La antigua posesión dependiente de la Nueva España, el archipiélago de las Filipinas, atravesaba por una serie de cambios importantes debido al nuevo orden geopolítico que se estaba tornando multipolar, en primera tenemos que a raíz de las reformas borbónicas se pierde el monopolio novohispano de la ruta de la Nao de China para dar pie a una mayor liberalidad de relaciones comerciales, siendo fundamental la entrada de la Compañía de Filipinas que comunicaría al archipiélago con la península bordeando África y atravesando el Océano Indico. El siguiente punto de cambio fue la crisis de las primeras décadas del siglo XIX que desembocaría en el constituyente de Cádiz y la independencia de México, teniendo el primero como consecuencia la supresión de la ruta de la Nao en 1815 y el segundo por la pérdida del principal sostén económico de la colonia el “situado”, el cual también era la principal fuente de ingresos de las demás posesiones insulares como Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.
Ante la perdida de la supervisión novohispana, la administración española tuvo que dotar a las Filipinas de mayor autonomía para lograr su sobrevivencia, siendo de los primeros pasos el empoderamiento de la administración de la Gobernación y Capitanía General, por lo que fue fundamental la apertura de Manila como puerto internacional en 1834 y como puerto franco en 1837, garantizando la capacidad de poder comerciar libremente con el resto de las naciones asiáticas y las colonias europeas. La figura del gobernador general se volvía central para garantizar la gobernabilidad del archipiélago, dividiéndose en 35 provincias donde los mandos tendrían diferentes orígenes según las circunstancias locales, siendo las más tranquilas administradas por un gobernador civil y las que enfrentaban ataques piratas o continuas rebeliones por un gobernador político-militar, aunque para finales de siglo se habían incrementado a 70 provincias de las cuales 43 estaban bajo gobierno militar.
Como sucedió a lo largo de la historia de la monarquía hispánica, la Iglesia fue la institución que mantenía la cohesión social en los territorios de ultramar, en este caso estaba dirigida por el Arzobispado de Manila erigido desde 1576 y del cual dependían las diócesis de Cebú, y Nueva Cáceres, seguida por Nueva Segovia creada en 1595 y finalmente la de Jaro en 1865. El poder de la Iglesia era tal que en buena parte de las provincias eran los únicos representantes de la Corona y los sacerdotes y frailes en los únicos europeos en los pueblos, así como se volvieron en los principales terratenientes al ser los depositarios de donaciones y herencias por parte de la feligresía. La población hispana se concentraba en las principales ciudades como Manila, esta a su vez mantenía una diversidad étnica donde había peninsulares, criollos, mexicanos y descendientes de los migrantes chinos o sangleyes, mientras más del 90% de la población era indígena y se conformaban hasta en 110 grupos etnolingüísticos diferentes.
A diferencia del resto de los territorios de Indias, las costas de las islas serian el principal objeto de interés para la colonización, quedando los indígenas confinados al interior en las montañas, de las islas el archipiélago de Bisayas era el que tendría un proceso de hispanización más profundo como sucedía en Cebú, Marinduque y Bohol, mientras la situación en Luzón fue bastante desigual al centrarse la población en Manila, pero el este de la isla había quedado despoblado. La capital filipina se había convertido en el principal foco de la hispanidad al concentrar a la mayoría de los españoles, la cual tuvo un aumento debido a la migración como consecuencia de las oportunidades brindadas por las reformas comerciales, quedando en segundo lugar Cebú. Pero su dominio no fue total y tendría desde el siglo XVI un principal foco rebelde, los moros de Mindanao y Joló quienes nunca aceptaron la dominación española, por lo que solo pudieron mantener presencia en algunos asentamientos militarizados.
Si bien la liberalización económica le había dado estabilidad a la gobernabilidad española en las Filipinas, todavía rondaban las amenazas de despojo por parte de las demás potencias europeas que mantenían el interés por el archipiélago de las Marianas y la permanente lucha contra los moros, también sería hasta el siglo XIX cuando se pudo hacer campañas para someter y evangelizar a los igorrotes del interior de Luzón. A pesar de las intenciones de igualdad social declaradas por la Constitución de Cádiz al ser reconocidos como provincias, con la promulgación de la de 1837 los territorios de ultramar pierden su representación en las Cortes para ser administrados por leyes especiales, estas solo se devolvieron hasta 1869 y solo para Cuba y Puerto Rico, quedando los filipinos relegados de la política española argumentando su bajo desarrollo social y ciudadano. Esto provocaría que las clases media-altas urbanas de la sociedad hispano-filipina reclamaran espacios de participación política en la monarquía, la secularización de las propiedades de la Iglesia, más libertades civiles y un empoderamiento de los gobiernos ciudadanos, viviéndose en las décadas de los 80 y 90 un clima de alta tensión política y social.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Miguel Luque Talaván. Las Filipinas españolas en el siglo XIX, de la revista Despertar Ferro no. 36.
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Imagen:
- Izquierda: Francisco Coello. Filipinas. Mapas generales, 1852.
- Derecha: Anónimo. Familia mestiza española, finales de siglo XIX.
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