La crisis de 1987

El proceso de apertura económica en México y las privatizaciones de empresas paraestatales también promovieron el sector bursátil mexicano como una alternativa de inversión frente a la banca tradicional o el traslado de recursos a la banca estadounidense. Desde finales de 1985 hasta 1986, las casas de bolsa captaron cerca de 2.3 y 9.6 billones de pesos, respectivamente, lo que impactó negativamente en la banca tradicional. Esta situación provocó que los recursos operados en la bolsa aumentaran significativamente, pasando del 18.1% del PIB en 1978 al 70% en 1986.

El gobierno comenzó a participar en la bolsa ofreciendo productos de inversión como los certificados de la Tesorería o CETES, para captar recursos garantizados por las obras realizadas por el gobierno. Así, surgió el boom de la Bolsa Mexicana de Valores al ofrecer a los inversionistas ganancias sustanciales por la compra de sus activos. Por ejemplo, las acciones de empresas mineras tuvieron rendimientos del 650%, las de constructoras del 300%, las de comunicaciones del 220%, los servicios del 180% y las de comunicaciones del 165%. Esto convirtió a la bolsa en un medio seguro para obtener ganancias significativas.

La alta especulación entre 1982 y 1986, debido a la ausencia de emisiones primarias (dinero fresco), generó altos rendimientos en la bolsa mexicana. Las ganancias obtenidas por este interés del público por las inversiones ascendieron a 7,989 millones de pesos para las 25 casas de bolsa, lo que representaba el 47.2% del capital social pagado.

El panorama mejoró con la entrada de las acciones de la banca nacionalizada en 1987, que resultaron ser un producto muy atractivo para el pequeño ahorrador. Esto aumentó el valor de la bolsa en un 150%, lo que incentivó a muchas familias a invertir sus recursos familiares, hipotecar sus propiedades o utilizar sus indemnizaciones por despido para comprar activos en la bolsa. Ante la alta demanda, se tuvo que restringir la cantidad de compras realizadas por los brokers.

Sin embargo, esta tendencia positiva se vio interrumpida el 19 de octubre debido al «lunes negro» de Wall Street, causado por la especulación y la publicación de malos datos sobre el déficit económico estadounidense. Esto provocó una pérdida del 22.61%, que se tradujo en una caída del valor de las acciones en México del 74%. El nerviosismo resultante llevó a los inversionistas más experimentados a retirar sus inversiones y comprar dólares, lo que causó una nueva devaluación del peso, pasando de 1700 pesos por dólar a 2700 pesos, y aumentando la inflación en un 160%.

La crisis bursátil provocó una cacería de culpables, con muchos ahorradores responsabilizando al gobierno por no imponer regulaciones a los movimientos bursátiles, supervisarlos y realizar acciones de rescate para evitar la caída de la bolsa. Esto llevó a que muchas familias perdieran su patrimonio debido a su falta de experiencia en el campo accionario, mientras que los emisores fueron los beneficiarios.

Esta crisis se sumó a la crisis petrolera, donde los precios del barril cayeron de 25 dólares a 12 dólares debido a la baja demanda del mercado. Esto acentuó la caída del PIB al 3.8%, provocó una inflación del 105% y redujo la demanda de importaciones en un 12%. A pesar del superávit de la balanza comercial por 4,600 millones de dólares, se registró un déficit en la balanza de pagos por 1,700 millones de dólares, dejando al gobierno sin fondos.

La crisis ya era evidente para finales de 1985, lo que llevó a la decisión de «enfriar» la economía al año siguiente para evitar una crisis similar a las anteriores. Esto implicó recortes presupuestarios en obras, lo que provocó que un sector importante del oficialismo comenzara a cuestionar el modelo neoliberal y viera la necesidad de entrar en moratoria para resolver los problemas internos. Esto se convirtió en un punto de debate crucial al elegir al candidato presidencial para las elecciones de 1988.

La crisis era tan grave que muchos economistas consideraban imposible que México pudiera cumplir con sus compromisos de deuda. Incluso propuestas como el Plan Baker, presentado por Estados Unidos para impulsar el desarrollo en los países deudores, eran vistas como tácticas poco realistas para que las economías crecieran lo suficiente como para pagar sus deudas, especialmente en el contexto latinoamericano.

A pesar de las advertencias del secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, sobre la ineficacia del Plan Baker, el presidente De la Madrid anunció en febrero de 1986 que aceptaría sus postulados y estaría dispuesto a realizar los sacrificios necesarios. Mantuvo una posición abierta a la negociación con el gobierno estadounidense y solicitó mayores programas de financiamiento al FMI.

De la Madrid justificó la posición de su gobierno argumentando que era necesario asegurar la apertura del país frente a la economía mundial. Se negó a seguir las voces que pedían un cambio en la política económica, pero también rechazó la idea de ser manipulado por órdenes externas y de ser un instrumento en disputas internacionales. El gobierno mexicano mantuvo el control sobre los tiempos de acción y se comprometió a seguir las perspectivas diseñadas para el año 1986.

El gobierno mexicano inició las negociaciones para aceptar el plan de pagos, que incluía la condición de depositar 75,000 millones de dólares (dos tercios de la deuda) a cambio de recibir un crédito por 12,300 millones de dólares. Esto se materializó en un primer depósito de 30,000 millones de dólares, una cantidad sin precedentes que representaba entre el 30% y el 40% del valor total de las exportaciones y del valor del PIB proyectado para 1988.

Sin embargo, estas negociaciones marcaron el inicio oficial de una recesión en el país, ya que el intento de resolver el problema de la deuda externa tuvo serios costos políticos y sociales para la estructura del gobierno. Se estimaba que se había desperdiciado el equivalente a un año completo de la producción total del país con el objetivo de mantener al día la balanza de pagos. Contrario a las expectativas de los técnicos neoliberales, esta decisión resultó en una alta inflación, una disminución del consumo interno y una caída en la capacidad de ahorro de los mexicanos, situaciones que las facciones políticas rivales aprovecharon en las siguientes elecciones.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: José Luis Ávila. La era neoliberal.

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El arraigo de la política neoliberal

Imagen: El Presidente Reagan durante la Visita de Trabajo del Presidente Miguel De La Madrid Hurtado de México y su salida en la Entrada Diplomática, 13 de agosto de 1986. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:President_Ronald_Reagan_and_President_Miguel_De_La_Madrid_Hurtado_of_Mexico.jpg

Los frenos para salir de la crisis.

Para el gobierno de Miguel de la Madrid, era necesario llevar a cabo una reforma económica para acabar con el modelo de sustitución de importaciones implementado desde el cardenismo. Este modelo consistía en fomentar la producción nacional de bienes de consumo para impulsar la industrialización, pero había provocado monopolios debido a la política proteccionista y un aumento en los precios de los productos manufacturados.

La reforma económica incluyó la reducción del gasto público y un aumento en los impuestos, como el IVA que subió un 50% y el ISR que aumentó un 10% para personas con ingresos superiores a 5 salarios mínimos. Esto afectó a la clase media, que también enfrentaba inflación y un alto desempleo. Sin embargo, se logró reducir el déficit público al 8.6%, comparado con el 17% en 1982.

En el sector externo, hubo resultados positivos, como la reducción de las importaciones en un 34% debido a la caída del mercado interno, el aumento de divisas petroleras y de exportaciones de manufactura no petrolera en un 33%. Esto se logró gracias a los beneficios competitivos generados por la devaluación, resultando en un superávit de 13,000 millones de dólares. Sin embargo, estas mejoras económicas no se reflejaron en mejoras sociales debido a la política de bajos salarios, lo que llevó a una disminución en la demanda interna.

El objetivo del Programa de Industrialización por Exportación (PIRE) era alcanzar la meta de recuperación económica, logrando recuperar al año siguiente el nivel de importaciones en un 18%, las exportaciones petroleras en un 6%, y las exportaciones de manufacturas en un 21%. Esto resultó en un superávit de 12,900 millones de dólares y un superávit en la balanza de pagos de 5,400 millones de dólares, superando las expectativas en un 50% para 1983, con la previsión de un déficit del 0.5% en 1984.

Sin embargo, a pesar de las cifras positivas presentadas por el PIRE y el gobierno, se evidenció uno de los problemas persistentes del modelo neoliberal: el bajo impacto de las mejoras macroeconómicas en la economía real. Las medidas severas provocaron que el Producto Interno Bruto (PIB) no alcanzara el crecimiento del 0% previsto para 1983, sino que disminuyera hasta un -4.2%, lo que llevó a una reducción de los ingresos per cápita en un 7%, una cifra significativamente más alta que la del año anterior, que fue del 3%.

Después de ajustes, el gobierno relajó las medidas restrictivas para impulsar el crecimiento económico, pero la fragilidad financiera impidió que este se reflejara. Esto se evidenció en 1984, cuando el PIB creció un 3.6% y la inflación disminuyó a casi el 60%. Sin embargo, esto provocó una apreciación del peso mexicano y un aumento en las importaciones en un 18%, lo que hizo que las exportaciones perdieran competitividad, creciendo solo un 6%. Esto resultó en una reducción del superávit comercial y del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que llegó a 4,200 millones de dólares.

En 1983, las condiciones de la estructura productiva estaban deterioradas, con excepción de los sectores agropecuarios, eléctricos y servicios financieros, que lograron crecer un 3.4%, 1.3% y 2.2%, respectivamente, con respecto al año anterior. En contraste, los sectores más afectados fueron la construcción, el comercio y el sector manufacturero, que decrecieron un -14.3%, -8.6% y -7.3%, respectivamente. Esto tuvo repercusiones en la tasa de desempleo, que alcanzó el 2.3%, en contraste con el descenso del -0.3% registrado en 1982.

Aunque la recuperación en 1984 elevó la ocupación en un 2.3%, la política de contención de los salarios mínimos, apoyada por los sindicatos, afectó principalmente a los sectores populares. Los ingresos salariales se redujeron un 25% en 1983 y un 2.8% en 1984, con aumentos salariales mínimos del 1.7% y 0.3%, respectivamente.

El crecimiento económico no se vio reflejado principalmente debido al aumento del consumo nacional, lo que provocó una disminución en el excedente exportable. Esta tendencia persistió en los primeros meses de 1985, ya que en 1982 y 1983 la estrategia era exportar lo que los mexicanos no podían consumir. Además, según los expertos, el crecimiento registrado en 1984 resultaba poco conveniente debido al proceso de ajuste que atravesaba el país.

En 1985, toda la tendencia favorable de la economía se vio interrumpida. El PIB se mantuvo en un 6% debido a la recuperación del mercado interno, la revaluación del peso y la escasez de crédito interno, lo que limitó la movilidad económica a recursos locales. Esto llevó a un aumento del déficit público en un 9.6% con respecto al PIB, en contraste con el 8.5% mantenido en años anteriores, lo que resultó en un aumento de las tasas de interés.

Sin embargo, uno de los factores más perjudiciales fue la sobrevaluación del tipo de cambio, que aumentó la demanda de productos importados en un 34%. Esto redujo el superávit comercial de 12,900 a 8,500 millones de dólares, disminuyendo las exportaciones en un 4.5% y aumentando las importaciones en un 11%. Además, se debilitó el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cayendo a 3,000 millones de dólares, aunque la fuga de capitales disminuyó a 700 millones de dólares.

Esto tuvo un impacto negativo en todos los sectores productivos, excepto el manufacturero, que creció un 5.8%. Los sectores agropecuarios, de minería y construcción disminuyeron a un 1%, mientras que los servicios financieros cayeron un 0.5%. Sin embargo, los sectores más afectados fueron el de transportes, que pasó de un crecimiento del 6.4% en 1984 a un 2.7%, y el de servicios comunales, sociales y personales, que descendió de un 3.3% en 1984 a un -0.5%.

Durante el primer semestre de 1985, a pesar de la recesión del año anterior, la tasa de empleo formal aumentó, pasando del 2.3% al 8.5% de los trabajadores afiliados al IMSS, lo que representaba cerca de 8 millones de personas, de las cuales el 65% eran trabajadores permanentes. Esto benefició principalmente a la población urbana.

Como medida para sostener el crecimiento interno aprovechando la revaluación del peso, el gobierno redujo los controles del gasto público, lo que debilitó la balanza de pagos. En 1982, el país destinaba dos tercios del valor de su producción nacional para el pago de la deuda, reduciéndolo a la mitad en 1983 y posteriormente a un 43% y un 44% en los años siguientes por concepto de servicio de deuda externa. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la deuda seguía aumentando con el tiempo, ya que solo se estaba pagando el servicio.

En 1985, la deuda alcanzó los 95,000 millones de dólares, lo que llevó al país a no poder cumplir con sus compromisos con el FMI. Esto marcó el comienzo de los problemas económicos que se agudizarían a lo largo del año.

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Federico Flores Pérez.

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Los primeros pasos hacia el neoliberalismo.

Imagen:

• Izquierda: Portada de la revista Time con Miguel de la Madrid, diciembre de 1982.
• Derecha: Diario La Prensa del 1ro de septiembre de 1983.

La acentuación de la crisis de 1982.

Las acciones implementadas en los últimos meses del gobierno de José López Portillo en un intento por salvar la economía del país resultaron desastrosas. Una de las medidas más destacadas fue la aparición de dos cotizaciones del dólar: una para pagar deudas y otra libre. Esta estrategia se diseñó para evitar que los inversionistas aprovecharan un posible cepo cambiario y así sacaran sus fondos del país en busca de mejores rendimientos. Sin embargo, esta decisión tuvo un impacto negativo en la economía, ya que el peso experimentó una devaluación considerable. En apenas diez días, el tipo de cambio pasó de 84 pesos por dólar, valorado el 6 de agosto, a alcanzar los 120 pesos por dólar el 16 de agosto.

A pesar de las promesas gubernamentales de facilitar el pago de impuestos mediante prórrogas hasta diciembre de ese año y la implementación de un límite al control de precios para ese mismo mes, el gobierno continuó aumentando los precios de los servicios que proporcionaba. Esta situación se enmarcó en el contexto de un país ya endeudado por 200,000 millones de dólares debido a los créditos contratados.

Una de las acciones que generaron controversia fue el rescate de la aerolínea Mexicana de Aviación. Para evitar su quiebra, el gobierno adquirió el 87% de sus acciones. Además, se llevó a cabo un rescate similar con los grupos Alfa y Monterrey por parte de BANOBRAS, lo que incrementó la deuda en 400 millones de dólares. Aunque estas acciones buscaban rescatar a empresarios y evitar mayores crisis económicas, no lograron generar reciprocidad. Por el contrario, muchos empresarios continuaron sacando capitales del país, lo que agravó aún más la situación económica.

Incluso el anuncio de la banca internacional de otorgar al gobierno mexicano una prórroga de 90 días para iniciar negociaciones sobre el pago de la deuda no logró aumentar la confianza de los inversores. El presidente López Portillo se vio obligado a reconocer el fracaso de sus medidas y su incorrecto diagnóstico para resolver la crisis económica. Esta situación fue heredada al gabinete entrante de Miguel de la Madrid, representado por Jesús Silva-Herzog y Ramón Aguirre, quienes asumirían las responsabilidades en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como en la Secretaría de Programación y Presupuesto, respectivamente.

Durante el primer semestre del año, la inflación alcanzó tasas entre el 80% y el 90%, anulando cualquier ventaja que pudiera haber ofrecido la devaluación de febrero a los inversionistas. Incluso la mejora en la balanza comercial no logró mitigar los efectos de la fuga de capitales, lo que afectó principalmente a los trabajadores al ver reducida su capacidad de compra.

El agotamiento de las reservas del Banco de México obligó a López Portillo a solicitar un crédito de 1,000 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, aprovechando la situación apremiante y cobrando el apoyo brindado a los sandinistas de Nicaragua, Estados Unidos impuso condiciones de pago que incluían entregar mensualmente 110 millones de barriles de petróleo a un precio de 24 dólares cada uno, 10 dólares por debajo de los precios fijados por la OPEP.

Ante estas condiciones, López Portillo suspendió las negociaciones el 17 de agosto. Esta decisión resultó beneficiosa, ya que Estados Unidos era el principal acreedor de la deuda de otros países petroleros y no podía permitir que todos entraran en moratoria. Así, se iniciaron conversaciones para reprogramar los pagos de la deuda, evitando una crisis internacional en el sistema financiero que habría involucrado a los gobiernos y bancos privados.

El gobierno estadounidense aceptó otorgar a México un crédito por 1,000 millones de dólares el 25 de agosto, esta vez con condiciones menos rigurosas al cambiarlo por 40 millones de barriles de petróleo cotizados entre 35 y 25 dólares. Con esto, López Portillo logró tener las condiciones necesarias para negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante una carta compromiso.

A pesar de estas buenas noticias, la fuga de capitales no se detuvo debido a la pérdida de credibilidad del gobierno en su capacidad para resolver la situación. Los bancos continuaron alentando a sus clientes a retirar sus inversiones del país debido a la incertidumbre sobre las condiciones económicas, el empleo, la estabilidad del peso, el aumento de la inflación o la posibilidad de quiebras empresariales.

La situación se volvió insostenible para contener la fuga de capitales, lo que llevó al gobierno a considerar la nacionalización de la banca como la solución final para evitar la quiebra. Esta opción fue elegida sobre otras propuestas como una fuerte devaluación, la libre flotación de la moneda (que no sería efectiva debido a la alta demanda de dólares), establecer un control de cambios o mantener la política monetaria actual en espera de resultados.

El plan de nacionalización fue diseñado por un grupo de expertos liderados por Carlos Tello Macías, secretario de Programación y Presupuesto y luego gobernador del Banco de México. Esto implicaba establecer un control de cambios y descentralizar el Banco de México. Aunque este plan ya era conocido en el gobierno, incluyendo al presidente entrante Miguel de la Madrid, quien se oponía a su implementación, López Portillo tomó la decisión unilateralmente, a pesar de haber prometido consultar antes a De la Madrid debido a las implicaciones estratégicas para la negociación de la deuda por parte del nuevo gobierno. El presidente llamó a todos los banqueros el 31 de agosto con el objetivo de «darles una lección».

Durante su informe de gobierno el 1ro de septiembre, López Portillo anunció la implementación de la nacionalización de la banca y el control generalizado de la tasa de cambios. Esta vez se le vio seguro de su acción, la cual justificó por la emergencia nacional que representaba la crisis. Consideró que esta medida era necesaria para acabar con la especulación y el rentismo que habían provocado los inversionistas y banqueros al retirar su capital del país, acciones que calificó como un saqueo.

Las reacciones ante estas medidas fueron negativas, ya que López Portillo no dejó claro cómo se llevaría a cabo el proceso de nacionalización y por haber dejado a los diputados la lista de los «empresarios sacadólares». Sin embargo, esto no representó un problema mayor, ya que esta acción aumentó su popularidad al mostrarlo como una figura fuerte que cumplía con su promesa de «defender al peso como un perro», realizada en febrero. Esto contribuyó a recuperar la confianza perdida y se le percibió como un líder capaz de tomar decisiones determinantes.

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Federico Flores Pérez.

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El fin del desarrollismo.

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• Izquierda: Caricatura de Rogelio Naranjo. Fuente: https://www.facebook.com/FrasePolitica/photos/a.252099321523342/252100391523235/?type=3&locale=es_LA
• Derecha: Volante sindicalista para llamar a marchar en apoyo a la nacionalizacion de la banca. Fuente: https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/17/marcha-amlo-al-zocalo-el-dia-que-el-pueblo-de-mexico-salio-a-apoyar-al-presidente-lopez-portillo/

El camino a la crisis de 1982.

Los cambios implementados por el presidente José López Portillo sobre fundamentar la economía en la producción petrolera parecían ser la solución para salvar el modelo desarrollista implementado desde los años 50, donde el Estado se erigía como el principal rector económico. Sin embargo, la mala gestión de los excedentes de la producción del petróleo, el continuo uso de la deuda externa y la concentración de la generación de ingresos en un solo recurso pronto cobrarían graves consecuencias.

Como efecto del boicot petrolero de 1973 implementado por los países árabes para atacar a Israel, el mercado internacional del petróleo vivió un periodo de alza de precios al tomar la decisión las naciones industrializadas de aumentar sus reservas de petróleo para evitar una situación similar. En los siguientes 11 años, el petróleo vivió un periodo de bonanza al aumentar su valor cuatro veces. Esta situación fue aprovechada por López Portillo para colocar a México como una potencia exportadora, usando el potencial petrolero del país para solicitar más créditos a la banca internacional.

Sin embargo, en agosto de 1981, las tendencias del mercado empezaron a cambiar al llegar las reservas al tope requerido para controlar la demanda del consumo de los países del primer mundo. Por lo tanto, ya no era necesario comprar tanto petróleo y empezó la tendencia negativa en el precio.

Para ese entonces, la banca internacional había aceptado para todos los países petroleros como garantía para otorgar créditos el valor por la producción potencial de sus reservas. Sin embargo, con la baja de la demanda se cerró el acceso a los financiamientos al elevar a un 16% la tasa de interés y cancelar varios créditos, de los cuales México tenía varios comprometidos para llevar a cabo su gasto público.

La baja de los precios del petróleo hizo que el país dejase de percibir 10,000 millones de dólares, mientras se debía pagar 5,000 millones de dólares para cumplir con los programas de pagos. En lugar de rectificar el programa económico, la presidencia mantuvo una postura optimista sobre la bajada de precios, pensando que se trataba de un proceso temporal y que los miembros de la OPEP impedirían que siguiera la depreciación del barril para que volviese a subir su valor en poco tiempo.

Como medida para ajustarse a las circunstancias, solo se aceptó bajar el precio del barril tipo Maya por cuatro dólares, tomando la postura de que «el petróleo mexicano no se baja». Esta medida provocó tanto la renuncia del director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, como el inicio de la desconfianza por parte de los inversionistas que no veían con buenos ojos esta postura.

La incertidumbre empezó a reinar al no cumplirse los buenos deseos del gobierno. Para finales de año, tuvo que reconocer que el país enfrentaba un «problema de caja», viéndose en la necesidad de solicitar a sus acreedores una reestructuración del pago de la deuda de corto plazo contraída durante el segundo semestre del año. El país debía cubrir los 20,000 millones de dólares del endeudamiento público.

Para abril de 1982, las medidas tomadas por el gobierno despertaron las alarmas al anunciarse la reducción del gasto público a un 5%, el aumento de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, la limitación al endeudamiento público externo e interno, y medidas para reducir la liquidez de la economía nacional. Todo esto se hizo para sanear las cuentas públicas y reducir el déficit en la cuenta corriente, generando una devaluación del peso leve frente al dólar de 26.4 a 32.2 pesos.

También se anunció un aumento escalonado de los salarios y pensiones: 30% para quienes ganaban menos de 20,000 pesos mensuales, 20% para quienes ganaban entre 20,000 y 30,000, y 10% para los que ganaran arriba de 30,000. Asimismo, se anunció un aumento del 59% del valor de las pensiones. Todo esto provocó la queja de los empresarios, que vieron insostenible poder cubrir estos aumentos. En respuesta, el gobierno ofreció apoyos fiscales a quienes cumplieran con estas medidas.

Las cosas no parecían regularizarse con las nuevas acciones, empeorando con el anuncio de finales del mes del Grupo Alfa, grupo financiero al cual el gobierno había prestado 5,000 millones de dólares meses atrás. Declararon la suspensión de pagos a sus 130 acreedores internacionales debido a las elevadas tasas de intereses y a los cortos tiempos que tenían para realizar los pagos. Esto fue tomado como una señal negativa por parte de los inversores internacionales sobre la situación del país.

El gobierno no podía hacer gran cosa, ya que se encontraba en el periodo electoral para elegir al nuevo presidente. Para rescatar la situación económica era necesario realizar algunas medidas antipopulares con altos costos sociales para evitar caer en recesión. Estas medidas, para intentar callar las críticas de los expertos, negaron que tuvieran alguna implicación de gravedad en el bolsillo de los mexicanos. Sin embargo, la realidad era que los aumentos a los salarios y la devaluación del peso para el pago de las deudas representaban un serio problema.

A pesar de la gravedad de la situación económica, esta no fue determinante para los comicios electorales al salir completamente airoso Miguel de la Madrid. La oposición no pudo capitalizar el descontento social a su favor. Sin embargo, ante la crisis económica, el presidente electo prometió hacer grandes virajes económicos, pero sin romper con las acciones de López Portillo y quedando en promesas vagas.

El nulo compromiso por parte del gobierno para garantizar la confianza del empresariado propició la fuga de capitales del país. Esta situación empeoró en agosto de 1982 cuando se anunció otro aumento al precio de bienes y servicios básicos y dos tipos de cambio para el dólar: uno preferencial para pagar los intereses de la deuda y otro libre. Esto dio como resultado que la cotización preferencial quedase en 49.13 pesos por dólar y la libre entre los 77 y 84 pesos.

Estas acciones se justificaron como una forma para no entorpecer el comercio fronterizo con EU, negando cualquier pretensión para imponer un control de precios. Sin embargo, la realidad fue que esta situación fue aprovechada por los grandes capitales como los banqueros para obtener mejores rendimientos de sus inversiones y sacarlas del país, aumentando la especulación sobre el peso y devaluándolo.

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Federico Flores Pérez.

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El factor petrolero en el gobierno de José López Portillo.

Imagen:

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Cartón «Deshauciado», periodico El Universal,1982. Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/aqui-no-se-delinque-por-hambre-la-crisis-economica-mexicana-de-1982-disparo-el-temor-por-el-aumento-de-robos/
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo despues de salir de su informe presidencial, 1980. Fuente: https://www.reporteindigo.com/reporte/jose-lopez-portillo-candidato-unico-elecciones-1976-discurso-peso-perro/

La debacle económica de los 70.

Para los últimos años del sexenio de Luis Echeverría, el intento de impulsar la economía del país resultó en un fracaso evidente. En 1974, las inversiones privadas en México se redujeron a la mitad, lo que condujo a una recesión económica con una caída del PIB del 0.1% ese año y del 2% en 1975. Esta situación se vio agravada por una inflación rampante del 13.2% y 10.5%, respectivamente, en esos años.

A pesar de estos desafíos, el gobierno mexicano contaba con los ingresos petroleros como respaldo para seguir accediendo a líneas de crédito internacionales, cuyos intereses estaban por debajo del aumento de la inflación. Esto los convertía en un recurso atractivo para el gobierno, que intentaba así salir de la crisis económica, aunque esto contradecía los principios de la política económica.

La crisis también obstaculizó la implementación de una reforma fiscal, que se esperaba generara más ingresos para el Estado. Sin embargo, dada la debilidad económica y la falta de garantías para los empresarios respecto al retorno de sus inversiones, el gobierno se encontró sin opciones viables para incrementar sus fuentes de ingresos y rescatar el crecimiento económico.

El debilitamiento de las condiciones gubernamentales para mantener la estabilidad de los recursos básicos llevó a un aumento de precios en diversos sectores por primera vez en 10 años. Esto incluyó incrementos en los precios de la electricidad, los hidrocarburos, los fertilizantes y el acero, como resultado del aumento en la impresión monetaria. Entre 1972 y 1975, la impresión monetaria se elevó en un 23%, más del doble del 10% registrado en años anteriores, respaldada por una amplia línea crediticia que permitía seguir emitiendo dinero.

Esta situación generó desconfianza entre los ahorradores, quienes comenzaron a cambiar sus pesos por dólares, provocando una fuga de capitales que debilitó aún más al gobierno. Este se encontraba en la encrucijada de mantener el control estatal sobre la economía, especialmente bajo la presión cercana del periodo electoral.

En el ámbito político, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Echeverría intentara reelegirse, aunque estos rumores se disiparon con el anuncio realizado por el veterano líder de la CTM, Fidel Velázquez, el 22 de septiembre de 1975. En este anuncio, destapó al secretario de Hacienda, José López Portillo, quien tenía una amplia experiencia en el sector público y ocupó puestos de relevancia con el ascenso de Echeverría, recibiendo el respaldo del PPS y el PARM.

A pesar de la grave situación económica del país, el panorama político seguía siendo favorable para la maquinaria electoral del PRI. En aquel entonces, el PAN enfrentaba una crisis interna desencadenada por la disputa entre dos liderazgos. Por un lado, Efraín González Morfín representaba la doctrina del partido, sosteniendo que la participación del PAN solo legitimaba al gobierno al ofrecer la imagen de un estado democrático. Por ello, movilizó a sus bases para no participar en las elecciones. Por otro lado, José Ángel Conchello adoptó una postura pragmática, buscando capitalizar la inconformidad generalizada del país y abogando por la incorporación de políticos que no compartieran su visión ideológica. Sin embargo, esta estrategia no fue suficiente para derrotar a González Morfín, cuya posición prevaleció y llevó a la decisión del PAN de no participar en las elecciones.

Aunque posteriormente la línea doctrinal de González Morfín perdió fuerza y prevaleció el «neopanismo» de Conchello, en ese momento el PRI fue el único partido presente en las elecciones. Se presentaron algunas candidaturas sin registro, como la de Valentín Campa por el Partido Comunista y la Coalición de Izquierda. Además, algunos panistas que deseaban participar en el proceso respaldaron a Pablo Emilio Madero. Esto aseguró la elección de López Portillo, quien obtuvo un total de 16.7 millones de votos, con el 98% de las preferencias electorales.

Ante las graves presiones económicas que experimentaba el país y una vez asegurada la sucesión, el 31 de agosto de 1976, se anunció el fin del cambio fijo de 12.5 pesos por dólar por parte del secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta. Este cambio dejó la moneda a la libre flotación del mercado con el objetivo de corregir los vicios del saldo negativo de la balanza de pagos y evitar la fuga de capitales, poniendo fin a 22 años de estabilidad mantenida de forma artificial.

Durante la toma de protesta el 1 de diciembre, López Portillo hizo un llamado a la cordialidad para enfrentar la crisis económica. Hizo referencia a la posible solución de utilizar las reservas petroleras, que en ese momento se mantenían sin explotar a gran escala. Además, se comprometió con el FMI para llevar a cabo una política económica ortodoxa que permitiera resolver los problemas y cumplir con el pago de la deuda externa.

Entre las medidas acordadas estaban garantizar la liberalización del comercio para reducir la demanda, implementar restricciones en las fuentes de financiamiento y el gasto público, así como imponer topes salariales. Estas medidas tenían como objetivo revertir los efectos negativos de las políticas económicas de Echeverría.

Los efectos de los acuerdos a inicios de 1977 son evidentes: la actividad económica disminuye del 4.2% al 3.4% y los salarios caen en un 21%. Sin embargo, a nivel macroeconómico, la situación del país comienza a estabilizarse al reducirse la inflación del 19.1% al 16%. Además, el déficit público disminuye con respecto al PIB, pasando de un 7.2% a un 5.1%, y el precio del dólar se estabiliza en 22.58 pesos. También se observa un aumento en la cantidad de ahorros y un incremento en los créditos internos debido a la disminución de la tasa de interés.

Aunque la deuda externa se eleva ligeramente, el país se mantiene dentro de las directrices dictadas por el FMI. Esto permite el aumento del ingreso de la inversión extranjera y el incremento de las reservas de dólares del país, que alcanzan los 845 millones. Paralelamente, se lleva a cabo una apertura comercial mediante la liberalización del precio de algunos artículos, sustituyendo las licencias de importación por tarifas.

El tope salarial del 10% resultó fundamental para avanzar en la recuperación económica, aunque generó problemas al no resolver la cuestión del bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esto condujo a movilizaciones sindicales, como la de los trabajadores de la UNAM afiliados al STUNAM en junio de 1977, quienes se opusieron a la propuesta de aumento salarial y fueron reprimidos.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El fracaso del plan económico echeverrista.

Imagen: 

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Caricatura de la quiebra economica de Luis Echeverria.
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo y Luis Echeverria en la toma de protesta, 1976.