La independencia en la Nueva Vizcaya.

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En los alrededores del Camino Real de Tierra Adentro, el orden social distaba de tener presencia en aquellos territorios. Desde la incorporación de la Nueva Vizcaya, los españoles no lograron una pacificación duradera de los indígenas de la región, ya fueran los tepehuanes, los tarahumaras, los huicholes o los belicosos apaches, que constantemente realizaban incursiones en los pueblos.

Incluso a principios del siglo XIX, seguía muy presente en la conciencia indígena la rebeldía nacida del milenarismo de hace dos siglos, mezclándose con el crecimiento del sentimiento nacionalista criollo. Surgieron movimientos como la rebelión del “indio Mariano” de Nayarit en 1801, que tuvo repercusiones en la Intendencia de Durango, siendo secundado por el “transtornado Mesías de Durango” y el “indio Rafael”, movimientos que fueron reprimidos.

En lugar de detener estas inquietudes sociales, el enrarecimiento del contexto monárquico de la península con la intervención napoleónica de 1808 hizo que arraigara el sentimiento autonomista. Muchos cabecillas indígenas se sumaron a la iniciativa del Ayuntamiento de México, y con su represión surgió una conspiración por parte de los gobernadores de Santa María de Ocotán, José Domingo de la Cruz Valdez, y el de Guazamota, Tomás Páez, quienes fueron denunciados y detenidos antes de tomar las armas.

Con este antecedente, no es sorprendente que los indígenas duranguenses se unieran a la causa de Miguel Hidalgo, especialmente los de la región del Mezquital en el sur. Estos indígenas se habían sublevado en el pueblo de San Andrés del Teul y amenazaban con tomar Sombrerete para dirigirse hacia Durango. Sin embargo, los realistas, comandados por el capitán Pedro María Allende, ocuparon la villa e impidieron que la rebelión se propagara por la intendencia.

La responsabilidad de la defensa de Durango recayó en el comandante general de las Provincias Internas de Occidente, Nemesio Salcedo, quien estableció a Sombrerete como punto fuerte para impedir la incursión de los insurgentes zacatecanos. La pacificación del Mezquital llevada a cabo en noviembre de 1810 fue fundamental en este proceso.

La contrainsurgencia tuvo éxito y los realistas convirtieron a Durango en un bastión confiable para luchar contra los independentistas. Sin embargo, esto no impidió que los tepehuanes siguieran siendo un elemento de desestabilización al rebelarse continuamente. Como ningún movimiento estaba interconectado con otro, los realistas pudieron reprimirlos sin problemas.

El Obispado de Durango desempeñó un papel importante en los procesos llevados a cabo contra los religiosos insurgentes que cayeron prisioneros en manos realistas. Es importante tener en cuenta que el alto clero siempre se mantuvo fiel al rey, mientras que el bajo clero, al estar en contacto directo con el pueblo, apoyaba a las poblaciones que se sumaron a la insurgencia. Esto llevó a la degradación sacerdotal de los miembros capturados para que pudieran ser fusilados. Un caso destacado es el del vicario del valle de Topia, Salvador Parra, quien tenía antecedentes rebeldes al sumarse a las conspiraciones de 1808 y contaba con un historial de continuas fugas hasta que se unió a la insurgencia. Se convenció de secundar el movimiento al toparse con emisarios napoleónicos como Torcuato Medina, reafirmando su idea de luchar contra los “gachupines” afrancesados.

Otro religioso colaboracionista destacado fue Telesforo Alvarado, cura de Pueblo Nuevo, quien ayudó en la rebelión del sinaloense José María González Hermosillo. González Hermosillo tomó villas importantes como el Real de Rosario, Mazatlán y San Sebastián, incentivando a que los indígenas de los cuales Alvarado era responsable se sumaran a sus fuerzas.

Dentro de los territorios que conformaron la Intendencia de Durango o Nueva Vizcaya estaba Chihuahua. Se sabe que muchas de las autoridades de la villa fueron partícipes del movimiento autonomista de 1808 y su anulación hizo que también participaran en conspiraciones para rebelarse. Este fue el caso de la conspiración denunciada y detenida en enero de 1811, encabezada por el regidor y capitán Salvador Porras, el auditor peruano Mariano Herrera y el teniente de Mazatlán, Juan Pedro Walker.

La provincia fue muy favorable a las reformas implantadas por el constituyente de Cádiz, por lo que la implementación de la democracia para la elección de los representantes y miembros del ayuntamiento tuvo un gran recibimiento por la sociedad chihuahuense, que participó activamente. Sin embargo, el gobernador de Durango, Bernardo Bonavia, obstaculizó los procesos desconociéndolos y declarándolos nulos.

Todos estos problemas provocaron malestar entre los criollos que se veían cooptados por las autoridades realistas, como fue el caso de José Félix Tres Palacios, quien estuvo muy activo en la búsqueda de igualdad social. Sin embargo, el empeño de los españoles por ocupar los principales puestos del ayuntamiento llevó a Tres Palacios a participar en una nueva conspiración en enero de 1814, en la que también participaron estadounidenses, la cual fue denunciada.

La restauración del orden constitucional de 1820 renovó el interés de la sociedad de la Nueva Vizcaya por continuar con el experimento democrático. Se eligieron tres diputados más un suplente, además de ser responsables de las elecciones de la provincia de Sonora y Sinaloa para dos diputados. El interés por participar llevó a provincias como Nuevo México a solicitar su representación. Sin embargo, paralelamente al restablecimiento del orden gaditano, surgió el movimiento Trigarante de Agustín de Iturbide, proclamando la independencia. A este movimiento se sumó el militar español Pedro Celestino Negrete, comisionado para liberar el noroeste. Negrete se enfrentó al comandante general de la Nueva Galicia, José de la Cruz, que se había refugiado en Durango.

Inesperadamente, la capital de la Nueva Vizcaya se convirtió en un punto de resistencia realista frente a los iturbidistas, quienes iban sumando apoyos como el del capitán general de las Provincias Internas de Occidente, Alejo García Conde. Negrete sitió Durango en agosto de 1821 y la rindió el 3 de septiembre. Con esto, finalizó la era virreinal en el septentrión e inició su vida dentro de la nación mexicana.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Jose de la Cruz Pacheco. El proceso de independencia en la Intendencia de Durango, del libro La Independencia en las provincias de Mexico.

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– Izquierda: Mapa de las intendencias de la Nueva España, en verde limon vemos a la Intendencia de Durango.

– Derecha: Ramón P. Cantó. Retrato de Pedro Celestino Negrete, siglo XIX.

La insurgencia potosina en los últimos años de la guerra.

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Desde 1811, con la captura de José Mariano Jiménez junto con el resto de la comitiva de Miguel Hidalgo, la insurgencia del noreste atravesó un periodo caracterizado por la fragmentación de la lucha en diferentes frentes: el texano, el tamaulipeco y el potosino. Estos frentes fueron combatidos por los militares realistas Félix María Calleja y Joaquín Arredondo, siendo uno de los escenarios más sangrientos debido a los esfuerzos realistas por acabar con las gavillas. 

Este periodo alcanzó su punto culminante durante 1814 y 1815 como consecuencia de la captura de José María Morelos, donde tanto la Huasteca como la Sierra Gorda fueron asoladas por una campaña de guerra total, en la cual los realistas se encargaron de perseguir y ejecutar a los insurgentes que cayeron en sus manos, llegando incluso a fusilar a cerca de 400 prisioneros. Con una insurgencia sometida y en continuo retroceso hacia el sur, la intendencia de San Luis Potosí estaba logrando ser pacificada gracias a la iniciativa del virrey Calleja con éxito. Sin embargo, con los ánimos rebeldes aún vivos, estos servirían de combustible para la llegada de un rebelde inesperado proveniente del otro lado del océano.

La restauración de la monarquía en manos de Fernando VII resultó ser una decepción al ver cómo acabaría con el gobierno liberal construido por el constituyente de Cádiz. Por lo tanto, muchos guerrilleros que lucharon contra la invasión francesa pasaron a enfrentarse al gobierno absolutista, como el caso de Xavier Mina, quien influenciado por el padre Servando Teresa de Mier fue convencido de combatir a Fernando VII desde la Nueva España.

Es así como comenzaron a organizarse desde Londres en 1816, apoyados por algunos políticos ingleses, para formar una expedición con soldados españoles, ingleses e italianos, desde donde partirían a Estados Unidos con la esperanza de reclutar más voluntarios y de conseguir tanto financiamiento como armas, pero continuamente fueron engañados y muchos de estos apoyos quedaron en promesas.

Fue así como llegaron a Soto la Marina en abril de 1817, estableciendo un fuerte y empezando a hacer propaganda con la imprenta que llevaron para impulsar a los novohispanos a unirse a su lucha. Lograron el apoyo de los habitantes de Croix y de Soto la Marina, dejando a Teresa de Mier en el fuerte mientras el resto de la expedición partía al interior, siendo atacados y derrotados por Arredondo dos semanas después.

A pesar de esta pérdida, Mina prosiguió su camino a través de la sierra tamaulipeca llegando a territorio potosino. En todo este tramo, fue reclutando voluntarios que se incorporaron a su comitiva, lo que les permitió llegar hasta Lagos con el fin de unirse a las fuerzas del caudillo Pedro Moreno.

Para ese entonces, los trabajos tanto de Calleja como de Arredondo dentro de la sociedad civil habían logrado inclinar la balanza a su favor por parte de las comunidades. Muchos rebeldes se habían levantado en armas debido a la posesión de la tierra como consecuencia de la secularización de las tierras comunales. Sin embargo, la falta de un liderazgo como el de Hidalgo hizo que estos movimientos pudieran ser sofocados por los realistas.

Ayudaría a esta tarea el reglamento de Calleja, donde fusiona las fuerzas civiles con las militares para combatir a la insurgencia. Con ello, las comunidades se hicieron responsables de su propia defensa y ayudó a arraigar los vínculos del ejército realista con el pueblo. Esta estrategia tendría sus frutos con la derrota de la expedición de Mina ya durante la administración del virrey Juan Ruiz de Apodaca.

Antes del estallido de la guerra, la intendencia potosina tuvo problemas para lograr su representatividad en el constituyente de Cádiz. Se eligió tanto al canónigo de Monterrey, Juan José de la Garza, como al terrateniente potosino Florencio Barragán. Sin embargo, el primero ni siquiera partió rumbo a España y el segundo murió antes de embarcarse. Por lo tanto, su única voz la tuvo en el representante de las Provincias Internas de Oriente, el cura Miguel Ramos Arizpe.

Como resultado de los trabajos legislativos, se autorizó el establecimiento de diputaciones provinciales independientes, siendo una de ellas la de San Luis Potosí, que permitiría a sus habitantes participar en la vida política instituyendo 33 ayuntamientos, aunque no lograron establecerse. Esto se debió a la campaña de Calleja que suspendió la ejecución de los mandatos liberales como consecuencia de la restauración absolutista de 1814.

Fue hasta 1820, con la entrada del Trienio Liberal, cuando se reinició el proceso de democratización de la sociedad. Se instaló hasta noviembre la diputación potosina, la cual también correspondía a la representación de Guanajuato. Sin embargo, hubo problemas al momento de implementarlo, como pasó con la representación de las Provincias Internas, que fue abolida por su comandante, el general Arredondo.

Por la diputación potosina, fue elegido el general realista Matias Martin de Aguirre, tocándole recibir a la propuesta autonomista de Iturbide en su estancia en Veracruz a principios de 1821, siendo responsable de exponer los problemas fronterizos con EU que trajo la implementación del Tratado Adams-Onis de 1819 y la conservación de las misiones indígenas. Asi finaliza la participación potosina dentro de la monarquia hispánica al sucitarse al poco tiempo la implementación del movimiento Trigarante de Iturbide, donde San Luis Potosi fue reducida al dividirse en varias provincias que conformaron el noreste mexicano en la primera mitad del siglo.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: María Isabel Monroy Castillo. La independencia en la intendencia de San Luis Potosí, del libro La Independencia en las provincias de México.

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– Izquierda: Obra de Gomez. Francisco Xavier Mina, 1888. Fuente: https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/xavier-mina-en-londres-nido-de-conspiradores-y-patriotas-americanos-1815-1816

– Derecha: S/D. Mapa de las intendencias, incluyendo la de San Luis Potosi. Fuente: https://www.facebook.com/YoAmoSanLuisMx/photos/a.1260251077371284/3032149406848100/?type=3

La retórica fernandista de la restauración absolutista.

El derrocamiento del régimen constitucionalista de 1814 para otorgar poderes políticos absolutistas a Fernando VII resultó en una de las primeras acciones: intentar sofocar las rebeliones independentistas que surgieron a lo largo de Hispanoamérica. Esto se llevó a cabo jugando con la idea providencialista surgida durante su cautiverio en Francia, donde llegaría a ser llamado «el deseado». Por ello, una de sus primeras medidas fue ofrecer una política de indultos generalizados a los insurgentes, idea con la que el virrey Félix María Calleja estaba en desacuerdo, al conocer cómo pensaban.

Además de estas medidas ejecutivas, el aparato de gobierno inició una campaña para difundir la idea de Fernando VII como el rey elegido por Dios para defender el nuevo orden, incluso colocándolo como «vencedor» de Napoleón. Se formuló una retórica que comparaba al imperio con Jerusalén, llegando a afirmar que Dios había provocado tanto la invasión francesa como las rebeliones americanas debido al relajamiento en los deberes religiosos, generando seis años de desorden. Sin embargo, se argumentaba que la ira divina había concluido y que Dios había seleccionado a Fernando VII para restaurar la paz y el orden en la Monarquía.

Este discurso mesiánico presentaba a Fernando como una verdadera víctima de las circunstancias, cuya fuerza le permitió superar todos los obstáculos en su camino. Colocaba como primer enemigo al ministro de su padre, Manuel Godoy, seguido por los franceses y, por último, los parlamentarios de Cádiz. Todos ellos, según la narrativa, estaban dispuestos a usurparle el poder al cual había accedido en 1808. Sin embargo, su juramento de luchar por la religión durante su coronación le aseguró la protección divina y, con ello, su futuro retorno a lo que por derecho era suyo.

Todo el aparato se encargaba de desacreditar a todos los adversarios del orden despótico, como el caso de los políticos gaditanos a quienes calificaron como «filósofos impíos», «monstruos del liberalismo» o «discípulos fidelísimos del Tirano». Estos, según la retórica, pretendieron traer la democracia para degradar a Fernando a «Rey de una Farsa». Se referían al poder de Fernando VII como conferido desde la batalla de Covadonga al primer rey Pelayo, líder de la resistencia contra la invasión musulmana, un espíritu que, según afirmaban, conservaron los reinos hispánicos a lo largo de la Edad Media hasta la unificación con el matrimonio de la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, siendo recompensados por Dios con la concesión de América.

Las altas jerarquías, tanto políticas como eclesiásticas, representantes del conservadurismo hispano, consideraban que el despotismo borbónico se había desviado de los antiguos pactos establecidos por la Monarquía con el pueblo. Estos pactos eran vistos como los más sensatos y vigentes para resolver los problemas del momento. Por esta razón, creían necesario romper con este revisionismo promovido por los asambleístas para devolverle sus potestades al rey, quien solo tenía la obligación de velar por la felicidad y la justicia de los pueblos.

A su regreso a España, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812 para «evitar mayores males», pero gracias al «pueblo sano» que reconocía el papel del monarca ante la sociedad, se negaron a aceptar la «injusticia» que se estaba llevando a cabo. Fueron ellos quienes se levantaron, haciendo todos los sacrificios necesarios para devolverle al monarca lo que consideraban su derecho divino.

En el caso de los insurgentes americanos, los fernandistas aducían que el pueblo era fácil de engañar por personas muy hábiles para cometer cualquier tipo de fechorías. Se referían al caso del «Judas de la Nueva España» o el «Barrabás de América», como llamaron a Miguel Hidalgo, alegando que él engañó a varios al levantarse en armas en su nombre. Por lo tanto, hacían un llamado a deponer las armas y elegir su destino: ser fieles a la Monarquía Española o declararse enemigos de Dios y de Fernando.

Según este discurso, el rey, en un acto de bondad, les estaba brindando la oportunidad de reconocer el error en el que habían caído al haber sido engañados por los emisarios del «tirano» para poder regresar al camino correcto. Se advertía que si seguían en el «engaño», serían víctimas de la ira de Dios por haber desobedecido sus mandatos.

Para demostrar el compromiso de regresar a este pasado idílico, Fernando VII ordenó la reinstauración tanto de la Santa Inquisición como de la Compañía de Jesús. Estos últimos eran vistos en su papel de educadores y guardianes de los valores católicos para el pueblo. Además, aprovechando su reinstauración por el Papa Pío VII, varias familias de potentados, tanto peninsulares como americanas, abogaron por su regreso, presentándolos como víctimas de la conspiración universal perpetrada por los ilustrados franceses.

La que no tuvo tan buena acogida fue la Santa Inquisición, ya que su presencia representaba, para Calleja, una pérdida importante de poder ejecutivo. Sin embargo, se aducía que su presencia era la fuente del esplendor de los siglos XVI y XVII, al ser los guardianes del orden social y tener como objetivo perseguir a los francmasones, considerados como enemigos naturales de la monarquía.

Para explicar la participación de clérigos tanto en las rebeliones como en el proceso constituyente, el oficialismo los calificó como «ociosos, ladrones o fanáticos religiosos que desconocían su misión histórica». Por lo tanto, también era necesario encaminar a las órdenes mendicantes para su recomposición y que ayudaran a la restauración.

Por último, faltaba componer la imagen del papa Pío VII, quien coronó a Napoleón como emperador. Dada su posición de debilidad ante las circunstancias, se vio obligado a actuar en ese sentido para salvaguardar a la Iglesia, siguiendo el ejemplo de su predecesor Pío V con los protestantes en el siglo XVI. Así, su retorno a Roma implicaba la restauración del antiguo orden.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Josep Escrig Rosa. La construcción ideológica de la restauración en Nueva España (1814-1816), de la revista Historia Mexicana no. 69.

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Imagen: Anónimo. Alegoría del triunfo de España y Fernando VII sobre Napoleon, 1814.

Los problemas de la representación americana en Cádiz.

Para la conformación del constituyente de Cádiz, quedaba claro que la representación de las Indias quedaba en una injusta desventaja frente a las provincias peninsulares, ya que buena parte de los diputados americanos solo quedarían representados algunas intendencias novohispanas y peruanas, pero el resto de capitanías o territorios como las Filipinas quedarían con presencia testimonial y sin mucha capacidad de influir en el trabajo legislativo. Fue tal el intento por hacer menos la participación americana que los legisladores españoles en muchos de sus documentos omitieron la denominación de los reinos y virreinatos de Indias para designarlos como “lugares”, esta posición epistemológica era lo común tanto entre los absolutistas como los liberales peninsulares, por lo que los representantes americanos constantemente reclamaron la forma en como los colocaban como ciudadanos de segunda y manifestaban su superioridad. La respuesta a estas acusaciones la daría el diputado Agustín de Argüelles, quien les pidió a los diputados americanos conformarse con la forma en como se había constituido el congreso porque ni había oportunidad de esperar la llegada de todos los representantes de Indias y este hecho era inédito dentro de la historia de la monarquía hispánica, por lo que les pidió que depositaran su confianza en los representantes liberales asegurándoles que ellos velarían por sus intereses.

Esta postura seria respondida por Miguel Ramos Arizpe, quien le reclama la forma en como estaban negando su condición de reinos constituyentes dentro de la monarquía, que como tales no debía de existir ninguna relación donde se les deje en condición de colonia, sobre todo les recuerda algunos hechos puntuales donde los representantes indianos formaron parte de la vida política dentro de la organización del imperio, como el llamamiento hecho por el rey Felipe IV en 1635 cuando se convocaron a procuradores representantes de las audiencias la Nueva España y el Perú para participar en el reconocimiento en las Cortes del nombramiento de los príncipes. Basado en eso, la bancada americana exige el anular la decisión de solo dejar a algunos ayuntamientos americanos el tener derecho de representación, por lo que piden la igualdad de condiciones para con la península y que se otorguen a todas las provincias el gozar con un representante en Cortes.

Para los diputados liberales peninsulares, los problemas presentes en Indias eran los mismos que los vividos en España, razón por la cual confiaban en que su trabajo era suficiente para resolver los retos de la vida en ultramar, pero en sus participaciones los diputados americanos les responden que ni siquiera conocían la complejidad de social de los territorios indianos y que rebasaba por mucho a la población en la península, razón por la que pedían la necesidad de la presencia de estos representantes y que se demorase la aprobación de la constitución lo requerido para que pudieran llegar y discutan lo propuesto. Dentro de estos problemas seguía recayendo el estatus legal de los afrodescendientes y quienes estaban quedando sin obtener derechos ciudadanos, habiendo reticencias en reconocer la igualdad de derechos hacia todos los españoles. Las voces conservadoras tuvieron eco dentro de los trabajos legislativos, como el caso del diputado Miguel Alfonso Villagómez quien aseguro que los americanos eran vasallos del rey por derecho de conquista y no de la nación, por lo que los esfuerzos realizados por el congreso lo estarían despojando de lo que le corresponde por derecho, siendo respondido por el representante de Soria, Miguel García Herreros, de que el rey debe de gobernar en igualdad a ambos hemisferios sin hacer diferencias.

Era evidente que los peninsulares no comprendían lo que implicaba declarar la igualdad de los súbditos de las Américas y como no podían seguir manteniendo su posición de privilegio en la administración imperial, así lo manifestó el diputado peruano Ramon Olager Feliú, dejando en claro que la soberanía nacional no implicaba solamente el tener una colección de territorios bajo su dominio, sino que se tenía la obligación de brindarles lo necesario para asegurar su gobernanza. De ahí la razón por la cual todas las provincias de ultramar tenían que gozar de representatividad al tener que velar el rey por su soberanía, pero este tema abría a un problema que siempre buscaron evitar y era el de dirigir a la monarquía hacia la ruta de la federación donde los peninsulares quedarían en inferioridad frente a las Indias. No había forma en que los diputados peninsulares aceptasen la igualdad de representatividad de los territorios de ultramar y estos a su vez no estaban dispuestos a subordinarse a la posición colonial ejercida durante siglos, demostrándose con ello la imposibilidad que implicaba la igualdad ante la falta de voluntad.

La discusión parecía empezar a resolverse en favor de reconocer la igualdad de representación, pero los peninsulares ponen condiciones como lo hizo el valenciano Joaquín Lorenzo de Villanueva al acotar que no debía de ejercerse para las presentes Cortes, ya que esto provocaría que llegasen los diputados americanos y decidieran anular todo el proceso legislativo para reiniciarlo al tener la ventaja de la mayoría. Esto provocaría el reclamo de los representantes americanos donde volvieron a la carga defendiendo la igualdad, como lo hizo el diputado suplente peruano Antonio Zuazo, siendo ellos quienes entendían mejor el concepto de la hispanidad al reconocerse como el mismo pueblo que habitaba tanto en España como en las Américas, por lo que algunos diputados peninsulares llegaron a apoyar la igualdad política para con ello frenar las guerras insurgentes.

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Federico Flores Pérez

Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España.

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Imagen: Anónimo. Constitución de 1812, 1820.

El contexto educativo en los inicios de la vida independiente.

Para los últimos momentos de la época virreinal, la identidad novohispana estaba plenamente formada y se diferenciaba completamente de la peninsular, de quienes a lo largo de los años gobernados por los Borbones se habían visto constantemente acosados ante la gradual perdida de lugares en la administración política en favor de funcionarios peninsulares. Los criollos habían tenido a lo largo de dos siglos y medios como sus principales profesores a los jesuitas, quienes les fueron inculcando valores que les fueron arraigando en su sentimiento de pertenencia como lo representaba el culto a la virgen de Guadalupe, cuando se da la expulsión de los jesuitas en 1767 quedaron en la orfandad al haber sido despojados de sus maestros, por lo que la comunidad intelectual novohispana de finales del virreinato tendrían como características un fuerte nacionalismo y estaban lo suficientemente preparados para responder ante las difamaciones procedentes de muchos ilustrados europeos quienes los menospreciaban por su condición de “colonos”. El propio Alexander von Humboldt encontró un panorama novohispano donde renegaban de la península a la que consideraban un estorbo para alcanzar el verdadero esplendor, sobre todo estaban alentados por el ejemplo dado por Estados Unidos de quienes se tenían noticias de su constante crecimiento como nación.

Este nacionalismo criollo fue el motor que impulsa la carrera autonomista primero como solución para el vacío de poder provocado por la invasión napoleónica, pero ante el fin forzoso provocado por el golpe de Gabriel del Yermo en 1808 provocaría el completo desencantamiento de la permanencia dentro de la monarquía hispánica y se decantan estos criollos por la independencia bajo el amparo de la Guadalupana, aunque esta alternativa no fue compartida y una parte importante de los criollos se mantendrían leales a la corona. Con la derrota de Morelos hacia 1815, el movimiento insurgente entraría en un periodo de constante declive y el reino parecía haber alcanzado la paz, pero ante la ausencia de alternativas para poder alcanzar algún nivel de autonomía hicieron que se fueran desilusionando del rey, pero el retorno al régimen liberal en 1820 hizo que el sector ultraconservador también se viese amenazado ante un orden donde amenazaban sus privilegios, por lo que de pronto amplios sectores de la sociedad quedaron de acuerdo en alcanzar la independencia.

El impulso de la Ilustración y los ejemplos aportados por Francia y EU habían hecho que tanto criollos como peninsulares empezasen a tomar en serio la necesidad de expandir la educación para toda la sociedad, ya que para ese entonces estaba limitada para las clases pudientes quienes tenían acceso a los colegios y universidades, mientras amplios sectores eran analfabetas al limitarse el nivel educativo a difundir el catecismo, muy pocos niños tenían suerte de aprender las primeras letras. Por un lado, los intelectuales criollos vieron como fundamental la promoción de la educación pública para demostrar a los ilustrados europeos que los novohispanos no eran inferiores a ellos y tenían la misma capacidad de progresar, esta misma preocupación fue llevada al pleno durante la discusión de las Cortes de Cádiz por parte del representante Ramos Arizpe, alcanzando el acuerdo mediante el articulo 366 con el que dejaban a los ayuntamientos la responsabilidad de establecer y cuidar las escuelas elementales, así como ocuparse por la promoción de la educación. El objetivo educativo iba en tres sentidos, el enseñar a todos a leer y a escribir, los principios fundamentales de la religión y sobre todo el fomento de la identidad patria hispánica, todo con el fin de infundir a todos los súbditos de la monarquía hispana una sola identidad centralizada y acabar con ello con las ideas autonomistas.

Esta misma preocupación fue atendida por los trabajos reformistas de la insurgencia, recibieron el mayor impulso durante el liderazgo de José María Morelos durante la promulgación de los “Sentimientos de la Nación” y de la Constitución de Apatzingán, estableciendo como principio básico para acabar con la desigualdad el combate a la ignorancia, quedando consignado como deber de estado en el artículo 117 como atributo del Supremo Congreso. Lamentablemente, ni la Constitución de Cádiz ni la de Apatzingán lograron trabajar de forma sostenida por grandes lapsos de tiempo al limitarse a las regiones que controlaban, quedándose solamente en buenos deseos ante un contexto de efervescencia bélica. Una vez alcanzada la independencia con la conformación del Primer Imperio Mexicano, se empiezan las labores legislativas mediante el trabajo en el Proyecto del Regimentó Provisional del Imperio en diciembre de 1822, reconociendo la necesidad de establecer institutos educativos, pero las condiciones que se encontraba la nación eran de una completa quiebra y esto hizo que fracasase cualquier intento de consolidar al imperio.

Con el derrocamiento de Agustín de Iturbide como emperador y el establecimiento de la república en 1823, empezaron pronto la labor legislativa para la conformación de la constitución, ocupándose del problema educativo los representantes José del Valle, Servando Teresa de Mier y Lorenzo de Zavala, quedando consignado como responsabilidad de los congresos estatales, pero no dejaron parámetros a seguir sobre como debía de darse la educación básico quedando completamente libre, lo que dio lugar al afianzamiento como principal institución educativa a la Compañía Lancasteriana establecida en 1822 por el médico español Manuel Codorniu, quien formaba parte de la comitiva de Juan de O’Donojú. El modelo educativo del sistema lancasteriano era el ideal para el contexto mexicano al haber pocos profesores, estableciéndose una relación entre el profesor con los alumnos más adelantados para que estos sirviesen para ayudarlo en el proceso de enseñanza con el resto de sus compañeros, convirtiéndose en la única directriz educativa durante la primera mitad del siglo XIX.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Josefina Zoraida Vázquez. Nacionalismo y educación en México. 

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Imagen: P. C. Klaestrup. Educación mutua, siglo XIX. Fuente: https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/como-era-la-educacion-publica-en-el-mexico-independiente

La monarquía de los dos hemisferios.

Existía un gran conflicto identitario en el momento de definir que era la nación o lo “español” en el momento de la discusión del constituyente de Cádiz, resultaba difícil conciliar los procesos nacionalistas desarrollados tanto en la península como en los reinos de Indias para poder construir una definición de lo hispano que abarcase a los habitantes de ambos lados del océano. Esto implicaba para los peninsulares perder su primacía sobre el resto y con ello podría tener un grave efecto en su industria al estar obligados a mantener la igualdad de todos y con ello acabar su posición ventajosa que les había permitido acaparar monopolios de determinados productos, así como sus privilegios en las provincias de ultramar. Uno de los puntos de debate fue el de definir la relación entre la Nación y el individuo, quien habría de estar subordinado a quien, pero esto se complicaría con la definición sobre quiénes eran los españoles, ya que muchos de los representantes querían marcar esta diferencia según su origen étnico, esto se veía demostrado con la convocatoria de los diputados americanos y su inferioridad pese a tener una mayor población, mientras los peninsulares tenían la mayoría.

Esta situación ponía en bandos diferentes tanto a los liberales partidarios de los principios dejados por la Revolución Francesa y los peninsulares, una de las voces que se manifestaron en contra de las leyes gaditanas fue la del filósofo ingles Jeremy Bentham, quien veía imposible conciliar los intereses de americanos y peninsulares para gobernarse como una sola nación, ya que forzosamente una minoría habría de gobernar a la mayoría anteponiendo sus intereses, sobre todo opinaba que llamar a todos como españoles implicaba que tarde o temprano un americano habría de gobernar la península al seguirse estos principios de igualdad, situación que consideraba inadmisible para los peninsulares. Bentham también consideraba utópica la propuesta de federalizar a la monarquía al no existir un antecedente de administración legislativa entre las provincias y pueblos, ya que esto implicaba una forzosa intromisión colonialista para poder instituirlos, de ahí que proponía que la mejor alternativa para España era la de independizar las Indias ante lo irreal que resultaba la idea de equiparar americanos con peninsulares, en su momento llego a aplaudir la actitud de Portugal durante su reforma constituyente en 1822 cuando en lugar de buscar incluir a Brasil prefirió dejarla ir.

Algo que Bentham no considero es que este mismo problema estaba muy presente dentro de las sociedades americanas, ya que los principales depositarios de los poderes locales eran los criollos y sus subordinados estaban tanto los indígenas como los mestizos, creándose intereses internos igualmente difícil de sostener y donde cada grupo racial no querría verse gobernados por los contrarios (problema que veríamos a lo largo de la historia independiente de Iberoamérica). La solución aportada por las Cortes de Cádiz fue la denegación de su calidad de españoles a los afrodescendientes, sumado a la presencia de los indígenas hizo que desde un principio se condenase a las representación americana a una situación de minoría de edad, así lo manifestó la representación de Andalucía la cual esperaba mantener la relación desigual con los peninsulares en lo alto del escalafón de la monarquía, mientras el diputado por Maracaibo, José Domingo Rus, apostaba por darle a los criollos el papel de vectores de las Indias con España, pero a su vez niega la condición de españoles de los indígenas al no estar relacionados con los criollos de quienes dice hace muchos años perdieron este componente para ser españoles “rancios”, proceso similar al que habían atravesado los españoles con la conquista musulmana.

Los diputados americanos aspiraban a terminar de una vez por todas con todos los malentendidos y desavenencias provocadas por la conformación tanto de la Junta Central como del Consejo de Regencia durante la invasión napoleónica, sobre todo creían que de lograr solucionar estos problemas las revueltas insurgentes que estaban proliferando por todas las Indias se frenarían de una vez por todas. Por eso era importante lograr la igualdad política de las Américas con la península, teniendo su primera victoria con el decreto del 15 de octubre de 1810 donde se establecía la igualdad de derechos de europeos y ultramarinos, pero esto no impidió la existencia de barreras como la de no permitir la igualdad de representación política, que en el caso de la Nueva España solo se le asigno siete diputados, los cuales no representaban el total de las intendencias, peor situación tenían las capitanías como la de Guatemala, Caracas y Chile quienes ni siquiera tendrían diputados sino solamente dos vocales. Para agravar esta serie de agravios hacia los americanos, se dispuso que en el caso de las suplencias de los diputados ultramarinos pudiesen ser ocupados por peninsulares radicados en las provincias.

Estas limitaciones también implicaban silenciar a gran parte de las comunidades americanas al solo tomar en cuenta a las llamadas “cabezas de partido” entendiéndose como las ciudades principales de los virreinatos o las capitanías, todo con tal de evitar la formación de un “ejercito” dentro de los diputados según la opinión del Consejo de España e Indias. La explicación de esto se debía a que se consideraba a América en su conjunto “como una provincia más”, justificando con ello la restricción de la participación a las Juntas provinciales, este problema lo manifestarían los casos de las villas veracruzanas de Orizaba y Córdoba las cuales a pesar de su importancia no eran tomadas en cuenta, mismos reclamos harían otras ciudades novohispanas y peruanas.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura

Federico Flores Pérez

Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España

Imagen:

  • Izquierda: Anónimo. Alegoría de Carlos IV y el imperio español.
  • Derecha: Anónimo. Alegoría de América amamantando extranjeros. (Alegoría de España y su tratamiento de las colonias)

El paso de Servando Teresa de Mier por el constitucionalismo de Cádiz.

La persecución que hicieron las autoridades españolas contra el padre Mier por pertenecer al grupo de los jansenistas finaliza con la invasión napoleónica a la península en 1808, decidiendo salir de su refugio en Portugal para participar en los esfuerzos de guerra para echar a los franceses como capellán del batallón voluntario de Valencia, siguiendo a la división dirigida por el capitán Blake quien cae derrotado en Aragón en la batalla de Beltiche, sirviendo de interprete y de ahí fue mandado a Francia, escapando para reportarse con el general Blake. Su paso por la guerra sirvió para lograr entrar en el constituyente de Cádiz en 1810 como colaborador de los diputados americanos, de ahí forma parte de la sociedad secreta de los “Caballeros Racionales” partidaria de las independencias y da su paso a la Logia Lautaro, partiendo a Londres al siguiente año.

Su entrada a los círculos de los diputados de Cádiz y de las logias le sirvió para conocer tanto a los políticos autonomistas y también a algunos que entraron de lleno en las guerras de independencia, como fue el caso del argentino Carlos Alvear, el venezolano Andrés Bello y el sevillano José Blanco White, también lograría subsistir gracias a la ayuda proporcionada por la casa comercial Gordon y Morphy, más un apoyo que aportaba la viuda del ex virrey Jose de Iturrigaray para ayudarla a limpiar su nombre. El tiempo en Cádiz y posteriormente en Londres le serviría para enterarse de todos los pormenores llegados desde América sobre los acontecimientos sobre las independencias, si bien pudo decidir regresar a la Nueva España para participar en la guerra, se queda en Londres donde se dedica a escribir a favor de las independencias basándose en todo lo que escucho en los debates del constituyente de Cádiz, dejando “Cartas de un americano” publicadas en la revista “El Español” y su libro “Historia de la Revolución de Nueva España”.

El objetivo tanto de la Junta Central de Sevilla como de las Cortes de Cádiz fue la de dar solidez a un imperio español que carecía de su principal fuente de legitimidad, el rey, por lo que se buscaba asegurar la coerción de los reinos peninsulares y de ultramar para superar la crisis napoleónica, pero tanto liberales como absolutistas veían con muy malos ojos los movimientos autonomistas quienes a pesar de asegurar su lealtad al estado español, el argumentar la devolución de la soberanía al pueblo era una amenaza que podría derivar en la independencia. La intención de llevar a cabo un gobierno legislativo derivaba tanto de las ideas de la Ilustración y del romanticismo que iba surgiendo en Europa, el cual se basaba en una visión idílica del pasado visigodo, donde veían en su sistema representativo como la solución para atender a los reclamos surgido en todo el imperio y ponía al absolutismo como una aberración, aunque tampoco se quería dejar sin fuerza al ejecutivo y se esperaba emular el modelo de la monarquía inglesa.

Una de las influencias más fuertes del padre Mier fue el escritor y editor de la revista “El Español” José María Blanco y White, de ascendencia irlandesa manejaba una complicada relación ambivalente entre la identidad española con respecto a la inglesa, tanto en lo político como en lo religioso, enunciando una serie de propuestas en el constituyente donde conciliaba estos dos legados para ofrecer una respuesta a los retos monárquicos. Primero veía necesario resucitar los antiguos fueros del reino de Aragón manejados durante la dinastía de los Habsburgo para extender su sistema para todos los reinos de ultramar, la segunda y la más polémica era la de entrar en comunicación con todos los grupos insurgentes americanos para reconciliarlos, reconocer a las Juntas Americanas, sustituir a los virreyes y garantizarles la libertad de comercio y expresión para refundar a la monarquía como una unión libre de reinos autónomos. Estas propuestas no sentaron nada bien para la mayoría de diputados peninsulares que salieron de la guerra de independencia y representaba una afrenta a sus ideas patrióticas, siendo desechada sin más que analizar y exponiendo sus dudas sobre la capacidad de los americanos de gobernarse.

Este debate dio pie a Mier para quitar toda posibilidad de entendimiento entre peninsulares y novohispanos y lo lleva a escribir su libro, basándose en la correspondencia que le hacían llegar sus amigos donde le narraban los sucesos y sobre todo haciendo una poderosa reflexión usando el bagaje del jansenismo, el liberalismo y la influencia política inglesa, dejando en claro que el pueblo de México tenía todo el derecho a formar sus propias juntas que eran tan validas que las de Sevilla debido al pacto de igualdad hecho entre el pueblo y el rey, por lo que no tenía la obligación de subordinarse a estas. Mier narra como el golpe dado a la figura del virrey Iturrigaray y al Ayuntamiento de México en 1808 por la oposición realista representaba la fuerza mantenida por los interese mercantiles de Cádiz para monopolizar la vida política de las Indias, deja testimonio de las condiciones de desventaja de los diputados americanos en las cortes donde no podían hacer demandas demasiado ambiciosas por el temor a ir a prisión y como se vieron limitados a pedir la cuota de mitad de los puestos gubernamentales para los americanos y el fin del monopolio comercial.

Pero lo que le causo la mayor indignación sobre la forma en como manejaban los españoles era el evidente racismo hacia los americanos, esto lo plasma en discusiones como la de reconocer a los indígenas como ciudadanos libres la cual tardo siete semanas y después de acaloradas discusiones, y como de plano le negaron toda clase de derechos políticos a los súbditos de ascendencia africana, dejando a los reinos americanos en una situación de eterna subordinación a la mayoría peninsular. Uno de los testimonios de este desprecio fue la lectura en las cortes de una carta del Consulado de México donde tildaban a criollos, mestizos e indígenas de inferiores y como la presencia de los 70,000 peninsulares eran la causa del esplendor del reino al mandar sobre el resto de los 5 millones de habitantes. Como respuesta ante tales infamias, Mier usa el discurso criollo donde si bien las conquistas se realizaron bajo iniciativas privada, al momento en que cedieron sus derechos al reino de Castilla y se hicieron los tratados de concesiones y privilegios para cada provincia y población ya elevaba a la Nueva España en un reino en igualdad de condiciones que Flandes, Aragón o Portugal, teniendo los mexicanos la calidad moral de ser herederos espirituales de los evangelizadores otorgándoles la misma condición que cualquier europeo, por lo que si el rey de España no estaba dispuesto a reconocerlos, se debía buscar la independencia.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: David Brading. Los orígenes del nacionalismo mexicano.

Imagen:

  • Izquierda: Anónimo. Retrato de Jose Maria Blanco White, siglo XIX.
  • Derecha: S/D. Grabado de fray Servando Teresa de Mier.

La idea del rompimiento con la monarquía hispánica.

Los hechos de 1808 hicieron ver a parte de la sociedad mexicana la negativa por parte de los españoles a que participasen de lleno en las decisiones de la vida política de su propio reino, por lo que parte del movimiento autonomista empieza a cuestionarse la necesidad de seguir manteniendo relaciones con los peninsulares con la cuestión de sus territorios, ya sea el de permitir que llegasen a gobernarlos o aventarse a la idea más radical de cuestionar el mantener a Fernando VII como rey.  Un primer intento para soslayar los errores cometidos en la formación del Ayuntamiento de México por parte de Melchor de Talamantes fue a raíz de la rebelión de Miguel Hidalgo, quien tanto en sus escritos producidos con la toma de Guadalajara expone la necesidad de crear un Congreso donde reuniría a todos los representantes de las provincias, negando de entrada la figura de la Regencia como la única capacitada para promover estas iniciativas.

Pero la pronta derrota que tuvo la primera insurgencia hizo que los planes de Hidalgo fuesen pospuestos, pero quedaron vivos con el relevo que hizo en Ignacio López Rayón quien quedaría a cargo de dirigir la insurgencia y sobre todo de lograr el anhelado congreso, quien da el primer paso con la creación de la “Suprema Junta Nacional Americana” en Zitácuaro para el 21 de agosto de 1811. En este primer intento de articular mediante la legalidad el movimiento insurgente se deja en claro el reconocimiento de Fernando VII como monarca, con la intención de dejar en manos de los novohispanos las decisiones político-administrativas del reino, pero pronto esta motivación era cuestionada por uno de los caudillos que estaba alcanzando asonadas victorias a los realistas y que había sido alumno del propio Hidalgo, José María Morelos.

Conforme iba avanzando su control territorial, Morelos iba fomentando entre las comunidades la formación de cuadros políticos para que mandasen sus representantes a la Junta, pero al ir avanzando la guerra, nacía en él la convicción de que para poder alcanzar la plena independencia se tenía que romper con el vínculo que plateaba el ser gobernado por el mismo monarca, por lo que era necesario formar un propio gobierno en el que España ya no tuviese ninguna injerencia. Tanto Rayón como Morelos a pesar de la diferencia que implicaba la aceptación de la monarquía hispana como cabeza del reino, ambos coincidían en que la nación debía de dividirse para su defensa al colocar a la cabeza a Capitanes generales (cuatro en el caso de Rayón, dos por Morelos) y en la división eclesiástica para la administración, los cuales debían de elegir a un Protector Nacional que estuviese a cargo del gobierno de la nación.

Mientras Morelos mantenía su racha de victorias contra las fuerzas realistas en el sur, el liderazgo de Rayón seria cuestionado al no lograr avanzar en su frente localizado en Michoacán y Guanajuato, por lo que la iniciativa de la formación del congreso recaería en Morelos quien crea la iniciativa para reunirlos en Chilpancingo para 1813. Para estos momentos ya se tenían conocimiento de la Constitución de Cádiz de 1812 como la forma de traer unidad política para todo el mundo hispano, pero Morelos negaba cualquier intento de integrarse al movimiento gaditano al verlo como una forma injerencista de crear gobiernos en territorios que ni siquiera conocen , creando un serio dilema para la facción autonomista quienes eran los herederos del movimiento político del Ayuntamiento de 1808  quienes no sabían si mandar representantes a Cádiz o a Chilpancingo. En septiembre se logra la formación del “Congreso de Anáhuac”, declarando como principios el rompimiento con la monarquía hispánica para reestablecer el “Imperio mexicano” respaldándose en la historicidad del reino mexica, teniendo como su declaración de principios el documento “Sentimientos de la Nación” escrito por el propio Morelos y expidiendo el Acta de la Independencia para el 6 de noviembre.

El número de representantes va creciendo para integrarse al nuevo proceso legislativo para poder formular las nuevas leyes, ya que se tomaba en cuenta que el documento de Chilpancingo tenía una vigencia temporal, por lo que se congregan para trabajar en Apatzingán hacia 1814 y crean para el 22 de octubre el “Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana”. En esta se hace la declaración de los límites de la nueva nación integrada por las provincias de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Tecpán, Michoacán, Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y Nuevo León, pero queda indefinida la situación de la Capitanía General de Guatemala a quien muchos insurgentes consideraban parte de la Nueva España y el caso de las Provincias Internas del Norte que abarcaban Chihuahua, las Californias, Nuevo México y Texas porque la forma en que se estaban gobernando eran muy inestable y había la necesidad de repensar su conformación política.

Seria en esta legislación en que se establece el carácter federalista que tendría el gobierno, haciendo énfasis en la importancia de que cada provincia tuviese su gobierno propio, pero conservando la unión política con la nación sin la posibilidad de separarse. Pero el cambio de tornas de la política peninsular con la derogación de la Constitución de Cádiz para regresar al absolutismo y la decadencia del movimiento de Morelos hizo que los esfuerzos de la insurgencia fuesen echados para atrás, pero la difusión que se dio a de los ideales insurgentes por el resto del virreinato hizo que se sentaran las bases para la conformación de la facción independentista quienes se encaminarían a sus objetivos hacia 1820.

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Federico Flores Pérez

Bibliografía: Rafael Estrada Michel, Monarquía y Nación, entre Cádiz y Nueva España

Imagen: Juan O´Gorman. Retablo de la Independencia, 1960-1961

La independencia vista desde Madrid

El gobierno que devino de la rebelión del general Rafael del Riego quien obliga a Fernando VII a instituir una monarquía constitucional, la cual debería de rendir cuentas ante Cortes que se reunirían en Madrid para tratar de corregir el destino del imperio que se caía a pedazos. Serán a estos las que les van a tocar recibir las inquietantes noticias de Juan Ruiz de Apodaca el 4 de junio de 1821, quien adornando la realidad notifica de la traición de Agustín de Iturbide que se había sumado al decadente movimiento insurgente creando un nuevo proyecto, el cual tenía el atractivo que estaba convenciendo a números sectores sociales que veían una propuesta viable que evitaba el conflicto de la revolución desencadenada en 1810, sobre todo advertía que al ir sumando a los principales jefes realistas corría el peligro de representar un serio peligro al conocer perfectamente el terreno, por lo que sería muy difícil de combatir y con un gran arraigo social.

La noticia enciende todas las alarmas de las Cortes de Madrid y el problema regresa a ser centro de atención de los debates, empezando a acelerar el proceso de resolución de los problemas americanos que estaban cerca de lograr sus objetivos. Los diputados novohispanos toman la iniciativa y fue Mariano Michelena quien propone elevar la representación americana a tres secciones y mandar un barco para atajar al relevo de Apodaca Juan O´Donojú, que ya estaba en altamar a tomar el puesto, para darle las noticias con la esperanza de que pudiese persuadir a los Trigarantes y al virrey de desistir con la independencia. No pararon de llegar los informes de los acontecimientos de América y a pesar de que no se reconoce la independencia de México, los diputados ya empiezan a hablar de nuevas naciones de las que era necesario entablar conversaciones con esos gobiernos, cambian el ambiente optimista de reformar el imperio a uno pesimista donde ya se reconocían las perdidas como insalvables.

Inicialmente, las Cortes mantuvieron una postura conciliatoria como política para acabar con 10 años de guerra que habían encendido los territorios americanos, asumiendo España el papel de madre que perdonaba los errores de sus hijos, por lo que pretendían que los insurgentes juraran la Constitución de Cádiz y vieran las ventajas, derechos y obligaciones que tendrían con el régimen liberal en contraposición del absolutista que provocaron los problemas. Los diputados americanos tenían la esperanza de que una vez conocidas las noticias en sus territorios de origen las rebeliones cesarían y se dispondrían a trabajar de nuevo juntos formando un nuevo pacto con la metrópoli, pero los diputados peninsulares de tendencia moderada no estaban dispuestos a acabar con la desigualdad jurídica y política con respecto a los territorios americanos, así como mantener la postura centralista de la monarquía como unidad territorial en lugar del proyecto federalista que pretendían los americanos, viéndose los diputados de ultramar cada vez mas desesperanzados de lograr un acuerdo entre peninsulares y ultramarinos.

A pesar de los informes sobre el movimiento de Iturbide, los diputados peninsulares se cerraron en su postura de mantener los estatutos que se habían llegado de acuerdo en Cádiz, mientras los novohispanos estaban consientes que el éxito que estaba rastrando la Trigarancia era porque veían que no había ventajas para permanecer con el sistema desigual, por lo que era necesario el camino de la autonomía y la igualdad para preservar el imperio. La propuesta novohispana era similar a las que se habían presentado a Carlos III en el siglo XVIII y era la de constituir los reinos americanos con Borbones a la cabeza y sus propias cortes jurando gobernarse con la Constitución de Cádiz, mientras a España le tocaba atender las relaciones exteriores y la defensa, pero ofreciendo una vinculación especial entre el reino de Nueva España y Guatemala, todas estas propuestas fueron rechazadas en cortes.

Los trabajos legislativos resultaron infructuosos, el movimiento Trigarante avanzaba como una avalancha acabando con toda posibilidad de mantener la unión con España, lo peor es que el Plan de Iguala recogia buena parte de las propuestas que los diputados novohispanos intentaban buscar la aprobación de las cortes, haciendo que Iturbide se ganara la admiración por parte de Lucas Alamán quien era diputado y como estaba logrando la independencia por la vía pacífica. Tanto Alamán como los demás diputados novohispanos exponían los lineamientos del proyecto iturbidista y como este estaba logrando los consensos para alcanzar la paz, pero los diputados peninsulares moderados marcaron distancia con un punto que estaban en total desacuerdo, el respeto al sistema de privilegios y sobre todo los intereses de la iglesia. Los moderados estaban luchando para llevar a cabo la desamortización de los bienes de la iglesia y acabar con los privilegios del clero, lo que llevo a discusiones entre Alamán con el presidente de las cortes José María Queipo del Llano, conde de Toreno, argumentando el guanajuatense la importancia de la religión como elemento de unidad, mientras Queipo veía como irresponsable seguir manteniendo los vicios del viejo régimen para retrasar los cambios que eran necesarios implementar.

A su llegada, O´Donojú vio que ya no había condiciones para reestablecer el gobierno que pretendían las cortes, pero sabiendo que no estaba dentro de sus potestades reconocer la independencia se dispone a negociar con Iturbide en Córdoba, por lo que manda correspondencia a las cortes para justificar su actuar al ver que el trato que ofrecían era completamente benéfico para los españoles al asegurar el respeto a sus propiedades, sugiriendo que hicieran los preparativos para que el rey recibiese a la delegación mexicana para entablar negociaciones y que el se preparaba a regresar una vez se haya instituido el congreso mexicano o que llegue el designado por las cortes a gobernar el país. La correspondencia llega hasta diciembre, meses después de muerto O´Donojú y se discute el tema entre los diputados, llegando a desconocer los Tratados de Córdoba el 13 de febrero, pero la situación peninsular no era nada halagüeña ya que se enteran que tanto Portugal como Buenos Aires reconocen la independencia junto con la de Guatemala y Yucatán. Tanto la bancada novohispana como algunos diputados peninsulares se mostraron a favor de negociar con México argumentando que no había condiciones para regresar al proyecto esperado por las cortes, pero gana la opción de desconocer la independencia y llama el conde de Toreno a los diputados proindependentistas a dejar sus puestos, por lo que así se inaugura una etapa de beligerancia que arraigaría en sentimiento antihispano en el nacionalismo mexicano mientras España decide arraigarse en sus viejos recuerdos imperiales.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: José Luis Quezada Lara. La Independencia de México vista desde las Cortes del Trienio liberal, 1820-1822, del libro Los tratados de Córdoba y la consumación de la Independencia. Bicentenario de su conmemoración 1821-2021.

Imagen: Anónimo. Cortes del Trienio Liberal en el que seria el Salón de sesiones del Senado, siglo XIX

La respuesta novohispana al liberalismo español: el “Plan de la Profesa”

Mientras una parte de los criollos novohispanos veían sus sueños materializarse con la adhesión de Fernando VII a los mandatos de la Constitución de Cádiz y así conformar una monarquía parlamentaria (aunque no legaban a cumplir algunas de sus expectativas), otros grupos pertenecientes a las esferas aristocráticas y eclesiásticas vieron con muy malos ojos los cambios que se estaban produciendo desde la península con esta vuelta liberal y que amenazaba el poder con que habían gozado por generaciones. Las elites novohispanas quedaron anonadadas al enterarse como el propio rey se pudo haber prestado a las exigencias de Del Riego, rebelión que se veía venir por el claro desacuerdo por parte del ejército español por la deriva despótica de Fernando VII al desconocer los mandatos que se crearon en las Cortes de Cádiz, por lo que se fueron uniendo a la Logia Escocesa para esperar el momento de poner en orden al rey y reestablecer el liberalismo español.

No por nada los virreyes (o Jefe Político Superior según el cambio constitucional) Félix María Calleja y Juan Ruiz de Apodaca se negaron a implementar el nuevo orden político y siguieron las viejas usanzas de gobernar, porque sabían que de hacerlo se arriesgaban a perder el favor de la nobleza y terratenientes, visión que finalmente se cumplió y que le tocaría a Apodaca tanto ejecutar la nueva realidad democrática y por otro lado apaciguar a los potentados afectados. Para esos tiempos, en la capital virreinal fue muy popular entre los aristócratas asistir a la que fue el Templo de San José el Real ocupado por los jesuitas como noviciado, siendo estos aspirantes a entrar en la orden conocidos popularmente como “profesos” y dándole el nombre a la iglesia de “La Profesa”. Propiamente no existe como tal un “Plan de La Profesa” donde se puedan ver las directrices que aspiraba el movimiento conservador contra el orden liberal, pero era bien sabido la clase de diálogos que había entre sus asistentes, que a grandes rasgos implicaba la creación de una monarquía absolutista en México.

Originalmente estas platicas no estaban destinadas a fomentar conspiraciones independentistas, sino que giraban en torno a la preocupación que sentían por la llegada del liberalismo que ligaban desde la doctrina protestante de Martin Lutero, para pasar por los hechos recientes de la Revolución Francesa y como los revolucionarios se encargaron de cargar contra la Iglesia al someterla al poder civil. Los principios con que se manejaba el liberalismo atentaban directamente el “poder divino” con que la Iglesia había dirigido a las naciones europeas, derrumbando así la función de Roma como garante del orden cristiano, por lo que tenían las peores perspectivas imaginando el derrumbe de la civilización para caer en la anarquía que representaban los postulados de la libertad. Criollos como Mariano Cuevas llego a decir que la Constitución de 1812 atentaba contra el progreso de las colonias a las que consideraba como semillero de desórdenes económicos, políticos y sociales, siendo obligación de los católicos “independizarse” de los poderes legislativos españoles.

Las reuniones de La Profesa fueron encabezadas por el sacerdote español Matías de Monteagudo, oratoriano rector de la Universidad de México, siguiéndole los sacerdotes Manuel de la Bárcena  y Mario López de Bravo y Pimentel, ellos tuvieron como primera misión evitar que el virrey Apodaca jurase la constitución, cosa que no lograron y que pasa a realizarla el 31 de mayo de 1820, pasando a ser Jefe Político Superior y empezando a conformar las instituciones y disposiciones que ella dictaba. Al fracasar en su plan inicial y ver como poco a poco los organismos liberales empezaban a penetrar en la Nueva España, sacan a Apodaca de la ecuación y piensan en la idea de liberar a Fernando VII de su “cautiverio” para traerlo a gobernar el nuevo reino independiente donde podía preservar los valores con que el imperio español se había dirigido por siglos, por lo que era fundamental acabar con los últimos resabios que quedaban de la insurgencia y que se habían atrincherado en la sierra del sur.

Se cree que el comisionado para generar las condiciones para establecer el régimen absolutista Agustín de Iturbide, quien era allegado a los participantes de La Profesa y estos le darían la confianza de poder derrotar a los hombres de Vicente Guerrero que podían ser una amenaza latente para sus planes, pero en realidad no hay documentos que confirmen o desmientan la asociación de Iturbide con la conspiración. Pero no solo no lograría derrotarlo, sino que saldría aliándose con los insurgentes y se disponía a implementar un plan mucho más ambicioso, el reunir a todos los espectros políticos y de intereses del virreinato para alcanzar una meta en común que consistía en la ruptura de toda relación con la península. Lamentablemente las metas que tenían estos diferentes grupos de poder resultaban incompatibles o irrealizables, por lo que el primer postulado que implicaba traer a Fernando VII o a alguien de la casa de Borbón resulto un fracaso conformando un imperio improvisado entorno a su figura que no lograría cumplir con las expectativas de nadie y terminaría por naufragar el primer proyecto de un México independiente, desencadenando décadas de inestabilidad política.

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Federico Flores Pérez

Bibliografía: Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño. El plan de la Profesa. Contexto y realidad, del libro El bicentenario de la consumación de la independencia y la conformación del primer constituyente mexicano.

Imagen: Guillermo Kahlo. Iglesia de la Profesa, Ciudad de México, 1908