El compromiso que significaba la nacionalización de la banca, anunciada el 1ro de septiembre de 1982 por José López Portillo, implicaba contener la fuga de capitales provocada por una crisis económica imposible de resolver debido a un cúmulo de problemas acumulados durante décadas. Esta decisión no era del agrado del presidente electo, Miguel de la Madrid, pero no podía atacar al presidente en funciones y tuvo que dar su apoyo a la medida.
El presidente de la Asociación de Banqueros, Víctor Manuel Herrera, estaba en contra de la medida y lanzó críticas precisas sobre sus alcances. Según su perspectiva, no se estaban resolviendo los problemas estructurales de la crisis, sino que solo se estaba comprando la deuda en dólares de la banca privada, lo que significaba que la crisis económica persistiría.
Tanto los partidos de izquierda como los satélites del PRI, el PSUM, e incluso los conservadores seguidores de la doctrina social de la Iglesia vieron esta medida como positiva y favorable para las clases populares. Por otro lado, el PAN y el sinarquista PDM adoptaron una postura en contra de la medida, acusando al gobierno de buscar chivos expiatorios para la crisis que habían provocado al querer implantar un «capitalismo monopólico del Estado».
A pesar de la resistencia de De la Madrid, la nacionalización de la banca ayudó a aminorar la resistencia de los sectores populares del PRI que no lo querían por ser partidario del neoliberalismo. Esto fortaleció el apoyo de las bases sindicalistas, obreras y del campesinado, quienes realizaron numerosas marchas de apoyo a la presidencia y al proyecto político, asegurando su continuidad para el sexenio entrante.
El divorcio con los banqueros y el gobierno era definitivo. El gremio y las asociaciones empresariales desplegaron su defensa en medios escritos, exponiendo la profesionalidad del sector y cómo estaban siendo usados como chivos expiatorios por el fracaso del gobierno. Además, llevaron a cabo acciones legales para tratar de ampararse ante la nacionalización, las cuales resultaron infructuosas debido al control de la presidencia sobre la Suprema Corte y la validez del decreto por ser causa de utilidad pública.
Tanto el oficialismo priista como los partidos de izquierda se dedicaron a despotricar contra los banqueros y la oposición por sus reclamos, considerándolos desproporcionados y viendo la medida como una acción moderada. Esta nacionalización fue valorada de forma positiva por los sectores medio-alto de la sociedad y los populares que estaban convencidos de la justificación de López Portillo.
En el contexto internacional y a pesar de la postura de los banqueros mexicanos, el sector financiero vio de forma positiva el decreto y negó las acusaciones de que el país estaba «en camino al socialismo». Esta medida reconocía la deuda con los acreedores externos al garantizarles el pago en dólares, por lo que el FMI interpretó que el gobierno solo intentaba tomar el control para evitar la bancarrota total de la banca nacional.
A partir del 6 de septiembre, después de un feriado de dos días hábiles, la nacionalización se implementó en la vida real. El gobierno logró evitar que los empresarios cumplieran su amenaza de entrar en paro nacional, aunque estos se mostraron inconformes por el cepo cambiario fijado en 70 pesos por dólar cuando en realidad valía 120. Esta medida ayudó a evitar la fuga de capitales y comenzó a generar más confianza por parte de los ahorradores.
El gobierno aclaró que se estaban expropiando las instituciones bancarias, no así los ahorros de los clientes, quienes tenían asegurado su patrimonio. Además, se trataba de asegurar que el Banco de México fuera la única institución capaz de proporcionar la demanda de dólares para los mexicanos, desmintiendo el mensaje alarmista de los exbanqueros.
Durante el proceso de transición del poder entre López Portillo y De la Madrid, se designó a Carlos Tello Macías como el gobernador del Banco de México. Una de las medidas que el gobierno entrante quería implementar era garantizar la autonomía de la institución bancaria con respecto al gobierno. Sin embargo, López Portillo no lo consideró prudente en ese momento y tampoco logró sacar adelante su propuesta de indemnización de pagos a los banqueros.
En estas circunstancias, se aprobó la Ley Orgánica del Banco de México, dejando a De la Madrid con poco margen para la renegociación de la deuda. Esto llevó a dividir a los organismos del Estado para atender las diferentes problemáticas económicas. Mientras la Secretaría de Hacienda, en manos de Jesús Silva-Herzog, se encargaba de la negociación con el FMI, el Banco de México se encargaría de restituir la confianza de los ahorradores, estimular el crecimiento económico bajando 13 puntos la tasa de interés y mitigar los efectos de la crisis.
Así, el país se mantuvo entre un gobierno saliente y uno entrante con dos visiones diferentes de actuar. La transición culminó el 1ro de diciembre cuando De la Madrid asumió plenamente la presidencia, trayendo consigo a los funcionarios neoliberales y deshaciéndose de los funcionarios del antiguo gobierno, como ocurrió con la destitución de Carlos Tello.
Miguel de la Madrid recibió un país en completa crisis. Mientras en 1981 el crecimiento económico estaba en un 7% con una inflación del 28%, para finales de 1982 se redujo a un raquítico 1% y una inflación del 100%. Además, se produjo una devaluación del peso de un 466%, pasando de 27 pesos por dólar a 148.5 pesos por dólar. Aunque la devaluación puede estimular la entrada de inversiones, en el contexto mexicano de principios de los 80 fue desastrosa, ya que ocurrió como consecuencia de la salida de capitales de los inversionistas y no como una medida del gobierno.
Esta situación redujo los ingresos nacionales a un 9%, afectando gravemente a la clase trabajadora, que no podía cubrir sus necesidades básicas con sus salarios. A pesar de medidas como los aumentos salariales, estos fueron insuficientes para contrarrestar la inflación, lo que llevó a un aumento del desempleo, alcanzando un 10%, equivalente a 2.4 millones de personas sin trabajo. La importación de bienes y servicios disminuyó en un 40%. Se estima que la salida de capitales fue del 7.2% del PIB y la especulación fomentó la salida de 6,000 millones de dólares. Por lo tanto, la implementación del modelo neoliberal tenía un gran reto por delante.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: José Luis Ávila. La era neoliberal.
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Imagen: S/D. Jose Lopez Portillo en la toma de posesion de Miguel de la Madrid. Diciembre de 1982.
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