Los sectores conservadores ante la década de los 70.

En la década de los setenta, con la llegada de Luis Echeverría a la presidencia, se evidenciaron los límites del modelo del «desarrollo estabilizador», el cual había generado una concentración de la riqueza en una minoría mientras gran parte de la población se encontraba en la miseria y sin oportunidades. Para abordar esta situación, Echeverría propuso un enfoque de «desarrollo compartido» que buscaba una mayor redistribución de la riqueza para reactivar la economía y brindar oportunidades más amplias a la sociedad.

Sin embargo, factores globales, como la falta de demanda por las exportaciones mexicanas, contribuyeron a que la deuda acumulada en administraciones anteriores se convirtiera en un problema, aumentara la inflación y se volviera insostenible mantener la cotización fija del dólar. En este contexto, Echeverría se enfrentó a desafíos económicos significativos.

En cuanto a la democratización y apertura política, Echeverría inicialmente mostró disposición a permitir una mayor participación de otras agrupaciones políticas, como una forma de distanciarse de los eventos de 1968. Sin embargo, también se vio envuelto en acciones autoritarias, como la represión ejercida por los «Halcones» contra manifestaciones estudiantiles en 1971, así como en la llamada «guerra sucia» contra grupos de izquierda radicalizados, lo que generó controversia y críticas hacia su gobierno.

Dentro de las agrupaciones conservadoras, la Iglesia en México experimentó un período de reconfiguración de alianzas y estrategias para defender sus intereses ante el gobierno de Luis Echeverría. Esto condujo a la formación de tres facciones con diferentes posturas sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. La primera facción abogaba por mantener el estatus quo, confiando en que la apertura política de Echeverría permitiría mantener una relación favorable para la Iglesia. La segunda facción buscaba una mayor participación del clero en la solución de problemas sociales, al tiempo que fortalecía su labor pastoral. La tercera facción, la más numerosa y con influencia en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), abogaba por romper esta relación con el Estado y recuperar la autonomía de la Iglesia en la toma de decisiones.

Este cambio de postura se vio motivado por políticas gubernamentales que fueron percibidas como contrarias a la moral cristiana, como programas de planificación familiar, la inclusión de temas controversiales en los libros de texto gratuitos (como sexualidad, teoría de la evolución y sistemas socialistas), lo cual generó descontento entre los sectores conservadores de la sociedad. Este malestar se intensificó con el asesinato de dos líderes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) en noviembre de 1975, lo que exacerbó la animadversión hacia el gobierno y fortaleció la postura de la facción más crítica hacia la relación Iglesia-Estado.

En la década de 1970, la Iglesia católica enfrentó el desafío de la creciente diversificación religiosa en México, con la presencia en aumento de iglesias protestantes, el ateísmo y otras denominaciones. Este fenómeno fue especialmente notable en el sureste del país, donde el catolicismo comenzó a perder terreno, especialmente en regiones como Chiapas y Tabasco, donde aún mantenía una mayoría, pero con un porcentaje menor que en décadas anteriores.

Paralelamente, la administración de Luis Echeverría buscaba implementar reformas para una mayor redistribución de la riqueza, incluyendo una reforma fiscal que afectaría a los grandes empresarios, quienes vieron estas medidas como un ataque a la libertad de negocios y propiedad privada. Este descontento llevó a un distanciamiento creciente entre el sector empresarial y el gobierno, con actores como el Grupo Monterrey y la COPARMEX adoptando posturas más beligerantes, e incluso asociándose con la extrema derecha estadounidense a través de iniciativas como el Memorando Powell, que buscaba defender sus intereses mediante la formación de cuadros sociales.

Sin embargo, lo que marcó un punto de quiebre en la relación entre el gobierno y el sector empresarial fue la serie de asesinatos de empresarios prominentes como Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren, perpetrados por grupos socialistas radicales como la Liga 23 de Septiembre. Estos actos violentos proporcionaron a los empresarios argumentos sólidos para criticar al gobierno federal, acusándolo de fomentar ideologías socialistas y de no garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus propiedades.

El surgimiento del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en mayo de 1975 marcó un punto crucial en la relación entre el gobierno y las agrupaciones empresariales en México. Esta unión se formó en respuesta a las políticas gubernamentales que afectaban los intereses económicos de los empresarios, especialmente en situaciones como las invasiones de tierras en el Valle del Río Yaqui en Sonora, donde campesinos alentados por el gobierno se apropiaban de terrenos, generando conflictos con los propietarios.

La crisis económica que se acentuó hacia el final del gobierno de Echeverría en 1976, con la devaluación del peso después de décadas de estabilidad, fue un golpe significativo para los empresarios. Esta situación llevó a una fuga de capitales mientras buscaban salvaguardar el valor de sus inversiones ante la incertidumbre económica.

En este contexto, el presidente Echeverría tomó medidas controvertidas el 17 de noviembre de 1976 al expropiar grandes extensiones de tierras en los valles del Río Yaqui y Mayo, así como agostaderos en otros municipios de Sonora. Esta acción fue interpretada como un castigo hacia los empresarios que habían mostrado desconfianza en las políticas económicas del gobierno y habían buscado proteger sus activos financieros.

Los Sinarquistas, un grupo radical y marginado dentro de los conservadores, intentaron reconstituirse políticamente bajo el liderazgo de Ignacio González Gollaz. Buscaron posicionarse como una alternativa real para el destino del país y se aliaron con el PAN en las elecciones de 1970, respaldando la candidatura de Efraín González Morfín como enlace con los sectores populares.

Después de las elecciones, los Sinarquistas intentaron nuevamente formar un partido propio, creando el Partido Democrático Mexicano en 1971. Sin embargo, no lograron cumplir con los requisitos de la nueva Ley Federal Electoral al no realizar las asambleas constitutivas necesarias. Aunque tuvieron cierta presencia en estados como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí, su posición radical limitó su alcance en la sociedad. Los sectores populares conservadores también estaban en declive con el tiempo, lo que dificultó el avance de los Sinarquistas.

Finalmente, el registro del Partido Democrático Mexicano se logró de manera condicionada por parte de la Secretaría de Gobernación en 1978, marcando un hito para los Sinarquistas aunque con limitaciones significativas.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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La dinámica del PAN en la sociedad de los 60.

Imagen: El Presidente Luis Echeverría Álvarez (al centro, con lentes) asistió a los servicios fúnebres del empresario Eugenio Garza Sada, septiembre de 1973. Fuente: https://www.elnorte.com/deja-luis-echeverria-huella-oscura-en-nl/ar2434381

La política exterior de Echeverria.

El gobierno mexicano no estaba siendo proactivo en la resolución de la problemática fronteriza, como la migración ilegal o el creciente narcotráfico. Esto llevó al gobierno estadounidense a comenzar a presionar en el terreno comercial, un sector delicado y fundamental para Luis Echeverría para sacar al país de la crisis económica mediante el aumento de las exportaciones. Estados Unidos impuso restricciones a la importación de fresas, tomates, textiles y otros bienes, empeorando el panorama en agosto de 1971 con la aprobación de un impuesto del 10% sobre las importaciones. Esto llevó a Echeverría a dirigirse directamente al presidente Richard Nixon para lograr una excepción con los productos mexicanos. Además, otros altos funcionarios viajaron a Washington para tratar de revertir esta medida.

Aunque posteriormente el impuesto fue derogado, las relaciones con el gobierno de Echeverría se tensaron. México sostuvo la cancelación de las restricciones a sus importaciones y exigió un trato preferencial alegando la vecindad. Sin embargo, esto quedó estancado en vagas promesas que nunca se cumplieron. Esto provocó que México impusiera determinadas restricciones para la inversión.

Una de las medidas del gobierno fue promover la «mexicanización» de las empresas en el país, lo que implicaba que al menos el 50% del capital fuera nacional. Esto generó preocupación entre algunos empresarios estadounidenses que vieron amenazadas sus inversiones. Sin embargo, los congresistas estadounidenses dieron su visto bueno siempre y cuando se asegurara que los inversionistas recibirían una compensación justa.

En el plano diplomático, Nixon dio su beneplácito al plan del canciller Henry Kissinger para que Echeverría fuera el interlocutor con el resto de mandatarios de América Latina. Aunque se rechazó cualquier trato con respecto al gobierno de Cuba, se vio positivamente el deseo del presidente mexicano de ser conocido como el «líder del Tercer Mundo». Sin embargo, las intervenciones de Echeverría en el plano internacional comenzaron a sonar disruptivas para los intereses estadounidenses. Combinando el nacionalismo con una posición a favor de los países afectados por Estados Unidos, como se vio en su apoyo al ingreso de Vietnam a la ONU, Echeverría generó el disgusto de Washington por su tono radical y su completa identificación con las naciones tercermundistas.

Cuando Nixon renunció a la presidencia debido al escándalo «Watergate» y fue reemplazado por el vicepresidente Gerald Ford, los políticos estadounidenses empezaron a mostrar mayor animadversión hacia el discurso de Echeverría, acusándolo de llevar al país hacia el comunismo. En 1976, aumentaron los rumores publicados en la prensa sobre posibles cancelaciones de créditos e incluso se habló de una filtración de un memorándum del Banco Mundial que sugería la devaluación del peso, lo que provocó la salida de algunos capitales.

En cuanto a las relaciones con el resto del mundo, Echeverría mantuvo una política activa con el objetivo de diversificar las inversiones en el país. Realizó doce giras internacionales y visitas particulares a 30 países. Uno de sus primeros objetivos fue posicionarse como la cabeza de América Latina, reafirmando el Tratado de Tlatelolco de 1967, que aseguró el desarme nuclear y el compromiso de no adquirir armamento nuclear por parte de las naciones latinoamericanas.

Logró mantener buenas relaciones con diversas potencias, incluyendo el bloque de la Comunidad Económica Europea, la URSS, las disidencias socialistas como China y Yugoslavia, las naciones recién independizadas de Asia y África, e incluso realizó una visita al Papa en el Vaticano. A cambio, recibió importantes visitas como la de la reina Isabel II, el sha de Irán y numerosos primeros ministros.

La cuestión latinoamericana fue un aspecto crucial en las actividades de la cancillería mexicana durante la presidencia de Echeverría. Muchos de los gobiernos en la región eran de origen militar debido a golpes de estado, lo que llevó a las embajadas mexicanas a servir como refugio para los perseguidos políticos. Además, México enfrentó rivalidades con países como Brasil y Argentina, lo que se reflejó en los esfuerzos por crear el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Este sistema tenía como objetivo contrarrestar la influencia de Estados Unidos y establecer relaciones de libre comercio, aunque sus resultados a mediano plazo fueron infructuosos.

A pesar de la política exterior de buena voluntad de Echeverría, hubo dos casos en los que adoptó una posición antagonista. Por un lado, estuvo el conflicto con Israel debido a su apoyo a una iniciativa en la ONU que equiparaba el sionismo con el nazismo como consecuencia del conflicto árabe-israelí, lo que provocó un boicot de la visita de turistas judíos . Por otro lado, adoptó una posición beligerante contra la España franquista al proponer su expulsión de la ONU tras la ejecución de activistas vascos acusados de terrorismo en 1975.

Los esfuerzos de Echeverría en sus relaciones internacionales estaban teniendo éxito, especialmente en el ámbito del comercio exterior. Las exportaciones mexicanas al inicio de su sexenio totalizaban 14,703,000 pesos, con un 70% destinado a Estados Unidos. Para 1976, este volumen se había elevado a 51,905,000 pesos, con una disminución en la participación de Estados Unidos en las compras y un aumento en las compras de otros países del mundo.

A pesar de estos logros en el comercio exterior, el aumento en las importaciones fue significativo, pasando de 30,760,000 pesos en 1970 a 90,900,000 pesos al finalizar el periodo de Echeverría. Estados Unidos continuó siendo el mayor beneficiado al representar aproximadamente el 62% de las importaciones, lo que generó un balance negativo en el comercio exterior mexicano.

Aunque los objetivos económicos no se cumplieron totalmente, la representación mexicana logró posicionarse en el ámbito internacional gracias al llamado «poder blando». Esto se manifestó en la participación activa de intelectuales y científicos en comitivas internacionales, así como en intercambios culturales y colaboraciones científicas con diversas naciones, fortaleciendo la posición de México a nivel mundial.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Blanca Torres. La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976): El renovado activismo global, de la revista Foro Internacional, vol.62.

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El gobierno de Echeverria y su relación con EU.

Imagen: S/D. Recepcion de la reina Isabel II y el principe de Edinburgo de Luis Echeverria y su esposa Maria Esther Zuno a su visita a la Gran Bretaña, 1973.

El nacimiento de la Liga comunista 23 de septiembre.

Durante la década de los 60, la presidencia buscó ejercer un poder que soterrara cualquier intento de cuestionar la legitimidad del grupo en el poder para mantenerse en la cima. Sin embargo, a pesar de las presiones, algunas organizaciones sindicales y estudiantiles buscaron enfrentar esto mediante la formación de manifestaciones, huelgas e incluso llegaron a la radicalización, conformando guerrillas.

Uno de los epicentros de la lucha estudiantil se dio en Guadalajara, donde en la década de los 50 surgió en el barrio de San Andrés un grupo de jóvenes conocidos como Los Vikingos. Estos jóvenes pertenecían a familias migradas del campo y reclamaban mejores condiciones de vida. Aunque esta organización mantenía una estructura subdividida en varios grupos según las calles del barrio, se unían cuando era necesario ejercer más presión.

Inicialmente, Los Vikingos eran una agrupación juvenil más dentro del ambiente urbano tapatío. Sin embargo, el contacto que tuvieron con el profesor Ricardo Balderas mientras estaban en secundaria les dio un sentido a sus inquietudes juveniles. Cuando pasaron al bachillerato, comenzaron a participar en los mecanismos políticos estudiantiles de la ciudad, manejados por la Federación de Estudiantes de Guadalajara.

Así, los miembros de Los Vikingos luchaban por arraigar la cultura democrática en la toma de decisiones estudiantiles. Sin embargo, la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) contaba con el respaldo del gobierno estatal, lo que le permitía mantener diferentes grupos de choque y golpeadores a sueldo para atacar a potenciales rivales. Además, les aseguraba impunidad frente a los delitos que pudieran cometer y les servía como plataforma política para acceder a cargos dentro del gobierno.

Esto no detuvo las intenciones de Los Vikingos de participar en la política. Mejoraron su organización interna para competir en las elecciones estudiantiles y comenzaron a definir una línea ideológica para fundamentar su lucha política contra la FEG, denunciando su falta de compromiso para resolver la problemática real de los estudiantes. Con ello, propusieron medidas como la reducción de las tarifas del transporte público, la disminución de las cuotas escolares y la anulación del paro de labores de manera arbitraria.

Estas propuestas atrajeron la atención de más agrupaciones barriales que se unieron a Los Vikingos, incluyendo organizaciones masónicas y grupos ideológico-políticos como las Juventudes Comunistas.

Ante la crisis derivada de los movimientos estudiantiles en 1968, el gobierno presionó a la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) para aumentar su control sobre Los Vikingos y desmovilizar las marchas en honor a los muertos por la masacre del 2 de octubre. Esto se tradujo en la suspensión de labores en algunos centros de estudio sospechosos, patrullaje en centros escolares y detenciones de estudiantes que manifestaban apoyo a los huelguistas de la UNAM y el IPN.

A pesar de que Los Vikingos se replegaron debido al aumento del acoso por parte de la FEG, aprovecharon esos momentos para fortalecer sus redes políticas en otros barrios de la ciudad. Reconstruyeron tanto sus redes de transacción a través de una agenda política-cultural, pero lo que tuvo más peso fue la definición política, debatiendo entre seguir a las Juventudes Comunistas o a los masones. Las opciones iban desde la radicalización de la lucha hasta la integración dentro de la lucha política y social.

Gracias a la intercesión de los masones, quienes utilizaron sus vínculos con algunos políticos del PRI, se logró negociar que les asignaran el Auditorio Plutarco Elías Calles para celebrar sus reuniones. Con esto, se consolidó la unión de Los Vikingos, las Juventudes Comunistas y los masones en una nueva organización llamada Juventudes Juaristas. Sin embargo, este nuevo enfoque político desestimó la lucha estudiantil hacia 1970.

Ante la crisis por la salida de miembros, las tres organizaciones de las Juventudes Juaristas replantearon sus objetivos a mediano plazo y decidieron radicalizar el movimiento para contender contra la FEG en las elecciones de la presidencia universitaria. Construyeron células y brigadas para combatir los esfuerzos de sus rivales, augurando el éxito de sus esfuerzos debido al desprestigio que tendría la FEG, y conformaron el Frente Estudiantil Revolucionario (FER).

Las acciones del FER para mantener el movimiento se volvieron clandestinas al promover asaltos para financiar la pinta de bardas, la distribución de volantes y panfletos, así como iniciaron entrenamientos en guerrilla urbana y la elaboración de explosivos caseros. Esto provocó la salida de más miembros y llamó la atención de las autoridades, respaldadas por la FEG, que comenzaron a detener a sus integrantes por sus acciones criminales.

Así, en dos años, el FER planteó el abandono de la política estudiantil para dirigirse a la lucha guerrillera, aprovechando la falta de oportunidades para que los jóvenes participaran en la política. Comenzaron a reclutar jóvenes de Ciudad de México, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, quienes buscaban luchar por la democratización del país a través de la vía armada. Esta transformación culminó el 15 de marzo de 1973 con la formación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, con pretensiones de tener alcance nacional.

El objetivo de la lucha cambió hacia derrocar al Estado e implantar un gobierno socialista, instaurando un Estado del proletariado. Esto implicó aumentar su presencia en diferentes ciudades del norte, centro y sur del país, así como desarrollar diversos organismos para llevar a cabo tareas organizativas y de propaganda, como fue el caso del periódico Madera. La estrategia contemplaba varias acciones, desde la huelga económica para paralizar la producción total o parcial de industrias y empresas, hasta la huelga política donde el proletariado se organizaría para luchar contra la ofensiva de la burguesía. Esto conduciría a la agitación social mediante la dispersión de propaganda y a la organización de la guerrilla para combatir tanto en las ciudades como en el campo, con el objetivo de enfrentarse a caciques, guardias blancas y soldados.

A pesar del debilitamiento social del gobierno debido a su incapacidad para lograr la redistribución de la riqueza, aún mantenía la fuerza suficiente para combatir a los grupos guerrilleros gracias a su compleja estructura interna y a sus alianzas exteriores que impedían el apoyo de naciones socialistas. Por lo tanto, movimientos como la Liga serían rápidamente reprimidos por la fuerza del Estado.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Rodolfo Gamino Muñoz y Mónica Patricia Toledo González. Origen de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de la revista Espiral, vol. XVIII, no. 52.

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El complicado equilibrio exterior e interior de México en los 60.

Imagen:

• Izquierda: Anónimo. Panfleto de la Liga 23 de Septiembre, agosto de1978.
• Derecha: Anónimo. Portada del periodico «Madera».

La debacle económica de los 70.

Para los últimos años del sexenio de Luis Echeverría, el intento de impulsar la economía del país resultó en un fracaso evidente. En 1974, las inversiones privadas en México se redujeron a la mitad, lo que condujo a una recesión económica con una caída del PIB del 0.1% ese año y del 2% en 1975. Esta situación se vio agravada por una inflación rampante del 13.2% y 10.5%, respectivamente, en esos años.

A pesar de estos desafíos, el gobierno mexicano contaba con los ingresos petroleros como respaldo para seguir accediendo a líneas de crédito internacionales, cuyos intereses estaban por debajo del aumento de la inflación. Esto los convertía en un recurso atractivo para el gobierno, que intentaba así salir de la crisis económica, aunque esto contradecía los principios de la política económica.

La crisis también obstaculizó la implementación de una reforma fiscal, que se esperaba generara más ingresos para el Estado. Sin embargo, dada la debilidad económica y la falta de garantías para los empresarios respecto al retorno de sus inversiones, el gobierno se encontró sin opciones viables para incrementar sus fuentes de ingresos y rescatar el crecimiento económico.

El debilitamiento de las condiciones gubernamentales para mantener la estabilidad de los recursos básicos llevó a un aumento de precios en diversos sectores por primera vez en 10 años. Esto incluyó incrementos en los precios de la electricidad, los hidrocarburos, los fertilizantes y el acero, como resultado del aumento en la impresión monetaria. Entre 1972 y 1975, la impresión monetaria se elevó en un 23%, más del doble del 10% registrado en años anteriores, respaldada por una amplia línea crediticia que permitía seguir emitiendo dinero.

Esta situación generó desconfianza entre los ahorradores, quienes comenzaron a cambiar sus pesos por dólares, provocando una fuga de capitales que debilitó aún más al gobierno. Este se encontraba en la encrucijada de mantener el control estatal sobre la economía, especialmente bajo la presión cercana del periodo electoral.

En el ámbito político, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Echeverría intentara reelegirse, aunque estos rumores se disiparon con el anuncio realizado por el veterano líder de la CTM, Fidel Velázquez, el 22 de septiembre de 1975. En este anuncio, destapó al secretario de Hacienda, José López Portillo, quien tenía una amplia experiencia en el sector público y ocupó puestos de relevancia con el ascenso de Echeverría, recibiendo el respaldo del PPS y el PARM.

A pesar de la grave situación económica del país, el panorama político seguía siendo favorable para la maquinaria electoral del PRI. En aquel entonces, el PAN enfrentaba una crisis interna desencadenada por la disputa entre dos liderazgos. Por un lado, Efraín González Morfín representaba la doctrina del partido, sosteniendo que la participación del PAN solo legitimaba al gobierno al ofrecer la imagen de un estado democrático. Por ello, movilizó a sus bases para no participar en las elecciones. Por otro lado, José Ángel Conchello adoptó una postura pragmática, buscando capitalizar la inconformidad generalizada del país y abogando por la incorporación de políticos que no compartieran su visión ideológica. Sin embargo, esta estrategia no fue suficiente para derrotar a González Morfín, cuya posición prevaleció y llevó a la decisión del PAN de no participar en las elecciones.

Aunque posteriormente la línea doctrinal de González Morfín perdió fuerza y prevaleció el «neopanismo» de Conchello, en ese momento el PRI fue el único partido presente en las elecciones. Se presentaron algunas candidaturas sin registro, como la de Valentín Campa por el Partido Comunista y la Coalición de Izquierda. Además, algunos panistas que deseaban participar en el proceso respaldaron a Pablo Emilio Madero. Esto aseguró la elección de López Portillo, quien obtuvo un total de 16.7 millones de votos, con el 98% de las preferencias electorales.

Ante las graves presiones económicas que experimentaba el país y una vez asegurada la sucesión, el 31 de agosto de 1976, se anunció el fin del cambio fijo de 12.5 pesos por dólar por parte del secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta. Este cambio dejó la moneda a la libre flotación del mercado con el objetivo de corregir los vicios del saldo negativo de la balanza de pagos y evitar la fuga de capitales, poniendo fin a 22 años de estabilidad mantenida de forma artificial.

Durante la toma de protesta el 1 de diciembre, López Portillo hizo un llamado a la cordialidad para enfrentar la crisis económica. Hizo referencia a la posible solución de utilizar las reservas petroleras, que en ese momento se mantenían sin explotar a gran escala. Además, se comprometió con el FMI para llevar a cabo una política económica ortodoxa que permitiera resolver los problemas y cumplir con el pago de la deuda externa.

Entre las medidas acordadas estaban garantizar la liberalización del comercio para reducir la demanda, implementar restricciones en las fuentes de financiamiento y el gasto público, así como imponer topes salariales. Estas medidas tenían como objetivo revertir los efectos negativos de las políticas económicas de Echeverría.

Los efectos de los acuerdos a inicios de 1977 son evidentes: la actividad económica disminuye del 4.2% al 3.4% y los salarios caen en un 21%. Sin embargo, a nivel macroeconómico, la situación del país comienza a estabilizarse al reducirse la inflación del 19.1% al 16%. Además, el déficit público disminuye con respecto al PIB, pasando de un 7.2% a un 5.1%, y el precio del dólar se estabiliza en 22.58 pesos. También se observa un aumento en la cantidad de ahorros y un incremento en los créditos internos debido a la disminución de la tasa de interés.

Aunque la deuda externa se eleva ligeramente, el país se mantiene dentro de las directrices dictadas por el FMI. Esto permite el aumento del ingreso de la inversión extranjera y el incremento de las reservas de dólares del país, que alcanzan los 845 millones. Paralelamente, se lleva a cabo una apertura comercial mediante la liberalización del precio de algunos artículos, sustituyendo las licencias de importación por tarifas.

El tope salarial del 10% resultó fundamental para avanzar en la recuperación económica, aunque generó problemas al no resolver la cuestión del bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esto condujo a movilizaciones sindicales, como la de los trabajadores de la UNAM afiliados al STUNAM en junio de 1977, quienes se opusieron a la propuesta de aumento salarial y fueron reprimidos.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El fracaso del plan económico echeverrista.

Imagen: 

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Caricatura de la quiebra economica de Luis Echeverria.
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo y Luis Echeverria en la toma de protesta, 1976.

El fracaso del plan económico echeverrista.

Los inicios de la década de los setenta no fueron sencillos en lo económico para el resto del mundo. Por un lado, las potencias económicas capitalistas de Europa, Japón y Estados Unidos atravesaron un período de recesión debido a los efectos de la Guerra de Vietnam. Esto provocó el fin de la política monetaria internacional de los Acuerdos de Bretton Woods, impulsado por el déficit comercial estadounidense y la sobreimpresión de dólares, lo que terminó con el patrón oro como base para fijar el valor de las monedas y cambiar las reservas por dólares.

En 1972, esta crisis tuvo un rebote con un fuerte crecimiento económico internacional, alcanzando entre un 6.5% y un 10%. México se benefició de esto al registrar un aumento del PIB del 7%, un 10% para la industria y un 8% para las manufacturas. Las exportaciones también crecieron un 28%, mientras que los salarios y los ingresos tributarios aumentaron entre un 28% y un 30% y un 21%, respectivamente. Este fue considerado el mejor año de todo el sexenio en términos económicos.

Sin embargo, a pesar de la recuperación en estos sectores, el sector agrícola apenas creció un 0.5%. La desconfianza del capital provocó una disminución de la inversión en un -1%, la inflación aumentó a un 5.6%, el déficit público alcanzó un 87.9% y el saldo negativo de la cuenta corriente llegó al 19.2%. Estas cifras reflejaron una economía mundial inestable, donde el dólar se debilitó debido al déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos, mientras que Alemania y Japón subvaluaron sus monedas.

La dependencia económica en recursos como el petróleo se intensificó alrededor de 1973, un aspecto que no pasó desapercibido para las naciones árabes, que eran socios mayoritarios dentro de la OPEP. Decidieron utilizar este recurso como arma contra su enemigo, Israel, al coordinar una estrategia donde la OPEP detuvo las exportaciones de petróleo a nivel mundial, dejando a Estados Unidos en una situación complicada. Simultáneamente, Siria y Egipto invadieron Israel en octubre, desencadenando la Guerra de Yom Kipur, en la cual fueron derrotados.

En el ámbito económico mexicano, surgió un intenso debate sobre cómo mantener el crecimiento del país en un mundo cada vez más inestable. Por un lado, estaban los sectores nacionalistas que abogaban por que el Estado mantuviera el control de la economía como un agente redistributivo de ingresos y un actor clave en su dirección, siguiendo la línea ideológica del nacionalismo revolucionario, en particular la postura del cardenismo. Por otro lado, se encontraban los neoliberales, quienes argumentaban que para enfrentar el contexto internacional, el gobierno debía distanciarse de la economía y abrir el mercado interno para integrarlo a la globalización, fomentando la libre competencia y permitiendo la entrada de grandes empresas transnacionales para impulsar la economía.

Este debate desencadenó lo que se conoce como la “disputa por la nación”, donde los diferentes sectores involucrados en la toma de decisiones adoptaron posturas definidas. Por un lado, los nacionalistas, integrados por miembros del sistema político, consideraban que el modelo de “desarrollo estabilizador” aún era viable en aquellos tiempos. Este enfoque se centraba en promover el ahorro en la sociedad para que el gobierno dispusiera de capital para invertir en infraestructura y mantener el equilibrio cambiario y de precios.

A través de inversiones públicas, el gobierno se comprometía a expandir el mercado interno. Al realizar gastos en obras, se inyectaba capital en las regiones beneficiadas, aumentando así la capacidad de compra de la población. Además, se proponía que el gobierno se convirtiera en el principal socio de la producción agrícola, lo que contribuiría a estabilizar los precios del mercado, mejorar las finanzas del sector público, aumentar los salarios y fomentar la inversión privada.

Hasta ese momento, el Estado había desempeñado un papel de árbitro entre los diferentes sectores sociales y la clase empresarial. Los empresarios, a menudo, influían indirectamente a través del sector financiero para orientar las políticas económicas del gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, los empresarios decidieron participar directamente en la toma de decisiones, al darse cuenta del poder que tenían gracias a sus inversiones, especialmente debido al grado de polarización existente del presidente hacia ellos.

Los empresarios, en su búsqueda por consolidar sus argumentos, decidieron establecer la Cámara Nacional de Comercio, tomando como referencia conceptos provenientes de Estados Unidos. A través de esta institución, comenzaron a debatir cuál sería la mejor dirección para el modelo económico, tanto en términos de inversiones como de bienestar social. Esto fue especialmente relevante para contrarrestar las críticas del presidente Luis Echeverría, quien responsabilizaba a los empresarios de los problemas del país.

Organizaron una serie de encuentros denominados Atalayas, en los que participaron empresarios y expertos financieros, tanto nacionales como internacionales. Durante estas reuniones se discutió el papel del gobierno como actor económico y se debatió intensamente sobre la función que el Estado debería desempeñar en la economía. Surgió una postura contradictoria en la que se consideraba que la intervención gubernamental obstaculizaba los procesos de operación, pero al mismo tiempo se resistían a un aumento de impuestos, a la reducción de los programas de infraestructura, al fin de los subsidios y a otros cambios que podrían afectar su rentabilidad.

En el contexto económico de la época, el modelo keynesiano, que proponía un rol activo del Estado en la economía, estaba siendo cuestionado y criticado como un freno al crecimiento económico. En contraste, se mostraba simpatía por la alternativa neoliberal, que abogaba por un libre mercado como motor principal, basándose en las necesidades de la sociedad.

La animosidad entre el presidente Echeverría y el sector empresarial no hacía más que aumentar, alimentada por sus constantes estigmatizaciones en sus declaraciones. No veían con buenos ojos su acercamiento a gobiernos socialistas, como se evidenció con la visita del presidente chileno Salvador Allende, la implementación de nuevos libros de texto gratuitos, los problemas que llevaron a la renuncia del gobernador de Puebla, Bautista O’Farril, y sobre todo, el asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. La habilidad retórica de Echeverría era una poderosa arma que utilizaba contra sus oponentes políticos, especialmente los empresarios. A pesar de los llamados a la moderación, el presidente no dejaba de criticarlos, lo que llevó a una disminución gradual de las inversiones en el país y, finalmente, al retiro de su capital.

Sin embargo, el distanciamiento entre los empresarios y el gobierno no solo se debió a la retórica belicosa de Echeverría. También contribuyó la menor rentabilidad debido a un mercado interno en constante desaceleración, tanto en la demanda interna como externa. Esto provocó un aumento significativo de la inflación, del 12% al 24%, así como un incremento del 58% en las importaciones y un aumento de la deuda externa del 33% al 39%. Estos factores hicieron que fuera imposible mantener la confianza de los empresarios para obtener beneficios de sus inversiones.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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Los inicios de la crisis económica.

Imagen: S/D. Luis Echeverria  en un acto con El Indio Fernández y otras personalidades del medio artístico de la época. Fuente: https://elpais.com/mexico/2022-07-09/postales-de-la-vida-y-gobierno-de-luis-echeverria.html

El gobierno de Echeverria y su relación con EU.

El periodo entre 1973 y 1975 marcó una reconfiguración en el frente diplomático del gobierno estadounidense, que buscaba fortalecerse en su lucha contra el bloque socialista. Esto se manifestó en la eliminación de gobiernos de izquierda en América Latina para imponer dictaduras militares, así como en la formación de un bloque de defensa con otras potencias capitalistas, dando origen al G5 y posteriormente al G7. En México, el gobierno de Luis Echeverría enfrentó dificultades para contener la decadencia del modelo de «desarrollo estabilizador».

La implementación de reformas fiscales encontró oposición por parte de los empresarios, y aumentar los ingresos y la demanda de exportaciones mexicanas en el mercado internacional resultó difícil. Esto condujo a un incremento en la inflación de precios en el país y obligó al gobierno a endeudarse más para llevar a cabo su plan de «desarrollo compartido». La retórica presidencialista, con un discurso marcado por tendencias izquierdistas y radicalismo, generó animadversión en la clase empresarial y pérdida de confianza en el gobierno. Esto llevó a que muchas inversiones se retiraran del país, provocando una crisis inevitable al final del sexenio de Echeverría.

Echeverría adoptó una política exterior que promovía el multilateralismo, pero no ignoraba la dependencia significativa del país en relación con los Estados Unidos. Por ello, buscó impulsar un mayor acercamiento a los países latinoamericanos, argumentando la importancia de las raíces históricas y culturales compartidas. Consideraba fundamental fomentar la unión de los mercados mediante la creación de empresas multinacionales. En cuanto a la relación con los Estados Unidos, Echeverría buscó establecer una relación de «respeto mutuo», reconociendo la necesidad de mantener la asociación con el mercado estadounidense pero también buscando profundizar los intercambios con Europa para reducir esa dependencia. Con respecto a la cercanía geográfica con los Estados Unidos, se esforzó por mantener relaciones equitativas.

Uno de los desafíos que abordó fue la cuestión de las importaciones tecnológicas. Su objetivo era incrementar las exportaciones de materias primas y productos manufacturados para consolidar la modernización industrial. Para lograrlo, incentivó la llegada de inversiones extranjeras destinadas a introducir nuevas tecnologías y apoyar a las empresas mexicanas en lugar de competir directamente con ellas.

El inicio del gobierno de Echeverría estuvo marcado por su interés en mantener una relación cercana con los Estados Unidos. Para lograrlo, contó con el respaldo del diplomático Emilio Rabasa, quien fue designado embajador en Estados Unidos y posteriormente asumió el cargo en la cancillería mexicana. Uno de los principales objetivos era mantener estrechas relaciones con Henry Kissinger, consejero principal del presidente Nixon. Esta asociación fue exitosa, ya que Kissinger utilizó a México como intermediario con otras naciones latinoamericanas, lo que se evidenció en sus frecuentes visitas y reuniones con el presidente Echeverría.

Aunque Rabasa renunció en 1975, el gobierno mexicano mantuvo otros canales de comunicación efectiva con Estados Unidos, como a través del embajador Joseph John Jova. La embajada mexicana también cultivó relaciones cordiales con empresarios estadounidenses, facilitando sus inversiones en México. Además, mantuvo una comunicación continua con el Congreso de Estados Unidos para resolver problemas bilaterales, aunque no evitó la existencia de desacuerdos en algunos temas.

El conflicto en torno al acceso al agua del río Colorado fue uno de los problemas difíciles de resolver entre México y Estados Unidos. La construcción de presas en territorio estadounidense afectaba los campos de cultivo en el delta de los estados de Sonora y Baja California al entregar aguas con mayor salinidad. Por su parte, la administración de Nixon recriminaba a México por su supuesta laxitud en temas como la migración indocumentada y el tráfico de drogas.

Desde la perspectiva estadounidense, el buen nivel de relaciones mantenidas en la década pasada aseguraba la adhesión mexicana a los intereses globales de Estados Unidos. México era considerado uno de los países prioritarios para la diplomacia estadounidense. Aunque reconocían la inestabilidad en la política interna mexicana, confiaban en superarla y no consideraban que representara una amenaza para el régimen. La falta de una política exterior activa en los sexenios anteriores hizo pensar al gobierno estadounidense que México no adoptaría posturas contrarias a sus intereses.

Henry Kissinger planeaba que México se convirtiera en el representante ante otros países de América y las amenazas que representaban sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, se pasó por alto la necesidad de la política mexicana de mostrar cierta independencia en sus intereses, lo que llevó a tensiones y dificultades en la relación bilateral.

Los años de diplomacia mexicana con el gobierno estadounidense establecieron una serie de reglas para mantener una posición ambigua en público respecto a políticas desfavorables sin oponerse abiertamente, además de mantener una postura de poca presión en decisiones internacionales trascendentales, a diferencia de su enfoque más enérgico con otros países. Aunque se resolvió el problema del agua del río Colorado, México no logró reducir la migración ilegal ni detener el tráfico de drogas, a pesar de las campañas de destrucción de cultivos en el país. Echeverría argumentó la falta de un acuerdo conjunto en las acciones para combatir estos problemas. Para finales de su mandato, la cantidad de drogas que ingresaban a Estados Unidos seguía sin reducirse, generando reclamaciones por parte del gobierno estadounidense.

El tema migratorio también enfrentó dificultades, ya que México buscaba ampliar el programa «bracero» debido a la necesidad del mercado laboral estadounidense de mano de obra mexicana, estimando entre 5 y 6 millones de mexicanos ilegales en Estados Unidos. Sin embargo, Washington no logró llegar a un acuerdo debido a la presión de los sindicatos. Ante la falta de compromiso para negociar, el gobierno mexicano decidió abandonar sus intentos de brindar apoyo consular a los trabajadores migrantes.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Blanca Torres. La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976): El renovado activismo global, de la revista Foro Internacional, vol.62.

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El contexto geopolítico de los 70 y México.

Imagen: Henry Kissinger, con el entonces presidente de México Luis Echeverría, en el Museo Nacional de Antropología, con el Calendario Azteca de fondo en 1973. Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/henry-kissinger-y-mexico-desde-su-amor-por-acapulco-hasta-sus-charlas-con-echeverria/

Los inicios de la crisis económica.

A principios de la década de los setenta, México mostraba señales de agotamiento del «desarrollo estabilizador», que no había logrado redistribuir la riqueza y se había concentrado en unos pocos. La modernización a nivel nacional se había logrado mediante la solicitud de más deuda, pero el verdadero indicador de la crisis nacional fue la crisis social y la pérdida de confianza del pueblo en el gobierno, resultado del movimiento del 68.

En la carrera presidencial, era crucial distanciarse de Gustavo Díaz Ordaz (quien asumió la responsabilidad histórica de la Matanza de Tlatelolco) y mostrar cercanía con los sectores sociales más desfavorecidos. Fue elegido el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien venció a figuras tan prominentes como Antonio Ortiz Mena y el regente de la capital, Alfonso Corona del Rosal. Hasta ese momento, Echeverría había sido considerado un funcionario discreto, habiéndose desempeñado en áreas como prensa o propaganda. Sorprendió a muchos con sus habilidades oratorias y la fuerza que imprimió en sus discursos de campaña, donde prometió un mayor acercamiento con el pueblo, se desligó de los acontecimientos del 68 (aunque más tarde se confirmó su implicación) y expresó su compromiso por enfrentar la evidente crisis económica.

Mientras el candidato oficialista recibía el respaldo tanto del aparato del PRI como de los partidos satélites como el PARM y el PPS, el PAN respondió de manera similar al elegir a Efraín González Morfín como candidato. Él orientó su campaña hacia un punto de vista social cristiano, instando a los empresarios a ser más empáticos con las clases trabajadoras, asegurando la participación del gobierno en programas sociales y, sobre todo, llamando a una renovación política nacional donde el PRI dejara de ser el partido del Estado.

Como es habitual en el presidencialismo, el gobierno movilizó sus bases sociales y Echeverría ganó las elecciones con un 85.5% de las preferencias. Su campaña se centró en los jóvenes, quienes se sintieron afectados por las acciones de Díaz Ordaz y él les aseguró una mayor participación en la política nacional. Desde el inicio de su gestión, Echeverría aseguró que la redistribución de la riqueza era compatible con el crecimiento económico, señalando la concentración de ingresos en la clase alta como una tendencia conservadora que obstaculizaba la democratización de la sociedad. Declaró su intención de facilitar la apertura democrática y situar al Estado como garante del reparto equitativo de la riqueza, denominando a este modelo «desarrollo compartido».

Este plan, que buscaba que el gobierno mantuviera el control del desarrollo del país, se acompañó de una exaltación de los valores patrios del nacionalismo revolucionario, siguiendo la tendencia política presente en América Latina en países como Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia. Sin embargo, la forma en que abordó la problemática social recurrió al populismo y la demagogia. Un ejemplo de esto se evidencia en la presentación del plan económico, que estableció objetivos muy ambiciosos pero no abordó completamente las limitaciones del «desarrollo estabilizador», como el déficit en el mercado externo en relación con las exportaciones mexicanas y la inestabilidad de la economía internacional. Se limitó a asegurar la redistribución de la riqueza sin abordar los problemas del sistema económico, como las deficiencias en la inversión privada o la dependencia de la deuda.

Una característica del gobierno de Echeverría fue su conflicto constante con el sector empresarial, al cual no tomaba en cuenta en la toma de decisiones, como ocurrió con el restablecimiento de la estabilidad de precios y la tasa de cambio. El gobierno trató de mitigar la desconfianza manteniendo una política fiscal que favorecía bajos pagos de impuestos para asegurar la reinversión en el país, manteniendo estos pagos en alrededor del 7% del PIB, a diferencia de países como Alemania (con el 37.9%) o Estados Unidos (con el 22.5%).

Si bien inicialmente Echeverría estaba dispuesto a considerar la opinión de los empresarios sobre los planes del gobierno, esta relación se caracterizó por un continuo cuestionamiento por parte del sector empresarial respecto a las intenciones del gobierno y la viabilidad de sus propuestas, como sucedió con la reforma fiscal. Muchas de estas consultas terminaron en amenazas por parte de los empresarios de retirar sus inversiones del país o en cambios en el sentido original de las propuestas.

Por otro lado, la promesa de profundizar en la democratización de la sociedad se desvaneció rápidamente, como se evidenció el 10 de junio de 1971, cuando una manifestación estudiantil convocada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en la capital fue reprimida. Los estudiantes exigían cambios en la Ley Orgánica y fueron atacados por un grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”, creado para combatir a la guerrilla, que los sometió con extrema violencia. A diferencia de Díaz Ordaz, Echeverría trató de deslindarse de los hechos, argumentando la existencia de una conspiración para desestabilizar su gobierno. Se limitó a destituir a los mandos policiales implicados, algunos de los cuales luego ocuparían cargos importantes en sus estados de origen.

Ante el fracaso en erradicar el autoritarismo y la represión, las agrupaciones universitarias se radicalizaron y descartaron la posibilidad de establecer buenas relaciones con el gobierno.

Con el objetivo de mitigar la tensión política, se reformó la Ley Federal Electoral para reducir la edad requerida para ser legislador a 25 años para diputados y 30 años para senadores, cumpliendo así la promesa de otorgar mayor participación a los jóvenes. Además, se disminuyó el porcentaje de votación necesario para acceder a una diputación del 2.5% al 1.5%, lo que se percibió como un intento de salvar a los partidos satélites PARM y PPS, que no lograban reunir los requisitos mínimos para mantenerse.

El PRI, por su parte, evitó en lo posible entrar en discusiones ideológicas con el PAN para mantener la imagen de democratización en la vida pública. Esto permitió que los panistas ampliaran sus bases sociales, aunque de manera marginal, tanto en los sectores urbanos como en algunas zonas rurales.

Aunque para 1971 el concepto de «desarrollo compartido» logró reducir la tasa de inflación de 5.3% a 4.8%, el déficit del sector público se mantuvo en un 30%, el saldo negativo de la cuenta corriente en un 18%, y la deuda externa se estabilizó en un 30%, no pudo detener el proceso de recesión que disminuyó el crecimiento económico del 7% en 1970 al 3.4%. Por lo tanto, los escasos avances logrados se vieron afectados por el contexto internacional.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El resquebrajamiento del “desarrollo estabilizador”.

Imagen: S/D.  Luis Echeverría Álvarez saluda durante un mitin de su campaña electoral en Guasave, Sinaloa. 1969. Fuente: https://la-lista.com/poder/politica/2022/07/09/galeria-luis-echeverria-de-los-anos-en-el-poder-a-sus-ultimas-apariciones

El fracaso del proyecto cinematográfico del gobierno echeverrista.

El gobierno de Luis Echeverría, a través de su hermano Rodolfo Landa en la dirección del Banco Nacional Cinematográfico, estaba atravesando momentos difíciles en su intento de renovar el cine mexicano. Se enfrentaba a conflictos con empresarios y productores a quienes acusaba de realizar proyectos de baja calidad. Esta situación llevó al gobierno y a los sindicatos a asumir el papel de productores, pero sin lograr mucho éxito. Mientras intentaba resolver estos problemas, también lanzó críticas contra los empresarios de la televisión, señalando la baja calidad del contenido ofrecido y la excesiva promoción de productos extranjeros que fomentaban el consumismo, contradiciendo su objetivo de fortalecer el mercado interno y promover la producción nacional.

En línea con su visión de que el Estado debía tener un rol rector en la vida pública del país, Echeverría decidió ingresar al ámbito televisivo con la compra del Canal 13 el 15 de marzo de 1972. Sin embargo, en lugar de generar competencia, esta acción condujo a que los medios privados centralizaran sus esfuerzos en una sola televisora. Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionaron para formar Televisa, bajo la propiedad de la familia Azcárraga. Sumado al poco interés de la audiencia, esto provocó el fracaso del proyecto televisivo del gobierno.

Para 1975, la industria cinematográfica nacional había perdido toda competitividad y se había vuelto completamente dependiente de la financiación gubernamental. Mientras tanto, el cine extranjero y la televisión privada avanzaban sin contratiempos en las preferencias del público. En lugar de intentar llegar a un acuerdo con las productoras privadas, el gobierno de Echeverría mantuvo una postura firme, como lo demostró en su discurso durante la entrega de los premios Ariel.

La solicitud del gobierno era que se produjeran películas que abordaran la vida de los héroes de la historia, artistas reconocidos como los muralistas, o que denunciaran problemas sociales de manera artística. Esto dejaba poco espacio para obras que no siguieran esta temática, siendo consideradas como la única solución viable para que el cine superara la crisis en su contenido. Para cumplir con estos objetivos gubernamentales en los últimos meses del sexenio, el Banco Nacional Cinematográfico anunció una inversión significativa del presupuesto. Esta inversión se destinó a financiar tanto a productoras estatales como a proyectos de asociación mixta, además de la creación de otras entidades paraestatales similares al CONACINE. Todo esto se enmarcó en el «Plan Mínimo de Acción Inmediata», con el objetivo de crear un cine nacionalista que reflejara la «mexicanidad».

Dentro del régimen, se estableció un grupo de cineastas que se convirtieron en los favoritos para financiar sus proyectos, como los casos de Alberto Isaac, Alfonso Arau, Sergio Olhovich, Jaime Humberto Hermosillo, Julián Pastor, entre otros, quienes formaban parte de la productora Directores Asociados S.A. (DASA), dejando fuera del juego a los productores tradicionales de décadas anteriores. En general, los proyectos financiados por DASA se caracterizaban por tener una gran libertad creativa y una tendencia a darles a sus obras una dimensión artística. Incluso el gobierno permitía la expresión de ideas políticas fuera de la línea oficial del régimen. Sin embargo, debido a la urgencia de mostrar resultados conforme al plan presidencial, en los últimos años se priorizó a aquellos proyectos que seguían el objetivo ideológico. Algunos ejemplos son las películas “Longitud de guerra” de Gonzalo Martínez, “Mina, viento de libertad” de Antonio Eceiza y “Cananea” de Marcela Fernández Violante.

La prensa especializada en cine cambió su tono para convertirse en un portavoz de los intereses oficiales, elogiando los esfuerzos del gobierno y atacando a los antiguos productores a quienes calificaban de «burgueses estúpidos». Además, se distribuían boletines gratuitos entre el público para promover esta narrativa oficialista.

La producción cinematográfica se reducía a lo realizado por las empresas paraestatales como CONACINE, CONACITE 1 y 2, las cuales operaban en los Estudios Churubusco y América. Estas empresas tenían como socios al Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, y el gobierno se encargaba de la distribución tanto a nivel interno como de su proyección internacional. Esto incluía la compra de salas de cine para su proyección y la construcción de nuevas salas en los barrios.

Uno de los logros del proyecto echeverrista fue renovar tanto a los creadores como a los actores dentro de la industria. Además, el tono artístico que se le dio al proceso se integró en el llamado “Nuevo Cine Latinoamericano”, que estaba influenciado por países como Cuba y Chile que compartían un alineamiento ideológico similar. Aunque los discursos finales de Rodolfo Landa sonaban triunfalistas al haber logrado reconocimiento internacional por las cintas producidas, la realidad era que muy pocos títulos alcanzaron popularidad entre el público. Ejemplos de esto fueron “Mecánica Nacional” de Luis Alcoriza o “Canoa” de Felipe Cazals. Como resultado, la industria cinematográfica vivía en una crisis económica constante.

A pesar del golpeteo recibido por el cine comercial, las pocas producciones comerciales generaban más ingresos que los esfuerzos realizados por el gobierno. Esto llevó a figuras como “La India María”, Vicente Fernández y Cornelio Reyna a convertirse en populares entre el público, cuyos personajes despertaban más interés que los proyectos aclamados por la crítica internacional. Como resultado, las películas financiadas por el gobierno tenían poco tiempo en cartelera.

El proyecto estatista fracasó, poniendo en aprietos a la industria cinematográfica nacional. Además de enfrentarse al desinterés del público nacional por sus películas, la industria sufrió por la crisis económica derivada del conflicto entre Echeverría y la iniciativa privada. A pesar del avance en el cine de autor, la industria experimentó una franca decadencia en los años siguientes que ni el gobierno ni las productoras pudieron detener. Esto dio paso a películas de baja calidad pero alta rentabilidad.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Israel Rodríguez. Renovación fílmica y autoritarismo en México, 1970-1976, de la revista Historia y Grafía no. 58.

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El plan de renovación del cine mexicano de Luis Echeverria.

Imagen:

• Izquierda: Poster de «Mecanica Nacional», 1972.
• Derecha: Poster de «Pobre, pero honrada!, 1973.

El contexto geopolítico de los 70 y México.

Desde mediados del siglo XIX, la política exterior mexicana se caracterizó por mantener un equilibrio para asegurar su independencia con respecto a otras potencias, especialmente para defenderse de la amenaza permanente de Estados Unidos. Esto implicaba jugar un sistema de contrapesos entre todas las potencias para garantizar su apoyo en caso de alguna agresión extranjera.

Así, Benito Juárez tuvo que apoyarse en Estados Unidos para enfrentar la agresión de Francia, Gran Bretaña y España. Porfirio Díaz, por su parte, se acercó a estas potencias para mantenerse distante del expansionismo estadounidense. Los gobiernos revolucionarios siguieron esta dinámica para adquirir el reconocimiento de su legitimidad, como ocurrió con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Conforme la tensión entre las potencias internacionales iba aumentando, amenazando con el estallido de otra guerra mundial, México aprovechó esta dinámica para lograr sus objetivos internos. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas respaldó la expropiación petrolera apoyándose en las buenas relaciones mantenidas con Alemania para ganarse el favor de Estados Unidos y lograr que este intercediera para reducir la beligerancia de Gran Bretaña y los Países Bajos. Avila Camacho también se decantó por los aliados, al no serle de utilidad el Eje.

En la década de los 60, la cancillería mexicana fue muy activa en mantener los equilibrios diplomáticos ante la creciente Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este principio fue adoptado por Adolfo López Mateos, quien realizó constantes giras en países de ambos bloques para asegurarse de mantener buenas relaciones con todos, disminuyendo así las posibilidades del surgimiento de algún movimiento desestabilizador que pudiera poner en peligro al gobierno.

Por otro lado, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, México se acercó a la órbita estadounidense como táctica para enfrentar las disidencias internas, como los movimientos sindicales y estudiantiles que alcanzaron su punto de crisis en 1968. Para justificar estas acciones ante la sociedad, Díaz Ordaz mantuvo una retórica sobre la conspiración comunista como fuente de desestabilización, en lugar de revisar su propio accionar.

La dinámica externa cambió nuevamente con la llegada de Luis Echeverría en 1970, quien decidió alejarse de la esfera estadounidense y apostar por el multilateralismo. Echeverría mantuvo relaciones cordiales no solo con el bloque soviético, sino también con el llamado «Tercer Mundo», compuesto por países que abogaban por mantener una posición neutral entre ambos bloques. A este grupo se unieron los países que emergieron del proceso de descolonización en Asia y África.

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, México trató de mantener el equilibrio geopolítico para garantizar su independencia en la lucha internacional entre los bloques, manteniendo su presencia en la construcción de organismos internacionales destinados al mantenimiento de la paz global, como la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Fruto de estos esfuerzos fue el Tratado de Tlatelolco de 1967, en el que las naciones latinoamericanas se comprometieron a no adquirir ni desarrollar armas nucleares.

Una de las razones por las que Echeverría apostó por la multipolaridad en lugar de seguir una línea favorable a Estados Unidos fue el evidente desarrollo de potencias que habían quedado debilitadas tanto por los efectos de la guerra como por la descolonización, como fue el caso de las naciones europeas y Japón, que ya se habían recuperado y ofrecían ser fuertes competidores a la hegemonía estadounidense. Para entonces, la situación externa de Estados Unidos era menos favorable, su fracaso en la Guerra de Vietnam estaba teniendo repercusiones tanto en su influencia como en la animadversión de grupos disidentes. Por lo tanto, el gobierno de Richard Nixon apostó, a través de su secretario Henry Kissinger, por mantener conversaciones con el gobierno soviético y debilitarlo mediante el estrechamiento de relaciones con China. En ese contexto, América Latina no tuvo una importancia prioritaria.

Las potencias coloniales también enfrentaban fuertes problemas internos que minaban su hegemonía. En Francia, por ejemplo, Charles de Gaulle fue obligado a dejar el poder, mientras que la lucha por el poder entre los conservadores británicos abrió la puerta para que las naciones del Tercer Mundo buscaran un cambio que les permitiera liberarse de la influencia colonial y empezar a desarrollarse económicamente.

Es así como el Movimiento de Países No Alineados buscó ganar una posición que les permitiera obtener igualdad con las potencias y resolver disputas y diferencias de manera equitativa. Esta postura fue favorable en un contexto de división de las potencias, y algunos reclamos pudieron avanzar, aprovechando factores como la creciente importancia de recursos energéticos como el petróleo.

En América Latina, esta posición fue aprovechada por gobiernos reformistas que buscaban cambiar su situación de debilidad frente a las empresas multinacionales. Países como Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Chile buscaron recuperar la soberanía sobre sus recursos y aprovechar el mercado para mejorar sus ingresos.

Aprovechando el distanciamiento de Estados Unidos, las naciones latinoamericanas buscaron ganar independencia respecto a los intereses estadounidenses. Un ejemplo de esto fue Salvador Allende en Chile, quien se acercó al bloque socialista y abogaba por mantener una posición de diversidad ideológica. Sin embargo, Estados Unidos reaccionó ante estos intentos de autonomía, y comenzó a actuar a través de la dirección de Kissinger. Esto se evidenció con el derrocamiento de Salvador Allende en septiembre de 1973, desencadenando una ola de golpes de Estado en el resto de las naciones latinoamericanas para instaurar dictaduras militares afines a los intereses estadounidenses.

Además, Estados Unidos aprovechó las divisiones en el seno de los países no alineados para brindar apoyo a algunas naciones y debilitar así el peso del bloque. La unificación de objetivos por parte de las naciones capitalistas también contribuyó a la desestabilización interna. Este fue el contexto al que Echeverría tuvo que enfrentarse ante las necesidades internas de México, que ya mostraba señales de agotamiento con respecto al «milagro mexicano».

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Blanca Torres. La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976): El renovado activismo global, de la revista Foro Internacional, vol.62.

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México en el contexto de la Guerra Fría.

Imagen: S/D. Luis Echeverria en Cuba junto con Fidel Castro, 1975.

El plan de renovación del cine mexicano de Luis Echeverria.

En la década de los 60, el cine nacional evidenciaba una crisis, caracterizada por la hermeticidad de la industria de creadores, la fatiga del público hacia las películas comerciales y la presión de las distribuidoras y exhibidoras en relación con los precios de las entradas. Cuando Luis Echeverría asumió la presidencia, se comprometió a rescatar a la industria de estos problemas, y para ello contó con la intervención de su hermano, el actor Rodolfo Landa.

Dentro de las iniciativas propuestas se encontraba la intervención directa del gobierno, facilitando a través de créditos el impulso a las carreras de jóvenes cineastas con el objetivo de llevar a la industria a la vanguardia. Este proceso se inició con el cobro a las casas productoras de las deudas contraídas anteriormente con el Banco Nacional Cinematográfico. Estas casas habían eludido el pago al aprovechar su exclusividad para la realización de películas. Sin embargo, con la entrada de nuevos participantes, se acabaron las excusas para mantener una posición de fuerza frente al gobierno.

A pesar de que el impulso a estas nuevas casas productoras por parte del gobierno fue una medida positiva, frenó el financiamiento de las casas veteranas. Para 1972, muchas de estas últimas entraron en paro, generando un ambiente enrarecido en el gremio, marcado por luchas políticas que se exponían en la prensa.

El gobierno, buscando eludir su responsabilidad respecto al paro en las casas productoras, recurrió a la excusa de que estas estaban intentando sabotear el proyecto cinematográfico. En respuesta, envió a los líderes sindicales a enfrentarse contra los dueños de las casas productoras. Mientras tanto, el Estado, a través de los Estudios Churubusco, intentaría solventar la falta de realización de películas. Para 1972, lograron filmar 16 películas.

A pesar de que aún existía la oportunidad para que el gobierno reformulara su relación con las casas productoras, en una muestra realizada en Santiago de Chile en abril, el propio Echeverría expresó su total apoyo a su hermano y al plan, acusando a las grandes productoras de proporcionar al pueblo películas de mala calidad. Ante estas declaraciones, las casas productoras no tuvieron más opción que acatar las disposiciones del presidente, y los sindicatos rebajaron su hermetismo para permitir el ingreso de nuevos realizadores. Todo debía contar con la guía de Landa, quien se había convertido en la figura que tomaba las decisiones sobre las películas que se debían realizar, proponiendo un cine inteligente que reflejara la realidad nacional.

Entre las primeras medidas tomadas por Landa se encontró la suspensión del financiamiento del cine comercial, considerándolo vacío, escapista y alejado de la realidad nacional. Esta decisión, según Landa, afectaba la libertad creativa y dirigía la producción hacia los intereses del Estado. Incluso los premios Ariel de 1973 se llevaron a cabo en la residencia de Los Pinos y fueron entregados por el propio presidente, como una muestra de compromiso y control sobre la industria cinematográfica.

Aunque el gobierno se convirtió en el principal socio de la industria, su producción no logró satisfacer las necesidades de la demanda nacional. Como resultado, las productoras dejaron de realizar películas al no cumplir con las disposiciones presidenciales, y eventualmente los sindicatos comenzaron a reclamar por la falta de trabajo. Para contrarrestar la resistencia de las productoras, Echeverría propuso que los trabajadores se convirtieran en socios de las películas, aportando el 20% del financiamiento con su trabajo, mientras que el BNC contribuiría con el 80% restante. Con esta propuesta, se garantizaba que los trabajadores recibirían el 50% de las utilidades por cada película, lo que permitiría prescindir de la iniciativa privada y lograr los objetivos presidenciales de crear cine de calidad.

Sin embargo, este plan para revitalizar la industria comenzó a mostrar sus deficiencias en 1974 debido a los elevados gastos de producción. Esto provocó una reducción en el número de películas realizadas y los ingresos obtenidos, poniendo de manifiesto la falta del cine comercial para mantener a flote la producción. Representantes de la industria que habían surgido en la era del cine de oro, como el productor Gregorio Walerstein, anunciaron que los Estudios América podrían cerrar debido a la falta de proyectos, aumentando el ambiente de desánimo y enojo entre los trabajadores.

En un intento desesperado, el gobierno trató de garantizar el trabajo a través de la recién creada CONACINE, en alianza con el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y los Estudios Churubusco, produciendo 12 películas. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo, lo que provocó que los trabajadores fueran a la huelga. Lo más grave fue que las casas productoras decidieron abandonar el país. A pesar de esta crisis, Landa no intentó resolver el problema con los productores ni con el sindicato, afirmando que la única solución para superar la crisis del cine era con la intervención directa del Estado.

De esta manera, los hermanos Echeverría decidieron continuar con el plan estatizador del cine, prescindiendo de la iniciativa privada para producir películas de calidad. El presidente dejó claro este enfoque durante los premios Ariel de 1974, expresando la necesidad de «descolonizar» al cine mexicano para que sirviera a los intereses del pueblo. Lamentó la imposibilidad de despojar a la televisión de sus intereses mercantiles. Con estas declaraciones, se evidenció que la industria cinematográfica se había nacionalizado de facto, y se marcó la ruta a seguir: la intención del gobierno de tomar el control total de los medios de comunicación para servir a sus intereses. Para ello, se valió de la plantilla de intelectuales y periodistas afines, buscando influir en la opinión pública en contra de la presencia de empresas. Sin embargo, el gran problema radicaba en la rotunda imposibilidad de lograr que estos proyectos se sostuvieran por sí solos, representando un serio gasto para el erario público.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Israel Rodríguez. Renovación fílmica y autoritarismo en México, 1970-1976, de la revista Historia y Grafía no. 58.

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Los inicios de la crisis del cine mexicano.

Imagen:

 – Izquierda: Promocional de «El castillo de la pureza», 1973.

 – Centro: Promocional de «El águila descalza», 1971.

 – Derecha: Hermanos Casasola. Rodolfo Echeverria vestido de etiqueta, 1955.