A pesar de que los inicios de la década estuvieron marcados por los problemas derivados de las secuelas de la crisis de 1954, ya se empezaban a sentir los efectos de las políticas económicas del llamado «desarrollo estabilizador». Este enfoque implicaba que el gobierno se endeudara para invertir en obras públicas y así promover la inversión privada nacional y extranjera. Una de estas medidas fue la solicitud de un crédito por 265 millones de dólares a la Tesorería de los Estados Unidos, al Banco de Importaciones y Exportaciones y al Fondo Monetario Internacional, con el fin de mantener la paridad del peso.
Otro desafío a resolver era la cuestión laboral, ya que era evidente que los bajos ingresos de los trabajadores habían provocado movimientos sindicales durante los últimos años del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y los primeros de Adolfo López Mateos. Además, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 representaba una señal de alerta para abordar los problemas sociales y así prevenir la propagación del comunismo mediante una posible revuelta.
La solución que encontró el oficialismo fue ejercer un control absoluto sobre sus bases dentro del sindicalismo y acabar con las disidencias que estaban socavando la lealtad del sector obrero hacia el proyecto presidencial. Para ello, ordenaron arrestar a los líderes sindicales que habían liderado huelgas durante el último año de la administración anterior, reemplazándolos por los llamados «charros». Además, se ejecutó al caudillo Rubén Jaramillo, quien había liderado levantamientos campesinos en Morelos en años recientes.
Para mitigar las tensiones y evitar movilizaciones de trabajadores afectados, el gobierno otorgó mayores prestaciones laborales y creó organismos para brindarles apoyo. Se estableció el ISSSTE para proporcionar seguridad social a los trabajadores del estado, la CONASUPO para garantizar precios estables en productos básicos, se introdujeron los libros de texto gratuitos para las escuelas y se implementó un programa de desayunos escolares. Además, se decretó un aumento salarial del 6% y del 3.4% para la industria.
Estas acciones aseguraron la lealtad de los líderes sindicales y contribuyeron a controlar los problemas sociales, aunque se registró una disminución del 11% en la inversión. Ante esta situación, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, implementó una política de mayor inversión en obras públicas para evitar una desaceleración del crecimiento económico.
Estas medidas lograron su cometido para 1962 al nivelar la inversión privada y hacerla retornar al 11%, una tasa que se mantendría hasta los años 70. Gracias a estos esfuerzos, el aparato político conservó la confianza del sector empresarial, lo que garantizó la continuidad del sistema y aseguró los trabajos relacionados con la sucesión presidencial. Este puesto estaba destinado para el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien prometió seguir las mismas directrices económicas.
Ante estos resultados, la oposición tenía pocas opciones para presentar una oferta atractiva. El PAN eligió como candidato a José González Torres, quien criticó el papel del estado en la economía y la falta de democracia. También surgió el Frente Electoral del Pueblo, liderado por Ramón Danzós Palominos, denunciando la represión gubernamental contra los movimientos sociales. Sin embargo, este partido no fue reconocido por la Secretaría de Gobernación y sus líderes fueron perseguidos hasta su desaparición a principios de 1964.
En las elecciones, Díaz Ordaz ganó con 8 millones de votos, equivalentes al 88%, mientras que González Torres solo obtuvo 1,034,337 votos. Este éxito no se logró solo, ya que Díaz Ordaz recibió el respaldo de partidos satélites como el PARM y el PPS. Se formó una alianza con estos partidos «opositores» para evitar el crecimiento de nuevas fuerzas políticas y mantener al PAN en una posición marginal. Aunque estos partidos recibieron asistencia del gobierno al alcanzar solo un modesto 2.5% de votos, lo que les garantizó diputados federales.
Todo parecía indicar que el gobierno había encontrado la fórmula para salir del subdesarrollo. Habían logrado arraigar en la sociedad la cultura del ahorro, lo que permitía al estado obtener los recursos necesarios para seguir invirtiendo en obras públicas. La inflación estaba bajo control, la productividad del trabajo y del capital estaban en aumento, y la paridad peso-dólar se mantenía estable. Sin embargo, el problema a partir de 1965 radicaría en consolidar la base del financiamiento público mediante el control de la inflación y la estabilidad de la tasa de cambio. Se estaban dejando sin resolver los problemas estructurales relacionados con las distorsiones en la organización productiva.
La única solución aparente para mitigar este problema era aumentar la recaudación fiscal, ya que los impuestos aplicados hasta entonces eran insuficientes y se centraban principalmente en las rentas, intereses y dividendos, lo que se consideraba injusto. Por tanto, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México comenzaron a trabajar en una reforma fiscal para abordar esta situación. Se propuso la implementación de un impuesto global sobre empresas y personas físicas, pero esta medida no se llevó a cabo debido al temor de la administración pública de perder la imagen benévola y triunfalista que se había construido en los últimos años.
Debido a esta indecisión, la carga impositiva apenas aumentó del 6.8% que se pagaba a principios de 1960 a solo el 7% en 1970. Según la opinión de los empresarios, una baja carga impositiva aumentaba la capacidad de ahorro de la sociedad, lo que cumplía uno de los objetivos del «desarrollo estabilizador». Sin embargo, esto no logró aliviar el déficit público, que rondó alrededor del 14% durante la década.
La situación fiscal empeoró aún más debido a la reducción en los niveles de recaudación, como se refleja en el impuesto sobre la renta, que disminuyó del 10% en 1955 al 5.7% en 1965. Por otro lado, el impuesto sobre el ingreso al trabajo aumentó del 17% al 32%. Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a recurrir tanto a las reservas de los bancos comerciales como a solicitar más deuda a instituciones extranjeras. El sector bancario fue uno de los que más creció durante este período, pasando de tener solo el 11% del mercado en 1954 a alcanzar el 60% en 1970. Sin embargo, esta estrategia implicó una disminución en el ahorro gubernamental para poder reinvertir en el gasto público.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.
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La consolidación del “milagro económico”.
Imagen: Hermanos Casasola. Gustavo Díaz Ordaz saluda a la multitud, durante una manifestación, noviembre de 1963.
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