El gobierno mexicano, en busca de atraer inversión extranjera y aprovechando la devaluación de la moneda, logró aumentar significativamente la entrada de capital extranjero. Esto permitió al Estado adquirir créditos de instituciones internacionales, lo que a su vez llevó a un aumento considerable de la deuda externa, pasando de 105.8 millones de dólares en 1950 a 602.7 millones en 1958. Para sostener este esquema de deuda a largo plazo, se buscó fomentar la cultura del ahorro en la sociedad mexicana. El gobierno esperaba utilizar estos ahorros para reemplazar la deuda externa cuando fuera necesario, financiando así los proyectos estatales y fortaleciendo el mercado interno. Sin embargo, cualquier disminución en el ahorro podría tener consecuencias catastróficas.
Aunque al principio la reestructuración económica mostró resultados positivos, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.8% en 1956, este crecimiento se redujo al 3.8% en 1958 debido a una nueva fase recesiva en la economía mundial. Además, empezaron a sentirse las repercusiones del déficit comercial y se agotaron los beneficios de la devaluación.
La situación económica comenzó a deteriorarse debido al colapso de los precios de las materias primas clave como el zinc, plomo, cobre, algodón y café, siendo estos dos últimos los principales productos de exportación del país. Además, se observó una mayor demanda de productos esenciales como el maíz, lo que llevó a un aumento de los precios de la maquinaria necesaria para la modernización industrial, pasando de 287 millones de dólares en 1956 a 468 millones en 1958.
Esta situación impactó negativamente las reservas del Banco de México, que descendieron significativamente a 16.6 millones de dólares en 1957 y 77.3 millones en 1958, lo que generó preocupación por la posible salida de capitales. El sector privado expresó su desconfianza, reflejada en una caída del 10.8% en el ritmo de crecimiento de la inversión en 1957, seguido de un descenso al -1.6% en 1958. Esto provocó un aumento en los precios de los productos básicos y un deterioro del poder adquisitivo.
La crisis resultante reactivó los conflictos en el sector agropecuario, que había sido descuidado en términos de inversiones, en contraste con la preferencia dada a la gran propiedad y la industria, estimuladas por el control sindical del sector obrero, una situación que afectaba negativamente a la pequeña y mediana propiedad sin recibir beneficios significativos.
El periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines se iba terminando y la crisis económica que estaba quedando sin resolver podría disminuir su poder de decisión al momento de seleccionar a su sucesor. Para poder apaciguar a los sectores inconformes por la situación, Ruiz Cortines eligió a un perfil ligado a los sectores opositores como el vasconcelismo y al movimiento obrero: Adolfo López Mateos, quien fungía como su secretario del Trabajo y Previsión Social y, por lo tanto, era la liga de negociación con los sindicatos.
Dentro de la oposición también se estaban perfilando figuras que lideraban los sectores golpeados por la crisis. En el PAN, eligieron al empresario industrial Luis H. Álvarez, quien propugnaba por un proyecto de libre mercado hacia la iniciativa privada para salir de la crisis y como medio de impulso a la industrialización.
El proceso se vio ensombrecido por las acciones reaccionarias de los sectores disidentes al oficialismo, como la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que protagonizó una serie de invasiones a terrenos en el occidente y el noroeste. Estos grupos fueron desalojados y atendidos parcialmente. Asimismo, el movimiento sindicalista de Demetrio Vallejo y Othon Salazar en el magisterio fue reprimido, y para desalentar a sus seguidores se autorizó un aumento de los salarios de los obreros.
Las elecciones pasaron sin mayores problemas y López Mateos las ganó con una votación del 90.4%. Esto provocó protestas del PAN, que acusó fraude al solo adjudicarles 705,303 votos y ganar solo 6 escaños del congreso. Como protesta, el partido convocó a los diputados a dejar vacantes sus curules, pero solo hicieron caso 2 y el resto fue expulsado del partido.
Una vez asegurado el poder, el gobierno quitó su careta conciliadora y mandó a arrestar a todos los líderes disidentes como Salazar, Vallejo y Valentín Campa bajo el cargo de “disolución social”, ataque a las vías de comunicación y a la economía nacional.
A pesar de la crisis vivida a finales del sexenio de Ruiz Cortines, se cumplió el propósito de lograr un crecimiento generalizado en buena parte de los sectores (exceptuando el agropecuario y minero que solo lo hicieron al 4%). El resto creció por encima de la tasa del 6.1%, como los servicios al 7.6%, el petrolero y petroquímico al 7.6%, el eléctrico al 9.3%, la construcción y la manufactura al 7.3%. Además, se cumplió con el compromiso de lograr el crecimiento del sector manufacturero, el cual obtuvo el 18.3% del PIB en 1956, superando al campo con su 17%, consolidando la modernización de la economía.
El aumento de la urbanización fue una consecuencia directa del crecimiento económico experimentado durante el periodo, con un incremento significativo en la población que residía en ciudades. En 1960, aproximadamente el 50.7% de la población vivía en áreas urbanas, en contraste con el 42.6% registrado en 1950. Este fenómeno se concentró principalmente en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. A pesar de esta tendencia urbana, la distribución de la población económicamente activa seguía teniendo una base agrícola considerable, con alrededor del 54% trabajando en el sector agrícola y solo un 14% en el sector manufacturero.
El crecimiento económico sostenido, con un promedio anual del 6.6%, reflejó el éxito de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Esta asociación buscaba gradualmente reducir la intervención estatal en la economía, de manera que hacia finales de la década de 1950, el gobierno tenía una participación del 34% mientras que los empresarios representaban el 66% en la actividad económica. El gobierno se comprometió a invertir en momentos de incertidumbre económica para estimular el retorno de la inversión privada.
Aunque hubo cierta desconfianza por parte de los empresarios debido a las inclinaciones políticas declaradas tanto por el PRI como por López Mateos hacia la izquierda, como se evidenció en la expropiación de la industria eléctrica para establecer la paraestatal CFE, el gobierno procuró mantenerlos tranquilos y les brindó garantías para evitar la retirada de sus inversiones. Esto se logró en parte gracias al manejo técnico y económico de funcionarios como Rodrigo Gómez y Antonio Ortiz Mena, quienes se ocuparon de mantener la estabilidad y confianza en el sector empresarial.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.
Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794
Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737
Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera
Imagen: Hermanos Casasola. Adolfo López Mateos, protestando como presidente durante el cambio de poder, en Bellas Artes. 01-12-1958.
Antropósfera 