La debacle final de López Portillo.

El compromiso que significaba la nacionalización de la banca, anunciada el 1ro de septiembre de 1982 por José López Portillo, implicaba contener la fuga de capitales provocada por una crisis económica imposible de resolver debido a un cúmulo de problemas acumulados durante décadas. Esta decisión no era del agrado del presidente electo, Miguel de la Madrid, pero no podía atacar al presidente en funciones y tuvo que dar su apoyo a la medida.

El presidente de la Asociación de Banqueros, Víctor Manuel Herrera, estaba en contra de la medida y lanzó críticas precisas sobre sus alcances. Según su perspectiva, no se estaban resolviendo los problemas estructurales de la crisis, sino que solo se estaba comprando la deuda en dólares de la banca privada, lo que significaba que la crisis económica persistiría.

Tanto los partidos de izquierda como los satélites del PRI, el PSUM, e incluso los conservadores seguidores de la doctrina social de la Iglesia vieron esta medida como positiva y favorable para las clases populares. Por otro lado, el PAN y el sinarquista PDM adoptaron una postura en contra de la medida, acusando al gobierno de buscar chivos expiatorios para la crisis que habían provocado al querer implantar un «capitalismo monopólico del Estado».

A pesar de la resistencia de De la Madrid, la nacionalización de la banca ayudó a aminorar la resistencia de los sectores populares del PRI que no lo querían por ser partidario del neoliberalismo. Esto fortaleció el apoyo de las bases sindicalistas, obreras y del campesinado, quienes realizaron numerosas marchas de apoyo a la presidencia y al proyecto político, asegurando su continuidad para el sexenio entrante.

El divorcio con los banqueros y el gobierno era definitivo. El gremio y las asociaciones empresariales desplegaron su defensa en medios escritos, exponiendo la profesionalidad del sector y cómo estaban siendo usados como chivos expiatorios por el fracaso del gobierno. Además, llevaron a cabo acciones legales para tratar de ampararse ante la nacionalización, las cuales resultaron infructuosas debido al control de la presidencia sobre la Suprema Corte y la validez del decreto por ser causa de utilidad pública.

Tanto el oficialismo priista como los partidos de izquierda se dedicaron a despotricar contra los banqueros y la oposición por sus reclamos, considerándolos desproporcionados y viendo la medida como una acción moderada. Esta nacionalización fue valorada de forma positiva por los sectores medio-alto de la sociedad y los populares que estaban convencidos de la justificación de López Portillo.

En el contexto internacional y a pesar de la postura de los banqueros mexicanos, el sector financiero vio de forma positiva el decreto y negó las acusaciones de que el país estaba «en camino al socialismo». Esta medida reconocía la deuda con los acreedores externos al garantizarles el pago en dólares, por lo que el FMI interpretó que el gobierno solo intentaba tomar el control para evitar la bancarrota total de la banca nacional.

A partir del 6 de septiembre, después de un feriado de dos días hábiles, la nacionalización se implementó en la vida real. El gobierno logró evitar que los empresarios cumplieran su amenaza de entrar en paro nacional, aunque estos se mostraron inconformes por el cepo cambiario fijado en 70 pesos por dólar cuando en realidad valía 120. Esta medida ayudó a evitar la fuga de capitales y comenzó a generar más confianza por parte de los ahorradores.

El gobierno aclaró que se estaban expropiando las instituciones bancarias, no así los ahorros de los clientes, quienes tenían asegurado su patrimonio. Además, se trataba de asegurar que el Banco de México fuera la única institución capaz de proporcionar la demanda de dólares para los mexicanos, desmintiendo el mensaje alarmista de los exbanqueros.

Durante el proceso de transición del poder entre López Portillo y De la Madrid, se designó a Carlos Tello Macías como el gobernador del Banco de México. Una de las medidas que el gobierno entrante quería implementar era garantizar la autonomía de la institución bancaria con respecto al gobierno. Sin embargo, López Portillo no lo consideró prudente en ese momento y tampoco logró sacar adelante su propuesta de indemnización de pagos a los banqueros.

En estas circunstancias, se aprobó la Ley Orgánica del Banco de México, dejando a De la Madrid con poco margen para la renegociación de la deuda. Esto llevó a dividir a los organismos del Estado para atender las diferentes problemáticas económicas. Mientras la Secretaría de Hacienda, en manos de Jesús Silva-Herzog, se encargaba de la negociación con el FMI, el Banco de México se encargaría de restituir la confianza de los ahorradores, estimular el crecimiento económico bajando 13 puntos la tasa de interés y mitigar los efectos de la crisis.

Así, el país se mantuvo entre un gobierno saliente y uno entrante con dos visiones diferentes de actuar. La transición culminó el 1ro de diciembre cuando De la Madrid asumió plenamente la presidencia, trayendo consigo a los funcionarios neoliberales y deshaciéndose de los funcionarios del antiguo gobierno, como ocurrió con la destitución de Carlos Tello.

Miguel de la Madrid recibió un país en completa crisis. Mientras en 1981 el crecimiento económico estaba en un 7% con una inflación del 28%, para finales de 1982 se redujo a un raquítico 1% y una inflación del 100%. Además, se produjo una devaluación del peso de un 466%, pasando de 27 pesos por dólar a 148.5 pesos por dólar. Aunque la devaluación puede estimular la entrada de inversiones, en el contexto mexicano de principios de los 80 fue desastrosa, ya que ocurrió como consecuencia de la salida de capitales de los inversionistas y no como una medida del gobierno.

Esta situación redujo los ingresos nacionales a un 9%, afectando gravemente a la clase trabajadora, que no podía cubrir sus necesidades básicas con sus salarios. A pesar de medidas como los aumentos salariales, estos fueron insuficientes para contrarrestar la inflación, lo que llevó a un aumento del desempleo, alcanzando un 10%, equivalente a 2.4 millones de personas sin trabajo. La importación de bienes y servicios disminuyó en un 40%. Se estima que la salida de capitales fue del 7.2% del PIB y la especulación fomentó la salida de 6,000 millones de dólares. Por lo tanto, la implementación del modelo neoliberal tenía un gran reto por delante.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: José Luis Ávila. La era neoliberal.  

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La acentuación de la crisis de 1982.

Imagen: S/D. Jose Lopez Portillo en la toma de posesion de Miguel de la Madrid. Diciembre de 1982.

El camino a la crisis de 1982.

Los cambios implementados por el presidente José López Portillo sobre fundamentar la economía en la producción petrolera parecían ser la solución para salvar el modelo desarrollista implementado desde los años 50, donde el Estado se erigía como el principal rector económico. Sin embargo, la mala gestión de los excedentes de la producción del petróleo, el continuo uso de la deuda externa y la concentración de la generación de ingresos en un solo recurso pronto cobrarían graves consecuencias.

Como efecto del boicot petrolero de 1973 implementado por los países árabes para atacar a Israel, el mercado internacional del petróleo vivió un periodo de alza de precios al tomar la decisión las naciones industrializadas de aumentar sus reservas de petróleo para evitar una situación similar. En los siguientes 11 años, el petróleo vivió un periodo de bonanza al aumentar su valor cuatro veces. Esta situación fue aprovechada por López Portillo para colocar a México como una potencia exportadora, usando el potencial petrolero del país para solicitar más créditos a la banca internacional.

Sin embargo, en agosto de 1981, las tendencias del mercado empezaron a cambiar al llegar las reservas al tope requerido para controlar la demanda del consumo de los países del primer mundo. Por lo tanto, ya no era necesario comprar tanto petróleo y empezó la tendencia negativa en el precio.

Para ese entonces, la banca internacional había aceptado para todos los países petroleros como garantía para otorgar créditos el valor por la producción potencial de sus reservas. Sin embargo, con la baja de la demanda se cerró el acceso a los financiamientos al elevar a un 16% la tasa de interés y cancelar varios créditos, de los cuales México tenía varios comprometidos para llevar a cabo su gasto público.

La baja de los precios del petróleo hizo que el país dejase de percibir 10,000 millones de dólares, mientras se debía pagar 5,000 millones de dólares para cumplir con los programas de pagos. En lugar de rectificar el programa económico, la presidencia mantuvo una postura optimista sobre la bajada de precios, pensando que se trataba de un proceso temporal y que los miembros de la OPEP impedirían que siguiera la depreciación del barril para que volviese a subir su valor en poco tiempo.

Como medida para ajustarse a las circunstancias, solo se aceptó bajar el precio del barril tipo Maya por cuatro dólares, tomando la postura de que «el petróleo mexicano no se baja». Esta medida provocó tanto la renuncia del director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, como el inicio de la desconfianza por parte de los inversionistas que no veían con buenos ojos esta postura.

La incertidumbre empezó a reinar al no cumplirse los buenos deseos del gobierno. Para finales de año, tuvo que reconocer que el país enfrentaba un «problema de caja», viéndose en la necesidad de solicitar a sus acreedores una reestructuración del pago de la deuda de corto plazo contraída durante el segundo semestre del año. El país debía cubrir los 20,000 millones de dólares del endeudamiento público.

Para abril de 1982, las medidas tomadas por el gobierno despertaron las alarmas al anunciarse la reducción del gasto público a un 5%, el aumento de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, la limitación al endeudamiento público externo e interno, y medidas para reducir la liquidez de la economía nacional. Todo esto se hizo para sanear las cuentas públicas y reducir el déficit en la cuenta corriente, generando una devaluación del peso leve frente al dólar de 26.4 a 32.2 pesos.

También se anunció un aumento escalonado de los salarios y pensiones: 30% para quienes ganaban menos de 20,000 pesos mensuales, 20% para quienes ganaban entre 20,000 y 30,000, y 10% para los que ganaran arriba de 30,000. Asimismo, se anunció un aumento del 59% del valor de las pensiones. Todo esto provocó la queja de los empresarios, que vieron insostenible poder cubrir estos aumentos. En respuesta, el gobierno ofreció apoyos fiscales a quienes cumplieran con estas medidas.

Las cosas no parecían regularizarse con las nuevas acciones, empeorando con el anuncio de finales del mes del Grupo Alfa, grupo financiero al cual el gobierno había prestado 5,000 millones de dólares meses atrás. Declararon la suspensión de pagos a sus 130 acreedores internacionales debido a las elevadas tasas de intereses y a los cortos tiempos que tenían para realizar los pagos. Esto fue tomado como una señal negativa por parte de los inversores internacionales sobre la situación del país.

El gobierno no podía hacer gran cosa, ya que se encontraba en el periodo electoral para elegir al nuevo presidente. Para rescatar la situación económica era necesario realizar algunas medidas antipopulares con altos costos sociales para evitar caer en recesión. Estas medidas, para intentar callar las críticas de los expertos, negaron que tuvieran alguna implicación de gravedad en el bolsillo de los mexicanos. Sin embargo, la realidad era que los aumentos a los salarios y la devaluación del peso para el pago de las deudas representaban un serio problema.

A pesar de la gravedad de la situación económica, esta no fue determinante para los comicios electorales al salir completamente airoso Miguel de la Madrid. La oposición no pudo capitalizar el descontento social a su favor. Sin embargo, ante la crisis económica, el presidente electo prometió hacer grandes virajes económicos, pero sin romper con las acciones de López Portillo y quedando en promesas vagas.

El nulo compromiso por parte del gobierno para garantizar la confianza del empresariado propició la fuga de capitales del país. Esta situación empeoró en agosto de 1982 cuando se anunció otro aumento al precio de bienes y servicios básicos y dos tipos de cambio para el dólar: uno preferencial para pagar los intereses de la deuda y otro libre. Esto dio como resultado que la cotización preferencial quedase en 49.13 pesos por dólar y la libre entre los 77 y 84 pesos.

Estas acciones se justificaron como una forma para no entorpecer el comercio fronterizo con EU, negando cualquier pretensión para imponer un control de precios. Sin embargo, la realidad fue que esta situación fue aprovechada por los grandes capitales como los banqueros para obtener mejores rendimientos de sus inversiones y sacarlas del país, aumentando la especulación sobre el peso y devaluándolo.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: José Luis Ávila. La era neoliberal.  

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El factor petrolero en el gobierno de José López Portillo.

Imagen:

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Cartón «Deshauciado», periodico El Universal,1982. Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/aqui-no-se-delinque-por-hambre-la-crisis-economica-mexicana-de-1982-disparo-el-temor-por-el-aumento-de-robos/
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo despues de salir de su informe presidencial, 1980. Fuente: https://www.reporteindigo.com/reporte/jose-lopez-portillo-candidato-unico-elecciones-1976-discurso-peso-perro/

Los sectores conservadores ante la década de los 70.

En la década de los setenta, con la llegada de Luis Echeverría a la presidencia, se evidenciaron los límites del modelo del «desarrollo estabilizador», el cual había generado una concentración de la riqueza en una minoría mientras gran parte de la población se encontraba en la miseria y sin oportunidades. Para abordar esta situación, Echeverría propuso un enfoque de «desarrollo compartido» que buscaba una mayor redistribución de la riqueza para reactivar la economía y brindar oportunidades más amplias a la sociedad.

Sin embargo, factores globales, como la falta de demanda por las exportaciones mexicanas, contribuyeron a que la deuda acumulada en administraciones anteriores se convirtiera en un problema, aumentara la inflación y se volviera insostenible mantener la cotización fija del dólar. En este contexto, Echeverría se enfrentó a desafíos económicos significativos.

En cuanto a la democratización y apertura política, Echeverría inicialmente mostró disposición a permitir una mayor participación de otras agrupaciones políticas, como una forma de distanciarse de los eventos de 1968. Sin embargo, también se vio envuelto en acciones autoritarias, como la represión ejercida por los «Halcones» contra manifestaciones estudiantiles en 1971, así como en la llamada «guerra sucia» contra grupos de izquierda radicalizados, lo que generó controversia y críticas hacia su gobierno.

Dentro de las agrupaciones conservadoras, la Iglesia en México experimentó un período de reconfiguración de alianzas y estrategias para defender sus intereses ante el gobierno de Luis Echeverría. Esto condujo a la formación de tres facciones con diferentes posturas sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. La primera facción abogaba por mantener el estatus quo, confiando en que la apertura política de Echeverría permitiría mantener una relación favorable para la Iglesia. La segunda facción buscaba una mayor participación del clero en la solución de problemas sociales, al tiempo que fortalecía su labor pastoral. La tercera facción, la más numerosa y con influencia en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), abogaba por romper esta relación con el Estado y recuperar la autonomía de la Iglesia en la toma de decisiones.

Este cambio de postura se vio motivado por políticas gubernamentales que fueron percibidas como contrarias a la moral cristiana, como programas de planificación familiar, la inclusión de temas controversiales en los libros de texto gratuitos (como sexualidad, teoría de la evolución y sistemas socialistas), lo cual generó descontento entre los sectores conservadores de la sociedad. Este malestar se intensificó con el asesinato de dos líderes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) en noviembre de 1975, lo que exacerbó la animadversión hacia el gobierno y fortaleció la postura de la facción más crítica hacia la relación Iglesia-Estado.

En la década de 1970, la Iglesia católica enfrentó el desafío de la creciente diversificación religiosa en México, con la presencia en aumento de iglesias protestantes, el ateísmo y otras denominaciones. Este fenómeno fue especialmente notable en el sureste del país, donde el catolicismo comenzó a perder terreno, especialmente en regiones como Chiapas y Tabasco, donde aún mantenía una mayoría, pero con un porcentaje menor que en décadas anteriores.

Paralelamente, la administración de Luis Echeverría buscaba implementar reformas para una mayor redistribución de la riqueza, incluyendo una reforma fiscal que afectaría a los grandes empresarios, quienes vieron estas medidas como un ataque a la libertad de negocios y propiedad privada. Este descontento llevó a un distanciamiento creciente entre el sector empresarial y el gobierno, con actores como el Grupo Monterrey y la COPARMEX adoptando posturas más beligerantes, e incluso asociándose con la extrema derecha estadounidense a través de iniciativas como el Memorando Powell, que buscaba defender sus intereses mediante la formación de cuadros sociales.

Sin embargo, lo que marcó un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y el sector empresarial fue la serie de asesinatos de empresarios prominentes como Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren, perpetrados por grupos socialistas radicales como la Liga 23 de Septiembre. Estos actos violentos proporcionaron a los empresarios argumentos sólidos para criticar al gobierno federal, acusándolo de fomentar ideologías socialistas y de no garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus propiedades.

El surgimiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en mayo de 1975 marcó un punto crucial en la relación entre el gobierno y las agrupaciones empresariales en México. Esta unión se formó en respuesta a las políticas gubernamentales que afectaban los intereses económicos de los empresarios, especialmente en situaciones como las invasiones de tierras en el Valle del Río Yaqui en Sonora, donde campesinos alentados por el gobierno se apropiaban de terrenos, generando conflictos con los propietarios.

La crisis económica que se acentuó hacia el final del gobierno de Echeverría en 1976, con la devaluación del peso después de décadas de estabilidad, fue un golpe significativo para los empresarios. Esta situación llevó a una fuga de capitales mientras buscaban salvaguardar el valor de sus inversiones ante la incertidumbre económica.

En este contexto, el presidente Echeverría tomó medidas controvertidas el 17 de noviembre de 1976 al expropiar grandes extensiones de tierras en los valles del Río Yaqui y Mayo, así como agostaderos en otros municipios de Sonora. Esta acción fue interpretada como un castigo hacia los empresarios que habían mostrado desconfianza en las políticas económicas del gobierno y habían buscado proteger sus activos financieros.

Los Sinarquistas, un grupo radical y marginado dentro de los conservadores, intentaron reconstituirse políticamente bajo el liderazgo de Ignacio González Gollaz. Buscaron posicionarse como una alternativa real para el destino del país y se aliaron con el PAN en las elecciones de 1970, respaldando la candidatura de Efraín González Morfín como enlace con los sectores populares.

Después de las elecciones, los Sinarquistas intentaron nuevamente formar un partido propio, creando el Partido Democrático Mexicano en 1971. Sin embargo, no lograron cumplir con los requisitos de la nueva Ley Federal Electoral al no realizar las asambleas constitutivas necesarias. Aunque tuvieron cierta presencia en estados como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, su posición radical limitó su alcance en la sociedad. Los sectores populares conservadores también estaban en declive con el tiempo, lo que dificultó el avance de los Sinarquistas.

Finalmente, el registro del Partido Democrático Mexicano se logró de manera condicionada por parte de la Secretaría de Gobernación en 1978, marcando un hito para los Sinarquistas aunque con limitaciones significativas.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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La dinámica del PAN en la sociedad de los 60.

Imagen: El Presidente Luis Echeverría Álvarez (al centro, con lentes) asistió a los servicios fúnebres del empresario Eugenio Garza Sada, septiembre de 1973. Fuente: https://www.elnorte.com/deja-luis-echeverria-huella-oscura-en-nl/ar2434381

El factor petrolero en el gobierno de José López Portillo.

Durante los primeros años del gobierno de José López Portillo, se mantuvo una postura ortodoxa en el desempeño económico para superar la crisis económica de la administración anterior. Esto provocó un aumento en las protestas de los trabajadores, y el Partido Comunista aprovechó la situación para incrementar su base de seguidores. Para poderles dar cauce a la participación de más agrupaciones de oposición dentro del sistema político, se promulgó la Reforma Política de 1977. Esta reconoció legalmente a partidos como el PCM, permitiéndoles participar en las elecciones.

La Reforma Política buscaba evitar situaciones como las elecciones anteriores, donde López Portillo no tuvo competencia debido al boicot del PAN y a la falta de reconocimiento de otras agrupaciones. El secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, fue clave en la elaboración y aprobación de esta reforma en el Congreso. Se destinaron 100 escaños de participación proporcional para dar cabida a partidos de izquierda como el PCM, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Democrático Mexicano. Con esto, se esperaba reducir la tensión social sin representar una amenaza para la hegemonía política del PRI.

Una de las ventanas que parecía una alternativa para salir de la crisis era el petróleo, por lo que desde el inicio del sexenio se enfocó en aumentar la producción. Se realizaron trabajos para revalorizar las reservas y la capacidad de extracción de los yacimientos. Inicialmente estimadas en 6,338 millones de barriles, a finales de 1977 se incrementaron a 16 mil millones de barriles, con reservas probables de 31 mil millones y un potencial de 120 mil millones.

Esta mejora en las reservas llevó a considerar la paraestatal PEMEX como la base para el nuevo despegue económico, al basar los ingresos del estado en los recursos petroleros. Las condiciones en el mercado internacional eran favorables para alcanzar este objetivo y reorganizar las finanzas internas, generando un optimismo que se reflejó en una frase emblemática del presidente: «administrar la abundancia».

Con estas nuevas condiciones, se logró convencer al FMI sobre la seguridad en la capacidad de pago del país, respaldada por las reservas petroleras. Esto permitió acceder a mayores créditos con otras instituciones financieras internacionales, abriendo la posibilidad de resolver los graves problemas económicos.

Al disponer de los nuevos créditos, la primera acción fue liquidar parte de la deuda contraída con el FMI, utilizada para lidiar con la devaluación del peso. También se anticipó el pago del préstamo otorgado por la Tesorería de Estados Unidos. Con esto, el gobierno de López Portillo se liberó de los compromisos de austeridad impuestos por el FMI, reavivando el debate sobre la función del Estado como agente para el desarrollo económico.

El potencial petrolero despertó un optimismo tal que el gobierno consideró que ya no era necesario un cambio en el sistema económico. Se creyó que podía mantenerse la estructura del «desarrollo estabilizador», ya que los excedentes petroleros cubrían el déficit de las finanzas públicas y también se utilizaban para pagar las importaciones necesarias para transformar la industria nacional en una manufacturera.

Sin embargo, restaurar la confianza del sector empresarial para que regresaran sus inversiones al país resultó complicado al principio. Inicialmente, tomaron una postura negativa ante los intentos de conciliación de López Portillo. Sin embargo, el dinamismo impulsado por el potencial petrolero creó las condiciones para restaurar la relación con el gobierno, principalmente debido a la promesa de compartir la riqueza petrolera.

Para sellar este compromiso, las organizaciones patronales publicaron en los medios su compromiso de contribuir con los esfuerzos del gobierno para alcanzar la recuperación económica mediante sus inversiones. Entre 1977 y 1980, aumentaron su presencia en un 20%. Sin embargo, el gobierno seguía manteniendo su papel como principal inversor, con un 42%, una cifra no vista desde los años cuarenta.

Debido al optimismo por parte del gobierno, los empresarios decidieron no hacer caso de las advertencias de sus propios analistas sobre la fragilidad de la economía mexicana. No se había resuelto el problema del déficit del gasto público, la insuficiencia de las materias primas, la paralización de la agricultura, el descenso de las exportaciones manufactureras, los problemas en los servicios de transporte y el empleo de recursos inflacionarios. Todos estos factores llevaron a los economistas a determinar cómo riesgosa la estructura financiera del país, haciéndola muy susceptible al aumento de la inflación, la devaluación de la moneda y una mayor dependencia externa.

Estas señales indicaban el agotamiento del viejo modelo económico y la necesidad de cambiar la organización económica para acceder a un nuevo ciclo expansivo y corregir los desequilibrios estructurales del aparato productivo.

A pesar de contar con la oportunidad única para resolver las deficiencias en estos sectores productivos del país, el gobierno decidió ignorarlos. En 1979, asignó el 30% de la inversión pública para mejorar el sector petrolero y petroquímico, mientras que la agricultura, siderurgia, comunicaciones y transportes solo obtuvieron el 27% del presupuesto, repartiéndose entre ellos. Esta decisión contribuyó a hacer realidad los pronósticos negativos de los especialistas en unos pocos años.

Una de las señales que revelan estos problemas está relacionada con la inflación, que aumentó del 17% en 1978 al 19% en 1980. La incapacidad del país para producir bienes agropecuarios, textiles, productos metálicos o de madera obligó a realizar importaciones para cubrir estos déficits, lo que elevó los precios en el mercado.

Aunque los excedentes petroleros proporcionaron ingresos adicionales al país para cubrir las necesidades del presupuesto público, esto no evitó contraer deuda, aunque de forma moderada. Durante el periodo de 1977 a 1980, la deuda externa aumentó del 46% al 63%, y la relacionada con los recursos petroleros del 18% al 29%. Esto ayudó a cubrir el déficit del ahorro, la inversión y los ingresos por las exportaciones.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La debacle económica de los 70.

Imagen:

• Izquierda: S/D. El presidente Jose Lopez Portillo marchando junto a los trabajadores petroleros sindicalizados en el desfile del 1ro de mayo. 1981
• Derecha: Pozos petroleros de Cantarell. Sonda de Campeche. Fuente: https://www.mexicodesconocido.com.mx/rudesindo-cantarell.html

El nacimiento de la Liga comunista 23 de septiembre.

Durante la década de los 60, la presidencia buscó ejercer un poder que soterrara cualquier intento de cuestionar la legitimidad del grupo en el poder para mantenerse en la cima. Sin embargo, a pesar de las presiones, algunas organizaciones sindicales y estudiantiles buscaron enfrentar esto mediante la formación de manifestaciones, huelgas e incluso llegaron a la radicalización, conformando guerrillas.

Uno de los epicentros de la lucha estudiantil se dio en Guadalajara, donde en la década de los 50 surgió en el barrio de San Andrés un grupo de jóvenes conocidos como Los Vikingos. Estos jóvenes pertenecían a familias migradas del campo y reclamaban mejores condiciones de vida. Aunque esta organización mantenía una estructura subdividida en varios grupos según las calles del barrio, se unían cuando era necesario ejercer más presión.

Inicialmente, Los Vikingos eran una agrupación juvenil más dentro del ambiente urbano tapatío. Sin embargo, el contacto que tuvieron con el profesor Ricardo Balderas mientras estaban en secundaria les dio un sentido a sus inquietudes juveniles. Cuando pasaron al bachillerato, comenzaron a participar en los mecanismos políticos estudiantiles de la ciudad, manejados por la Federación de Estudiantes de Guadalajara.

Así, los miembros de Los Vikingos luchaban por arraigar la cultura democrática en la toma de decisiones estudiantiles. Sin embargo, la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) contaba con el respaldo del gobierno estatal, lo que le permitía mantener diferentes grupos de choque y golpeadores a sueldo para atacar a potenciales rivales. Además, les aseguraba impunidad frente a los delitos que pudieran cometer y les servía como plataforma política para acceder a cargos dentro del gobierno.

Esto no detuvo las intenciones de Los Vikingos de participar en la política. Mejoraron su organización interna para competir en las elecciones estudiantiles y comenzaron a definir una línea ideológica para fundamentar su lucha política contra la FEG, denunciando su falta de compromiso para resolver la problemática real de los estudiantes. Con ello, propusieron medidas como la reducción de las tarifas del transporte público, la disminución de las cuotas escolares y la anulación del paro de labores de manera arbitraria.

Estas propuestas atrajeron la atención de más agrupaciones barriales que se unieron a Los Vikingos, incluyendo organizaciones masónicas y grupos ideológico-políticos como las Juventudes Comunistas.

Ante la crisis derivada de los movimientos estudiantiles en 1968, el gobierno presionó a la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) para aumentar su control sobre Los Vikingos y desmovilizar las marchas en honor a los muertos por la masacre del 2 de octubre. Esto se tradujo en la suspensión de labores en algunos centros de estudio sospechosos, patrullaje en centros escolares y detenciones de estudiantes que manifestaban apoyo a los huelguistas de la UNAM y el IPN.

A pesar de que Los Vikingos se replegaron debido al aumento del acoso por parte de la FEG, aprovecharon esos momentos para fortalecer sus redes políticas en otros barrios de la ciudad. Reconstruyeron tanto sus redes de transacción a través de una agenda política-cultural, pero lo que tuvo más peso fue la definición política, debatiendo entre seguir a las Juventudes Comunistas o a los masones. Las opciones iban desde la radicalización de la lucha hasta la integración dentro de la lucha política y social.

Gracias a la intercesión de los masones, quienes utilizaron sus vínculos con algunos políticos del PRI, se logró negociar que les asignaran el Auditorio Plutarco Elías Calles para celebrar sus reuniones. Con esto, se consolidó la unión de Los Vikingos, las Juventudes Comunistas y los masones en una nueva organización llamada Juventudes Juaristas. Sin embargo, este nuevo enfoque político desestimó la lucha estudiantil hacia 1970.

Ante la crisis por la salida de miembros, las tres organizaciones de las Juventudes Juaristas replantearon sus objetivos a mediano plazo y decidieron radicalizar el movimiento para contender contra la FEG en las elecciones de la presidencia universitaria. Construyeron células y brigadas para combatir los esfuerzos de sus rivales, augurando el éxito de sus esfuerzos debido al desprestigio que tendría la FEG, y conformaron el Frente Estudiantil Revolucionario (FER).

Las acciones del FER para mantener el movimiento se volvieron clandestinas al promover asaltos para financiar la pinta de bardas, la distribución de volantes y panfletos, así como iniciaron entrenamientos en guerrilla urbana y la elaboración de explosivos caseros. Esto provocó la salida de más miembros y llamó la atención de las autoridades, respaldadas por la FEG, que comenzaron a detener a sus integrantes por sus acciones criminales.

Así, en dos años, el FER planteó el abandono de la política estudiantil para dirigirse a la lucha guerrillera, aprovechando la falta de oportunidades para que los jóvenes participaran en la política. Comenzaron a reclutar jóvenes de Ciudad de México, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, quienes buscaban luchar por la democratización del país a través de la vía armada. Esta transformación culminó el 15 de marzo de 1973 con la formación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, con pretensiones de tener alcance nacional.

El objetivo de la lucha cambió hacia derrocar al Estado e implantar un gobierno socialista, instaurando un Estado del proletariado. Esto implicó aumentar su presencia en diferentes ciudades del norte, centro y sur del país, así como desarrollar diversos organismos para llevar a cabo tareas organizativas y de propaganda, como fue el caso del periódico Madera. La estrategia contemplaba varias acciones, desde la huelga económica para paralizar la producción total o parcial de industrias y empresas, hasta la huelga política donde el proletariado se organizaría para luchar contra la ofensiva de la burguesía. Esto conduciría a la agitación social mediante la dispersión de propaganda y a la organización de la guerrilla para combatir tanto en las ciudades como en el campo, con el objetivo de enfrentarse a caciques, guardias blancas y soldados.

A pesar del debilitamiento social del gobierno debido a su incapacidad para lograr la redistribución de la riqueza, aún mantenía la fuerza suficiente para combatir a los grupos guerrilleros gracias a su compleja estructura interna y a sus alianzas exteriores que impedían el apoyo de naciones socialistas. Por lo tanto, movimientos como la Liga serían rápidamente reprimidos por la fuerza del Estado.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Rodolfo Gamino Muñoz y Mónica Patricia Toledo González. Origen de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de la revista Espiral, vol. XVIII, no. 52.

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El complicado equilibrio exterior e interior de México en los 60.

Imagen:

• Izquierda: Anónimo. Panfleto de la Liga 23 de Septiembre, agosto de1978.
• Derecha: Anónimo. Portada del periodico «Madera».

Los copreros de Guerrero y el corporativismo presidencialista.

Durante la primera mitad del siglo XX, México buscó oportunidades para incrustarse en los mercados globales como forma de salir de la crisis derivada tanto de la revolución como de las reformas agraristas. Una oportunidad crucial surgió de la tensión geopolítica de los años 30, que desembocaría en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. México se convirtió en un abastecedor de materias primas para las potencias del Eje al proporcionar petróleo a Alemania, rayón a Italia y frijoles a Japón, a cambio de maquinaria para impulsar la industria.

Con el estallido de la guerra y gracias a la lejanía del conflicto, el país se convirtió en un importante productor de materias agropecuarias necesarias para mantener las demandas del mercado internacional. Diferentes zonas agrícolas del país aprovecharon la oportunidad para vender sus excedentes. Este es el caso de la Costa Grande de Guerrero, una zona que había quedado relegada durante siglos debido a la falta de recursos de interés para las élites y los efectos de la despoblación causada por epidemias y enfermedades tropicales. Las comunidades en esta región tenían poca población y subsistían principalmente de cultivos básicos, ajonjolí y palma de coco, que utilizaban para producir aceite.

Como consecuencia de la guerra, varios productos agropecuarios experimentaron una revalorización en el mercado mundial de manera significativa. Esto brindó la oportunidad para que los campesinos de la costa de Guerrero obtuvieran mayores ingresos. Por ejemplo, el valor de la copra, carne de coco, se elevó de los 268 pesos la tonelada que valía en 1939 a alcanzar los 1241 pesos en 1946. De manera similar, la demanda de ajonjolí aumentó, lo que resultó en un incremento del 175% en su producción.

Para la inserción de estos productos agropecuarios en el mercado, siempre fue necesaria la presencia de intermediarios. En el caso de la copra y el ajonjolí, este papel lo ocuparon la fábrica La Especial y empresas comerciales como Bola de Nieve y Casa Minaya. Estas empresas acaparaban la producción de toda la costa y estaban asociadas con grandes capitales extranjeros y estadounidenses. Aunque eran los intermediarios quienes obtenían las grandes ganancias de la alta demanda, lo que quedaba para los campesinos era suficiente para salir de su extrema pobreza. Aquellos que llevaban años como agricultores podían beneficiarse más, ya que los recién dotados de tierras tenían que dedicarse a cultivar diferentes plantas para subsistir. Además, para convertirse en productores de copra, ajonjolí o café, como en el caso de Atoyac, se necesitaban entre 7 y 8 años de cultivo y desarrollo.

Mientras los antiguos campesinos disfrutaban de la bonanza económica de la época y llegaban a despilfarrar sus ingresos en actividades como peleas de gallos, juegos, cabarets y fiestas, los nuevos campesinos tenían que distribuir sus escasas ganancias tanto para su sustento como para invertir en cultivos de alto valor. Estos últimos debían destinar cerca de 976.50 pesos por hectárea al año en campos que oscilaban entre 1 y 8 hectáreas.

Aunque las ganancias obtenidas superaban con creces los recursos invertidos, la realidad era que pocos campesinos tenían el capital necesario para trabajar la tierra. Muchos tuvieron que emplear a miembros de su familia como peones sin paga, exacerbando los problemas endémicos como el analfabetismo.

Desde 1940, con la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, se comenzó a revertir el proyecto agrarista radical de su antecesor Lázaro Cárdenas. Esta tendencia fue continuada por su sucesor Miguel Alemán Valdés a partir de 1946, quien buscaba impulsar la propiedad privada y las inversiones particulares como base del desarrollo nacional. Esto implicaba neutralizar los valores del nacionalismo revolucionario y mantener bajo control a los sectores obrero y campesino para asegurar la tranquilidad de los inversionistas.

Este cambio en la política económica del gobierno fomentó el surgimiento de nuevos latifundios en el país, beneficiando principalmente a los productores veteranos que se convirtieron en una nueva burguesía. Sus fincas de copra y café, a pesar de tener dimensiones de hasta 150 hectáreas, fueron legalizadas, mientras que los ejidatarios solo tenían a su disposición 10 hectáreas cada uno. A nivel nacional, esto generó una profunda desigualdad entre estos latifundistas y el resto del campesinado. Estos últimos llegaron a poseer solo el 1.5% del total de tierras cultivables, pero producían el 40% de la producción agrícola y obtenían el 46% de los ingresos agrícolas del país.

En el caso específico de Guerrero, se sumó otro factor fundamental que lo hizo atractivo para el desarrollo nacional: el potencial turístico del puerto de Acapulco. El presidente Miguel Alemán participó en los beneficios de esta urbanización y desarrollo, creando para ello la Compañía Constructora La Joya y comprando predios como la playa El Revolcadero, un lote de la ex hacienda de San Marcos y otros predios en Granjas del Marqués. Llegó a poseer cerca de 180,000 m2 en propiedades que fueron adquiridas a precios de remate.

El detonante de los problemas sociales en el estado fue una serie de impuestos decretados por el gobernador Alejandro Gómez Maganda (1951-1954). Buscando llenar las arcas para cumplir con su gestión, impuso el pago de 10 pesos por cada palmera de coco de agua, 7 por palmilla sentada en banco y 5 por las recién sembradas. Este problema afectaba principalmente a ejidatarios y pequeños propietarios, mientras que los grandes potentados tenían la capacidad de organizarse o afianzarse como aliados políticos dentro del naciente PRI, escapando así de estos impuestos.

Los principales afectados se organizaron y fundaron en 1951 la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero. Surgieron dos liderazgos que se disputaron su control: por un lado, el profesor Florencio Encarnación Ursúa de Coyuca de Benítez, respaldado por el cacique de El Espinalillo en el mismo municipio, Candelario Ríos; por otro lado, el empresario coprero Jesús Bravo González de Petatlán, apoyado por la poderosa familia Ruisánchez. Petatlán, además de ser una importante productora de copra, era un centro comercial clave en la región.

El balance de poder se inclinó a favor del grupo de Coyuca gracias al respaldo del presidente Alemán y de su tío, el general Juan G. Valdés. La propuesta inicial de Encarnación Ursúa era lograr un acuerdo entre las élites de Coyuca y Petatlán, además de servir como un importante vínculo del PRI en la región.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Francisco Ávila Coronel. Del clientelismo político a la contrainsurgencia. La masacre de copreros en Acapulco, Guerrero, en perspectiva histórica: 1940-1967, de la revista Historia Mexicana no. 73.    

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El inicio del renacimiento de Acapulco.

Imagen:

• Izquierda: Hugo Brehme. Palmeras y vivienda rustica, Acapulco, 1940.
• Derecha: S/D. Retraro de Alejandro Gomez Maganda.

La debacle económica de los 70.

Para los últimos años del sexenio de Luis Echeverría, el intento de impulsar la economía del país resultó en un fracaso evidente. En 1974, las inversiones privadas en México se redujeron a la mitad, lo que condujo a una recesión económica con una caída del PIB del 0.1% ese año y del 2% en 1975. Esta situación se vio agravada por una inflación rampante del 13.2% y 10.5%, respectivamente, en esos años.

A pesar de estos desafíos, el gobierno mexicano contaba con los ingresos petroleros como respaldo para seguir accediendo a líneas de crédito internacionales, cuyos intereses estaban por debajo del aumento de la inflación. Esto los convertía en un recurso atractivo para el gobierno, que intentaba así salir de la crisis económica, aunque esto contradecía los principios de la política económica.

La crisis también obstaculizó la implementación de una reforma fiscal, que se esperaba generara más ingresos para el Estado. Sin embargo, dada la debilidad económica y la falta de garantías para los empresarios respecto al retorno de sus inversiones, el gobierno se encontró sin opciones viables para incrementar sus fuentes de ingresos y rescatar el crecimiento económico.

El debilitamiento de las condiciones gubernamentales para mantener la estabilidad de los recursos básicos llevó a un aumento de precios en diversos sectores por primera vez en 10 años. Esto incluyó incrementos en los precios de la electricidad, los hidrocarburos, los fertilizantes y el acero, como resultado del aumento en la impresión monetaria. Entre 1972 y 1975, la impresión monetaria se elevó en un 23%, más del doble del 10% registrado en años anteriores, respaldada por una amplia línea crediticia que permitía seguir emitiendo dinero.

Esta situación generó desconfianza entre los ahorradores, quienes comenzaron a cambiar sus pesos por dólares, provocando una fuga de capitales que debilitó aún más al gobierno. Este se encontraba en la encrucijada de mantener el control estatal sobre la economía, especialmente bajo la presión cercana del periodo electoral.

En el ámbito político, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Echeverría intentara reelegirse, aunque estos rumores se disiparon con el anuncio realizado por el veterano líder de la CTM, Fidel Velázquez, el 22 de septiembre de 1975. En este anuncio, destapó al secretario de Hacienda, José López Portillo, quien tenía una amplia experiencia en el sector público y ocupó puestos de relevancia con el ascenso de Echeverría, recibiendo el respaldo del PPS y el PARM.

A pesar de la grave situación económica del país, el panorama político seguía siendo favorable para la maquinaria electoral del PRI. En aquel entonces, el PAN enfrentaba una crisis interna desencadenada por la disputa entre dos liderazgos. Por un lado, Efraín González Morfín representaba la doctrina del partido, sosteniendo que la participación del PAN solo legitimaba al gobierno al ofrecer la imagen de un estado democrático. Por ello, movilizó a sus bases para no participar en las elecciones. Por otro lado, José Ángel Conchello adoptó una postura pragmática, buscando capitalizar la inconformidad generalizada del país y abogando por la incorporación de políticos que no compartieran su visión ideológica. Sin embargo, esta estrategia no fue suficiente para derrotar a González Morfín, cuya posición prevaleció y llevó a la decisión del PAN de no participar en las elecciones.

Aunque posteriormente la línea doctrinal de González Morfín perdió fuerza y prevaleció el «neopanismo» de Conchello, en ese momento el PRI fue el único partido presente en las elecciones. Se presentaron algunas candidaturas sin registro, como la de Valentín Campa por el Partido Comunista y la Coalición de Izquierda. Además, algunos panistas que deseaban participar en el proceso respaldaron a Pablo Emilio Madero. Esto aseguró la elección de López Portillo, quien obtuvo un total de 16.7 millones de votos, con el 98% de las preferencias electorales.

Ante las graves presiones económicas que experimentaba el país y una vez asegurada la sucesión, el 31 de agosto de 1976, se anunció el fin del cambio fijo de 12.5 pesos por dólar por parte del secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta. Este cambio dejó la moneda a la libre flotación del mercado con el objetivo de corregir los vicios del saldo negativo de la balanza de pagos y evitar la fuga de capitales, poniendo fin a 22 años de estabilidad mantenida de forma artificial.

Durante la toma de protesta el 1 de diciembre, López Portillo hizo un llamado a la cordialidad para enfrentar la crisis económica. Hizo referencia a la posible solución de utilizar las reservas petroleras, que en ese momento se mantenían sin explotar a gran escala. Además, se comprometió con el FMI para llevar a cabo una política económica ortodoxa que permitiera resolver los problemas y cumplir con el pago de la deuda externa.

Entre las medidas acordadas estaban garantizar la liberalización del comercio para reducir la demanda, implementar restricciones en las fuentes de financiamiento y el gasto público, así como imponer topes salariales. Estas medidas tenían como objetivo revertir los efectos negativos de las políticas económicas de Echeverría.

Los efectos de los acuerdos a inicios de 1977 son evidentes: la actividad económica disminuye del 4.2% al 3.4% y los salarios caen en un 21%. Sin embargo, a nivel macroeconómico, la situación del país comienza a estabilizarse al reducirse la inflación del 19.1% al 16%. Además, el déficit público disminuye con respecto al PIB, pasando de un 7.2% a un 5.1%, y el precio del dólar se estabiliza en 22.58 pesos. También se observa un aumento en la cantidad de ahorros y un incremento en los créditos internos debido a la disminución de la tasa de interés.

Aunque la deuda externa se eleva ligeramente, el país se mantiene dentro de las directrices dictadas por el FMI. Esto permite el aumento del ingreso de la inversión extranjera y el incremento de las reservas de dólares del país, que alcanzan los 845 millones. Paralelamente, se lleva a cabo una apertura comercial mediante la liberalización del precio de algunos artículos, sustituyendo las licencias de importación por tarifas.

El tope salarial del 10% resultó fundamental para avanzar en la recuperación económica, aunque generó problemas al no resolver la cuestión del bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esto condujo a movilizaciones sindicales, como la de los trabajadores de la UNAM afiliados al STUNAM en junio de 1977, quienes se opusieron a la propuesta de aumento salarial y fueron reprimidos.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El fracaso del plan económico echeverrista.

Imagen: 

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Caricatura de la quiebra economica de Luis Echeverria.
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo y Luis Echeverria en la toma de protesta, 1976.

Los inicios de la crisis económica.

A principios de la década de los setenta, México mostraba señales de agotamiento del «desarrollo estabilizador», que no había logrado redistribuir la riqueza y se había concentrado en unos pocos. La modernización a nivel nacional se había logrado mediante la solicitud de más deuda, pero el verdadero indicador de la crisis nacional fue la crisis social y la pérdida de confianza del pueblo en el gobierno, resultado del movimiento del 68.

En la carrera presidencial, era crucial distanciarse de Gustavo Díaz Ordaz (quien asumió la responsabilidad histórica de la Matanza de Tlatelolco) y mostrar cercanía con los sectores sociales más desfavorecidos. Fue elegido el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien venció a figuras tan prominentes como Antonio Ortiz Mena y el regente de la capital, Alfonso Corona del Rosal. Hasta ese momento, Echeverría había sido considerado un funcionario discreto, habiéndose desempeñado en áreas como prensa o propaganda. Sorprendió a muchos con sus habilidades oratorias y la fuerza que imprimió en sus discursos de campaña, donde prometió un mayor acercamiento con el pueblo, se desligó de los acontecimientos del 68 (aunque más tarde se confirmó su implicación) y expresó su compromiso por enfrentar la evidente crisis económica.

Mientras el candidato oficialista recibía el respaldo tanto del aparato del PRI como de los partidos satélites como el PARM y el PPS, el PAN respondió de manera similar al elegir a Efraín González Morfín como candidato. Él orientó su campaña hacia un punto de vista social cristiano, instando a los empresarios a ser más empáticos con las clases trabajadoras, asegurando la participación del gobierno en programas sociales y, sobre todo, llamando a una renovación política nacional donde el PRI dejara de ser el partido del Estado.

Como es habitual en el presidencialismo, el gobierno movilizó sus bases sociales y Echeverría ganó las elecciones con un 85.5% de las preferencias. Su campaña se centró en los jóvenes, quienes se sintieron afectados por las acciones de Díaz Ordaz y él les aseguró una mayor participación en la política nacional. Desde el inicio de su gestión, Echeverría aseguró que la redistribución de la riqueza era compatible con el crecimiento económico, señalando la concentración de ingresos en la clase alta como una tendencia conservadora que obstaculizaba la democratización de la sociedad. Declaró su intención de facilitar la apertura democrática y situar al Estado como garante del reparto equitativo de la riqueza, denominando a este modelo «desarrollo compartido».

Este plan, que buscaba que el gobierno mantuviera el control del desarrollo del país, se acompañó de una exaltación de los valores patrios del nacionalismo revolucionario, siguiendo la tendencia política presente en América Latina en países como Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia. Sin embargo, la forma en que abordó la problemática social recurrió al populismo y la demagogia. Un ejemplo de esto se evidencia en la presentación del plan económico, que estableció objetivos muy ambiciosos pero no abordó completamente las limitaciones del «desarrollo estabilizador», como el déficit en el mercado externo en relación con las exportaciones mexicanas y la inestabilidad de la economía internacional. Se limitó a asegurar la redistribución de la riqueza sin abordar los problemas del sistema económico, como las deficiencias en la inversión privada o la dependencia de la deuda.

Una característica del gobierno de Echeverría fue su conflicto constante con el sector empresarial, al cual no tomaba en cuenta en la toma de decisiones, como ocurrió con el restablecimiento de la estabilidad de precios y la tasa de cambio. El gobierno trató de mitigar la desconfianza manteniendo una política fiscal que favorecía bajos pagos de impuestos para asegurar la reinversión en el país, manteniendo estos pagos en alrededor del 7% del PIB, a diferencia de países como Alemania (con el 37.9%) o Estados Unidos (con el 22.5%).

Si bien inicialmente Echeverría estaba dispuesto a considerar la opinión de los empresarios sobre los planes del gobierno, esta relación se caracterizó por un continuo cuestionamiento por parte del sector empresarial respecto a las intenciones del gobierno y la viabilidad de sus propuestas, como sucedió con la reforma fiscal. Muchas de estas consultas terminaron en amenazas por parte de los empresarios de retirar sus inversiones del país o en cambios en el sentido original de las propuestas.

Por otro lado, la promesa de profundizar en la democratización de la sociedad se desvaneció rápidamente, como se evidenció el 10 de junio de 1971, cuando una manifestación estudiantil convocada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en la capital fue reprimida. Los estudiantes exigían cambios en la Ley Orgánica y fueron atacados por un grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”, creado para combatir a la guerrilla, que los sometió con extrema violencia. A diferencia de Díaz Ordaz, Echeverría trató de deslindarse de los hechos, argumentando la existencia de una conspiración para desestabilizar su gobierno. Se limitó a destituir a los mandos policiales implicados, algunos de los cuales luego ocuparían cargos importantes en sus estados de origen.

Ante el fracaso en erradicar el autoritarismo y la represión, las agrupaciones universitarias se radicalizaron y descartaron la posibilidad de establecer buenas relaciones con el gobierno.

Con el objetivo de mitigar la tensión política, se reformó la Ley Federal Electoral para reducir la edad requerida para ser legislador a 25 años para diputados y 30 años para senadores, cumpliendo así la promesa de otorgar mayor participación a los jóvenes. Además, se disminuyó el porcentaje de votación necesario para acceder a una diputación del 2.5% al 1.5%, lo que se percibió como un intento de salvar a los partidos satélites PARM y PPS, que no lograban reunir los requisitos mínimos para mantenerse.

El PRI, por su parte, evitó en lo posible entrar en discusiones ideológicas con el PAN para mantener la imagen de democratización en la vida pública. Esto permitió que los panistas ampliaran sus bases sociales, aunque de manera marginal, tanto en los sectores urbanos como en algunas zonas rurales.

Aunque para 1971 el concepto de «desarrollo compartido» logró reducir la tasa de inflación de 5.3% a 4.8%, el déficit del sector público se mantuvo en un 30%, el saldo negativo de la cuenta corriente en un 18%, y la deuda externa se estabilizó en un 30%, no pudo detener el proceso de recesión que disminuyó el crecimiento económico del 7% en 1970 al 3.4%. Por lo tanto, los escasos avances logrados se vieron afectados por el contexto internacional.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El resquebrajamiento del “desarrollo estabilizador”.

Imagen: S/D.  Luis Echeverría Álvarez saluda durante un mitin de su campaña electoral en Guasave, Sinaloa. 1969. Fuente: https://la-lista.com/poder/politica/2022/07/09/galeria-luis-echeverria-de-los-anos-en-el-poder-a-sus-ultimas-apariciones

La dinámica del PAN en la sociedad de los 60.

El gobierno mexicano de los años sesenta mantenía una estrategia ambivalente con respecto al tratamiento de los movimientos sociales. Por un lado, buscaba mantener comunicación con ellos mediante la colocación de líderes afines que contribuyeran a mantener la calma y les ofrecían algunos beneficios. Por otro lado, reprimía los nuevos movimientos sociales, como los trabajadores que rechazaban las propuestas gubernamentales, los grupos comunistas y las nuevas demandas planteadas por la juventud, entre otros.

Sin embargo, también era evidente que la estructura política del PRI se basaba en principios socialistas con un enfoque populista hacia la relación con el pueblo. Esto se hizo especialmente notorio durante el gobierno de Adolfo López Mateos, quien mantenía buenas relaciones con el bloque comunista, incluyendo el caso de Cuba, donde gracias a esta relación aseguró que no apoyaran a los grupos comunistas mexicanos.

A pesar de que los empresarios habían sido beneficiados por la política de «Desarrollo Estabilizador» del gobierno, no estaban de acuerdo con la asignación del presupuesto para cubrir los programas sociales. Por esta razón, sus organizaciones gremiales, como la COPARMEX y la CONCAMIN, comenzaron a expresar sus desacuerdos con el régimen y con su interlocutor empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

La situación dentro del contexto eclesiástico también experimentó cambios. La Iglesia estaba perdiendo terreno en las sociedades de América Latina a favor de las agrupaciones comunistas, siendo el triunfo de la Revolución Cubana un golpe significativo. El Vaticano instó a los jerarcas eclesiásticos a involucrarse en las problemáticas sociales para frenar la proliferación del comunismo, viendo como una alternativa la introducción de los democristianos.

En contraste, las agrupaciones de derecha mexicanas tenían una marcada tendencia anticomunista y una fuerte presencia en los sectores medio-altos de la sociedad. Surgió la Confederación de Organismos Nacionales, que agrupaba a las principales organizaciones ligadas al Yunque, especialmente las universitarias como el Frente Universitario Anticomunista (FUA), el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), la Coalición para la Defensa de los Valores Nacionales (CDVN) y las Falanges Tradicionalistas Mexicanas (FTM).

Aunque estas agrupaciones estaban vinculadas con grupos conservadores tradicionalistas, estaban dando mayor dinamismo a la derecha en el contexto latinoamericano al integrar valores democristianos. Por otro lado, el PAN se negaba a darles entrada debido a la posición de Manuel Gómez Morín de constituir una derecha laica. Esto llevó a impulsar a Adolfo Christlieb Ibarrola a ocupar la dirigencia del partido de 1962 a 1968 por compartir los mismos principios y rechazar a la democracia cristiana como opción.

Desde 1952, el sistema político mexicano se manejaba con un reducido abanico de opciones. El PRI era el partido dominante, el Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano representaba a las izquierdas y el PAN era la opción de las derechas. Otros partidos que no lograban obtener registro para participar en las elecciones también existían, pero el monopolio del PRI era evidente. En los años 60, los partidos de oposición solo tenían 20 de las 183 curules de la Cámara de Diputados. La respuesta del gobierno a estas quejas constantes fue la reforma electoral de 1963, que introdujo la figura de los diputados de partido. Durante el período de 1964 a 1973, la presencia de la oposición en el legislativo aumentó hasta alcanzar los 100 representantes en conjunto. Esta medida atenuó las críticas de los otros partidos y dio la impresión de que el PRI favorecía el juego democrático.

Este cambio fue respaldado por Christlieb, cuyo objetivo era la conciliación con el gobierno. Buscaba abrir más espacios para el PAN, con la idea de avanzar hacia la democratización de la sociedad de manera pacífica. Se propuso construir una oposición constructiva capaz de participar en la toma de decisiones gubernamentales, estableciendo así una base para futuros avances en el proceso democrático.

La realización del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 marcó un cambio significativo en la postura de la Iglesia, que comenzó a respaldar causas sociales y a llamar a los sectores conservadores a participar más activamente en las luchas de la sociedad civil. Este enfoque se basó en la idea de alcanzar una democracia liberal donde todas las posturas políticas tuvieran cabida, promoviendo la defensa de los derechos humanos y la participación política de los fieles.

En ese momento, las derechas habían logrado una conciliación con el gobierno bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Su política se centraba en fomentar el ahorro, mantener un endeudamiento bajo y promover un crecimiento económico moderado respaldado por el Estado. Esto tranquilizó a las clases medias en cuanto al gasto gubernamental excesivo.

Para mantener esta paz social, el gobierno debía ejercer su autoridad en respuesta a los reclamos sociales. Esta postura generó divisiones dentro de la oposición de derecha: mientras el PAN abogaba por una mayor participación política de los diversos sectores de la sociedad, una parte considerable apoyaba la posición represiva del gobierno como medio para contener el comunismo.

El PAN, a pesar de respaldar el pluralismo político, era crítico con la izquierda por su falta de respuesta ante los abusos de regímenes comunistas como el de Fidel Castro. En cambio, abogaba por el pluralismo político y la libertad de conciencia, promoviendo el liberalismo como principio para el orden internacional y defendiendo tanto el pluralismo religioso como político. Rechazaban la idea de que el Estado dictara el pensamiento de la sociedad. Durante el movimiento estudiantil de 1968, si bien criticaron la represión gubernamental y participaron en modificaciones legales, también cuestionaron la movilización social y abogaron por solucionar problemas a través de canales políticos establecidos. Culparon a la modernidad y la desintegración familiar por ciertos problemas sociales. Para las elecciones de 1970, el PAN mantuvo un discurso a favor de la democratización y la participación social, en línea con la doctrina social de la Iglesia, sin comprometer sus principios de liberalismo y laicidad.

Si bien el PAN apoyaba el pluralismo político, también era crítico con la postura de la izquierda por su falta de respuesta ante los abusos de regímenes comunistas como el de Fidel Castro. En su lugar, defendía el liberalismo como principio para el orden internacional y abogaba por la libertad de conciencia, tanto en lo religioso como en lo político.

Rechazaba la idea de que el Estado pudiera dictar el pensamiento de la sociedad. Durante el movimiento estudiantil de 1968, aunque cuestionó la represión gubernamental y participó en modificaciones legales, también mostró su desacuerdo con la movilización social, argumentando que los problemas debían resolverse a través de los canales políticos establecidos. Culparon a la modernidad y la desintegración familiar por ciertos problemas sociales.

En las elecciones de 1970, el PAN mantuvo un discurso a favor de la democratización y la participación social, alineado con la doctrina social de la Iglesia, sin comprometer sus principios de liberalismo y laicidad.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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La posición política del PAN en las elecciones de 1958.

Imagen: Christlieb Ibarrola pronuncia discruso durante una ceremonia, Mérida, Yucatán, 1965.

El resquebrajamiento del “desarrollo estabilizador”.

Los esfuerzos del gobierno por equiparar al país con los estados desarrollados estaban dando resultados, como lo indicaba el regreso al mercado de valores internacionales después de 50 años, con la emisión de Bonos para Fomento Económico por un valor de 40 millones de dólares, los cuales fueron adquiridos, mostrando la confianza de los inversores internacionales. Este éxito se debió a la disciplina mantenida por el gobierno para pagar las deudas puntualmente y realizar liquidaciones anticipadas, como el pago de la antigua deuda pública en 1960 y las indemnizaciones por la expropiación petrolera en 1963.

Sin embargo, a pesar de estos logros, el Estado empezó a enfrentar mayores dificultades para financiar sus intervenciones económicas, lo que llevó a un aumento de la deuda del 6.1% al 9.2%. Esto se debía a la necesidad de mantener su presencia en diversos sectores, como el transporte (24%), la producción de electricidad (22%) y la industria (12%), mientras que el resto era invertido por el sector privado. Esta situación estaba generando dificultades para obtener los recursos necesarios para mantener la inversión.

Una señal clara de estos problemas se refleja en el mercado crediticio, dominado en un 67% por la banca privada, con plazos de vencimiento de 5 a 8 años en promedio y tasas de interés superiores al 10%, las más altas del mercado. Esto ha llevado a que el coeficiente por servicio de deuda se eleve por encima del 25%, lo que representa la capacidad de pago del país. El gobierno ha tenido que recurrir constantemente a la deuda para cubrir los déficits de inversión pública, lo que dificulta cada vez más estar al día con los pagos, aumentar las reservas internacionales y mantener la paridad cambiaria.

Para la década en cuestión, el déficit en el intercambio de mercancías y servicios se financió en un 28% mediante inversión extranjera y en un 72% a través de deuda, debido a la rigidez del sistema comercial en exportaciones e importaciones. En 1965, el crecimiento económico fue prácticamente nulo como resultado de estos problemas y de las condiciones desfavorables en el mercado de materias primas a nivel internacional. Para asegurar un crecimiento sostenible, era necesario aumentar las exportaciones de productos manufacturados para impulsar el crecimiento industrial, un objetivo que en ese momento no se estaba logrando en el mercado externo.

El aumento de las necesidades del país se reflejó en un crecimiento de la balanza comercial, pasando del 7.1% en la década de los 50 al 7.7% en los 60, como parte de la política de sustitución de importaciones. Esto fue consecuencia del proceso de industrialización y la necesidad de adquirir maquinaria que no estaba disponible en el país, lo que se tradujo en un aumento de las compras de divisas del 24% en 1955 al 44% en 1970.

A finales de la década de los 60, México se encontraba entre los países más endeudados, ya que las exportaciones no eran suficientes para cubrir los ingresos necesarios para solventar las importaciones. Esta situación también hizo al país más dependiente de las innovaciones extranjeras para mantener una planta productiva costosa, lo que contribuyó a socavar la estabilidad económica y el tejido social interno.

Aunque la economía del país seguía creciendo a tasas del 6%, sectores como el agrícola se rezagaban con apenas un 2% de crecimiento hacia finales de la década, experimentando varias caídas durante ese periodo. A pesar de su contribución al financiamiento del crecimiento industrial, la falta de inversión y de una reforma agraria llevó a que este sector se agotara, siendo incapaz de satisfacer siquiera la demanda interna.

Por otro lado, el sector manufacturero experimentó el mayor crecimiento durante la década, con un aumento del 8.9% en comparación con la media del 7%, representando cerca del 23% de la producción nacional. Este crecimiento revirtió la tendencia negativa observada en el lustro de 1950 a 1955. Según los planes de los economistas, se esperaba aprovechar este crecimiento mediante la creación de un mercado interno protegido y restringido, donde se daría preferencia al consumo de productos locales, con aranceles que alcanzaban cerca del 34% del valor.

Sin embargo, uno de los problemas derivados fue la ineficiencia para producir la tecnología necesaria para sostener la propia industria, que solo abarcaba el 5% del total frente al 44% de bienes de consumo. Además, la apertura a la inversión extranjera permitió que las empresas transnacionales acapararan el 62% de la producción total del país, al tener la capacidad de importar tecnología industrial sin competencia local. Esto resultó en una disminución en las contrataciones del sector manufacturero, que pasaron de un crecimiento del 4.7% en la década de los 50 a un 3.7% en los 60, a pesar de que la población seguía creciendo a una tasa del 3.4% anual.

El abandono del campo y el aumento de la migración a las ciudades en busca de mejores oportunidades también ejercieron presión sobre el mercado laboral, ya que la maquinaria industrial reducía la necesidad de contratar personal, lo que no lograba satisfacer la demanda de empleo de una población en crecimiento.

Para finales de la década, los especialistas se dieron cuenta de que el crecimiento industrial no era capaz de resolver los desequilibrios internos, especialmente en una sociedad con un gran crecimiento demográfico, que situaba a México como el cuarto país más poblado del mundo. Sin embargo, este crecimiento no se traducía en empleo suficiente, lo que resultaba en un excedente de población desempleada. La capacidad de ascender a la clase media, que había sido la más próspera, resultaba insuficiente, y la concentración de la riqueza no disminuía. En términos de ingresos, el 70% de la sociedad mexicana se repartía solo el 31% de los ingresos nacionales, mientras que el 20% correspondiente a la clase media obtenía el 28% y el 10% de la clase alta se quedaba con el 41%. Esto contribuyó al aumento de la población en pobreza extrema, especialmente concentrada en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y al elevado índice de analfabetismo del 28% en todo el país.

Las tensiones sociales dentro del sistema se hicieron evidentes en 1968, donde resulta insuficiente para el gobierno acallarlos por medio de sus practicas represivas al no lograr un estado de bienestar generalizado. Esto marcó el inicio de un proceso de desaceleración del crecimiento económico en 1969, que el sistema de «desarrollo estabilizador» ya no pudo gestionar adecuadamente frente a la realidad nacional.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La industrialización en los 60.

Imagen:

• Izquierda: S/D. Jovenes en la Zona Rosa. 1970.
• Derecha: Cartón de Rius.