobos y Miguel Negrete, para intentar infligir una derrota milagrosa utilizando los talentos del ejército federal. Esto marcó el inicio de la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre. Miramón decidió atacar el flanco izquierdo de las tropas de González Ortega, conformadas por la división de Michoacán. Sin embargo, tanto él como Zaragoza anticiparon su estrategia y enviaron a las fuerzas del general Regules a resistir el embate con las brigadas de Jalisco y San Luis Potosí. La estrategia de Miramón falló, y fue el turno de González Ortega de atacar a Miramón con las divisiones de Zacatecas y Guanajuato, con el apoyo del fuego de 30 cañones, resistiendo los conservadores durante cerca de una hora.

El ejército conservador finalmente sucumbe al ataque de González Ortega. Aunque tuvieron un breve momento de esperanza con la carga de caballería comandada por Joaquín Miramón (hermano de Miguel), no fue suficiente para cambiar el curso de la batalla. Poco a poco, los soldados conservadores se rinden y algunos cambian de bando, mientras que otros caen prisioneros. Miramón logra escapar de la batalla y se refugia en la Ciudad de México para preparar a su familia para su partida hacia Cuba. Él mismo encuentra refugio en la embajada española y deja la capital el 1 de enero de 1861. Las tropas de González Ortega entran en la ciudad el 25 de diciembre.

A partir del 1 de enero, se inician los festejos generalizados por parte de los liberales en todas las ciudades en celebración de su victoria. Se restaura el gobierno de la Constitución de 1857, y se consolida con el regreso del presidente Benito Juárez al Palacio Nacional el 11 de enero. Así, se pone fin a una guerra cruenta de tres años donde los mexicanos quedaron divididos en bandos irreconciliables. Sin embargo, pasarían algunos años más para la derrota final de los conservadores.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Will Fowler, La Guerra de Tres Años, el conflicto del que nació el estado laico, 1857-1861.

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La debacle conservadora en la Guerra de Reforma.

Imagen: Casimiro Castro. Batalla de San Miguel Calpulalpan, decada de 1860.

El nacimiento del estado de Morelos.

A la llegada del emperador Maximiliano a mediados de 1864, se intentó establecer un nuevo orden territorial para poner fin a la anarquía que se había vuelto endémica en el país. El objetivo era eliminar algunas estructuras territoriales heredadas del virreinato que resultaban insuficientes para las necesidades políticas y poblacionales de la época. Para lograr esto, Maximiliano designó al sabio Manuel Orozco y Berra para llevar a cabo esta tarea. Orozco y Berra basó su trabajo en factores naturales, así como en el potencial poblacional y económico de cada región. Esto resultó en la división del país en 50 distritos más pequeños, creando territorios más manejables que los estados anteriores, que no podían ser administrados de manera eficiente.

Un ejemplo de esta reorganización ocurrió en el sur del Estado de México, donde los distritos de Cuernavaca y Cuautla se quejaban de la ineficiencia del gobierno de Toluca para atender sus necesidades. Estos distritos buscaron separarse, ya sea uniéndose al naciente estado de Guerrero, gracias a la influencia política de Juan Álvarez en la región, o estableciendo un estado propio, como lo proponían los hacendados azucareros, quienes no estaban dispuestos a seguir bajo el dominio del antiguo caudillo.

La propuesta de Orozco y Berra para resolver el problema de una nueva entidad política estaba en consonancia con la propuesta conservadora. Esta propuesta implicaba la incorporación, además de Cuernavaca y Cuautla, de los distritos de Taxco e Iguala del norte de Guerrero, dando lugar al llamado «Departamento de Iturbide». A diferencia de las expectativas de los hacendados de establecer la capital en Cuernavaca, el edicto imperial designó a Taxco como la capital del departamento.

El territorio designado para el Departamento de Iturbide tenía una población de 157,619 habitantes, de los cuales Taxco contaba con 5,000. Esto fue contrario a las preferencias del emperador, quien tenía una afinidad por Cuernavaca, convirtiéndola en su destino favorito para pasar el tiempo, como lo demuestran las referencias a sus visitas al Jardín Borda y su casa de campo en la Villa de Olindo.

Sin embargo, al igual que durante la Guerra de Reforma, estos territorios no lograron mantener una estabilidad administrativa debido a los constantes conflictos y enfrentamientos entre los bandos. Como resultado, en realidad existían dos gobiernos que asumían funciones cuando las tropas estaban presentes en la población: la administración imperial y la republicana, esta última asignada al territorio del Tercer Distrito Militar.

Hasta el momento, no se ha llevado a cabo suficiente investigación historiográfica para comprender completamente los movimientos de ambos bandos durante este período. Aunque el Tercer Distrito mantuvo su carácter itinerante para evitar caer en manos de los imperialistas, inicialmente siguieron el patrón de los caudillos conservadores al establecerse en Cuernavaca. Sin embargo, a partir de 1865, se vieron obligados a trasladarse a Taxco. Esta situación persistió hasta la primera mitad de 1867, cuando los republicanos lograron la victoria.

Bajo el régimen imperial, se restableció la figura conservadora de los prefectos y subprefectos, que habían sido eliminados por la Constitución estatal de 1861. Estos funcionarios tenían la tarea de liderar los esfuerzos para el desarrollo económico de sus regiones, respaldados por un Consejo de Gobierno Departamental. Este consejo estaba integrado por un funcionario judicial, un administrador de rentas, un propietario agricultor, un comerciante y un minero o industrial.

Además, se establecieron las figuras de los comisarios imperiales y los visitadores para salvaguardar la justicia en el interior. Su función era vigilar las actividades de los funcionarios públicos de los departamentos. Sin embargo, en la práctica, estos comisarios y visitadores también fueron propensos a cometer abusos, caer en la corrupción y no cumplir con sus responsabilidades.

En el ámbito militar, el imperio se dividió en tres distritos militares para hacer frente a la resistencia republicana. Estos distritos estaban asignados a diferentes generales y militares leales al emperador. El distrito al que le correspondía el Departamento de Iturbide se compartía con el Valle de México, Toluca, Guerrero, Acapulco, Michoacán, Tula y Tulancingo, teniendo su capital en Toluca.

Como todo lo relacionado con el Segundo Imperio, el departamento de Iturbide llegó a su fin con su derrota a mediados de 1867, cuando las tropas de Mariano Escobedo capturaron a Maximiliano en Querétaro. La historiografía mexicana ha condenado cualquier referencia a los trabajos realizados durante este breve periodo. Con ello, en parte se restauró el antiguo orden, devolviendo al estado de Guerrero su extensión original.

Sin embargo, en el caso del Estado de México, las cosas no podían mantenerse igual. Se otorgaron facultades autónomas al territorio del Tercer Distrito para abordar temporalmente la gobernabilidad de Cuautla y Cuernavaca.

Finalmente, las discusiones políticas comenzaron con la República Restaurada en 1867 y concluyeron hacia 1869, dando lugar al nacimiento del Estado de Morelos tal como lo conocemos hoy en día. Dentro de los debates que se llevaron a cabo, se propuso la adhesión al Tercer Distrito de los distritos de Chalco y Tlalpan, una propuesta que también había sido planteada durante el intento anexionista de Álvarez al estado de Guerrero.

Aunque esto puso fin a la disputa por el surgimiento de una nueva entidad estatal, no resolvió los problemas sociales de sus habitantes. Estos seguían viviendo a merced de las relaciones entre las comunidades y las haciendas, las cuales aún estaban afectadas por años de inestabilidad desde el inicio de la guerra de independencia. El bandolerismo se arraigó como una forma de vida que contribuyó a perpetuar el desorden y la violencia en la región.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Carlos Barreto Zamudio. Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX (1856-1876).

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Los problemas para la creación de un estado para Cuernavaca y Cuautla.

Imagen: 

 – Izquierda: Mapa del estado de Morelos, 1880.

 – Derecha: Osuna. Catedral de Cuernavaca-Morelos, Mexico, principios de siglo XX.

La situación del ejército mexicano en la primera mitad del siglo XIX.

El México independiente, tras su llegada en 1821, enfrentó como principal desafío la herencia de las estructuras sociales novohispanas. Estas estructuras, aunque estaban quedando obsoletas frente a las necesidades de la nueva nación y su inserción en el contexto internacional, permitían la cohesión del vasto territorio que habían heredado. Por un lado, se encontraba la influencia predominante de la Iglesia, y por el otro, la influencia del ejército.

La inmadurez política del país en este período provocó una era oscura de inestabilidad, donde las diferentes facciones luchaban por el poder. En este escenario, el ejército se convirtió en una fuerza clave capaz de inclinar la balanza a favor de aquellos que aseguraran sus intereses. Estos intereses solían consistir en una serie de prebendas que les garantizaban un estatus privilegiado en comparación con el resto de la sociedad.

El problema radicaba en la falta de un mando único en el ejército, el cual estaba dividido entre diferentes jefes regionales. Esta división provocaba serias disputas dentro del ejército, lo que resultaba en conspiraciones constantes tanto entre los soldados como entre los mandos. Para cubrir sus bajas, el ejército recurría frecuentemente a la leva en las comunidades, lo que generaba tensiones adicionales.

Su posición de superioridad con respecto al resto del pueblo llevaba a que los miembros del ejército estuvieran por encima de las leyes civiles. Esto permitía que cometieran abusos contra la población y que sus crímenes quedaran impunes, ya que quedaban bajo el criterio de los mandos militares, quienes tenían la potestad de juzgarlos o no. Una de las razones por las cuales el gobierno permitía esta situación era la constante quiebra de las arcas del estado, que no podían financiar adecuadamente al ejército. Era muy común que el ejército careciera del armamento necesario, que no pudiera mantener el pago completo de los soldados, lo que provocaba la constante desaparición de batallones, o que les otorgaran salarios incompletos. Este sistema de privilegios era el único incentivo para el reclutamiento.

El problema de la falta de presupuesto era tan grave que buena parte de las milicias estatales desaparecieron. Solo quedaban las de Veracruz, Puebla, México, Oaxaca, Distrito Federal, Yucatán, Michoacán, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosí, además de las compañías veteranas de Oriente y Occidente, y las compañías de Guarda Costa.

Las constantes reducciones del presupuesto generaron un problema con los mandos militares, ya que había un exceso de ellos en comparación con el número de batallones disponibles. Muchos de estos mandos tenían que esperar a que se desocupara una plaza para poder trabajar, y era muy común que gran parte de ellos fueran licenciados del servicio. Además del ejército, las fuerzas armadas estaban compuestas por milicias cívicas formadas por miembros de la sociedad civil. Estas milicias fueron constituidas por los mandos realistas durante la guerra de independencia para combatir a la insurgencia, mientras que el ejército se enfocaba en proteger los intereses de los grupos de poder. Esta división se reflejó en la situación mexicana, ya que el ejército quedó bajo la influencia de los conservadores, mientras que las milicias se transformaron en guardias estatales a favor de los liberales.

Los políticos centralistas-conservadores continuamente trataban de incentivar la concentración del poder en el ejército, al mismo tiempo que debilitaban las estructuras de las guardias civiles. Esto provocaba tensiones entre los miembros de ambos cuerpos.

Un ejemplo de esto lo vemos en lo ocurrido en Zacatecas entre 1832 y 1835, donde su gobierno promovió la creación de su propia guardia, la cual llegó a ser muy numerosa. Esto provocó el recelo tanto de la capital como de Antonio López de Santa Anna, quien proclamó la “ley para el arreglo de la milicia local”, que obligaba a contar con un miliciano por cada 500 habitantes. Ante la negativa de los zacatecanos de cumplir con esta ley, Santa Anna realizó una incursión y como castigo separó Aguascalientes del estado de Zacatecas.

A pesar de la defensa del gobierno central en apoyar al ejército, esto no les aseguraba ni el futuro de los soldados ni les garantizaba una posición de estabilidad. Esto hacía que la tropa fuera susceptible de apoyar a cualquier general o caudillo que buscara levantarse contra el gobierno para derrocarlo, ya que de esta manera podrían obtener un medio de subsistencia con un empleo asegurado.

Dentro de la ideología conservadora, tanto la Iglesia como el ejército eran considerados figuras que debían permanecer para asegurar el futuro del país, ya que se consideraban representantes de los intereses nacionales. Por ello, se permitió que estuvieran fuera del orden civil y se los convirtió en un agente desestabilizador para establecer un orden constitucional.

Todos estos factores contribuyeron a que el ejército se convirtiera en un organismo ineficiente que solo actuaba en función de sus propios intereses. Esta crisis se evidenció con la Guerra de Texas de 1835 y la invasión francesa a Veracruz en 1838, donde las fuerzas mexicanas fueron derrotadas. Estos eventos proporcionaron argumentos a los liberales sobre la necesidad de reformar y modernizar el ejército. Buscaban formar una fuerza de 32 mil hombres reclutados por sorteo, con solo 12 generales de división y 24 de brigada bajo control de la capital.

Sin embargo, estos cambios no se implementaron hasta los inicios de la invasión estadounidense, cuando el vicepresidente Valentín Gómez Farías decretó en 1846 la creación de la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional serviría como unidades estatales encargadas de respaldar al desprestigiado ejército. Se convirtieron en agentes importantes para enfrentar a los invasores y, a pesar de la derrota, contribuyeron a reconstruir las relaciones entre los estados y a promover la unidad nacional.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Raúl Gonzales Lezama. La difícil génesis del ejercito liberal, del libro Historia de los ejércitos mexicanos.

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El ejercito novohispano.

Imagen:

 – Izquierda: Richard Knötel. Militares mexicanos hacia 1826, 1890.

 – Derecha: Frederic Remington. Tropas mexicanas en Sonora, 8 de agosto de 1886.

La insurgencia potosina en los últimos años de la guerra.

Desde 1811, con la captura de José Mariano Jiménez junto con el resto de la comitiva de Miguel Hidalgo, la insurgencia del noreste atravesó un periodo caracterizado por la fragmentación de la lucha en diferentes frentes: el texano, el tamaulipeco y el potosino. Estos frentes fueron combatidos por los militares realistas Félix María Calleja y Joaquín Arredondo, siendo uno de los escenarios más sangrientos debido a los esfuerzos realistas por acabar con las gavillas. 

Este periodo alcanzó su punto culminante durante 1814 y 1815 como consecuencia de la captura de José María Morelos, donde tanto la Huasteca como la Sierra Gorda fueron asoladas por una campaña de guerra total, en la cual los realistas se encargaron de perseguir y ejecutar a los insurgentes que cayeron en sus manos, llegando incluso a fusilar a cerca de 400 prisioneros. Con una insurgencia sometida y en continuo retroceso hacia el sur, la intendencia de San Luis Potosí estaba logrando ser pacificada gracias a la iniciativa del virrey Calleja con éxito. Sin embargo, con los ánimos rebeldes aún vivos, estos servirían de combustible para la llegada de un rebelde inesperado proveniente del otro lado del océano.

La restauración de la monarquía en manos de Fernando VII resultó ser una decepción al ver cómo acabaría con el gobierno liberal construido por el constituyente de Cádiz. Por lo tanto, muchos guerrilleros que lucharon contra la invasión francesa pasaron a enfrentarse al gobierno absolutista, como el caso de Xavier Mina, quien influenciado por el padre Servando Teresa de Mier fue convencido de combatir a Fernando VII desde la Nueva España.

Es así como comenzaron a organizarse desde Londres en 1816, apoyados por algunos políticos ingleses, para formar una expedición con soldados españoles, ingleses e italianos, desde donde partirían a Estados Unidos con la esperanza de reclutar más voluntarios y de conseguir tanto financiamiento como armas, pero continuamente fueron engañados y muchos de estos apoyos quedaron en promesas.

Fue así como llegaron a Soto la Marina en abril de 1817, estableciendo un fuerte y empezando a hacer propaganda con la imprenta que llevaron para impulsar a los novohispanos a unirse a su lucha. Lograron el apoyo de los habitantes de Croix y de Soto la Marina, dejando a Teresa de Mier en el fuerte mientras el resto de la expedición partía al interior, siendo atacados y derrotados por Arredondo dos semanas después.

A pesar de esta pérdida, Mina prosiguió su camino a través de la sierra tamaulipeca llegando a territorio potosino. En todo este tramo, fue reclutando voluntarios que se incorporaron a su comitiva, lo que les permitió llegar hasta Lagos con el fin de unirse a las fuerzas del caudillo Pedro Moreno.

Para ese entonces, los trabajos tanto de Calleja como de Arredondo dentro de la sociedad civil habían logrado inclinar la balanza a su favor por parte de las comunidades. Muchos rebeldes se habían levantado en armas debido a la posesión de la tierra como consecuencia de la secularización de las tierras comunales. Sin embargo, la falta de un liderazgo como el de Hidalgo hizo que estos movimientos pudieran ser sofocados por los realistas.

Ayudaría a esta tarea el reglamento de Calleja, donde fusiona las fuerzas civiles con las militares para combatir a la insurgencia. Con ello, las comunidades se hicieron responsables de su propia defensa y ayudó a arraigar los vínculos del ejército realista con el pueblo. Esta estrategia tendría sus frutos con la derrota de la expedición de Mina ya durante la administración del virrey Juan Ruiz de Apodaca.

Antes del estallido de la guerra, la intendencia potosina tuvo problemas para lograr su representatividad en el constituyente de Cádiz. Se eligió tanto al canónigo de Monterrey, Juan José de la Garza, como al terrateniente potosino Florencio Barragán. Sin embargo, el primero ni siquiera partió rumbo a España y el segundo murió antes de embarcarse. Por lo tanto, su única voz la tuvo en el representante de las Provincias Internas de Oriente, el cura Miguel Ramos Arizpe.

Como resultado de los trabajos legislativos, se autorizó el establecimiento de diputaciones provinciales independientes, siendo una de ellas la de San Luis Potosí, que permitiría a sus habitantes participar en la vida política instituyendo 33 ayuntamientos, aunque no lograron establecerse. Esto se debió a la campaña de Calleja que suspendió la ejecución de los mandatos liberales como consecuencia de la restauración absolutista de 1814.

Fue hasta 1820, con la entrada del Trienio Liberal, cuando se reinició el proceso de democratización de la sociedad. Se instaló hasta noviembre la diputación potosina, la cual también correspondía a la representación de Guanajuato. Sin embargo, hubo problemas al momento de implementarlo, como pasó con la representación de las Provincias Internas, que fue abolida por su comandante, el general Arredondo.

Por la diputación potosina, fue elegido el general realista Matias Martin de Aguirre, tocándole recibir a la propuesta autonomista de Iturbide en su estancia en Veracruz a principios de 1821, siendo responsable de exponer los problemas fronterizos con EU que trajo la implementación del Tratado Adams-Onis de 1819 y la conservación de las misiones indígenas. Asi finaliza la participación potosina dentro de la monarquia hispánica al sucitarse al poco tiempo la implementación del movimiento Trigarante de Iturbide, donde San Luis Potosi fue reducida al dividirse en varias provincias que conformaron el noreste mexicano en la primera mitad del siglo.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: María Isabel Monroy Castillo. La independencia en la intendencia de San Luis Potosí, del libro La Independencia en las provincias de México.

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El movimiento insurgente en las Provincias Internas de Oriente.

Imagen:

– Izquierda: Obra de Gomez. Francisco Xavier Mina, 1888. Fuente: https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/xavier-mina-en-londres-nido-de-conspiradores-y-patriotas-americanos-1815-1816

– Derecha: S/D. Mapa de las intendencias, incluyendo la de San Luis Potosi. Fuente: https://www.facebook.com/YoAmoSanLuisMx/photos/a.1260251077371284/3032149406848100/?type=3

La construcción de la “democracia” porfirista.

La consolidación del modelo republicano liberal se logró gracias al liderazgo de Benito Juárez, quien lo defendió de los esfuerzos conservadores por derribarlo. Sin embargo, es importante destacar que en aquel momento no existía una cultura democrática sólida en el país, lo que dio lugar a la construcción de la figura presidencial como si fuera soberana.

Tras la derrota francesa, Juárez continuó presentándose a las elecciones. Su prestigio acumulado le permitía mantenerse en el poder, lo cual generaba molestias en otros sectores del liberalismo que esperaban su oportunidad para ascender. Por ejemplo, Porfirio Díaz representaba a las fuerzas militares y se levantó en armas al perder las elecciones, utilizando la democracia como pretexto.

La muerte fue el único evento que pudo separar a Juárez del poder, y fue entonces cuando ascendió Sebastián Lerdo de Tejada, quien era juez de la Suprema Corte. Sin embargo, Lerdo también sucumbió a las tentaciones del poder y se presentó a la reelección en 1876. En esta ocasión, Díaz aprovechó la división dentro del grupo juarista y la oposición a la presidencia de Lerdo para obtener los apoyos necesarios y triunfar con el Plan de Tuxtepec, colocándose en la presidencia bajo la causa antirreeleccionista.

A diferencia del resto de los liberales, Díaz era considerado moderado, lo que le permitió obtener numerosos apoyos en diversos sectores de la sociedad mexicana, incluidos los grupos conservadores. Estos últimos encontraron un respiro del acoso durante el periodo juarista y, sobre todo, durante el gobierno de Lerdo, lo que les permitió llegar a acuerdos donde, a cambio de garantizar la gobernabilidad del régimen, se pasaba por alto la aplicación estricta de las leyes radicales de la Constitución de 1857.

El éxito en la consolidación de un sistema centralizado en torno a su liderazgo hizo que Díaz se encariñara con el poder. Sin embargo, aún no podía despojarse por completo de los ideales que lo habían llevado a la presidencia, como el antirreeleccionismo promovido en el Plan de Tuxtepec. Por lo tanto, por «congruencia», decidió no presentarse en las elecciones de 1880. No obstante, buscaba una manera de mantener el poder sin ostentarlo directamente. Para lograr esto, utilizó su círculo de amistades para elegir a su sucesor. Este perfil correspondió al general Manuel González, quien había sido un antiguo conservador bajo el mando de José María Cobos y Leonardo Márquez durante la Guerra de Reforma, pero que se acogió al indulto de Juárez ofrecido para enfrentar a los franceses.

Durante la guerra de intervención, González, quien era coronel, estuvo subordinado a las órdenes del general Díaz, a pesar de que paradójicamente se habían enfrentado en la Guerra de Reforma en los territorios del Estado de México, Puebla y Oaxaca. González fue uno de los hombres de confianza de Díaz durante los enfrentamientos contra los franceses, especialmente en las batallas de Miahuatlán y la del 2 de abril en Puebla, donde su participación fue determinante y perdió un brazo.

Durante los desafíos de Díaz hacia el gobierno de la República Restaurada, González fue uno de sus aliados en la lucha. Sin embargo, ante el fracaso del Plan de La Noria, se acogió al indulto y se retiró a su natal Matamoros. A pesar de esto, no perdió el contacto con Díaz y durante la rebelión de Tuxtepec, le permitió tener una sólida red de apoyos entre los empresarios tamaulipecos y regiomontanos, además de contar con el abastecimiento de la frontera.

A pesar del fracaso inicial de Díaz en el noreste, cambió sus planes y decidió dirigirse al sur para encabezar la rebelión, dejando a González a cargo del norte, siguiendo una estrategia de pinza. Las fuerzas de González destacaron al derrotar a las tropas lerdistas en batallas como la de Tecoac, asegurando el triunfo de Díaz y comprometiéndose aún más en recompensarlo.

Una vez en el poder, Díaz nombró a González como gobernador de Michoacán en 1877 y lo ascendió al rango de general de División. Posteriormente, lo designó como ministro de Guerra en 1879 y le encomendó la jefatura de Operaciones del Ejército de Occidente. Esta posición lo hizo responsable de los territorios que se extendían desde Guanajuato hasta Baja California y con la tarea de combatir la rebelión de los seguidores del fallecido Manuel Lozada en Tepic.

El distanciamiento de las luchas en la capital llevó a Díaz a confiar en González, lo que le permitió considerarlo como su sucesor. A pesar de haber comenzado en bandos opuestos, su cercanía se fortaleció durante la intervención, cuando Díaz apadrinó al hijo de González, convirtiéndose en compadres. Sin embargo, lo que realmente contribuyó a que González fuera elegido como sucesor fue su habilidad para manejar los intereses tanto de los caciques como de los caudillos militares, lo que lo convertía en una garantía para la continuación del nuevo orden nacional.

Para poder gobernar, Díaz había tejido una red de intereses entre caudillos y caciques del país, construyendo un equilibrio mediante su intervención. De esta manera, el ejército respetaba la autonomía de los municipios y escuchaba las peticiones de los pueblos, lo que contribuyó a alcanzar la estabilidad en términos de paz y orden. Este enfoque comenzó a dar resultados positivos al impulsar el crecimiento económico del país.

Las generaciones de aquellos años veían con buenos ojos y consideraban necesaria la perpetuación del proyecto porfirista, ya que su enfoque moderado atendía las necesidades de todos los sectores sociales. Sin embargo, esto implicaba un golpe serio a la cultura democrática, que estaba dispuesta a ser sacrificada en nombre del orden y el progreso. Tanto los poderes regionales, el ejército y la sociedad civil habían buscado sin éxito alcanzar esta estabilidad después de la independencia.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Silvestre Villegas Revueltas. Un acuerdo entre caciques: La elección presidencial de Manuel Gonzales (1880), de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea no. 25.

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El contexto político después de 1867.

Imagen: «Cedacito nuevo ¿dónde te pondré?», caricatura de la revista El Padre Cobos, octubre de 1880. 

La resistencia comunal en Veracruz.

Durante el siglo XIX, el país se vio inmerso en un continuo proceso de modernización con el objetivo de equipararse con otras naciones. Era evidente que las estructuras antiguas, heredadas de épocas prehispánicas y coloniales, ya no eran viables para alcanzar esta meta. Era imperativo integrar a las comunidades en el esfuerzo de construcción nacional para superar la crisis. Uno de los estados afectados por estos intentos de modernización fue Veracruz, cuya dinámica económica siempre fue destacada debido a su posición como la puerta del país y a la innegable fertilidad de sus tierras. Estas características la convirtieron en uno de los pilares agrícolas, destacando la producción de cultivos de alto valor como el tabaco y la vainilla.

El epicentro de estos desafíos recaía en el Totonacapan, especialmente en el pueblo de Misantla. Sus habitantes no solo debían hacer frente a las haciendas y ranchos de la región, sino que también asumían la responsabilidad de la seguridad. Por lo tanto, reformas como la Ley Lerdo resultaban inaceptables para ellos.

Debido a su posición estratégica, Misantla fue considerada como un cantón político desde la independencia, según lo establecido por la Constitución de 1824 hasta la Revolución. Este estatus se extendió a cinco pueblos cercanos: Colipa, Juchique de Ferrer, Nautla, Vega de Alatorre y Yecuatla. En conjunto, estos lugares albergaban a una población de alrededor de 10,000 personas a lo largo del siglo XIX, de las cuales la mitad eran totonacos.

En esa época, Misantla experimentaba un periodo de decadencia marcado por una baja densidad poblacional, sin poder competir con localidades cercanas como Papantla o Martínez de la Torre. Además, otras poblaciones mantenían conexiones a través del río Bobos. Se sumaba a estos desafíos un problema de distribución agraria, lo que generaba reclamos legales constantes por parte de la población indígena. Para empeorar la situación, al estar cerca del puerto veracruzano, los habitantes de Misantla se veían obligados a participar en tareas de defensa ante las constantes invasiones o amenazas en la primera mitad del siglo. Como resultado, los campesinos eran reclutados mediante la «Ley del Sorteo», donde se designaba por azar al pueblo encargado de proporcionar voluntarios.

Cuando la leva llegaba a Misantla, los totonacos resistían unirse a los batallones, respaldándose en su propia etnia para evitar participar en las guerras. Aprovechaban los difíciles caminos que dificultaban el traslado de los «voluntarios», permitiéndoles a la comunidad formar grupos para interceptarlos y rescatar a sus vecinos. Este escenario se hizo especialmente evidente en 1839, cuando la resistencia totonaca casi desembocó en una rebelión.

Ante estas amenazas, la comunidad totonaca se organizaba eficientemente y mantenía informados a sus miembros sobre los movimientos del ejército mexicano para evitar que se llevaran a sus conocidos. El orden era tan notable que, cuando la invasión estadounidense llegó a sus puertas, lograron rechazar y expulsar a las fuerzas invasoras hasta Naolinco. Esta valiente hazaña fue reconocida por el gobernador Juan Soto, quien se entusiasmó con los resultados. Intentó persuadir a los totonacos para que se unieran a la lucha contra los estadounidenses, pero estos se negaron a abandonar su comunidad. A pesar de los esfuerzos de Soto, quienes se resistieron fueron etiquetados como antipatriotas, rebeldes y traidores.

Las fuerzas del orden estatal se mostraban incapaces de reprimir a los rebeldes debido a su escaso número, y los misantecos, junto con otros pueblos que se unieron al desacato, conocían a la perfección sus tierras comunales. Esto les permitía defenderse fácilmente del ejército a través de la guerra de guerrillas. Ante la imposibilidad de someterlos, el gobierno veracruzano solicitó a la comandancia general el envío de un destacamento militar. La intención era que los campesinos pudieran apreciar la fuerza de la federación.

En especial, se pedía que los soldados no fueran de la región, ya que, con frecuencia, se consideraban cómplices de los indígenas y aprovechaban su posición de poder para realizar negocios. Con la creciente inconformidad en todas las comunidades del estado, el gobierno tuvo que dejar de lado a Misantla. La prioridad era pacificar la región cercana a la capital Xalapa, donde se manifestaba una rebelión más intensa. De esta manera, los totonacos pudieron mantenerse al margen del desorden generalizado.

La tensión se agudizó hacia 1853 con el último gobierno del veracruzano Antonio López de Santa Anna, quien asumió la presidencia en un país sumido en el caos y sin perspectivas de ser ordenado. Para conformar un nuevo ejército federal, Santa Anna recurrió a la leva y vio en el centro veracruzano la posibilidad de reclutar hombres suficientes para su tropa. Los misantecos, sin embargo, se opusieron firmemente a las intenciones de Santa Anna. El malestar llegó a tal punto que 40 campesinos llegaron a asesinar a las autoridades civiles de la villa, y se sumaron a esta resistencia los habitantes de Papantla y Tlapacoyan.

A pesar de la amenaza cercana del batallón de Puebla, los misantecos no se dejaron amedrentar por el gobierno. Desde la sierra de Chiconquiaco, combatieron con sus gavillas contra las fuerzas federales y lograron mantenerlas fuera de los asuntos de su comunidad. Gracias a sus redes entre los diferentes pueblos, pudieron hacer frente y evitar que sus vecinos fueran desposeídos de sus tierras o incluso de sus vidas.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Roberto Reyes Landa. Resistencia campesina en Misantla, Veracruz: los totonacos contra el servicio militar y la individualización de las tierras en el siglo XIX, de la revista Ulua no. 14

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La Huasteca en las primeras décadas del México independiente.

Imagen: Anónimo. Manifestacion en el Templo parroquial de Misantla, Veracruz, 1937. Fuente: https://www.facebook.com/470028450043042/photos/a.527485034297383/527487330963820?locale=sr_RS

Las labores políticas para la integración mexicana de Guatemala.

En julio de 1822, Vicente Filísola emitió su primera proclama dirigida a la sociedad guatemalteca, en la que informaba acerca de los compromisos del imperio para defender los principios de la trigarancia. Principalmente, negaba la posibilidad de que el nuevo orden mexicano cometiera los mismos errores que España, asegurando la garantía de libertades que no se experimentaron durante su mandato.

En especial, reconocía a la incipiente clase política chapina como capaz de hacer valer sus derechos en el nuevo orden político. Confirmaba la continuidad con los procesos democráticos surgidos del constituyente de Cádiz, asegurando su debida representación dentro del Congreso mexicano para permitirles participar activamente en la política imperial.

Esta apertura fue aprovechada por las provincias guatemaltecas rebeldes, las cuales se acogieron a la promesa de autonomía para integrarse en el orden mexicano. Esto se evidenció con Chiapas, Nicaragua y Comayagua, que consideraron válidas estas disposiciones y solicitaron la misma asignación de representantes. Esta solicitud fue aceptada, formalizando así su ruptura con Guatemala.

La única provincia que logró garantizar la presencia de sus representantes fue Chiapas. La cercanía geográfica, el respaldo de Oaxaca y las intervenciones de Manuel Mier y Terán y Juan Francisco de Azcarate aseguraron la participación de los diputados de Ciudad Real (San Cristóbal de las Casas), Tuxtla, Chiapa, Comitán y el cabildo eclesiástico. Con esto, se formalizaron las intenciones de consolidar la adhesión definitiva a México.

Sin embargo, las demás provincias centroamericanas no tuvieron la misma suerte debido al bloqueo guatemalteco. La única excepción fue San Salvador, que desde un principio contó con el respaldo de Juan de Dios Mayorga. Aprovechando su posición como diputado de Chiquimula, informó en el Congreso los reclamos de la oposición salvadoreña. No obstante, los representantes de Honduras y Comayagua no tuvieron éxito al intentar superar el obstáculo impuesto por las autoridades guatemaltecas. Este contratiempo resultó en que no llegaran a la inauguración de las sesiones, quedando excluidos de las primeras disposiciones. No se hizo ningún intento mínimo para exigir a Guatemala que permitiera su paso o para retrasar los trabajos legislativos. Esto provocó la protesta del diputado por Quetzaltenango, Cirilo Flores, quien formaba parte del movimiento para separar los Altos de Guatemala y abogaba por el autonomismo centroamericano en favor de México, abandonando su curul.

El resto de los representantes centroamericanos llegaron después de la inauguración del Congreso en febrero de 1822. Como resultado, la delegación guatemalteca tuvo que ser representada por suplentes mexicanos y solo contaba con la presencia del coronel salvadoreño Pedro Lanuza y el párroco costarricense Florencio del Castillo. Las demás provincias guatemaltecas y los territorios autónomos llegaron en julio, ya que carecían de recursos para realizar el viaje.

Dado que el gobierno guatemalteco exigía que los diputados costearan sus propios viáticos para presentarse en la Ciudad de México, se dificultaba que Centroamérica pudiera cubrir la cuota asignada de 40 diputados. Esta cifra, exagerada y determinada por el gobierno guatemalteco, buscaba tener la mayor representatividad posible. Se basaba en el criterio de Cádiz, que otorgaba un diputado por cada 27,000 habitantes, conformando la quinta parte del Congreso. Con esto, Iturbide buscaba ganarse la adhesión de Centroamérica. Sin embargo, los representantes centroamericanos nunca ocuparon los lugares asignados y solo lograron llegar 21, número que se redujo debido a enfermedades, abandono o persecución por parte de Iturbide cuando disolvió el Congreso en octubre.

Uno de los problemas a resolver dentro del legislativo mexicano fue garantizar la autonomía de las provincias centroamericanas con respecto a Guatemala, ya que esta autonomía fue la premisa para aceptar la anexión a México. Sin embargo, dentro de las dinámicas de las élites chapinas, se esperaba que al aceptar la adhesión, Guatemala pudiera mantener su supremacía sobre Centroamérica.

Por un lado, la Junta de Guatemala reafirmaba su soberanía sobre las provincias rebeldes, desconociendo los plebiscitos de adhesión realizados un año antes. Aumentando la incertidumbre, el Congreso no reconocía oficialmente la autonomía de estos territorios, a pesar de los esfuerzos de sus diputados por cumplir con este requisito. Uno de los puntos más delicados fue la asignación de tropas mexicanas en Guatemala para sofocar la rebelión salvadoreña. Lanuza exigía la llegada de 35,900 efectivos, algo que Carlos María de Bustamante debatiría, ya que solo estaba dispuesto a enviar 20,000. Los guatemaltecos manejaron a su favor la importancia de llevar a cabo la «Doctrina Iturbide», donde Centroamérica jugaba un papel primordial en la posición geopolítica del imperio.

A medida que pasaba el tiempo, se hacía evidente que las promesas hechas por Iturbide eran irrealizables debido a la multiplicidad de intereses locales que habían respaldado su gestión de adhesión. La única provincia que logró consolidar su adhesión a México fue Chiapas, reconocida previamente por la Soberana Junta Provisional gracias a los esfuerzos de Mier y Terán.

En ese contexto, comenzaba a surgir un sector que abogaba por una integración efectiva de Centroamérica. Por un lado, Mayorga defendía los intereses de los salvadoreños, abogando por el respeto a la voluntad popular a través de medios pacíficos. Por otro lado, Bustamante se oponía al modelo monárquico y al liderazgo de Iturbide, calificándolo de tirano.

Finalmente, el Congreso ratificó la unión de las provincias del Reino de Guatemala al imperio, pero la posición con respecto a la rebelión salvadoreña quedó ambigua. Este asunto sería tratado de manera personal tanto por Iturbide como por parte de su séquito, que pertenecía a la élite chapina.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Mario Vázquez Olivera. El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. Proyecto político y campaña militar, 1821-1823.

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El avance de los independentistas salvadoreños.

Imagen: Anónimo. Ilustración de un águila con las alas extendidas, parada en su pata derecha sobre un nopal y portando una bandera con la leyenda “Livertad”, principios de siglo XIX.

Los inicios de la educación femenina en Yucatán.

Una de las medidas que el bando liberal trató de implementar fue incentivar la educación femenina a nivel nacional. Sin embargo, en el contexto de la posguerra contra los conservadores, resultaba difícil de llevar a cabo debido a la falta de recursos. A pesar de ello, fue uno de los compromisos que intentó promover el presidente Benito Juárez hacia 1870, como parte del proceso de modernización del país y para dejar atrás la sumisión social a la Iglesia.

Aunque en ese momento se replicaba el modelo social heredado del virreinato, en el México decimonónico comenzaron a surgir oportunidades donde las mujeres podían superar su condición de amas de casa o su reclusión en los conventos. Surgieron algunas clases para señoritas orientadas a las artes, pero eran conocimientos accesibles únicamente para aquellas que provenían de familias acomodadas. Mientras tanto, el resto de las mujeres de la sociedad debían conformarse con la vida matrimonial o, en el caso de quedar viudas, afrontar su nueva situación social.

Esta situación empeoraba en las provincias, donde solo en algunas capitales estatales las mujeres tenían la posibilidad de educarse. Esto dependía en gran medida de si se encontraban dentro del flujo comercial de la época o si permanecían aisladas. Un ejemplo de esto es Yucatán, que estaba inmerso en la dinámica comercial del Caribe.

La condición cosmopolita de la península, que le permitía mantener contactos con puertos como Nueva Orleans y La Habana, hizo que las familias poderosas de Mérida (conocida por la infame «Casta divina») se mantuvieran al día de los acontecimientos políticos y sociales del mundo. Sin embargo, esto no impedía que el modelo conservador siguiera siendo la directriz a seguir por la sociedad. Es importante recordar que las élites yucatecas brindaron su apoyo tanto al bando conservador como al imperial.

A pesar de ello, en la península también tuvo una presencia fuerte el bando liberal, encabezado por el general Manuel Cepeda Peraza, quien había combatido a los conservadores desde la Guerra de Reforma. Fue él quien liberó a Mérida de las últimas fuerzas imperialistas en el país en junio de 1867, y como recompensa recibió el cargo de gobernador de Yucatán, que ocupó por poco menos de un año. Aunque su mandato fue breve (falleció en marzo de 1869), Cepeda Peraza adoptó el programa juarista y trató de implementarlo mediante la fundación de instituciones culturales y educativas, como el Instituto Literario de Yucatán. Entre sus compromisos estaba la educación femenina, aunque es importante mencionar que la noción liberal de educación para las mujeres no implicaba su liberación de los deberes familiares tradicionales. De este modo, perpetuaron el papel de subordinación al marido, se les consideraba menores de edad hasta los 30 años y se las veía como eternas menores de edad o débiles mentales.

Dentro de este contexto, surgieron mujeres yucatecas cuyas familias tenían los recursos suficientes para pagar por su educación. Entre ellas se destacaron Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán, quienes se formaron como poetisas y, aprovechando tanto la política juarista como las condiciones de promoción cultural dejadas por Cepeda Peraza, iniciaron una serie de proyectos.

Estas mujeres crearon una serie de instituciones culturales cuyo objetivo era promover la educación femenina e informar sobre las acciones llevadas a cabo por las agrupaciones feministas en el mundo para reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad occidental. Así nació una sociedad literaria feminista, una escuela de paga para señoritas, otra para niñas pobres y una revista, todos estos proyectos fueron llamados por igual «La Siempreviva». En todas ellas, pudieron reunir a todas las mujeres ilustradas de la sociedad yucateca, que provenían de diversos contextos educativos: desde monjas de conventos hasta aquellas provenientes de familias protestantes o que se educaron en el extranjero, siguiendo los ejemplos de Rita Cetina y Gertrudis Tenorio, quienes eran mujeres que vivían solteras y se sostenían a sí mismas sin la necesidad de tener marido.

El objetivo del Instituto La Siempreviva fue proporcionar un espacio donde las mujeres pudieran liberarse de su condición de subordinación frente al hombre. Se buscaba que comprendieran que podían llevar vidas independientes al patriarcado, que aprendieran sobre los orígenes de la opresión, cuestionaran los roles de género asignados por la herencia cultural y, sobre todo, que formaran nuevas redes de amistades para apoyarse mutuamente en momentos difíciles y lograr su emancipación.

Sin embargo, la realidad fue que las condiciones sociales en Yucatán hicieron difícil que el instituto tuviera una mayor proliferación entre las mujeres. Eran pocas las que tenían la oportunidad de tener ingresos propios y ser solteras. Además, muchas de ellas no podían despegarse de sus obligaciones como madres. La alta mortalidad infantil de la época y la mortalidad materna durante los partos complicados también dificultaban que las mujeres pudieran liberarse de su dependencia del marido.

Además de su trabajo educativo, el instituto llevaba a cabo una labor editorial donde se daba espacio tanto a mujeres como a hombres intelectuales para que crearan escritos que fomentaran la idea de la emancipación femenina. Esto abarcaba desde la literatura romántica hasta textos que exaltaban las virtudes espirituales y morales, algunas referencias bíblicas y la enseñanza de la Ilustración y la laicidad.

Junto con la producción propia de las miembros de la asociación, Rita también alentó la traducción de textos feministas de procedencia estadounidense o europea. Dado que muchas de las escritoras yucatecas carecían de calidad literaria, se fomentó el uso de seudónimos para evitar críticas y escrutinio público. Además, se publicaron escritos donde se destacaba la promoción hacia la expansión de la educación.

A lo largo de sus textos, Rita resaltó la importancia de romper con las estructuras opresoras para la mujer y con la ignorancia que fungía como el principal yugo. También invitaba a sus lectoras a desarrollar metas y estrategias para acabar con su condición, todo con el fin de llevarlas al estado de «mujer ilustrada» que pudiera educar a las nuevas generaciones y ser ciudadanas ejemplares para alcanzar un estado de hermandad.

En este sentido, el feminismo decimonónico tuvo como meta alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo la educación mixta. Esta meta fue alcanzada por una de las alumnas de Rita Cetina, Consuelo Zavala, quien en 1905 pudo fundar la primera escuela laica en el estado, que sigue en funciones. Todo este trabajo realizado en el siglo XIX explica lo particular que resultó el feminismo dentro de la política yucateca del siglo XX.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Piedad Peniche Rivero. Rita Cetina, La Siempreviva y el Instituto Literario de Niñas: una cuna del feminismo mexicano, 1846-1908     

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El gradual aumento de la participación femenina en el siglo XIX.

Imagen:

• Izquierda: Revista La Siempreviva no. 19. Diciembre 20 de 1871.
• Derecha: Retrato de Rita Cetina, siglo XIX.