El fin del desarrollismo.

El petróleo se convirtió en una especie de solución mágica para los problemas del país durante el gobierno de José López Portillo. Sin embargo, su gestión fue marcada por un gasto irresponsable que descuidó sectores productivos clave, como la agricultura y la siderurgia, que habían sido relegados durante décadas. Esto generó un aumento significativo en los niveles de inflación, ya que el país tuvo que recurrir a importaciones para suplir lo que no podía producir internamente, acumulando una deuda importante para mantener el sistema productivo funcionando.

Como resultado, el saldo de la cuenta corriente experimentó un crecimiento del 59%, impulsado por el desbalance comercial y el aumento de las importaciones debido a la reactivación económica. Sin embargo, gran parte de las ganancias obtenidas se destinaron al pago de intereses de la deuda pública, contribuyendo al 95% del déficit de la cuenta corriente. Esta situación, junto con la inflación de los precios, la disminución del gasto en inversión social y el tope en la política salarial, llevó a una disminución en las remuneraciones salariales de los trabajadores, pasando del 46.6% al 40.4% en 1980.

Estos factores provocaron un aumento en las movilizaciones sociales a principios de la década, ya que se volvía cada vez más difícil para los trabajadores cubrir sus gastos básicos debido a la situación económica.

A pesar de que México experimentaba una de las tasas de crecimiento más altas a finales de la década, alcanzando un 9%, el desempeño deficiente de los ingresos petroleros resultó en una concentración de la riqueza en un grupo limitado de potentados en lugar de beneficiar a la mayoría de la sociedad. Además, los problemas estructurales no resueltos de la economía volvieron al sistema vulnerable ante los vaivenes del mercado internacional del petróleo.

La situación petrolera se complicó significativamente a partir de 1979 y 1980 debido a eventos como la victoria de la revolución islámica en Irán, uno de los principales productores de petróleo, y la guerra con Iraq. Esto provocó la expropiación de muchas empresas petroleras en Irán, lo que resultó en un desequilibrio en la producción debido a la salida de numerosos trabajadores. Esto coincidió con un periodo de sobredemanda de petróleo que fue absorbida por los países industrializados.

Los problemas se agravaron a partir de junio de 1981, cuando el mercado petrolero mostró signos de recuperación y los precios del barril bajaron de 38 dólares a 36 dólares. A pesar de esta tendencia, López Portillo decidió mantener el precio del barril en 38 dólares, argumentando la «calidad» del petróleo como justificación. Esta decisión llevó a una disminución en las exportaciones petroleras de México por un total de 13,305 millones de dólares.

Si bien la disminución en las exportaciones solo representó una pérdida financiera menor, erosionó la confianza y la credibilidad del gobierno mexicano en su política económica. Los economistas y la comunidad internacional comenzaron a percibir los vacíos dejados en el sector productivo, lo que llevó a que la banca internacional cancelara la línea de crédito del país y suspendiera algunos préstamos previamente aprobados al considerar las acciones del gobierno como sobrevaluadas.

Para compensar los faltantes presupuestarios, el gobierno contrajo más deuda, pero los altos intereses asociados con los préstamos, en comparación con los ingresos, generaron desconfianza entre los inversionistas. Esta falta de confianza condujo a una fuga de capitales, ya que los inversores no creían en la efectividad de las políticas económicas del gobierno.

Ante la pérdida de prestigio ante el capital internacional, López Portillo recurrió a una retórica nacionalista para justificar sus acciones y culpó al sector privado de la crisis económica. Se aumentó el gasto público por encima de lo presupuestado para mantener la confianza del pueblo, pero esto no logró detener la salida acelerada de inversiones por parte de los empresarios.

Al ser evidente que la crisis económica es imposible de resolver a corto plazo y a pocos meses de finalizar el sexenio, el 25 de septiembre de 1981 López Portillo reconoce el fin del proyecto desarrollista. Elige como el candidato a sucederlo a quien era el Secretario de Programación y Presupuestos, Miguel de la Madrid. Este era el primero de los ‘tecnócratas’ formados en EU y que pertenecían a los partidarios de aplicar el neoliberalismo para resolver la profunda crisis del país.

En la oposición, dentro del PAN gana la facción pragmática colocando como su candidato a Pablo Emilio Madero. Con ello, el partido abandona sus principios doctrinales para ser competitivo a nivel electoral. Esta elección sería la primera vez en que participa la izquierda. Sin embargo, en ella se haría patente el problema de la diversidad doctrinal. Esto provocó que las diferentes facciones tuvieran sus propios partidos y lanzaran sus candidaturas.

Fue el caso del PSUM proponiendo a Arnoldo Martínez Verdugo, el PRT a Rosario Ibarra de Piedra, el PSD a Manuel Moreno Sánchez, el PDM a Ignacio González Gollaz y Cándido Díaz Cerecedo por el PST. Esta situación dejó al electorado de la izquierda muy disperso.

A pesar de los serios problemas estructurales vividos en el país, el PRI sigue manteniendo su poderío y De la Madrid gana las elecciones con un 70.99%, mientras Pablo Emilio Madero queda con un lejano 15.8% y el resto se divide entre los diferentes partidos de izquierda. Sin embargo, a pesar del cambio de rumbo que representaba el nuevo presidente, no implicó una mejora de las condiciones por parte de la banca internacional.

Para el 18 de febrero de 1982, el país comenzó un periodo de devaluación del valor del peso respecto al dólar, pasando de los 26.4 pesos por dólar para caer en los 44.7. Para marzo de ese año, llegó a los 45.52 pesos por dólar. Este periodo se caracterizó por una reacción lenta por parte del gobierno, donde el presidente López Portillo prefirió salvar la estructura política del país para asegurar el monopolio político en lugar de priorizar la economía.

La imposibilidad de apuntalar la economía llevó a López Portillo a tomar medidas drásticas para evitar la salida de capitales. Primero, impuso el control del uso de divisas, fijando la cotización del dólar en 49.13 pesos con variaciones diarias de 4 centavos. Durante su último informe de gobierno, decretó la nacionalización de la banca. Por su parte, Miguel de la Madrid comenzó a hacer acuerdos con organismos internacionales, comprometiéndose a tomar medidas para estabilizar la economía cuando asumiera la presidencia. Sin embargo, esto no evitó la fuga masiva de capitales.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El camino a la crisis de 1982.

Imagen:

• Izquierda: Nacho Lopez. Campaña de Miguel de la Madrid, Campeche, Campeche, 1982.
• Derecha: Rogelio Naranjo. Arriba y Adelante, 1976.

El nacimiento de la Liga comunista 23 de septiembre.

Durante la década de los 60, la presidencia buscó ejercer un poder que soterrara cualquier intento de cuestionar la legitimidad del grupo en el poder para mantenerse en la cima. Sin embargo, a pesar de las presiones, algunas organizaciones sindicales y estudiantiles buscaron enfrentar esto mediante la formación de manifestaciones, huelgas e incluso llegaron a la radicalización, conformando guerrillas.

Uno de los epicentros de la lucha estudiantil se dio en Guadalajara, donde en la década de los 50 surgió en el barrio de San Andrés un grupo de jóvenes conocidos como Los Vikingos. Estos jóvenes pertenecían a familias migradas del campo y reclamaban mejores condiciones de vida. Aunque esta organización mantenía una estructura subdividida en varios grupos según las calles del barrio, se unían cuando era necesario ejercer más presión.

Inicialmente, Los Vikingos eran una agrupación juvenil más dentro del ambiente urbano tapatío. Sin embargo, el contacto que tuvieron con el profesor Ricardo Balderas mientras estaban en secundaria les dio un sentido a sus inquietudes juveniles. Cuando pasaron al bachillerato, comenzaron a participar en los mecanismos políticos estudiantiles de la ciudad, manejados por la Federación de Estudiantes de Guadalajara.

Así, los miembros de Los Vikingos luchaban por arraigar la cultura democrática en la toma de decisiones estudiantiles. Sin embargo, la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) contaba con el respaldo del gobierno estatal, lo que le permitía mantener diferentes grupos de choque y golpeadores a sueldo para atacar a potenciales rivales. Además, les aseguraba impunidad frente a los delitos que pudieran cometer y les servía como plataforma política para acceder a cargos dentro del gobierno.

Esto no detuvo las intenciones de Los Vikingos de participar en la política. Mejoraron su organización interna para competir en las elecciones estudiantiles y comenzaron a definir una línea ideológica para fundamentar su lucha política contra la FEG, denunciando su falta de compromiso para resolver la problemática real de los estudiantes. Con ello, propusieron medidas como la reducción de las tarifas del transporte público, la disminución de las cuotas escolares y la anulación del paro de labores de manera arbitraria.

Estas propuestas atrajeron la atención de más agrupaciones barriales que se unieron a Los Vikingos, incluyendo organizaciones masónicas y grupos ideológico-políticos como las Juventudes Comunistas.

Ante la crisis derivada de los movimientos estudiantiles en 1968, el gobierno presionó a la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG) para aumentar su control sobre Los Vikingos y desmovilizar las marchas en honor a los muertos por la masacre del 2 de octubre. Esto se tradujo en la suspensión de labores en algunos centros de estudio sospechosos, patrullaje en centros escolares y detenciones de estudiantes que manifestaban apoyo a los huelguistas de la UNAM y el IPN.

A pesar de que Los Vikingos se replegaron debido al aumento del acoso por parte de la FEG, aprovecharon esos momentos para fortalecer sus redes políticas en otros barrios de la ciudad. Reconstruyeron tanto sus redes de transacción a través de una agenda política-cultural, pero lo que tuvo más peso fue la definición política, debatiendo entre seguir a las Juventudes Comunistas o a los masones. Las opciones iban desde la radicalización de la lucha hasta la integración dentro de la lucha política y social.

Gracias a la intercesión de los masones, quienes utilizaron sus vínculos con algunos políticos del PRI, se logró negociar que les asignaran el Auditorio Plutarco Elías Calles para celebrar sus reuniones. Con esto, se consolidó la unión de Los Vikingos, las Juventudes Comunistas y los masones en una nueva organización llamada Juventudes Juaristas. Sin embargo, este nuevo enfoque político desestimó la lucha estudiantil hacia 1970.

Ante la crisis por la salida de miembros, las tres organizaciones de las Juventudes Juaristas replantearon sus objetivos a mediano plazo y decidieron radicalizar el movimiento para contender contra la FEG en las elecciones de la presidencia universitaria. Construyeron células y brigadas para combatir los esfuerzos de sus rivales, augurando el éxito de sus esfuerzos debido al desprestigio que tendría la FEG, y conformaron el Frente Estudiantil Revolucionario (FER).

Las acciones del FER para mantener el movimiento se volvieron clandestinas al promover asaltos para financiar la pinta de bardas, la distribución de volantes y panfletos, así como iniciaron entrenamientos en guerrilla urbana y la elaboración de explosivos caseros. Esto provocó la salida de más miembros y llamó la atención de las autoridades, respaldadas por la FEG, que comenzaron a detener a sus integrantes por sus acciones criminales.

Así, en dos años, el FER planteó el abandono de la política estudiantil para dirigirse a la lucha guerrillera, aprovechando la falta de oportunidades para que los jóvenes participaran en la política. Comenzaron a reclutar jóvenes de Ciudad de México, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, quienes buscaban luchar por la democratización del país a través de la vía armada. Esta transformación culminó el 15 de marzo de 1973 con la formación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, con pretensiones de tener alcance nacional.

El objetivo de la lucha cambió hacia derrocar al Estado e implantar un gobierno socialista, instaurando un Estado del proletariado. Esto implicó aumentar su presencia en diferentes ciudades del norte, centro y sur del país, así como desarrollar diversos organismos para llevar a cabo tareas organizativas y de propaganda, como fue el caso del periódico Madera. La estrategia contemplaba varias acciones, desde la huelga económica para paralizar la producción total o parcial de industrias y empresas, hasta la huelga política donde el proletariado se organizaría para luchar contra la ofensiva de la burguesía. Esto conduciría a la agitación social mediante la dispersión de propaganda y a la organización de la guerrilla para combatir tanto en las ciudades como en el campo, con el objetivo de enfrentarse a caciques, guardias blancas y soldados.

A pesar del debilitamiento social del gobierno debido a su incapacidad para lograr la redistribución de la riqueza, aún mantenía la fuerza suficiente para combatir a los grupos guerrilleros gracias a su compleja estructura interna y a sus alianzas exteriores que impedían el apoyo de naciones socialistas. Por lo tanto, movimientos como la Liga serían rápidamente reprimidos por la fuerza del Estado.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Rodolfo Gamino Muñoz y Mónica Patricia Toledo González. Origen de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de la revista Espiral, vol. XVIII, no. 52.

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El complicado equilibrio exterior e interior de México en los 60.

Imagen:

• Izquierda: Anónimo. Panfleto de la Liga 23 de Septiembre, agosto de1978.
• Derecha: Anónimo. Portada del periodico «Madera».

La dinámica del PAN en la sociedad de los 60.

El gobierno mexicano de los años sesenta mantenía una estrategia ambivalente con respecto al tratamiento de los movimientos sociales. Por un lado, buscaba mantener comunicación con ellos mediante la colocación de líderes afines que contribuyeran a mantener la calma y les ofrecían algunos beneficios. Por otro lado, reprimía los nuevos movimientos sociales, como los trabajadores que rechazaban las propuestas gubernamentales, los grupos comunistas y las nuevas demandas planteadas por la juventud, entre otros.

Sin embargo, también era evidente que la estructura política del PRI se basaba en principios socialistas con un enfoque populista hacia la relación con el pueblo. Esto se hizo especialmente notorio durante el gobierno de Adolfo López Mateos, quien mantenía buenas relaciones con el bloque comunista, incluyendo el caso de Cuba, donde gracias a esta relación aseguró que no apoyaran a los grupos comunistas mexicanos.

A pesar de que los empresarios habían sido beneficiados por la política de «Desarrollo Estabilizador» del gobierno, no estaban de acuerdo con la asignación del presupuesto para cubrir los programas sociales. Por esta razón, sus organizaciones gremiales, como la COPARMEX y la CONCAMIN, comenzaron a expresar sus desacuerdos con el régimen y con su interlocutor empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

La situación dentro del contexto eclesiástico también experimentó cambios. La Iglesia estaba perdiendo terreno en las sociedades de América Latina a favor de las agrupaciones comunistas, siendo el triunfo de la Revolución Cubana un golpe significativo. El Vaticano instó a los jerarcas eclesiásticos a involucrarse en las problemáticas sociales para frenar la proliferación del comunismo, viendo como una alternativa la introducción de los democristianos.

En contraste, las agrupaciones de derecha mexicanas tenían una marcada tendencia anticomunista y una fuerte presencia en los sectores medio-altos de la sociedad. Surgió la Confederación de Organismos Nacionales, que agrupaba a las principales organizaciones ligadas al Yunque, especialmente las universitarias como el Frente Universitario Anticomunista (FUA), el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), la Coalición para la Defensa de los Valores Nacionales (CDVN) y las Falanges Tradicionalistas Mexicanas (FTM).

Aunque estas agrupaciones estaban vinculadas con grupos conservadores tradicionalistas, estaban dando mayor dinamismo a la derecha en el contexto latinoamericano al integrar valores democristianos. Por otro lado, el PAN se negaba a darles entrada debido a la posición de Manuel Gómez Morín de constituir una derecha laica. Esto llevó a impulsar a Adolfo Christlieb Ibarrola a ocupar la dirigencia del partido de 1962 a 1968 por compartir los mismos principios y rechazar a la democracia cristiana como opción.

Desde 1952, el sistema político mexicano se manejaba con un reducido abanico de opciones. El PRI era el partido dominante, el Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano representaba a las izquierdas y el PAN era la opción de las derechas. Otros partidos que no lograban obtener registro para participar en las elecciones también existían, pero el monopolio del PRI era evidente. En los años 60, los partidos de oposición solo tenían 20 de las 183 curules de la Cámara de Diputados. La respuesta del gobierno a estas quejas constantes fue la reforma electoral de 1963, que introdujo la figura de los diputados de partido. Durante el período de 1964 a 1973, la presencia de la oposición en el legislativo aumentó hasta alcanzar los 100 representantes en conjunto. Esta medida atenuó las críticas de los otros partidos y dio la impresión de que el PRI favorecía el juego democrático.

Este cambio fue respaldado por Christlieb, cuyo objetivo era la conciliación con el gobierno. Buscaba abrir más espacios para el PAN, con la idea de avanzar hacia la democratización de la sociedad de manera pacífica. Se propuso construir una oposición constructiva capaz de participar en la toma de decisiones gubernamentales, estableciendo así una base para futuros avances en el proceso democrático.

La realización del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 marcó un cambio significativo en la postura de la Iglesia, que comenzó a respaldar causas sociales y a llamar a los sectores conservadores a participar más activamente en las luchas de la sociedad civil. Este enfoque se basó en la idea de alcanzar una democracia liberal donde todas las posturas políticas tuvieran cabida, promoviendo la defensa de los derechos humanos y la participación política de los fieles.

En ese momento, las derechas habían logrado una conciliación con el gobierno bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Su política se centraba en fomentar el ahorro, mantener un endeudamiento bajo y promover un crecimiento económico moderado respaldado por el Estado. Esto tranquilizó a las clases medias en cuanto al gasto gubernamental excesivo.

Para mantener esta paz social, el gobierno debía ejercer su autoridad en respuesta a los reclamos sociales. Esta postura generó divisiones dentro de la oposición de derecha: mientras el PAN abogaba por una mayor participación política de los diversos sectores de la sociedad, una parte considerable apoyaba la posición represiva del gobierno como medio para contener el comunismo.

El PAN, a pesar de respaldar el pluralismo político, era crítico con la izquierda por su falta de respuesta ante los abusos de regímenes comunistas como el de Fidel Castro. En cambio, abogaba por el pluralismo político y la libertad de conciencia, promoviendo el liberalismo como principio para el orden internacional y defendiendo tanto el pluralismo religioso como político. Rechazaban la idea de que el Estado dictara el pensamiento de la sociedad. Durante el movimiento estudiantil de 1968, si bien criticaron la represión gubernamental y participaron en modificaciones legales, también cuestionaron la movilización social y abogaron por solucionar problemas a través de canales políticos establecidos. Culparon a la modernidad y la desintegración familiar por ciertos problemas sociales. Para las elecciones de 1970, el PAN mantuvo un discurso a favor de la democratización y la participación social, en línea con la doctrina social de la Iglesia, sin comprometer sus principios de liberalismo y laicidad.

Si bien el PAN apoyaba el pluralismo político, también era crítico con la postura de la izquierda por su falta de respuesta ante los abusos de regímenes comunistas como el de Fidel Castro. En su lugar, defendía el liberalismo como principio para el orden internacional y abogaba por la libertad de conciencia, tanto en lo religioso como en lo político.

Rechazaba la idea de que el Estado pudiera dictar el pensamiento de la sociedad. Durante el movimiento estudiantil de 1968, aunque cuestionó la represión gubernamental y participó en modificaciones legales, también mostró su desacuerdo con la movilización social, argumentando que los problemas debían resolverse a través de los canales políticos establecidos. Culparon a la modernidad y la desintegración familiar por ciertos problemas sociales.

En las elecciones de 1970, el PAN mantuvo un discurso a favor de la democratización y la participación social, alineado con la doctrina social de la Iglesia, sin comprometer sus principios de liberalismo y laicidad.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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La posición política del PAN en las elecciones de 1958.

Imagen: Christlieb Ibarrola pronuncia discruso durante una ceremonia, Mérida, Yucatán, 1965.

La posición política del PAN en las elecciones de 1958.

Durante la primera mitad del siglo XX, el activismo político cristiano cambió sus objetivos para seguir rigiéndose bajo dos documentos papales: la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891 y la Quadragesimo Anno de Pío XI de 1931. Estos documentos llamaron a un acercamiento del clero a los sectores populares y a aplicar las enseñanzas del Evangelio para enfrentar las ideologías que influían en la causa obrera, como el socialismo y el anarquismo.

Con estas bases ideológicas, sumadas a los cambios en el pensamiento político como consecuencia del nuevo orden que trajo la Segunda Guerra Mundial, se conformó la llamada Democracia Cristiana en 1945. Esta nueva corriente se alejó de los intereses del alto clero para enfocarse en la resolución de los problemas de desigualdad social, asegurando así una importante base laborista en sus filas para defender al individuo y los derechos humanos.

La DC tenía afinidad tanto con algunas doctrinas del liberalismo como del socialismo. Por ejemplo, se respaldaba en el «personalismo», donde se reconocen todas las dimensiones del ser humano y su dignidad como respuesta a la visión antropocéntrica y secular del liberalismo. También tenía una orientación «comunitarista», donde la colectividad debe ponerse al servicio de todos sin anteponer a ningún grupo social sobre otro o reivindicar el poder del Estado, sino usar un criterio solidarista y pluralista donde tanto la Iglesia católica como las protestantes tenían su lugar.

Dentro de la derecha mexicana que se congregaba en las estructuras del PAN, el sector juvenil estaba atento a seguir los planteamientos surgidos de la DC, siendo uno de sus impulsores Hugo Gutiérrez Vega y otros líderes que criticaron el desempeño e ideas de los fundadores del partido, y pretendían actualizarlo según las circunstancias ideológicas contemporáneas. Este intento por modernizar al partido tuvo una respuesta negativa por parte de su fundador, Manuel Gómez Morin, quien criticó la posición de la DC sobre la participación de las instituciones religiosas en la resolución de problemas sociales. Gómez Morin reivindicaba la separación de la Iglesia y el Estado, argumentando que los planteamientos de la DC eran totalmente ajenos a la realidad nacional. Consideraba que el planteamiento político del PAN era la única respuesta adecuada desde el ámbito de la derecha.

La insistencia de Gómez Morin en seguir una línea institucional del partido generó una importante oposición a su liderazgo, encabezada por el grupo empresarial regiomontano y algunos partidarios de la DC. Muchos de sus seguidores, como Gutiérrez Vega, renunciaron al partido al percibir que la posición liberal de la dirigencia iba en contra del contexto de la época, donde movimientos sociales como la Revolución Cubana estaban ocurriendo y se alentaba la lucha sindical.

Para ese entonces, el PAN había reafirmado su posición de combatir al gobierno como un aparato autoritario, enarbolando tanto valores democráticos como éticos proporcionados por la religión. Esto se observa durante las dirigencias de Juan Gutiérrez Lascuráin de 1949 a 1956, Alfonso Ituarte Servín de 1956 a 1959 y José González Torres de 1959 a 1962, quienes provenían de asociaciones juveniles católicas como la ACJM y la ACM.

Mientras Gutiérrez Lascuráin mantenía una línea en concordancia con el pensamiento secular de Gómez Morin, tanto Ituarte Servín como González Torres estaban más en sintonía con las necesidades políticas de la Iglesia. En esta etapa, el partido se fortaleció mediante las asociaciones católicas en el país, lo que alejó al sector empresarial del partido y fortaleció la posición del PRI. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines ofreció garantías para la permanencia de su inversión, lo que atrajo a militantes radicales como los sinarquistas al PAN. Estos abandonaron el fallido PNM para buscar suerte en el PAN, imprimiéndole un tono radical con su agenda anticomunista, confesional e hispanista. Esto permitió que el partido ganara bases populares en estados donde el sinarquismo era fuerte, como en la región del Bajío.

A mediados de los años 50, el partido vivía un período de debate entre dos corrientes de pensamiento: una buscaba influir en la toma de decisiones de la presidencia, mientras que la otra pretendía redefinir el proyecto del partido y velar por la formación de la educación cívica de los mexicanos. En ambas posturas, los jóvenes jugaron un papel importante en las definiciones del partido, influyendo en la elección de Luis H. Álvarez como su candidato en las elecciones de 1958.

Durante su campaña electoral, Álvarez intentó presentarse como una verdadera alternativa al partido en el poder, respaldado por agrupaciones católicas que le proporcionaron apoyo propagandístico. Estas agrupaciones dieron voz a las quejas sobre el autoritarismo del PRI y el sistema de poder, destacando a los líderes juveniles como proponentes de la inclusión de la DC en la estructura ideológica del partido. Sin embargo, no pudieron revertir la situación donde el oficialismo demostró su poderío social, y las bases del panismo reivindicaron la orientación laica del partido en lugar de integrar los principios demócratas cristianos.

Ante esta situación, los partidarios de Álvarez intentaron fundar su propio partido llamado Movimiento Demócrata Cristiano, pero solo duraría unos meses debido a la falta de apoyo para sustentarlo a futuro.

Con la llegada de Adolfo López Mateos a la presidencia, se observó un deterioro rápido de la situación económica, donde el gobierno se endeudaba con préstamos extranjeros para compensar los ingresos de las exportaciones y financiar así las obras públicas. El objetivo era mantener la inversión del sector privado. Esta crisis se manifestó con la inconformidad de sectores sindicales y agraristas, como los ferrocarrileros, los maestros, los telegrafistas y el movimiento guerrillero de Rubén Jaramillo. Todos estos movimientos fueron reprimidos por la acción del entonces Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien se encargó de perseguir a los líderes de los movimientos, encarcelándolos o, en el caso de Jaramillo, ejecutándolos.

Sin duda, lo que representó un cisma en el contexto geopolítico fue la asociación de la Revolución Cubana con el comunismo y la presencia de grupos guerrilleros tanto en Colombia como en Venezuela, que se vieron motivados por el triunfo de Fidel Castro. Esto se convirtió en una amenaza para Estados Unidos, especialmente cuando estalló la «Crisis de los Misiles». Ante esta situación, el PAN tuvo que ofrecer una respuesta en su papel de partido opositor.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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El acoplamiento del PAN al presidencialismo de mitad del siglo XX.

Imagen: S/D. Luis H. Alvarez durante su campaña presidencial, 1958.

La formación de la izquierda moderna.

Si bien el régimen presidencialista se había abierto al pluralismo partidista a principios de la década de los ochenta, la izquierda no lograba conformar la unidad para ser una opción competitiva. La existencia de facciones ideológicas y de intereses de sus respectivos líderes hizo que fuera imposible conformar una propuesta sólida. Inesperadamente, la crisis económica que experimentó el país a principios de la década hizo que el régimen cambiara la orientación de sus políticas y abandonara el nacionalismo revolucionario para adoptar el neoliberalismo como opción para salir de las deudas. Esto provocó el quiebre con un sector del PRI identificado con la izquierda oficialista que ya no se identificaba desde el punto de vista ideológico, pero sobre todo porque no habían sido beneficiados dentro del régimen.

Todo esto conformó el bloque “Corriente Democrática” bajo la dirección del entonces gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y el veterano político Porfirio Muñoz Ledo, quienes junto con otros priistas mostraron su desacuerdo con el cambio de dirección del gobierno. Tanto ellos como sus seguidores anunciaron su renuncia al partido en octubre de 1987.

El liderazgo de Cárdenas era un gran atractivo para los sectores nacionalistas. Utilizando la figura de su padre, el general Lázaro Cárdenas, muchos lo asociaron con el sector socialista que había construido el sistema político moderno, convirtiéndolo en una figura atractiva para los partidos de izquierda que veían en él una oportunidad de destacar en el escenario político. Como consecuencia de su renuncia al PRI, además de llevarse a los políticos que acusaban la falta de democracia dentro del partido, se sumaron partidos satélites que habían acompañado al régimen durante décadas, como el PPS fundado por Lombardo Toledano, así como otros partidos como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Sin embargo, surgieron problemas con el caso del PMS de Heberto Castillo, donde surgieron conflictos sobre los pasos a seguir. Algunos cuestionaban si debían apoyar la candidatura de su líder a la presidencia o adoptar una actitud pragmática y sumarse al respaldo a Cárdenas. Esto llevó a una lucha de liderazgos y a acusaciones hacia Castillo de tomar una posición caudillista, mientras que sus partidarios acusaban a Cárdenas de querer resucitar el añejo presidencialismo con una clara orientación lombardista, cuestionando su compromiso con la democracia.

Así, los miembros del PMS se debatían entre aprovechar la oportunidad que les daba la candidatura de Cárdenas o mantenerse fieles a sus principios de luchar contra el sistema presidencialista a través de la democracia. Esto provocó que algunos de sus miembros abandonaran el partido para unirse al movimiento cardenista, al ver que en sus años de existencia no habían logrado formar una base social sólida. Mientras tanto, la popularidad de Cárdenas crecía entre los sectores populares, quienes lo veían como la opción para salir de la crisis que las nuevas fórmulas neoliberales no habían logrado resolver, dando paso a la formación de un bloque entre el CD del PRI, el PARM y el PPS, llamado «Frente Democrático Nacional» (FDN), algo que el resto de los partidos de izquierda no podían ignorar.

El postulado ideológico del movimiento sería la defensa del legado de la Revolución en el desarrollo del país, conformando una alianza pluriclasista que lucharía tanto por defender la soberanía de los recursos nacionales, como por velar por los intereses de los sectores populares y construir una democracia integral en el país. Se llamó tanto al PMS como al PRT a unirse en la candidatura al compartir las mismas metas.

Además de los militantes de los partidos, el sector intelectual también abogaba por la necesidad de apoyar las pretensiones de Cárdenas si se esperaba consolidar un sistema democrático. Hacían un llamado para abandonar sus posiciones ideológicas y aprovechar lo que veían como una oportunidad para lograr este objetivo. Mientras tanto, los sectores de la izquierda radical criticaban esta postura oportunista y llamaban a la toma de conciencia de la sociedad.

Para sustentar su postura, el PMS recordaba la trayectoria de Cárdenas dentro del PRI y cómo había permanecido en el partido cuando le convenía, así como su paso por el Movimiento de Liberación Nacional en los años sesenta. Con el fin de asegurar su independencia, Castillo radicalizaba su discurso pretendiendo alcanzar una posición purista. Llamaba al resto de los partidos socialistas a unirse asegurando la pervivencia de sus principios.

A pesar de los esfuerzos de Castillo por alzarse como defensor de los valores socialistas, la tendencia dentro de los partidos de izquierda era inclinarse hacia la opción cardenista. No solo conformaban alianzas, sino que también abandonaban sus partidos para unirse a la campaña de Cárdenas. Por lo tanto, para junio de 1988, Castillo sucumbió y anunció su renuncia a la candidatura para apoyar a Cárdenas.

Dentro del convenio de alianza entre los dirigentes de los partidos, se fijaron como objetivos lograr la democratización del país, poner fin al sistema del partido único, garantizar la igualdad para todos los partidos, promover la competencia y proporcionalidad dentro del gobierno, fomentar el federalismo y la soberanía municipal, asegurar la libertad y el derecho a la información, reafirmar la importancia del Estado sobre la soberanía de los recursos energéticos, velar por la autonomía universitaria, y promover la justicia social, entre otros puntos.

A pesar de este giro contradictorio donde la izquierda tuvo que valerse de un sector del PRI para ganar elecciones en lugar de haber conseguido una base propia, era evidente que muchos partidarios veían el atractivo que representaba Cuauhtémoc al ser un representante del cardenismo, que gozaba de buena popularidad. Por lo tanto, muchos prefirieron usar su imagen para alcanzar el objetivo de arraigar el socialismo en el país, revirtiendo así la tendencia de alejamiento de la sociedad.

Así, para las elecciones de 1988, la izquierda había conformado una candidatura fuerte capaz de congregar a las masas que demostraban su apoyo a la causa cardenista. Esto se tradujo en una seria amenaza para el PRI, que veía cómo se desmoronaban las bases que habían construido a lo largo de décadas en tan solo unos meses.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Massimo Modonesi. La crisis histórica de los comunistas mexicanos, del libro Camaradas. Nueva historia del comunismo en México.

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La decadencia del comunismo mexicano.

Imagen: Pedro Valtierra. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo, durante la fundación del PRD, en el Zócalo de la Ciudad de México. Fuente: https://elpais.com/mexico/2023-07-10/la-vida-de-porfirio-munoz-ledo-en-imagenes.html

El contexto geopolítico de los 70 y México.

Desde mediados del siglo XIX, la política exterior mexicana se caracterizó por mantener un equilibrio para asegurar su independencia con respecto a otras potencias, especialmente para defenderse de la amenaza permanente de Estados Unidos. Esto implicaba jugar un sistema de contrapesos entre todas las potencias para garantizar su apoyo en caso de alguna agresión extranjera.

Así, Benito Juárez tuvo que apoyarse en Estados Unidos para enfrentar la agresión de Francia, Gran Bretaña y España. Porfirio Díaz, por su parte, se acercó a estas potencias para mantenerse distante del expansionismo estadounidense. Los gobiernos revolucionarios siguieron esta dinámica para adquirir el reconocimiento de su legitimidad, como ocurrió con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Conforme la tensión entre las potencias internacionales iba aumentando, amenazando con el estallido de otra guerra mundial, México aprovechó esta dinámica para lograr sus objetivos internos. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas respaldó la expropiación petrolera apoyándose en las buenas relaciones mantenidas con Alemania para ganarse el favor de Estados Unidos y lograr que este intercediera para reducir la beligerancia de Gran Bretaña y los Países Bajos. Avila Camacho también se decantó por los aliados, al no serle de utilidad el Eje.

En la década de los 60, la cancillería mexicana fue muy activa en mantener los equilibrios diplomáticos ante la creciente Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este principio fue adoptado por Adolfo López Mateos, quien realizó constantes giras en países de ambos bloques para asegurarse de mantener buenas relaciones con todos, disminuyendo así las posibilidades del surgimiento de algún movimiento desestabilizador que pudiera poner en peligro al gobierno.

Por otro lado, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, México se acercó a la órbita estadounidense como táctica para enfrentar las disidencias internas, como los movimientos sindicales y estudiantiles que alcanzaron su punto de crisis en 1968. Para justificar estas acciones ante la sociedad, Díaz Ordaz mantuvo una retórica sobre la conspiración comunista como fuente de desestabilización, en lugar de revisar su propio accionar.

La dinámica externa cambió nuevamente con la llegada de Luis Echeverría en 1970, quien decidió alejarse de la esfera estadounidense y apostar por el multilateralismo. Echeverría mantuvo relaciones cordiales no solo con el bloque soviético, sino también con el llamado «Tercer Mundo», compuesto por países que abogaban por mantener una posición neutral entre ambos bloques. A este grupo se unieron los países que emergieron del proceso de descolonización en Asia y África.

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, México trató de mantener el equilibrio geopolítico para garantizar su independencia en la lucha internacional entre los bloques, manteniendo su presencia en la construcción de organismos internacionales destinados al mantenimiento de la paz global, como la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Fruto de estos esfuerzos fue el Tratado de Tlatelolco de 1967, en el que las naciones latinoamericanas se comprometieron a no adquirir ni desarrollar armas nucleares.

Una de las razones por las que Echeverría apostó por la multipolaridad en lugar de seguir una línea favorable a Estados Unidos fue el evidente desarrollo de potencias que habían quedado debilitadas tanto por los efectos de la guerra como por la descolonización, como fue el caso de las naciones europeas y Japón, que ya se habían recuperado y ofrecían ser fuertes competidores a la hegemonía estadounidense. Para entonces, la situación externa de Estados Unidos era menos favorable, su fracaso en la Guerra de Vietnam estaba teniendo repercusiones tanto en su influencia como en la animadversión de grupos disidentes. Por lo tanto, el gobierno de Richard Nixon apostó, a través de su secretario Henry Kissinger, por mantener conversaciones con el gobierno soviético y debilitarlo mediante el estrechamiento de relaciones con China. En ese contexto, América Latina no tuvo una importancia prioritaria.

Las potencias coloniales también enfrentaban fuertes problemas internos que minaban su hegemonía. En Francia, por ejemplo, Charles de Gaulle fue obligado a dejar el poder, mientras que la lucha por el poder entre los conservadores británicos abrió la puerta para que las naciones del Tercer Mundo buscaran un cambio que les permitiera liberarse de la influencia colonial y empezar a desarrollarse económicamente.

Es así como el Movimiento de Países No Alineados buscó ganar una posición que les permitiera obtener igualdad con las potencias y resolver disputas y diferencias de manera equitativa. Esta postura fue favorable en un contexto de división de las potencias, y algunos reclamos pudieron avanzar, aprovechando factores como la creciente importancia de recursos energéticos como el petróleo.

En América Latina, esta posición fue aprovechada por gobiernos reformistas que buscaban cambiar su situación de debilidad frente a las empresas multinacionales. Países como Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Chile buscaron recuperar la soberanía sobre sus recursos y aprovechar el mercado para mejorar sus ingresos.

Aprovechando el distanciamiento de Estados Unidos, las naciones latinoamericanas buscaron ganar independencia respecto a los intereses estadounidenses. Un ejemplo de esto fue Salvador Allende en Chile, quien se acercó al bloque socialista y abogaba por mantener una posición de diversidad ideológica. Sin embargo, Estados Unidos reaccionó ante estos intentos de autonomía, y comenzó a actuar a través de la dirección de Kissinger. Esto se evidenció con el derrocamiento de Salvador Allende en septiembre de 1973, desencadenando una ola de golpes de Estado en el resto de las naciones latinoamericanas para instaurar dictaduras militares afines a los intereses estadounidenses.

Además, Estados Unidos aprovechó las divisiones en el seno de los países no alineados para brindar apoyo a algunas naciones y debilitar así el peso del bloque. La unificación de objetivos por parte de las naciones capitalistas también contribuyó a la desestabilización interna. Este fue el contexto al que Echeverría tuvo que enfrentarse ante las necesidades internas de México, que ya mostraba señales de agotamiento con respecto al «milagro mexicano».

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Blanca Torres. La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976): El renovado activismo global, de la revista Foro Internacional, vol.62.

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México en el contexto de la Guerra Fría.

Imagen: S/D. Luis Echeverria en Cuba junto con Fidel Castro, 1975.

La decadencia del comunismo mexicano.

A lo largo de su historia, el Partido Comunista se vio influenciado tanto por el oficialismo, que buscaba mantener la unidad política del país promoviendo el nacionalismo revolucionario, como por sectores de la sociedad de derechas que rechazaban su presencia y colaboraban con el gobierno para mantenerlos bajo control.

A pesar de que algunos sectores estudiantiles y líderes campesinos veían en el comunismo una opción ideológica para alcanzar sus metas, el constante acoso por parte del gobierno los mantenía en una posición marginal. Aquellos que optaban por la vía armada, como ocurría en otros países, eran aislados por el estado, privándolos de cualquier apoyo exterior y limitando su capacidad de movilización.

No fue hasta la década de los 70, durante la presidencia de José López Portillo, cuando se produjo una «apertura democrática» que permitió el registro de nuevos partidos, incluido el PCM. Esto brindó a sus militantes la oportunidad de participar abiertamente en la política, aunque enfrentaban pocas opciones de expansión debido a la fuerte influencia política del PRI y su capacidad para mantener el control social.

Es importante tener en cuenta que los grupos de izquierda en México siempre han estado marcados por divisiones ideológicas, lo que ha dificultado que el PCM ejerza una centralidad efectiva. La presencia de grupos como los trotskistas, los maoístas, los cardenistas y otros, quienes estaban en desacuerdo o eran antagonistas de los objetivos geopolíticos de la URSS, ha contribuido a obstaculizar su crecimiento. La reforma política permitió por primera vez la participación de estos grupos en los procesos electorales. Sin embargo, es importante recordar que en las elecciones de 1976, el líder sindical Valentín Campa se presentó como candidato independiente. A pesar de que la reforma política llevó a la obtención del 5% de representación para el PCM y dio lugar al surgimiento de nuevos partidos como el PSUM, el PMT y el PRT, su desempeño en las elecciones de 1982 y 1985 resultó en una disminución de la fracción que habían alcanzado. Esto se explica porque ninguna de las facciones tenía experiencia en captar simpatizantes fuera de sus propios círculos sociales, lo que los limitaba a pequeñas zonas de influencia en sectores sociales tradicionalmente afines al socialismo. Como resultado, perdieron lo poco que habían conquistado con la reforma política.

Las complicaciones surgieron en la década de los 80 como resultado de la crisis económica generada por las decisiones petroleras de López Portillo, lo que obligó a su sucesor, Miguel de la Madrid, a cambiar la orientación política del oficialismo hacia el neoliberalismo para intentar resolver las deudas de la nación. Esta transición provocó una crisis interna en el PRI, que había mantenido una línea ideológica de centro-izquierda bajo sus predecesores.

Para enfrentar la supervivencia a nivel partidista, la izquierda se vio obligada a dejar de lado sus divisiones ideológicas y buscar oportunidades para ampliar su alcance en la sociedad. Esto implicó aceptar participar en el juego democrático para contrarrestar la crisis internacional causada por el colapso del bloque socialista. Un ejemplo de esto se evidencia en las discusiones del XIX Congreso del PCM en 1981, donde los doctrinarios conocidos como los «dinos» cedieron su posición a los renovadores o «renos». Se llegó a la conclusión de la necesidad de formar alianzas con otros partidos escindidos, como el PSUM y el MAUS, así como con el PPM liderado por el político nayarita Alejandro Gázcón Mercado, y el MAP, de origen universitario y conformado por sindicalistas de la UNAM.

Mantener una coalición unida de izquierda siempre representó un desafío difícil de cumplir. En varias ocasiones, los líderes de los partidos tendían a romper los acuerdos en el último momento al no ver cumplidos sus intereses partidistas o personales. Además, las discusiones ideológicas sobre asuntos nacionales o internacionales podían provocar el quiebre de los pactos, lo que obligaba a los partidos separados a competir por sí mismos, marcando así su declive debido a su limitada capacidad para captar votos y mantenerse vigentes.

Para 1985, las críticas internas dentro de la alianza surgieron por la constante reducción de sus votantes en las urnas. Esto se evidenció en la ponencia de Pablo Gómez del PSUM, quien señaló el retroceso en la movilización, la disminución de la militancia, la concentración del poder de decisión en manos de unos pocos líderes y la mala imagen pública ocasionada por eventos como el secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo por parte de militantes del Partido de los Pobres.

Como resultado, se tomó la decisión de fusionar varios partidos para formar una izquierda de masas capaz de llevar al país hacia el socialismo. De este modo, nació el Partido Mexicano Socialista (PMS), que destacaba por promover una vida democratizada, garantizar la pluralidad de ideas y proponer soluciones para enfrentar la crisis económica.

El proyecto liderado por Heriberto Castillo no logró evitar la constante división de facciones que dieron origen a nuevos partidos de izquierda con diversas ideologías. Entre ellos se encontraba el PPR, surgido de la Liga Comunista 23 de Septiembre y de tendencia radical, la UIC con orientación marxista-leninista, el MRP, más diversificado y liderado por estudiantes y colonos, así como el PST, inicialmente de orientación cardenista y que luego se transformaría en el PFCRN.

Esto dejó a la izquierda en una posición de futuro incierto, ya que todos estos partidos eran débiles debido a su escaso alcance social. Además, el énfasis democratizador del PMS impedía que este tomara el liderazgo en la búsqueda de la unidad para formar un frente unificado. Sin embargo, en el camino hacia las elecciones de 1988, surgió una oportunidad para el PMS debido a la crisis política del PRI. Importantes miembros del partido se separaron de él y vieron en la izquierda una opción para desafiar el poder de la cúpula del partido.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Massimo Modonesi. La crisis histórica de los comunistas mexicanos, del libro Camaradas. Nueva historia del comunismo en México.

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Influencias en el desarrollo del marxismo mexicano contemporáneo.

Imagen:

 – Izquierda: Logotipo del Partido Comunista Mexicano.

 – Derecha: Logotipo del Partido Mexicano Socialista.

La CTM bajo el orden avilacamachista.

Dentro de la lucha de poderes librada por el presidente Manuel Ávila Camacho, la CTM desempeñó un papel fundamental para imponer la supremacía presidencial sobre los remanentes del cardenismo que no se alineaban con el proyecto propuesto. Sin embargo, a raíz del hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y Fajita de Oro por los alemanes a mediados de 1942, la CTM tuvo que cambiar su enfoque para asegurar la política de «unidad nacional» en un contexto de guerra.

Los ataques se redirigieron hacia las organizaciones de derecha que se apartaban de los lineamientos presidencialistas, acusándolas de estar conspirando con las potencias del Eje. Esto incluía al recién formado PAN, los sinarquistas, las agrupaciones franquistas y, sobre todo, movimientos radicales como los Camisas Doradas, de clara orientación fascista. Sin embargo, este cambio también implicó un aumento del autoritarismo dentro de la estructura de la organización. Una de las medidas implementadas fue la prohibición del derecho de huelga bajo la excusa de formar un frente unido orientado a los esfuerzos de guerra, con el objetivo de alcanzar una paz entre las organizaciones obreras y el sector patronal para fomentar la inversión.

Quien estaba al mando de la CTM era ni más ni menos que Fidel Velázquez, quien a la postre se convertiría en el cacique sindical durante décadas y, en esos años, estaba comenzando a consolidar sus estructuras de poder con el respaldo presidencial. Mientras tanto, él se convertía en la figura que mantenía bajo control las reclamaciones sindicales.

Todo comenzó con la renovación de la dirigencia de la organización a principios de 1943, donde, utilizando la excusa de la guerra, se llegó al «consenso» de sostener a Velázquez ampliando su mandato de 2 a 4 años más. La principal base para esto fue la Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF), que, debido a la cantidad de afiliados, era el sindicato más fuerte del país y aquel que controlaba el líder. Por lo tanto, las demás organizaciones se limitaron a seguir los mandatos de las cúpulas. La única oposición dentro de los sindicatos provenía de los grupos asociados al Partido Comunista, pero su rango de influencia era comparativamente menor frente a los sindicatos bajo el control de Velázquez. Intentaron, respaldados por la figura del anterior jefe sindical, Vicente Lombardo Toledano, proponer como rival para la secretaría al general Celestino Gasca, apoyado por el líder sindicalista azucarero de Veracruz, Vidal Díaz Muñoz.

La lucha de poder en los sindicatos de los años 40 se revela como sumamente compleja, como lo demuestra el respaldo dado por Lombardo Toledano a la permanencia de Velázquez. A pesar de ser uno de los representantes del socialismo en el país, su lealtad al proyecto presidencialista siempre fue el motor de sus acciones, sin importar si se trataba de atacar a las mismas agrupaciones opositoras de izquierda. El pequeño desencuentro planteado por los comunistas fue superado, y Velázquez dio los primeros pasos para su perpetuación en el poder. Esto representó la expulsión de Díaz Muñoz del sindicato, un duro revés para el PCM que vio aún más reducido su margen de acción en el ámbito sindical.

Con el control total de la CTM, se establecieron los lineamientos a seguir en los siguientes años, que incluían la lucha contra cualquier agrupación de derecha que representara una amenaza para la estabilidad del país, el respaldo irrestricto a la figura presidencial y la proposición de medidas para frenar la creciente inflación de los productos de primera necesidad. Las organizaciones proletarias se vieron obligadas a acatar estas directrices.

Aunque la CTM fue concebida como una organización marxista, la orientación de derecha del presidente Ávila Camacho hacía imposible mantener una línea radical como la planteada por Lombardo Toledano. Por lo tanto, tuvo que aclarar que la finalidad de la organización no era mantener una lucha abierta contra la religión, sino garantizar la separación de la Iglesia y el Estado, evitando cualquier tipo de intromisión de la primera en la vida política. También se posicionó como una de las bases morales de la política revolucionaria, buscando concientizar a los sindicatos en los valores de la lucha como medida para «combatir la corrupción». La CTM se convirtió en un actor fundamental en la formación del PRM, un aparato político de amplio alcance en todos los sectores de la sociedad, destinado a garantizar la gobernabilidad del país. Uno de los últimos llamados de Lombardo Toledano a las bases cetemistas fue disolver las agrupaciones de influencia, poner fin a los lombardistas y los velazquistas para formar un frente unido que ayudara a cumplir con los objetivos de la patria.

Con ello, el 31 de marzo de 1943, Fidel Velázquez se convertía en el máximo líder sindical del país. Solo le quedaba enfrentar la disidencia de las federaciones de Jalisco, Veracruz y Tamaulipas, que concentraron las oposiciones a su liderazgo. Todo esto formaba parte de la manifestación del presidencialismo, donde el presidente tenía que convertirse en una especie de soberano absoluto durante el tiempo que estuviera en el poder. Esto lo demostraría el mismo Lázaro Cárdenas, quien, para dar el ejemplo, guardaría disciplina a las decisiones de Ávila Camacho.

El Estado se convertiría en la entidad omnipresente en la sociedad mexicana, siendo el principal participante en todas las acciones realizadas por sus habitantes al convertirse en el garante de la vida pública de los mexicanos. Actuaría como intermediario entre el sector privado y el obrero, no admitiendo la presencia de agrupaciones que pudieran rivalizar con el sistema. Mantendría esta estructura hasta finales del siglo XX.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Luis Medina. Del cardenismo al avilacamachismo.

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El juego político de Manuel Ávila Camacho.

Imagen: Hermanos Casasola. Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez Sánchez, y otros hombres, junto a un edificio, 1940.

La asimilación de los Testigos de Jehová en la sociedad mexicana.

Para la década de 1920, la comunidad de los Testigos de Jehová había logrado establecerse en el país, pero experimentaría divisiones en los primeros años entre los seguidores de Alexandre Freytag, liderados por Abel Ortega. Encontrarían un aliado clave en los gobiernos del Maximato, quienes, en su lucha contra la Iglesia Católica, aceptarían su predicación al considerarlos una «organización comunista».

Mientras tanto, los seguidores del juez Rutherford, quien lideraba la rama principal, quedaron fragmentados al dividirse su comunidad en congregaciones repartidas en México, Guadalajara, Monterrey y Veracruz. Sin embargo, quedaron tan debilitados que la congregación capitalina apenas contaba con 13 miembros. Ante esta situación, la Watch Tower Bible and Tract Society (WTBTS) enviaría al predicador colombiano Roberto Montero para organizar las congregaciones mexicanas hacia 1920.

En las décadas siguientes, los seguidores no experimentaron un crecimiento significativo y estuvieron al borde de la desaparición, siendo los pocos predicadores que quedaron el único soporte activo en el país.

Hacia finales de mayo de 1927, se concentraron para constituir la «Rama Mexicana de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia», reuniéndose en un salón de estudios en la capital para definir las rutas a seguir para la predicación. Sin embargo, llamaron la atención de las autoridades y comenzaron a ser investigados por la Secretaría de Gobernación. A finales de julio, enviaron a un agente para revisar el salón, quien determinó que una congregación de 12 a 15 personas que solo se reunía los domingos para leer la Biblia no violaba la prohibición de realizar actos religiosos en público.

En 1929, el juez Rutherford centró su atención en México y puso a cargo a David Osorio Morales. Este decidió solicitar al gobierno los criterios para verificar si su organización cumplía con las disposiciones sobre las congregaciones religiosas y asegurarse de que no estaban violando la ley. Defendió que se trataba de una asociación que analizaba la Biblia desde diferentes perspectivas y que utilizaba los medios de comunicación modernos para mostrar sus trabajos. Además, para desmarcarse de la denominación de «congregación religiosa», Ortega señaló que en la asociación no había un clero que dirigiese a los seguidores y que para ingresar solo bastaba la «determinación individual» para ser aceptado.

La disposición de la congregación para reconocer las figuras legales, como el registro y los matrimonios civiles, aspectos que en otros países no aceptaban, llevó a que la Secretaría de Gobernación les diera el visto bueno para su permanencia. Sin embargo, se les condicionó a seguir estrictamente las disposiciones en materia religiosa. Ortega respondió indicando que estaban dispuestos a colaborar para ayudar a los más humildes a salir de la pobreza y ratificaron sus acciones anticlericales.

A pesar del respaldo del gobierno, los Testigos de Jehová no lograron aumentar sus números, ya que para 1932 solo contaban con 82 miembros en todo el país. Esto llevó a que, al año siguiente, el mismo juez Rutherford visitara la congregación para transmitir su mensaje y realizar movimientos internos dentro de la dirigencia. En ese momento, sus instrumentos de predicación incluían la impresión de periódicos, boletines y folletos para repartir al público, así como la colocación de mensajes radiofónicos y el uso de fonógrafos en autos, reproduciendo mensajes grabados para que fueran escuchados por los transeúntes. Destacaron que servían al estado como instrumentos «desfanatizadores», buscando llevar el verdadero mensaje bíblico.

Un caso aparte lo representaría Chiapas, donde un impresor de apellido Carreón se convirtió en uno de los nuevos adeptos a la religión. Decidió iniciar su carrera recorriendo el estado a lo largo de la década de los años 20, enfocándose en la región costera desde Arriaga hasta Tapachula. Trabajó de esta manera hasta el año 1931, cuando pudo asistir a una reunión de la congregación Watch Tower Bible and Tract Society (WTBTS). En dicha reunión, les pidieron distribuir lecturas de forma gratuita y no vender libros. Este llamado ofendió a Carreón, quien decidió abandonar la organización. Junto con el señor Isaac Pérez de Veracruz, fundaron el grupo «Estudiantes Nacionales de la Biblia» hacia 1933, provocando la segunda escisión de los Testigos para crear una variante netamente nacionalista.

Una vez organizados, se acercaron al gobierno para registrarse bajo la denominación de «Asociación Nacional de Estudiantes de la Biblia» (ANEB). Marcaban una diferencia clave al afirmar que creían tanto en Jehová como en Cristo, y aceptaban la Biblia como palabra de Dios. Estas doctrinas eran completamente contrarias a las de los Testigos y estaban alineadas con el sistema de creencias de la cultura mexicana.

Al igual que las otras dos asociaciones, la ANEB también se describió ante el gobierno como una organización que luchaba contra el fanatismo religioso y que no era una religión al no tener clero. Se dedicaba tanto a los estudios bíblicos, culturales y científicos, como a cantar himnos y orar al «Gran Jehová». Aunque afirmaban que estas actividades no eran devocionales, sino para reconcentrar a los estudiantes. Todo parecía marchar bien para su registro como asociación, pero los agentes del gobierno descubrieron una irregularidad en el domicilio registrado como sede. La dirección dada en Azcapotzalco no pertenecía al señor Pérez, sino que era una de las sedes de la Torre del Vigía. Por lo tanto, se le llamó y se le exigió que debía tener una propiedad a su nombre, como lo exigía la constitución sobre las organizaciones religiosas. Dado que Pérez en realidad vivía en el puerto jarocho y no continuó con el proceso, se suspendió su autorización y se perdió toda pista tanto del señor Pérez como del señor Carreón y del resto de los integrantes de la ANEB.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Harim B. Gutiérrez. Apuntes para una historia de los Testigos de Jehová en México: Los orígenes, las primeras disidencias y la consolidación de su movimiento, 1919-1944, de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México no. 28.

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La llegada de los Testigos de Jehová a México.

Imagen: Anónimo. Varias familias de testigos de Jehová, frente al lugar donde tenían sus reuniones cristianas, en el estado de Chihuahua, México. 1952

El sector universitario contra las políticas educativas socialistas.

Dentro del plan de reformas que se esperaba llevar a cabo en la época del Maximato, uno de los cambios más anticipados era la modificación del artículo 3ro en relación con la educación. Las bases del Partido Nacional Revolucionario (PNR) liderado por los callistas decidieron, como parte de su ofensiva contra los sectores conservadores, eliminar la exigencia de que la educación pública fuera laica y sustituirla por el modelo socialista-racionalista implementado por Tomás Garrido Canabal en Tabasco. Esta iniciativa se vio obstaculizada tanto por los representantes de la derecha, las resistencias internas del PNR que esperaban disputar el poder, como por el líder sindical Luis N. Morones. Sin embargo, encontró una fuerte oposición en el sector universitario, representada por el rector de la UNAM, el doctor Fernando Ocaranza. Ocaranza criticó este intento de ideologizar la educación infantil, considerándolo un atentado contra la libertad de cátedra y la autonomía para seguir los intereses de las élites políticas.

El debate fue retomado por el designado para ocupar el cargo por parte del Jefe Máximo, Lázaro Cárdenas, quien era un defensor abierto de implementar el socialismo como parte de la política educativa a seguir. Consideraba que estos valores eran fundamentales para sacar de la miseria a gran parte del país y, con ello, dar un paso más hacia la superación de la «lucha de clases». Cuando ascendió a la presidencia, llevó a cabo esta política. Sin embargo, esto generó conflictos con los directivos de la UNAM, ya que el gobierno tenía herramientas para someterlos, como el control sobre el presupuesto. La defensa universitaria radicaba en exigir el respeto a la autonomía recién ganada en 1929, solicitando dejar de lado las demandas ideológicas hacia los catedráticos sobre cómo impartir sus clases. Esto implicaba la necesidad de presionar en términos presupuestarios, ya que cualquier recorte se consideraría un atentado contra su autonomía.

En 1935, Cárdenas encontraría la excusa para realizar recortes presupuestarios al exigir resultados en las diferentes facultades. El Consejo Universitario respondió argumentando la necesidad de que el gobierno se mantuviera al margen de los asuntos universitarios. Al igual que el gobierno, ellos también se comprometían con el mejoramiento social y no eran ajenos a las necesidades del pueblo. Era necesario mantenerse libres de cualquier ideología pasajera o de los intereses del grupo en el poder.

Cárdenas resultó ser un crítico abierto del liberalismo universitario, ya que desde su perspectiva, este provocaba que los futuros profesionistas percibieran como ajenas las necesidades del pueblo para progresar. Por lo tanto, él veía la necesidad de incorporar un enfoque socialista en la educación superior como clave para el desarrollo. Dado que el gobierno era el principal patrocinador de la UNAM, consideraba que tenía el derecho de decidir sobre la educación impartida en la institución para orientarla a abordar los desafíos que consideraba prioritarios. Según él, tenía la facultad de cambiar los lineamientos de la autonomía universitaria.

La disputa se intensificó con la intervención de los partidarios cardenistas, quienes estaban en sintonía con su discurso. Argumentaban que la libertad de cátedra solo llevaba a que los profesionistas enfocaran sus carreras en objetivos personalistas, alejándose de las necesidades populares. Por lo tanto, proponían que el gobierno dejara de financiar a la UNAM para que esta fuera sostenida por el sector privado. Proponían que el dinero destinado a la universidad se utilizara para mejorar las escuelas públicas. Para 1937, el presupuesto de estas últimas rondaba los $4,300,000 pesos con un déficit de $2,800,000.

Frente a estas disputas, la universidad se encontraba incapacitada para resistir los intentos de sometimiento por parte de Cárdenas. El profesorado estaba convencido de la necesidad de no ceder ante el gobierno para preservar la libertad de cátedra. Sin embargo, una parte de la comunidad universitaria irónicamente encontró su lugar al integrarse a las facciones internas del oficialismo al unirse al Primer Congreso de Estudiantes Socialistas liderado por Garrido Canabal. Al evento asistieron diversos representantes del estudiantado a nivel nacional, pertenecientes a las emergentes universidades estatales. Destacaron la presencia tanto de Vicente Lombardo Toledano como la de Carlos A. Madrazo.

El congreso estuvo marcado por manifestaciones de la parafernalia garridista, como el entonar «La Internacional», la presencia de los Camisas Rojas y la hostilidad hacia y destrucción de cualquier elemento religioso que llevaran los asistentes. Como resultado de la reunión, se llegaron a acuerdos sobre la necesidad de seguir los lineamientos del gobierno, estableciendo como la ideología a seguir el «socialismo científico». Esto se planteó como una manera de erradicar los prejuicios, el dogma religioso y el alcoholismo, que eran vistos como instrumentos de la oligarquía para mantener al pueblo sometido.

Como resultado de este congreso, se establecieron los lineamientos para la creación de una nueva institución educativa pública como respuesta a las críticas dirigidas contra la UNAM. A diferencia de esta última, la nueva institución tendría como principio colaborar estrechamente con el gobierno para impulsar el desarrollo del país. Como resultado de la solicitud realizada hacia el Estado por parte de los asistentes, se materializó la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) por parte de Cárdenas en 1936. Esta iniciativa formaba parte de un proyecto más amplio que proponía la creación de instituciones educativas para los hijos de los obreros, donde recibirían una formación orientada hacia los principios socialistas. El objetivo era formar una clase profesional capaz de enfrentarse al imperialismo internacional y alejarse de cualquier influencia de la burguesía.

Con ello, nació la segunda institución educativa en importancia del país, basada en la interpretación particular del oficialismo revolucionario sobre el socialismo. Se erigió como una alternativa para la creciente clase media-baja de los sectores trabajadores, permitiéndoles acceder a la educación superior siguiendo los lineamientos del gobierno, los cuales tenían como punto de origen la política educativa garridista.

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Federico Flores Pérez

Bibliografía: Carlos Martínez Assad. El laboratorio de la Revolución. El Tabasco garridista.

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Los inicios del autonomismo universitario.

Imagen:

• Izquierda: Anónimo. Visita de Lazaro Cardenas al Instituto Politécnico Nacional, 2 de enero de 1939.

• Derecha: Hermanos Casasola. Fernando Ocaranza, médico y rector, 1932.