La industrialización en los 60.

A pesar de que los inicios de la década estuvieron marcados por los problemas derivados de las secuelas de la crisis de 1954, ya se empezaban a sentir los efectos de las políticas económicas del llamado «desarrollo estabilizador». Este enfoque implicaba que el gobierno se endeudara para invertir en obras públicas y así promover la inversión privada nacional y extranjera. Una de estas medidas fue la solicitud de un crédito por 265 millones de dólares a la Tesorería de los Estados Unidos, al Banco de Importaciones y Exportaciones y al Fondo Monetario Internacional, con el fin de mantener la paridad del peso.

Otro desafío a resolver era la cuestión laboral, ya que era evidente que los bajos ingresos de los trabajadores habían provocado movimientos sindicales durante los últimos años del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y los primeros de Adolfo López Mateos. Además, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 representaba una señal de alerta para abordar los problemas sociales y así prevenir la propagación del comunismo mediante una posible revuelta.

La solución que encontró el oficialismo fue ejercer un control absoluto sobre sus bases dentro del sindicalismo y acabar con las disidencias que estaban socavando la lealtad del sector obrero hacia el proyecto presidencial. Para ello, ordenaron arrestar a los líderes sindicales que habían liderado huelgas durante el último año de la administración anterior, reemplazándolos por los llamados «charros». Además, se ejecutó al caudillo Rubén Jaramillo, quien había liderado levantamientos campesinos en Morelos en años recientes.

Para mitigar las tensiones y evitar movilizaciones de trabajadores afectados, el gobierno otorgó mayores prestaciones laborales y creó organismos para brindarles apoyo. Se estableció el ISSSTE para proporcionar seguridad social a los trabajadores del estado, la CONASUPO para garantizar precios estables en productos básicos, se introdujeron los libros de texto gratuitos para las escuelas y se implementó un programa de desayunos escolares. Además, se decretó un aumento salarial del 6% y del 3.4% para la industria.

Estas acciones aseguraron la lealtad de los líderes sindicales y contribuyeron a controlar los problemas sociales, aunque se registró una disminución del 11% en la inversión. Ante esta situación, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, implementó una política de mayor inversión en obras públicas para evitar una desaceleración del crecimiento económico.

Estas medidas lograron su cometido para 1962 al nivelar la inversión privada y hacerla retornar al 11%, una tasa que se mantendría hasta los años 70. Gracias a estos esfuerzos, el aparato político conservó la confianza del sector empresarial, lo que garantizó la continuidad del sistema y aseguró los trabajos relacionados con la sucesión presidencial. Este puesto estaba destinado para el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien prometió seguir las mismas directrices económicas.

Ante estos resultados, la oposición tenía pocas opciones para presentar una oferta atractiva. El PAN eligió como candidato a José González Torres, quien criticó el papel del estado en la economía y la falta de democracia. También surgió el Frente Electoral del Pueblo, liderado por Ramón Danzós Palominos, denunciando la represión gubernamental contra los movimientos sociales. Sin embargo, este partido no fue reconocido por la Secretaría de Gobernación y sus líderes fueron perseguidos hasta su desaparición a principios de 1964.

En las elecciones, Díaz Ordaz ganó con 8 millones de votos, equivalentes al 88%, mientras que González Torres solo obtuvo 1,034,337 votos. Este éxito no se logró solo, ya que Díaz Ordaz recibió el respaldo de partidos satélites como el PARM y el PPS. Se formó una alianza con estos partidos «opositores» para evitar el crecimiento de nuevas fuerzas políticas y mantener al PAN en una posición marginal. Aunque estos partidos recibieron asistencia del gobierno al alcanzar solo un modesto 2.5% de votos, lo que les garantizó diputados federales.

Todo parecía indicar que el gobierno había encontrado la fórmula para salir del subdesarrollo. Habían logrado arraigar en la sociedad la cultura del ahorro, lo que permitía al estado obtener los recursos necesarios para seguir invirtiendo en obras públicas. La inflación estaba bajo control, la productividad del trabajo y del capital estaban en aumento, y la paridad peso-dólar se mantenía estable. Sin embargo, el problema a partir de 1965 radicaría en consolidar la base del financiamiento público mediante el control de la inflación y la estabilidad de la tasa de cambio. Se estaban dejando sin resolver los problemas estructurales relacionados con las distorsiones en la organización productiva.

La única solución aparente para mitigar este problema era aumentar la recaudación fiscal, ya que los impuestos aplicados hasta entonces eran insuficientes y se centraban principalmente en las rentas, intereses y dividendos, lo que se consideraba injusto. Por tanto, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México comenzaron a trabajar en una reforma fiscal para abordar esta situación. Se propuso la implementación de un impuesto global sobre empresas y personas físicas, pero esta medida no se llevó a cabo debido al temor de la administración pública de perder la imagen benévola y triunfalista que se había construido en los últimos años.

Debido a esta indecisión, la carga impositiva apenas aumentó del 6.8% que se pagaba a principios de 1960 a solo el 7% en 1970. Según la opinión de los empresarios, una baja carga impositiva aumentaba la capacidad de ahorro de la sociedad, lo que cumplía uno de los objetivos del «desarrollo estabilizador». Sin embargo, esto no logró aliviar el déficit público, que rondó alrededor del 14% durante la década.

La situación fiscal empeoró aún más debido a la reducción en los niveles de recaudación, como se refleja en el impuesto sobre la renta, que disminuyó del 10% en 1955 al 5.7% en 1965. Por otro lado, el impuesto sobre el ingreso al trabajo aumentó del 17% al 32%. Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a recurrir tanto a las reservas de los bancos comerciales como a solicitar más deuda a instituciones extranjeras. El sector bancario fue uno de los que más creció durante este período, pasando de tener solo el 11% del mercado en 1954 a alcanzar el 60% en 1970. Sin embargo, esta estrategia implicó una disminución en el ahorro gubernamental para poder reinvertir en el gasto público.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La consolidación del “milagro económico”.

Imagen: Hermanos Casasola. Gustavo Díaz Ordaz saluda a la multitud, durante una manifestación, noviembre de 1963.

La posición política del PAN en las elecciones de 1958.

Durante la primera mitad del siglo XX, el activismo político cristiano cambió sus objetivos para seguir rigiéndose bajo dos documentos papales: la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891 y la Quadragesimo Anno de Pío XI de 1931. Estos documentos llamaron a un acercamiento del clero a los sectores populares y a aplicar las enseñanzas del Evangelio para enfrentar las ideologías que influían en la causa obrera, como el socialismo y el anarquismo.

Con estas bases ideológicas, sumadas a los cambios en el pensamiento político como consecuencia del nuevo orden que trajo la Segunda Guerra Mundial, se conformó la llamada Democracia Cristiana en 1945. Esta nueva corriente se alejó de los intereses del alto clero para enfocarse en la resolución de los problemas de desigualdad social, asegurando así una importante base laborista en sus filas para defender al individuo y los derechos humanos.

La DC tenía afinidad tanto con algunas doctrinas del liberalismo como del socialismo. Por ejemplo, se respaldaba en el «personalismo», donde se reconocen todas las dimensiones del ser humano y su dignidad como respuesta a la visión antropocéntrica y secular del liberalismo. También tenía una orientación «comunitarista», donde la colectividad debe ponerse al servicio de todos sin anteponer a ningún grupo social sobre otro o reivindicar el poder del Estado, sino usar un criterio solidarista y pluralista donde tanto la Iglesia católica como las protestantes tenían su lugar.

Dentro de la derecha mexicana que se congregaba en las estructuras del PAN, el sector juvenil estaba atento a seguir los planteamientos surgidos de la DC, siendo uno de sus impulsores Hugo Gutiérrez Vega y otros líderes que criticaron el desempeño e ideas de los fundadores del partido, y pretendían actualizarlo según las circunstancias ideológicas contemporáneas. Este intento por modernizar al partido tuvo una respuesta negativa por parte de su fundador, Manuel Gómez Morin, quien criticó la posición de la DC sobre la participación de las instituciones religiosas en la resolución de problemas sociales. Gómez Morin reivindicaba la separación de la Iglesia y el Estado, argumentando que los planteamientos de la DC eran totalmente ajenos a la realidad nacional. Consideraba que el planteamiento político del PAN era la única respuesta adecuada desde el ámbito de la derecha.

La insistencia de Gómez Morin en seguir una línea institucional del partido generó una importante oposición a su liderazgo, encabezada por el grupo empresarial regiomontano y algunos partidarios de la DC. Muchos de sus seguidores, como Gutiérrez Vega, renunciaron al partido al percibir que la posición liberal de la dirigencia iba en contra del contexto de la época, donde movimientos sociales como la Revolución Cubana estaban ocurriendo y se alentaba la lucha sindical.

Para ese entonces, el PAN había reafirmado su posición de combatir al gobierno como un aparato autoritario, enarbolando tanto valores democráticos como éticos proporcionados por la religión. Esto se observa durante las dirigencias de Juan Gutiérrez Lascuráin de 1949 a 1956, Alfonso Ituarte Servín de 1956 a 1959 y José González Torres de 1959 a 1962, quienes provenían de asociaciones juveniles católicas como la ACJM y la ACM.

Mientras Gutiérrez Lascuráin mantenía una línea en concordancia con el pensamiento secular de Gómez Morin, tanto Ituarte Servín como González Torres estaban más en sintonía con las necesidades políticas de la Iglesia. En esta etapa, el partido se fortaleció mediante las asociaciones católicas en el país, lo que alejó al sector empresarial del partido y fortaleció la posición del PRI. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines ofreció garantías para la permanencia de su inversión, lo que atrajo a militantes radicales como los sinarquistas al PAN. Estos abandonaron el fallido PNM para buscar suerte en el PAN, imprimiéndole un tono radical con su agenda anticomunista, confesional e hispanista. Esto permitió que el partido ganara bases populares en estados donde el sinarquismo era fuerte, como en la región del Bajío.

A mediados de los años 50, el partido vivía un período de debate entre dos corrientes de pensamiento: una buscaba influir en la toma de decisiones de la presidencia, mientras que la otra pretendía redefinir el proyecto del partido y velar por la formación de la educación cívica de los mexicanos. En ambas posturas, los jóvenes jugaron un papel importante en las definiciones del partido, influyendo en la elección de Luis H. Álvarez como su candidato en las elecciones de 1958.

Durante su campaña electoral, Álvarez intentó presentarse como una verdadera alternativa al partido en el poder, respaldado por agrupaciones católicas que le proporcionaron apoyo propagandístico. Estas agrupaciones dieron voz a las quejas sobre el autoritarismo del PRI y el sistema de poder, destacando a los líderes juveniles como proponentes de la inclusión de la DC en la estructura ideológica del partido. Sin embargo, no pudieron revertir la situación donde el oficialismo demostró su poderío social, y las bases del panismo reivindicaron la orientación laica del partido en lugar de integrar los principios demócratas cristianos.

Ante esta situación, los partidarios de Álvarez intentaron fundar su propio partido llamado Movimiento Demócrata Cristiano, pero solo duraría unos meses debido a la falta de apoyo para sustentarlo a futuro.

Con la llegada de Adolfo López Mateos a la presidencia, se observó un deterioro rápido de la situación económica, donde el gobierno se endeudaba con préstamos extranjeros para compensar los ingresos de las exportaciones y financiar así las obras públicas. El objetivo era mantener la inversión del sector privado. Esta crisis se manifestó con la inconformidad de sectores sindicales y agraristas, como los ferrocarrileros, los maestros, los telegrafistas y el movimiento guerrillero de Rubén Jaramillo. Todos estos movimientos fueron reprimidos por la acción del entonces Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien se encargó de perseguir a los líderes de los movimientos, encarcelándolos o, en el caso de Jaramillo, ejecutándolos.

Sin duda, lo que representó un cisma en el contexto geopolítico fue la asociación de la Revolución Cubana con el comunismo y la presencia de grupos guerrilleros tanto en Colombia como en Venezuela, que se vieron motivados por el triunfo de Fidel Castro. Esto se convirtió en una amenaza para Estados Unidos, especialmente cuando estalló la «Crisis de los Misiles». Ante esta situación, el PAN tuvo que ofrecer una respuesta en su papel de partido opositor.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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El acoplamiento del PAN al presidencialismo de mitad del siglo XX.

Imagen: S/D. Luis H. Alvarez durante su campaña presidencial, 1958.

La consolidación del “milagro económico”.

El gobierno mexicano, en busca de atraer inversión extranjera y aprovechando la devaluación de la moneda, logró aumentar significativamente la entrada de capital extranjero. Esto permitió al Estado adquirir créditos de instituciones internacionales, lo que a su vez llevó a un aumento considerable de la deuda externa, pasando de 105.8 millones de dólares en 1950 a 602.7 millones en 1958. Para sostener este esquema de deuda a largo plazo, se buscó fomentar la cultura del ahorro en la sociedad mexicana. El gobierno esperaba utilizar estos ahorros para reemplazar la deuda externa cuando fuera necesario, financiando así los proyectos estatales y fortaleciendo el mercado interno. Sin embargo, cualquier disminución en el ahorro podría tener consecuencias catastróficas.

Aunque al principio la reestructuración económica mostró resultados positivos, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.8% en 1956, este crecimiento se redujo al 3.8% en 1958 debido a una nueva fase recesiva en la economía mundial. Además, empezaron a sentirse las repercusiones del déficit comercial y se agotaron los beneficios de la devaluación.

La situación económica comenzó a deteriorarse debido al colapso de los precios de las materias primas clave como el zinc, plomo, cobre, algodón y café, siendo estos dos últimos los principales productos de exportación del país. Además, se observó una mayor demanda de productos esenciales como el maíz, lo que llevó a un aumento de los precios de la maquinaria necesaria para la modernización industrial, pasando de 287 millones de dólares en 1956 a 468 millones en 1958.

Esta situación impactó negativamente las reservas del Banco de México, que descendieron significativamente a 16.6 millones de dólares en 1957 y 77.3 millones en 1958, lo que generó preocupación por la posible salida de capitales. El sector privado expresó su desconfianza, reflejada en una caída del 10.8% en el ritmo de crecimiento de la inversión en 1957, seguido de un descenso al -1.6% en 1958. Esto provocó un aumento en los precios de los productos básicos y un deterioro del poder adquisitivo.

La crisis resultante reactivó los conflictos en el sector agropecuario, que había sido descuidado en términos de inversiones, en contraste con la preferencia dada a la gran propiedad y la industria, estimuladas por el control sindical del sector obrero, una situación que afectaba negativamente a la pequeña y mediana propiedad sin recibir beneficios significativos.

El periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines se iba terminando y la crisis económica que estaba quedando sin resolver podría disminuir su poder de decisión al momento de seleccionar a su sucesor. Para poder apaciguar a los sectores inconformes por la situación, Ruiz Cortines eligió a un perfil ligado a los sectores opositores como el vasconcelismo y al movimiento obrero: Adolfo López Mateos, quien fungía como su secretario del Trabajo y Previsión Social y, por lo tanto, era la liga de negociación con los sindicatos.

Dentro de la oposición también se estaban perfilando figuras que lideraban los sectores golpeados por la crisis. En el PAN, eligieron al empresario industrial Luis H. Álvarez, quien propugnaba por un proyecto de libre mercado hacia la iniciativa privada para salir de la crisis y como medio de impulso a la industrialización.

El proceso se vio ensombrecido por las acciones reaccionarias de los sectores disidentes al oficialismo, como la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que protagonizó una serie de invasiones a terrenos en el occidente y el noroeste. Estos grupos fueron desalojados y atendidos parcialmente. Asimismo, el movimiento sindicalista de Demetrio Vallejo y Othon Salazar en el magisterio fue reprimido, y para desalentar a sus seguidores se autorizó un aumento de los salarios de los obreros.

Las elecciones pasaron sin mayores problemas y López Mateos las ganó con una votación del 90.4%. Esto provocó protestas del PAN, que acusó fraude al solo adjudicarles 705,303 votos y ganar solo 6 escaños del congreso. Como protesta, el partido convocó a los diputados a dejar vacantes sus curules, pero solo hicieron caso 2 y el resto fue expulsado del partido.

Una vez asegurado el poder, el gobierno quitó su careta conciliadora y mandó a arrestar a todos los líderes disidentes como Salazar, Vallejo y Valentín Campa bajo el cargo de “disolución social”, ataque a las vías de comunicación y a la economía nacional.

A pesar de la crisis vivida a finales del sexenio de Ruiz Cortines, se cumplió el propósito de lograr un crecimiento generalizado en buena parte de los sectores (exceptuando el agropecuario y minero que solo lo hicieron al 4%). El resto creció por encima de la tasa del 6.1%, como los servicios al 7.6%, el petrolero y petroquímico al 7.6%, el eléctrico al 9.3%, la construcción y la manufactura al 7.3%. Además, se cumplió con el compromiso de lograr el crecimiento del sector manufacturero, el cual obtuvo el 18.3% del PIB en 1956, superando al campo con su 17%, consolidando la modernización de la economía.

El aumento de la urbanización fue una consecuencia directa del crecimiento económico experimentado durante el periodo, con un incremento significativo en la población que residía en ciudades. En 1960, aproximadamente el 50.7% de la población vivía en áreas urbanas, en contraste con el 42.6% registrado en 1950. Este fenómeno se concentró principalmente en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. A pesar de esta tendencia urbana, la distribución de la población económicamente activa seguía teniendo una base agrícola considerable, con alrededor del 54% trabajando en el sector agrícola y solo un 14% en el sector manufacturero.

El crecimiento económico sostenido, con un promedio anual del 6.6%, reflejó el éxito de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Esta asociación buscaba gradualmente reducir la intervención estatal en la economía, de manera que hacia finales de la década de 1950, el gobierno tenía una participación del 34% mientras que los empresarios representaban el 66% en la actividad económica. El gobierno se comprometió a invertir en momentos de incertidumbre económica para estimular el retorno de la inversión privada.

Aunque hubo cierta desconfianza por parte de los empresarios debido a las inclinaciones políticas declaradas tanto por el PRI como por López Mateos hacia la izquierda, como se evidenció en la expropiación de la industria eléctrica para establecer la paraestatal CFE, el gobierno procuró mantenerlos tranquilos y les brindó garantías para evitar la retirada de sus inversiones. Esto se logró en parte gracias al manejo técnico y económico de funcionarios como Rodrigo Gómez y Antonio Ortiz Mena, quienes se ocuparon de mantener la estabilidad y confianza en el sector empresarial.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La crisis de 1953.

Imagen: Hermanos Casasola. Adolfo López Mateos, protestando como presidente durante el cambio de poder, en Bellas Artes. 01-12-1958.

México en el contexto de la Guerra Fría.

Entender la relación México-EU resulta más compleja que la percepción que se tiene de sumisión del primero hacia el segundo, ya que, a pesar del poderío del vecino del norte, México ha tenido bastante margen en cuanto a las maniobras hechas a lo largo del tiempo y muchas veces estas han salido completamente de sus intereses, pero también es cierto que ningún gobierno se ha atrevido a mantener una postura antagónica que pudiese provocar un conflicto. La relación tenida con los países y organizaciones socialistas ha sido muy ambivalente, si bien México ha mantenido una diplomacia abierta hacia el bloque socialista, al nivel interno ha impedido la formación o proliferación de estas organizaciones al considerarlas rivales del proyecto revolucionario, por lo que el gobierno ha usado sus fuerzas para reprimir y deshacer la conformación de grupos capaces de hacerles frente. También es cierto que los aparatos de seguridad estadounidenses han mantenido una presencia constante en el país para vigilar todas aquellas organizaciones comunistas para evitar la formación de una base firme en el continente, incluso es sabido que funcionarios y presidentes como Adolfo López Mateos, Gustavo Diaz Ordaz y Luis Echeverria fueron parte de las redes de inteligencia de la CIA como LITEMPO y LITENSOR.

El agente que dirigía las operaciones de la CIA en México fue Winston Scott, quien estuvo en servicio de los años 1956 hasta 1959 y fue quien entablaba las relaciones con el gobierno mexicano, uno de los puntos de mayor acercamiento fue con Diaz Ordaz de quien se sabe recibía diariamente los informes de Scott del trabajo de la CIA. Esto no quiere decir necesariamente que las altas esferas de la política mexicana estuviese trabajando para la CIA y por lo tanto eran títeres de EU, ya que hay que tomar en cuenta la política absolutista por parte del PRI como uno de los puntos de interés para colaborar con las autoridades estadounidenses, con ello se garantizaba el alejamiento de EU en cuestiones de política interna dando el visto bueno a su permanencia y por el otro eliminaban a potenciales amenazas que pudiesen crear disidencias importantes como para provocar una movilización popular en contra del régimen. Como muestra de esta autonomía lo vemos con la permisividad del gobierno para que la URSS y Cuba mantuviesen la presencia de sus propios espías y agentes, fortaleciéndose la concepción del país en su proyección internacional de mantener una posición intermedia entre el bloque capitalista y el comunista.

Esta independencia con respecto a los intereses estadounidenses lo tenemos con la relación con la Cuba de Fidel Castro, quien llega después de un proceso revolucionario iniciado en 1953 para derrocar al dictador Fulgencio Batista y logrando su objetivo iniciando 1959, donde se sabe que tanto los hermanos Castro y Ernesto “Che” Guevara pasaron una temporada de formación en México con el financiamiento de importantes figuras de la política mexicana como Lázaro Cárdenas y desde Tuxpan saldría la expedición en el famoso yate Granma con dirección a la isla. Si bien en un inicio los revolucionarios no se declararon comunistas (y es probable que esto haya sido lo que provocaría el abandono del gobierno estadounidense al régimen de Batista), las exigencias del gobierno estadounidense con respecto a los fuertes intereses invertidos a la isla hicieron que en 1961 Castro anunciara su completa afiliación al bloque comunista, lo que enciende las alarmas para el gobierno de John F. Kennedy con respecto a las relaciones de amistad entabladas con el gobierno de López Mateos, lo que sería un obstáculo para el bloqueo con económico el que esperaba hacer caer al gobierno de Castro.

En ese entonces, México formaba parte del tercer bloque conocido como el Movimiento de los Países No Alineados (MPNA), donde se congregaban un conjunto de países tanto capitalistas como socialistas quienes mantenían relaciones abiertas para ambos bloques, con ello la cancillería justificaba la manutención de las relaciones con Cuba y rechazaba las exigencias estadounidenses, quienes finalmente tuvieron que permitirlas debido a la colaboración del gobierno en otras acciones de defensa. Uno de los políticos estadounidenses que comprendieron la postura mexicana y ayudaron a que se tolerasen estas acciones fue el entonces vicepresidente Lyndon B. Johnson, quien accede a mantener una estrecha relación con López Mateos y que se fortalece con su llegada a la presidencia después del asesinato de Kennedy, señal de ello lo vemos en la designación de Fulton Freeman como embajador y con quien hay una plena colaboración con los gobiernos mexicanos, sumada a las constantes entrevistas de Johnson con los presidentes como López Mateos con dos y Diaz Ordaz con siete, pero con el empeoramiento de la Guerra de Vietnam la relación con México paso en un segundo plano.

La razón de este “enfriamiento” fue sin duda la plena confianza mantenida al gobierno mexicano para mantener la paz, momentos como la sucesión presidencial de 1964 no sería un mayor problema por el perfil moderado con el que calificaron a Diaz Ordaz gracias a su trabajo en la Secretaria de Gobernación de López Mateos, donde se destacó por el combate a los grupos socialistas y a la formación del Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano como un aparato que ayudada a dividir a los grupos de izquierda. Uno de los puntos que dificultaba a la inteligencia estadounidense comprender al gobierno mexicano fue en el lado ideológico con respecto al nacionalismo revolucionario, que por las semejanzas habidas con el socialismo hizo que las instituciones culturales como la SEP fuesen calificadas como tal y mantuviese desconfianza hacia la Cancillería por esta retorica mantenida al nivel general en la población.  

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: María del Carmen Collado Herrera. La guerra fría, el movimiento estudiantil de 1968 y el gobierno de Gustavo Diaz Ordaz. La mirada de las agencias de seguridad de Estados Unidos, de la revista Secuencia no. 98

Imagen: National Archives. Reunion de Gustavo Diaz Ordaz y Richard Nixon en la culminación de la Presa Amistad, septiembre de 1969

Las condiciones políticas en la primera mitad de los años 60.

El gobierno de Adolfo López Mateos había alcanzado una posición de estabilidad cercana a las metas a alcanzar por el proyecto revolucionario, una de las claves había sido el monopolio del poder político por parte de la presidencia al someter a toda clase de fuerza opositora que pudiese representar una amenaza para el sistema articulado por medio del PRI y su amplia base social que abarcaba todos los sectores. El presidente tenía la obediencia ciega por parte de todos los poderes, la Suprema Corte de Justicia le daba lo necesario para que pudiese actuar con toda impunidad y el legislativo mantenía un dominio prácticamente absoluto al poseer el 99% de los diputados y los senadores como parte del partido. Este control fue gradual y se debió en buena parte por la labor política de su antecesor Adolfo Ruiz Cortines, quien de sus 37 iniciativas solo le fueron aprobadas 23 por unanimidad y 14 por mayoría, pero movimientos como el otorgar el derecho al voto de las mujeres y el aumento de la represión de movimientos subversivos dejaría a López Mateos con una gran maniobra legislativa al ser aprobadas sus propuestas con una gran mayoría por unanimidad.

La facilidad por parte del presidente para deshacerse de todo aquel que se atreviese a desafiar su autoridad era aterradora, así lo había demostrado el movimiento campesino encabezado por Rubén Jaramillo en Morelos quien durante décadas había exigido la resolución del reparto agrario y lo manda a asesinar junto a su familia en Xochicalco en mayo de 1962. La clave para la impunidad se la daba el artículo 145 constitucional y el 145 bis del Código Penal Federal donde le daba a la presidencia la facultad de colocar en la ilegalidad a cualquier individuo o movimiento que no aceptasen a negociar, obligándolos a tener que llegar a un acuerdo si no querían ser perseguidos por el Estado y ser encerrados en la cárcel de dos a doce años. Con la imposición del orden social garantizado por el presidente era la propaganda perfecta para incentivar a los empresarios a invertir en el país, construyendo con ello el llamado “Estado de Bienestar” donde le aseguraba al pueblo cierta protección social ante sus necesidades, pero todos estos servicios tenían un índole propagandístico donde se aseguraban de hacer saber al pueblo que todos estos programas eran gracias al presidente y con ello garantizaban la base electoral.

El sistema electoral solo estaba abierto para las personas que habían alcanzado los 21 años, pero no existía un padrón permanente infalsificable o un documento oficial para acreditar la identidad de los individuos, dando pie a la opacidad de las elecciones y margen para poder cometer fraudes en favor del partido. A esto le sumamos que las elecciones eran organizadas por la SecretarÍa de Gobernación para tener el cuadro completo del total control de la situación del país garantizando la completa estabilidad del país bajo el dominio del partido oficial, convirtiendo con ello al secretario de Gobernación en la segunda figura de importancia por debajo del presidente y se volvía el peldaño para asegurar la sucesión presidencial. Quien ocupaba el puesto de Gobernación bajo la presidencia de López Mateos era Gustavo Diaz Ordaz, ganándose a pulso la sucesión al ser el principal operador político del régimen y estableciendo relaciones fundamentales sobre todos los liderazgos locales.

El mismo secretario de Gobernación era quien determinaba la existencia de los partidos políticos que podían participar en los procesos electorales, dejando solamente a dos partidos para con ello dar la fachada de la existencia de un aparato democrático funcional, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y el Partido Popular (PP) siendo los únicos representantes de una oposición famélica incapaz de mantener una presencia importante en la sociedad. Era tal la hegemonía del PRI que la designación de una persona para un puesto de elección popular era una garantía segura de adquirirlo, acentuándose la posición de la oposición como una mera fachada, con los años esta crisis de representatividad se agudiza con la constante disminución de la participación de estos partidos en los procesos electorales. Una de las primeras acciones por parte de López Mateos a través de Diaz Ordaz fue la modificación de los artículos 54 y 63 constitucional para asegurarles a los partidos que hayan llegado hasta el 2.5% de la votación total del país de entre 5 y 20 diputados para asegurarles representatividad, pero esto solo premiaba a las cupulas del partidos y no a sus bases sociales, avanzando esto hasta la presidencia de José López Portillo se hiciese una reforma para garantizar su representación con los diputados plurinominales.  

Al ser el mismo Congreso quien se encargaría de calificar la elección, anotando que el PRI poseía la mayoría absoluta con más del 90%, ellos eran los que decidían cuantos diputados tenían derecho de tener su representación los partidos, por lo que en las elecciones de 1964 el PP alcanzo un 1.37% del padrón y había ganado una diputación por mayoría, dándole nueve diputados, mientras el PARM solo alcanzo el 0.71% y les dieron cinco diputados, el PAN no estuvo de acuerdo con estas disposiciones y exigían que no se les otorgasen estos diputados por no haber alcanzado el porcentaje acordado, reclamos que fueron desestimados por los priistas. Con ello, el PAN se convertía en el partido de oposición por excelencia que representaba a un sector de clase media-alta y que criticaban los excesos del gobierno y su forma de simular la democracia, mientras los otros dos partidos solo se trataban de resabios de las antiguas bases sociales que habían quedado de lado en el proceso de evolución política, el PARM estaba dirigido por el general Juan García Barragán y representaba a la vieja cúpula militar que había quedado fuera desde los años 50, mientras el PP era la izquierda radical del proyecto revolucionario encabezado por Vicente Lombardo Toledano y que había quedado de lado en el sindicalismo, por lo que fueron partidos satélites del PRI y eran sectores a los que les debían por sus servicios en el pasado. 

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ricardo Pozas Horcasitas. Elección presidencial y reproducción del régimen político en 1964, de la revista Secuencia no. 74    

Imagen: Hermanos Casasola. Mitin durante la toma de protesta de Adolfo López Mateos como candidato presidencial en el estadio de Ciudad Universitaria, panorámica. 1957.

La cultura política entorno a la figura presidencial.

En la década de 1960 el régimen presidencialista había logrado asentarse sobre bases firmes en la sociedad mexicana, por un lado pudieron conformar un sistema autoritario basado en un partido único para dirigir todos los rubros sin cambiar el proyecto revolucionario, esto implicaba la nula tolerancia a la disidencia tanto de los opositores como dentro de sus propias bases, pero lo que lograría darle el soporte a este sistema serian el contexto económico, ya que gracias a los ingresos llegados desde EU por la SGM y un trabajo autónomo del Banco de México con respecto al gobierno lograron crear el famoso “Desarrollo estabilizador”, logrando llevar beneficios a una parte importante de la población. Con ello, el PRI había creado bases en diferentes sectores sociales donde a cada uno les daba incentivos para obtener su lealtad, a los patrones les aseguraba el monopolio del mercado nacional alejando a las empresas extranjeras y limitando las exigencias laborales, con los obreros los mantenían apaciguados tanto con algunas concesiones y con la compra de favores de los lideres sindicales, a los campesinos se les dotaba de tierras con el reparto agrario y la continua mejora de las ciudades lograría un crecimiento de la clase media.

A diferencia del resto de países hispanos donde lo común era el surgimiento de gobiernos personalistas basados en la presencia del caudillo, el sistema creado por el PRI permitía la movilización de su liderazgo cumpliendo con el requisito democrático, pero a su vez con la fuerza obtenida por las potestades del gobierno podía acabar con cualquier intento de generar un nuevo elemento político, dejando muy mermados a sus rivales como los conservadores del PAN y los radicales como los sindicalistas y los comunistas. Con ello, el partido le daba al presidente en turno todo el poder sobre las numerosas bases sociales para lograr gobernar, estando limitado a su periodo sexenal, pero a su vez tenía la potestad de elegir a su sucesor, creando una política institucional. El desarrollo de este sistema tenía poco tiempo de haber nacido, ya que en 1952 se daría el último enfrentamiento electoral encabezado por e l general Miguel Henríquez Guzmán contra el candidato Adolfo Ruiz Cortínez, y su sucesor Adolfo López Mateos llegaría al poder en 1958 en un clima de desconfianza por la movilización sindicalista.

La construcción del sucesor atravesaba por cuatro etapas: la primera consistía con la designación del presidente, después se procedía con la oficialización por parte del PRI y su declaratoria como candidato, la tercera consistía en la campaña electoral donde el candidato era presentado ante la sociedad y culminaba con las elecciones y la eventual victoria dándole la investidura democrática. Tanto durante la campaña como en la transición se le daba el tiempo necesario al candidato para iniciar el proceso de traspaso del poder tanto del partido como del gobierno, conformándose tanto el gabinete como los principales liderazgos del partido entre su círculo cercano, pero algo fundamental para asegurar la estabilidad política era el darles a los aspirantes perdedores algún puesto para evitar las divisiones dentro del partido, garantizando así la estabilidad política. La lucha por el poder iniciaba desde el momento de ser elegido por parte del presidente como miembro del gabinete, practica iniciada desde 1920 con el ascenso de Álvaro Obregón y a partir de ahí cada quien tenía que hacer la lucha para ganarse el visto bueno del jefe, por lo que ante la sociedad este proceso estaba en gran parte vedado y se lleva a crear dentro de la cultura periodística de la época la figura del “tapado”.

Es en el momento de la nominación cuando las bases del partido inician a movilizarse a favor del candidato elegido para manifestar su adhesión en la Asamblea General del PRI cuando se formaliza la candidatura, a este proceso de formación de bases entorno a su figura se le conoce como “la cargada” y servía para construir esta imagen democrática de la política mexicana. La campaña duraba seis meses y servía en apariencia para que el pueblo conociese al nuevo gobernante, pero en realidad era para que en los tiempos de las giras empezase a formar las alianzas y ligas en todos los estados, estableciéndose la ruta a seguir entre empresarios con el nuevo gobierno, además era el momento donde el PRI aprovechaba para movilizar sus bases y exponer la fuerza del partido (aunque en realidad se trataba del poder presidencial). El resultado era conocido de antemano y las elecciones en realidad se había transformado en un ritual iniciático para el nuevo presidente donde se le otorgaba la legitimidad para gobernar, por lo que después de la campaña solo quedaba conocer cómo se conformaría el gabinete y con ello se repetía el ciclo.

Para esto, al ser el gobierno el único depositario de las decisiones para dirigir al país, se requería la llamada “disciplina partidista” donde todos los miembros del partido tenían que seguir sin cuestionar las decisiones tomadas por el presidente y la directiva, teniéndose que conformar si les asignaran algún puesto para apaciguar las ambiciones personales, mientras con la oposición se valía con la interpretación de las leyes para buscar cualquier excusa para reprimirlos y con ello se evitaba cualquier indicio de fortalecimiento que lograse disputarle el poder. Todo este proceso de maduración de los vicios del antiguo orden de la constitución de 1857, las tentaciones caudillistas de Carranza, Obregón y Calles, además de la ampliación de las bases sociales le permitió al PRI permanecer en el poder hasta el 2000, convirtiendo al partido en un organismo capaz de acaparar la fuerza del estado y permitir a sus miembros aspirar a ser seleccionados para detentar ese poder durante un solo periodo, lográndose un modelo autoritario despersonalizado pero con ropaje democrático para aparentar.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ricardo Pozas Horcasitas. Elección presidencial y reproducción del régimen político en 1964, de la revista Secuencia no. 74    

Imagen: Anónimo. Adolfo Lopez Mateos saluda a partidarios durante su campaña electoral, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 1958.

El proyecto olímpico de México 68.

Para la década de los 60, la política mexicana consideraba que el proyecto del nacionalismo revolucionario había sido todo un éxito, se había logrado salir del atraso del Porfiriato y al fin el país estaba cerca de estar al mismo nivel que las potencias mundiales al haberse impuesto tanto a sus rivales ideológicos, las amenazas externas como la disidencia interna. Con esto en mente es que la administración del presidente Adolfo López Mateos inicia una fuerte campaña de propaganda externa para anunciar a los demás países los alcances de la revolución, tratando de tender puentes entre el bloque capitalista y el comunista en plena Guerra Fría como parte de los “países no alineados” sin ponerse una postura hacia ninguno de los dos bandos, viendo que el  evento donde se podía demostrar esto sería ganando la sede de los XIX Juegos Olímpicos parala Ciudad de México, ganándola en el año de 1963 en la reunión del COI en Baden-Baden, RFA.

La sucesión presidencial estaba cerca y llega Gustavo Diaz Ordaz, quien designa a su predecesor como presidente del comité organizador, pero su cada vez más agravado estado de salud hizo que se retirara de la logística y fuera sustituido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en 1966. Si bien durante su carrera había demostrado tener grandes conocimientos sobre urbanismo, lo cierto es que jamás había asistido a unas olimpiadas y ni siquiera practicaba algún deporte, por lo que su elección parecía demasiado aventurada e incluso contraria a las preferencias de López Mateos quien prefería al ingeniero Jesús Clark Flores, quien estaba empapado en el olimpismo pero que era visto como un emisario del presidente del COI. Clark fue uno de los artífices de la candidatura mexicana, incluso llego a convencer al comité de celebrar los juegos en octubre al ser más favorable para la llegada del turismo estadounidense y al estar de acuerdo con el calendario televisivo estadounidense, aunque la preferencia mexicana era por realizarlos en abril, pero cuya cercanía con el invierno afectaba el entrenamiento de los atletas o la opción de agosto, septiembre y noviembre fueron descartadas al estar en época de lluvias.

El cambio de timón dado por Diaz Ordaz supuso un gran reto para el inexperto Ramírez Vázquez, sobre todo que para 1966 la viabilidad de la sede mexicana era cuestionada por los atrasos que presentaban la realización de las obras, solo contando con el apoyo de los directivos del COI, incluso el propio presidente se mostraba demasiado escéptico sobre la realización de los juegos olímpicos al considerarlo un gasto innecesario al ser el gobierno el encargado de construir las sedes. A pesar de tener todo en contra, Ramírez Vázquez logra armar el plan para completar la misión e inicia la construcción de los edificios más importantes para finales del año y el primer semestre del 67, demostrando sus grandes dotes como administrador teniendo como antecedente el haber sido el encargado de la construcción de escuelas públicas durante el gobierno de López Mateos y contando en su haber la edificación de grandes obras del gobierno como el Museo Nacional de Antropología e Historia o la Secretaria de Relaciones Exteriores.

A pesar de la premura, el arquitecto se hace de colaboradores involucrados en las olimpiadas pasadas (incluyendo la reciente Tokio 64) para poder llegar a una conclusión, la cual fue la integración tanto de disciplinas deportivas con manifestaciones culturales, el fomento de los valores del olimpismo en la sociedad mexicana, otorgarle un ambiente festivo juvenil, exaltar la fraternidad mundial y mostrar lo mejor de la humanidad. Los valores que tenía que mostrar México ante el mundo era la de un país respetuoso con la soberanía de los demás y de la no intervención, el nacionalismo dentro de la universalidad, la paz como base de la convivencia internacional, el desarrollo económico a la par de la justicia social, el bienestar con el desarrollo y cultura, sobre todo la convivencia de la tradición con la modernidad. Se lanza una intensa campaña para promover al país como destino turístico al nivel internacional, a la vez se persuadía a los nacionales de comportarse durante gesta olímpica y acompañado de la creación de una identidad grafica para crear arraigo en la población, compensando la ausencia de los juegos en los medios de comunicación al descartarse por el desconocimiento sobre los deportes.

La imagen conciliadora del país se condensaba en el lema “Todo es posible en paz” junto con el logo de la paloma de la paz, también logra quitar los estereotipos iconográficos de lo mexicano gracias al gran equipo de diseñadores internacional quienes crearon la imagen de los juegos olímpicos, logrando combinar las vanguardias modernas con los elementos de la cultura popular para ofrecer una propuesta contemporánea, marcando la pauta para los futuros juegos olímpicos. La otra parte del cometido fue la organización de la olimpiada cultural, un espacio donde los artistas nacionales habrían de dar a conocer sus obras junto con la participación de otros artistas del mundo, tratando de quitar la tendencia de reafirmarse en el pasado para explicar el presente. A diferencia del ceremonial oficial, la olimpiada cultural se habría de celebrar a lo largo del año en diferentes eventos donde se encontraría las diferentes disciplinas de las artes, incluso llegaría a ser más ambiciosa al plantear la participación de países parias cuya presencia era indeseable en el olimpismo para marcar la diferencia conciliadora de la política internacional, logrando que la España franquista mandase una delegación a participar en las diferentes muestras. Es así que el régimen de la revolución demostraba al mundo que a pesar de no haber logrado aun estar al mismo nivel de los grandes países, los valores políticos y morales del estado lo encaminaban para que en un futuro cercano llegase a la meta del desarrollo pleno.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura

Federico Flores Pérez

Bibliografía: Ariel Rodríguez Kuri. Hacia México 68. Pedro Ramírez Vázquez y el proyecto olímpico, de la revista Secuencia no. 56  

Imagen: Lance Wyman. Logotipo de Mexico 68