Los esfuerzos del gobierno por equiparar al país con los estados desarrollados estaban dando resultados, como lo indicaba el regreso al mercado de valores internacionales después de 50 años, con la emisión de Bonos para Fomento Económico por un valor de 40 millones de dólares, los cuales fueron adquiridos, mostrando la confianza de los inversores internacionales. Este éxito se debió a la disciplina mantenida por el gobierno para pagar las deudas puntualmente y realizar liquidaciones anticipadas, como el pago de la antigua deuda pública en 1960 y las indemnizaciones por la expropiación petrolera en 1963.
Sin embargo, a pesar de estos logros, el Estado empezó a enfrentar mayores dificultades para financiar sus intervenciones económicas, lo que llevó a un aumento de la deuda del 6.1% al 9.2%. Esto se debía a la necesidad de mantener su presencia en diversos sectores, como el transporte (24%), la producción de electricidad (22%) y la industria (12%), mientras que el resto era invertido por el sector privado. Esta situación estaba generando dificultades para obtener los recursos necesarios para mantener la inversión.
Una señal clara de estos problemas se refleja en el mercado crediticio, dominado en un 67% por la banca privada, con plazos de vencimiento de 5 a 8 años en promedio y tasas de interés superiores al 10%, las más altas del mercado. Esto ha llevado a que el coeficiente por servicio de deuda se eleve por encima del 25%, lo que representa la capacidad de pago del país. El gobierno ha tenido que recurrir constantemente a la deuda para cubrir los déficits de inversión pública, lo que dificulta cada vez más estar al día con los pagos, aumentar las reservas internacionales y mantener la paridad cambiaria.
Para la década en cuestión, el déficit en el intercambio de mercancías y servicios se financió en un 28% mediante inversión extranjera y en un 72% a través de deuda, debido a la rigidez del sistema comercial en exportaciones e importaciones. En 1965, el crecimiento económico fue prácticamente nulo como resultado de estos problemas y de las condiciones desfavorables en el mercado de materias primas a nivel internacional. Para asegurar un crecimiento sostenible, era necesario aumentar las exportaciones de productos manufacturados para impulsar el crecimiento industrial, un objetivo que en ese momento no se estaba logrando en el mercado externo.
El aumento de las necesidades del país se reflejó en un crecimiento de la balanza comercial, pasando del 7.1% en la década de los 50 al 7.7% en los 60, como parte de la política de sustitución de importaciones. Esto fue consecuencia del proceso de industrialización y la necesidad de adquirir maquinaria que no estaba disponible en el país, lo que se tradujo en un aumento de las compras de divisas del 24% en 1955 al 44% en 1970.
A finales de la década de los 60, México se encontraba entre los países más endeudados, ya que las exportaciones no eran suficientes para cubrir los ingresos necesarios para solventar las importaciones. Esta situación también hizo al país más dependiente de las innovaciones extranjeras para mantener una planta productiva costosa, lo que contribuyó a socavar la estabilidad económica y el tejido social interno.
Aunque la economía del país seguía creciendo a tasas del 6%, sectores como el agrícola se rezagaban con apenas un 2% de crecimiento hacia finales de la década, experimentando varias caídas durante ese periodo. A pesar de su contribución al financiamiento del crecimiento industrial, la falta de inversión y de una reforma agraria llevó a que este sector se agotara, siendo incapaz de satisfacer siquiera la demanda interna.
Por otro lado, el sector manufacturero experimentó el mayor crecimiento durante la década, con un aumento del 8.9% en comparación con la media del 7%, representando cerca del 23% de la producción nacional. Este crecimiento revirtió la tendencia negativa observada en el lustro de 1950 a 1955. Según los planes de los economistas, se esperaba aprovechar este crecimiento mediante la creación de un mercado interno protegido y restringido, donde se daría preferencia al consumo de productos locales, con aranceles que alcanzaban cerca del 34% del valor.
Sin embargo, uno de los problemas derivados fue la ineficiencia para producir la tecnología necesaria para sostener la propia industria, que solo abarcaba el 5% del total frente al 44% de bienes de consumo. Además, la apertura a la inversión extranjera permitió que las empresas transnacionales acapararan el 62% de la producción total del país, al tener la capacidad de importar tecnología industrial sin competencia local. Esto resultó en una disminución en las contrataciones del sector manufacturero, que pasaron de un crecimiento del 4.7% en la década de los 50 a un 3.7% en los 60, a pesar de que la población seguía creciendo a una tasa del 3.4% anual.
El abandono del campo y el aumento de la migración a las ciudades en busca de mejores oportunidades también ejercieron presión sobre el mercado laboral, ya que la maquinaria industrial reducía la necesidad de contratar personal, lo que no lograba satisfacer la demanda de empleo de una población en crecimiento.
Para finales de la década, los especialistas se dieron cuenta de que el crecimiento industrial no era capaz de resolver los desequilibrios internos, especialmente en una sociedad con un gran crecimiento demográfico, que situaba a México como el cuarto país más poblado del mundo. Sin embargo, este crecimiento no se traducía en empleo suficiente, lo que resultaba en un excedente de población desempleada. La capacidad de ascender a la clase media, que había sido la más próspera, resultaba insuficiente, y la concentración de la riqueza no disminuía. En términos de ingresos, el 70% de la sociedad mexicana se repartía solo el 31% de los ingresos nacionales, mientras que el 20% correspondiente a la clase media obtenía el 28% y el 10% de la clase alta se quedaba con el 41%. Esto contribuyó al aumento de la población en pobreza extrema, especialmente concentrada en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y al elevado índice de analfabetismo del 28% en todo el país.
Las tensiones sociales dentro del sistema se hicieron evidentes en 1968, donde resulta insuficiente para el gobierno acallarlos por medio de sus practicas represivas al no lograr un estado de bienestar generalizado. Esto marcó el inicio de un proceso de desaceleración del crecimiento económico en 1969, que el sistema de «desarrollo estabilizador» ya no pudo gestionar adecuadamente frente a la realidad nacional.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.
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Imagen:
- Izquierda: S/D. Jovenes en la Zona Rosa. 1970.
- Derecha: Cartón de Rius.
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