El fin del desarrollismo.

El petróleo se convirtió en una especie de solución mágica para los problemas del país durante el gobierno de José López Portillo. Sin embargo, su gestión fue marcada por un gasto irresponsable que descuidó sectores productivos clave, como la agricultura y la siderurgia, que habían sido relegados durante décadas. Esto generó un aumento significativo en los niveles de inflación, ya que el país tuvo que recurrir a importaciones para suplir lo que no podía producir internamente, acumulando una deuda importante para mantener el sistema productivo funcionando.

Como resultado, el saldo de la cuenta corriente experimentó un crecimiento del 59%, impulsado por el desbalance comercial y el aumento de las importaciones debido a la reactivación económica. Sin embargo, gran parte de las ganancias obtenidas se destinaron al pago de intereses de la deuda pública, contribuyendo al 95% del déficit de la cuenta corriente. Esta situación, junto con la inflación de los precios, la disminución del gasto en inversión social y el tope en la política salarial, llevó a una disminución en las remuneraciones salariales de los trabajadores, pasando del 46.6% al 40.4% en 1980.

Estos factores provocaron un aumento en las movilizaciones sociales a principios de la década, ya que se volvía cada vez más difícil para los trabajadores cubrir sus gastos básicos debido a la situación económica.

A pesar de que México experimentaba una de las tasas de crecimiento más altas a finales de la década, alcanzando un 9%, el desempeño deficiente de los ingresos petroleros resultó en una concentración de la riqueza en un grupo limitado de potentados en lugar de beneficiar a la mayoría de la sociedad. Además, los problemas estructurales no resueltos de la economía volvieron al sistema vulnerable ante los vaivenes del mercado internacional del petróleo.

La situación petrolera se complicó significativamente a partir de 1979 y 1980 debido a eventos como la victoria de la revolución islámica en Irán, uno de los principales productores de petróleo, y la guerra con Iraq. Esto provocó la expropiación de muchas empresas petroleras en Irán, lo que resultó en un desequilibrio en la producción debido a la salida de numerosos trabajadores. Esto coincidió con un periodo de sobredemanda de petróleo que fue absorbida por los países industrializados.

Los problemas se agravaron a partir de junio de 1981, cuando el mercado petrolero mostró signos de recuperación y los precios del barril bajaron de 38 dólares a 36 dólares. A pesar de esta tendencia, López Portillo decidió mantener el precio del barril en 38 dólares, argumentando la «calidad» del petróleo como justificación. Esta decisión llevó a una disminución en las exportaciones petroleras de México por un total de 13,305 millones de dólares.

Si bien la disminución en las exportaciones solo representó una pérdida financiera menor, erosionó la confianza y la credibilidad del gobierno mexicano en su política económica. Los economistas y la comunidad internacional comenzaron a percibir los vacíos dejados en el sector productivo, lo que llevó a que la banca internacional cancelara la línea de crédito del país y suspendiera algunos préstamos previamente aprobados al considerar las acciones del gobierno como sobrevaluadas.

Para compensar los faltantes presupuestarios, el gobierno contrajo más deuda, pero los altos intereses asociados con los préstamos, en comparación con los ingresos, generaron desconfianza entre los inversionistas. Esta falta de confianza condujo a una fuga de capitales, ya que los inversores no creían en la efectividad de las políticas económicas del gobierno.

Ante la pérdida de prestigio ante el capital internacional, López Portillo recurrió a una retórica nacionalista para justificar sus acciones y culpó al sector privado de la crisis económica. Se aumentó el gasto público por encima de lo presupuestado para mantener la confianza del pueblo, pero esto no logró detener la salida acelerada de inversiones por parte de los empresarios.

Al ser evidente que la crisis económica es imposible de resolver a corto plazo y a pocos meses de finalizar el sexenio, el 25 de septiembre de 1981 López Portillo reconoce el fin del proyecto desarrollista. Elige como el candidato a sucederlo a quien era el Secretario de Programación y Presupuestos, Miguel de la Madrid. Este era el primero de los ‘tecnócratas’ formados en EU y que pertenecían a los partidarios de aplicar el neoliberalismo para resolver la profunda crisis del país.

En la oposición, dentro del PAN gana la facción pragmática colocando como su candidato a Pablo Emilio Madero. Con ello, el partido abandona sus principios doctrinales para ser competitivo a nivel electoral. Esta elección sería la primera vez en que participa la izquierda. Sin embargo, en ella se haría patente el problema de la diversidad doctrinal. Esto provocó que las diferentes facciones tuvieran sus propios partidos y lanzaran sus candidaturas.

Fue el caso del PSUM proponiendo a Arnoldo Martínez Verdugo, el PRT a Rosario Ibarra de Piedra, el PSD a Manuel Moreno Sánchez, el PDM a Ignacio González Gollaz y Cándido Díaz Cerecedo por el PST. Esta situación dejó al electorado de la izquierda muy disperso.

A pesar de los serios problemas estructurales vividos en el país, el PRI sigue manteniendo su poderío y De la Madrid gana las elecciones con un 70.99%, mientras Pablo Emilio Madero queda con un lejano 15.8% y el resto se divide entre los diferentes partidos de izquierda. Sin embargo, a pesar del cambio de rumbo que representaba el nuevo presidente, no implicó una mejora de las condiciones por parte de la banca internacional.

Para el 18 de febrero de 1982, el país comenzó un periodo de devaluación del valor del peso respecto al dólar, pasando de los 26.4 pesos por dólar para caer en los 44.7. Para marzo de ese año, llegó a los 45.52 pesos por dólar. Este periodo se caracterizó por una reacción lenta por parte del gobierno, donde el presidente López Portillo prefirió salvar la estructura política del país para asegurar el monopolio político en lugar de priorizar la economía.

La imposibilidad de apuntalar la economía llevó a López Portillo a tomar medidas drásticas para evitar la salida de capitales. Primero, impuso el control del uso de divisas, fijando la cotización del dólar en 49.13 pesos con variaciones diarias de 4 centavos. Durante su último informe de gobierno, decretó la nacionalización de la banca. Por su parte, Miguel de la Madrid comenzó a hacer acuerdos con organismos internacionales, comprometiéndose a tomar medidas para estabilizar la economía cuando asumiera la presidencia. Sin embargo, esto no evitó la fuga masiva de capitales.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El camino a la crisis de 1982.

Imagen:

• Izquierda: Nacho Lopez. Campaña de Miguel de la Madrid, Campeche, Campeche, 1982.
• Derecha: Rogelio Naranjo. Arriba y Adelante, 1976.

La debacle económica de los 70.

Para los últimos años del sexenio de Luis Echeverría, el intento de impulsar la economía del país resultó en un fracaso evidente. En 1974, las inversiones privadas en México se redujeron a la mitad, lo que condujo a una recesión económica con una caída del PIB del 0.1% ese año y del 2% en 1975. Esta situación se vio agravada por una inflación rampante del 13.2% y 10.5%, respectivamente, en esos años.

A pesar de estos desafíos, el gobierno mexicano contaba con los ingresos petroleros como respaldo para seguir accediendo a líneas de crédito internacionales, cuyos intereses estaban por debajo del aumento de la inflación. Esto los convertía en un recurso atractivo para el gobierno, que intentaba así salir de la crisis económica, aunque esto contradecía los principios de la política económica.

La crisis también obstaculizó la implementación de una reforma fiscal, que se esperaba generara más ingresos para el Estado. Sin embargo, dada la debilidad económica y la falta de garantías para los empresarios respecto al retorno de sus inversiones, el gobierno se encontró sin opciones viables para incrementar sus fuentes de ingresos y rescatar el crecimiento económico.

El debilitamiento de las condiciones gubernamentales para mantener la estabilidad de los recursos básicos llevó a un aumento de precios en diversos sectores por primera vez en 10 años. Esto incluyó incrementos en los precios de la electricidad, los hidrocarburos, los fertilizantes y el acero, como resultado del aumento en la impresión monetaria. Entre 1972 y 1975, la impresión monetaria se elevó en un 23%, más del doble del 10% registrado en años anteriores, respaldada por una amplia línea crediticia que permitía seguir emitiendo dinero.

Esta situación generó desconfianza entre los ahorradores, quienes comenzaron a cambiar sus pesos por dólares, provocando una fuga de capitales que debilitó aún más al gobierno. Este se encontraba en la encrucijada de mantener el control estatal sobre la economía, especialmente bajo la presión cercana del periodo electoral.

En el ámbito político, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Echeverría intentara reelegirse, aunque estos rumores se disiparon con el anuncio realizado por el veterano líder de la CTM, Fidel Velázquez, el 22 de septiembre de 1975. En este anuncio, destapó al secretario de Hacienda, José López Portillo, quien tenía una amplia experiencia en el sector público y ocupó puestos de relevancia con el ascenso de Echeverría, recibiendo el respaldo del PPS y el PARM.

A pesar de la grave situación económica del país, el panorama político seguía siendo favorable para la maquinaria electoral del PRI. En aquel entonces, el PAN enfrentaba una crisis interna desencadenada por la disputa entre dos liderazgos. Por un lado, Efraín González Morfín representaba la doctrina del partido, sosteniendo que la participación del PAN solo legitimaba al gobierno al ofrecer la imagen de un estado democrático. Por ello, movilizó a sus bases para no participar en las elecciones. Por otro lado, José Ángel Conchello adoptó una postura pragmática, buscando capitalizar la inconformidad generalizada del país y abogando por la incorporación de políticos que no compartieran su visión ideológica. Sin embargo, esta estrategia no fue suficiente para derrotar a González Morfín, cuya posición prevaleció y llevó a la decisión del PAN de no participar en las elecciones.

Aunque posteriormente la línea doctrinal de González Morfín perdió fuerza y prevaleció el «neopanismo» de Conchello, en ese momento el PRI fue el único partido presente en las elecciones. Se presentaron algunas candidaturas sin registro, como la de Valentín Campa por el Partido Comunista y la Coalición de Izquierda. Además, algunos panistas que deseaban participar en el proceso respaldaron a Pablo Emilio Madero. Esto aseguró la elección de López Portillo, quien obtuvo un total de 16.7 millones de votos, con el 98% de las preferencias electorales.

Ante las graves presiones económicas que experimentaba el país y una vez asegurada la sucesión, el 31 de agosto de 1976, se anunció el fin del cambio fijo de 12.5 pesos por dólar por parte del secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta. Este cambio dejó la moneda a la libre flotación del mercado con el objetivo de corregir los vicios del saldo negativo de la balanza de pagos y evitar la fuga de capitales, poniendo fin a 22 años de estabilidad mantenida de forma artificial.

Durante la toma de protesta el 1 de diciembre, López Portillo hizo un llamado a la cordialidad para enfrentar la crisis económica. Hizo referencia a la posible solución de utilizar las reservas petroleras, que en ese momento se mantenían sin explotar a gran escala. Además, se comprometió con el FMI para llevar a cabo una política económica ortodoxa que permitiera resolver los problemas y cumplir con el pago de la deuda externa.

Entre las medidas acordadas estaban garantizar la liberalización del comercio para reducir la demanda, implementar restricciones en las fuentes de financiamiento y el gasto público, así como imponer topes salariales. Estas medidas tenían como objetivo revertir los efectos negativos de las políticas económicas de Echeverría.

Los efectos de los acuerdos a inicios de 1977 son evidentes: la actividad económica disminuye del 4.2% al 3.4% y los salarios caen en un 21%. Sin embargo, a nivel macroeconómico, la situación del país comienza a estabilizarse al reducirse la inflación del 19.1% al 16%. Además, el déficit público disminuye con respecto al PIB, pasando de un 7.2% a un 5.1%, y el precio del dólar se estabiliza en 22.58 pesos. También se observa un aumento en la cantidad de ahorros y un incremento en los créditos internos debido a la disminución de la tasa de interés.

Aunque la deuda externa se eleva ligeramente, el país se mantiene dentro de las directrices dictadas por el FMI. Esto permite el aumento del ingreso de la inversión extranjera y el incremento de las reservas de dólares del país, que alcanzan los 845 millones. Paralelamente, se lleva a cabo una apertura comercial mediante la liberalización del precio de algunos artículos, sustituyendo las licencias de importación por tarifas.

El tope salarial del 10% resultó fundamental para avanzar en la recuperación económica, aunque generó problemas al no resolver la cuestión del bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esto condujo a movilizaciones sindicales, como la de los trabajadores de la UNAM afiliados al STUNAM en junio de 1977, quienes se opusieron a la propuesta de aumento salarial y fueron reprimidos.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El fracaso del plan económico echeverrista.

Imagen: 

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Caricatura de la quiebra economica de Luis Echeverria.
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo y Luis Echeverria en la toma de protesta, 1976.

La dinámica del PAN en la sociedad de los 60.

El gobierno mexicano de los años sesenta mantenía una estrategia ambivalente con respecto al tratamiento de los movimientos sociales. Por un lado, buscaba mantener comunicación con ellos mediante la colocación de líderes afines que contribuyeran a mantener la calma y les ofrecían algunos beneficios. Por otro lado, reprimía los nuevos movimientos sociales, como los trabajadores que rechazaban las propuestas gubernamentales, los grupos comunistas y las nuevas demandas planteadas por la juventud, entre otros.

Sin embargo, también era evidente que la estructura política del PRI se basaba en principios socialistas con un enfoque populista hacia la relación con el pueblo. Esto se hizo especialmente notorio durante el gobierno de Adolfo López Mateos, quien mantenía buenas relaciones con el bloque comunista, incluyendo el caso de Cuba, donde gracias a esta relación aseguró que no apoyaran a los grupos comunistas mexicanos.

A pesar de que los empresarios habían sido beneficiados por la política de «Desarrollo Estabilizador» del gobierno, no estaban de acuerdo con la asignación del presupuesto para cubrir los programas sociales. Por esta razón, sus organizaciones gremiales, como la COPARMEX y la CONCAMIN, comenzaron a expresar sus desacuerdos con el régimen y con su interlocutor empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

La situación dentro del contexto eclesiástico también experimentó cambios. La Iglesia estaba perdiendo terreno en las sociedades de América Latina a favor de las agrupaciones comunistas, siendo el triunfo de la Revolución Cubana un golpe significativo. El Vaticano instó a los jerarcas eclesiásticos a involucrarse en las problemáticas sociales para frenar la proliferación del comunismo, viendo como una alternativa la introducción de los democristianos.

En contraste, las agrupaciones de derecha mexicanas tenían una marcada tendencia anticomunista y una fuerte presencia en los sectores medio-altos de la sociedad. Surgió la Confederación de Organismos Nacionales, que agrupaba a las principales organizaciones ligadas al Yunque, especialmente las universitarias como el Frente Universitario Anticomunista (FUA), el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), la Coalición para la Defensa de los Valores Nacionales (CDVN) y las Falanges Tradicionalistas Mexicanas (FTM).

Aunque estas agrupaciones estaban vinculadas con grupos conservadores tradicionalistas, estaban dando mayor dinamismo a la derecha en el contexto latinoamericano al integrar valores democristianos. Por otro lado, el PAN se negaba a darles entrada debido a la posición de Manuel Gómez Morín de constituir una derecha laica. Esto llevó a impulsar a Adolfo Christlieb Ibarrola a ocupar la dirigencia del partido de 1962 a 1968 por compartir los mismos principios y rechazar a la democracia cristiana como opción.

Desde 1952, el sistema político mexicano se manejaba con un reducido abanico de opciones. El PRI era el partido dominante, el Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano representaba a las izquierdas y el PAN era la opción de las derechas. Otros partidos que no lograban obtener registro para participar en las elecciones también existían, pero el monopolio del PRI era evidente. En los años 60, los partidos de oposición solo tenían 20 de las 183 curules de la Cámara de Diputados. La respuesta del gobierno a estas quejas constantes fue la reforma electoral de 1963, que introdujo la figura de los diputados de partido. Durante el período de 1964 a 1973, la presencia de la oposición en el legislativo aumentó hasta alcanzar los 100 representantes en conjunto. Esta medida atenuó las críticas de los otros partidos y dio la impresión de que el PRI favorecía el juego democrático.

Este cambio fue respaldado por Christlieb, cuyo objetivo era la conciliación con el gobierno. Buscaba abrir más espacios para el PAN, con la idea de avanzar hacia la democratización de la sociedad de manera pacífica. Se propuso construir una oposición constructiva capaz de participar en la toma de decisiones gubernamentales, estableciendo así una base para futuros avances en el proceso democrático.

La realización del Concilio Vaticano II de 1962 a 1965 marcó un cambio significativo en la postura de la Iglesia, que comenzó a respaldar causas sociales y a llamar a los sectores conservadores a participar más activamente en las luchas de la sociedad civil. Este enfoque se basó en la idea de alcanzar una democracia liberal donde todas las posturas políticas tuvieran cabida, promoviendo la defensa de los derechos humanos y la participación política de los fieles.

En ese momento, las derechas habían logrado una conciliación con el gobierno bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz. Su política se centraba en fomentar el ahorro, mantener un endeudamiento bajo y promover un crecimiento económico moderado respaldado por el Estado. Esto tranquilizó a las clases medias en cuanto al gasto gubernamental excesivo.

Para mantener esta paz social, el gobierno debía ejercer su autoridad en respuesta a los reclamos sociales. Esta postura generó divisiones dentro de la oposición de derecha: mientras el PAN abogaba por una mayor participación política de los diversos sectores de la sociedad, una parte considerable apoyaba la posición represiva del gobierno como medio para contener el comunismo.

El PAN, a pesar de respaldar el pluralismo político, era crítico con la izquierda por su falta de respuesta ante los abusos de regímenes comunistas como el de Fidel Castro. En cambio, abogaba por el pluralismo político y la libertad de conciencia, promoviendo el liberalismo como principio para el orden internacional y defendiendo tanto el pluralismo religioso como político. Rechazaban la idea de que el Estado dictara el pensamiento de la sociedad. Durante el movimiento estudiantil de 1968, si bien criticaron la represión gubernamental y participaron en modificaciones legales, también cuestionaron la movilización social y abogaron por solucionar problemas a través de canales políticos establecidos. Culparon a la modernidad y la desintegración familiar por ciertos problemas sociales. Para las elecciones de 1970, el PAN mantuvo un discurso a favor de la democratización y la participación social, en línea con la doctrina social de la Iglesia, sin comprometer sus principios de liberalismo y laicidad.

Si bien el PAN apoyaba el pluralismo político, también era crítico con la postura de la izquierda por su falta de respuesta ante los abusos de regímenes comunistas como el de Fidel Castro. En su lugar, defendía el liberalismo como principio para el orden internacional y abogaba por la libertad de conciencia, tanto en lo religioso como en lo político.

Rechazaba la idea de que el Estado pudiera dictar el pensamiento de la sociedad. Durante el movimiento estudiantil de 1968, aunque cuestionó la represión gubernamental y participó en modificaciones legales, también mostró su desacuerdo con la movilización social, argumentando que los problemas debían resolverse a través de los canales políticos establecidos. Culparon a la modernidad y la desintegración familiar por ciertos problemas sociales.

En las elecciones de 1970, el PAN mantuvo un discurso a favor de la democratización y la participación social, alineado con la doctrina social de la Iglesia, sin comprometer sus principios de liberalismo y laicidad.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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La posición política del PAN en las elecciones de 1958.

Imagen: Christlieb Ibarrola pronuncia discruso durante una ceremonia, Mérida, Yucatán, 1965.

La industrialización en los 60.

A pesar de que los inicios de la década estuvieron marcados por los problemas derivados de las secuelas de la crisis de 1954, ya se empezaban a sentir los efectos de las políticas económicas del llamado «desarrollo estabilizador». Este enfoque implicaba que el gobierno se endeudara para invertir en obras públicas y así promover la inversión privada nacional y extranjera. Una de estas medidas fue la solicitud de un crédito por 265 millones de dólares a la Tesorería de los Estados Unidos, al Banco de Importaciones y Exportaciones y al Fondo Monetario Internacional, con el fin de mantener la paridad del peso.

Otro desafío a resolver era la cuestión laboral, ya que era evidente que los bajos ingresos de los trabajadores habían provocado movimientos sindicales durante los últimos años del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y los primeros de Adolfo López Mateos. Además, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 representaba una señal de alerta para abordar los problemas sociales y así prevenir la propagación del comunismo mediante una posible revuelta.

La solución que encontró el oficialismo fue ejercer un control absoluto sobre sus bases dentro del sindicalismo y acabar con las disidencias que estaban socavando la lealtad del sector obrero hacia el proyecto presidencial. Para ello, ordenaron arrestar a los líderes sindicales que habían liderado huelgas durante el último año de la administración anterior, reemplazándolos por los llamados «charros». Además, se ejecutó al caudillo Rubén Jaramillo, quien había liderado levantamientos campesinos en Morelos en años recientes.

Para mitigar las tensiones y evitar movilizaciones de trabajadores afectados, el gobierno otorgó mayores prestaciones laborales y creó organismos para brindarles apoyo. Se estableció el ISSSTE para proporcionar seguridad social a los trabajadores del estado, la CONASUPO para garantizar precios estables en productos básicos, se introdujeron los libros de texto gratuitos para las escuelas y se implementó un programa de desayunos escolares. Además, se decretó un aumento salarial del 6% y del 3.4% para la industria.

Estas acciones aseguraron la lealtad de los líderes sindicales y contribuyeron a controlar los problemas sociales, aunque se registró una disminución del 11% en la inversión. Ante esta situación, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, implementó una política de mayor inversión en obras públicas para evitar una desaceleración del crecimiento económico.

Estas medidas lograron su cometido para 1962 al nivelar la inversión privada y hacerla retornar al 11%, una tasa que se mantendría hasta los años 70. Gracias a estos esfuerzos, el aparato político conservó la confianza del sector empresarial, lo que garantizó la continuidad del sistema y aseguró los trabajos relacionados con la sucesión presidencial. Este puesto estaba destinado para el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien prometió seguir las mismas directrices económicas.

Ante estos resultados, la oposición tenía pocas opciones para presentar una oferta atractiva. El PAN eligió como candidato a José González Torres, quien criticó el papel del estado en la economía y la falta de democracia. También surgió el Frente Electoral del Pueblo, liderado por Ramón Danzós Palominos, denunciando la represión gubernamental contra los movimientos sociales. Sin embargo, este partido no fue reconocido por la Secretaría de Gobernación y sus líderes fueron perseguidos hasta su desaparición a principios de 1964.

En las elecciones, Díaz Ordaz ganó con 8 millones de votos, equivalentes al 88%, mientras que González Torres solo obtuvo 1,034,337 votos. Este éxito no se logró solo, ya que Díaz Ordaz recibió el respaldo de partidos satélites como el PARM y el PPS. Se formó una alianza con estos partidos «opositores» para evitar el crecimiento de nuevas fuerzas políticas y mantener al PAN en una posición marginal. Aunque estos partidos recibieron asistencia del gobierno al alcanzar solo un modesto 2.5% de votos, lo que les garantizó diputados federales.

Todo parecía indicar que el gobierno había encontrado la fórmula para salir del subdesarrollo. Habían logrado arraigar en la sociedad la cultura del ahorro, lo que permitía al estado obtener los recursos necesarios para seguir invirtiendo en obras públicas. La inflación estaba bajo control, la productividad del trabajo y del capital estaban en aumento, y la paridad peso-dólar se mantenía estable. Sin embargo, el problema a partir de 1965 radicaría en consolidar la base del financiamiento público mediante el control de la inflación y la estabilidad de la tasa de cambio. Se estaban dejando sin resolver los problemas estructurales relacionados con las distorsiones en la organización productiva.

La única solución aparente para mitigar este problema era aumentar la recaudación fiscal, ya que los impuestos aplicados hasta entonces eran insuficientes y se centraban principalmente en las rentas, intereses y dividendos, lo que se consideraba injusto. Por tanto, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México comenzaron a trabajar en una reforma fiscal para abordar esta situación. Se propuso la implementación de un impuesto global sobre empresas y personas físicas, pero esta medida no se llevó a cabo debido al temor de la administración pública de perder la imagen benévola y triunfalista que se había construido en los últimos años.

Debido a esta indecisión, la carga impositiva apenas aumentó del 6.8% que se pagaba a principios de 1960 a solo el 7% en 1970. Según la opinión de los empresarios, una baja carga impositiva aumentaba la capacidad de ahorro de la sociedad, lo que cumplía uno de los objetivos del «desarrollo estabilizador». Sin embargo, esto no logró aliviar el déficit público, que rondó alrededor del 14% durante la década.

La situación fiscal empeoró aún más debido a la reducción en los niveles de recaudación, como se refleja en el impuesto sobre la renta, que disminuyó del 10% en 1955 al 5.7% en 1965. Por otro lado, el impuesto sobre el ingreso al trabajo aumentó del 17% al 32%. Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a recurrir tanto a las reservas de los bancos comerciales como a solicitar más deuda a instituciones extranjeras. El sector bancario fue uno de los que más creció durante este período, pasando de tener solo el 11% del mercado en 1954 a alcanzar el 60% en 1970. Sin embargo, esta estrategia implicó una disminución en el ahorro gubernamental para poder reinvertir en el gasto público.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La consolidación del “milagro económico”.

Imagen: Hermanos Casasola. Gustavo Díaz Ordaz saluda a la multitud, durante una manifestación, noviembre de 1963.

La posición política del PAN en las elecciones de 1958.

Durante la primera mitad del siglo XX, el activismo político cristiano cambió sus objetivos para seguir rigiéndose bajo dos documentos papales: la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891 y la Quadragesimo Anno de Pío XI de 1931. Estos documentos llamaron a un acercamiento del clero a los sectores populares y a aplicar las enseñanzas del Evangelio para enfrentar las ideologías que influían en la causa obrera, como el socialismo y el anarquismo.

Con estas bases ideológicas, sumadas a los cambios en el pensamiento político como consecuencia del nuevo orden que trajo la Segunda Guerra Mundial, se conformó la llamada Democracia Cristiana en 1945. Esta nueva corriente se alejó de los intereses del alto clero para enfocarse en la resolución de los problemas de desigualdad social, asegurando así una importante base laborista en sus filas para defender al individuo y los derechos humanos.

La DC tenía afinidad tanto con algunas doctrinas del liberalismo como del socialismo. Por ejemplo, se respaldaba en el «personalismo», donde se reconocen todas las dimensiones del ser humano y su dignidad como respuesta a la visión antropocéntrica y secular del liberalismo. También tenía una orientación «comunitarista», donde la colectividad debe ponerse al servicio de todos sin anteponer a ningún grupo social sobre otro o reivindicar el poder del Estado, sino usar un criterio solidarista y pluralista donde tanto la Iglesia católica como las protestantes tenían su lugar.

Dentro de la derecha mexicana que se congregaba en las estructuras del PAN, el sector juvenil estaba atento a seguir los planteamientos surgidos de la DC, siendo uno de sus impulsores Hugo Gutiérrez Vega y otros líderes que criticaron el desempeño e ideas de los fundadores del partido, y pretendían actualizarlo según las circunstancias ideológicas contemporáneas. Este intento por modernizar al partido tuvo una respuesta negativa por parte de su fundador, Manuel Gómez Morin, quien criticó la posición de la DC sobre la participación de las instituciones religiosas en la resolución de problemas sociales. Gómez Morin reivindicaba la separación de la Iglesia y el Estado, argumentando que los planteamientos de la DC eran totalmente ajenos a la realidad nacional. Consideraba que el planteamiento político del PAN era la única respuesta adecuada desde el ámbito de la derecha.

La insistencia de Gómez Morin en seguir una línea institucional del partido generó una importante oposición a su liderazgo, encabezada por el grupo empresarial regiomontano y algunos partidarios de la DC. Muchos de sus seguidores, como Gutiérrez Vega, renunciaron al partido al percibir que la posición liberal de la dirigencia iba en contra del contexto de la época, donde movimientos sociales como la Revolución Cubana estaban ocurriendo y se alentaba la lucha sindical.

Para ese entonces, el PAN había reafirmado su posición de combatir al gobierno como un aparato autoritario, enarbolando tanto valores democráticos como éticos proporcionados por la religión. Esto se observa durante las dirigencias de Juan Gutiérrez Lascuráin de 1949 a 1956, Alfonso Ituarte Servín de 1956 a 1959 y José González Torres de 1959 a 1962, quienes provenían de asociaciones juveniles católicas como la ACJM y la ACM.

Mientras Gutiérrez Lascuráin mantenía una línea en concordancia con el pensamiento secular de Gómez Morin, tanto Ituarte Servín como González Torres estaban más en sintonía con las necesidades políticas de la Iglesia. En esta etapa, el partido se fortaleció mediante las asociaciones católicas en el país, lo que alejó al sector empresarial del partido y fortaleció la posición del PRI. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines ofreció garantías para la permanencia de su inversión, lo que atrajo a militantes radicales como los sinarquistas al PAN. Estos abandonaron el fallido PNM para buscar suerte en el PAN, imprimiéndole un tono radical con su agenda anticomunista, confesional e hispanista. Esto permitió que el partido ganara bases populares en estados donde el sinarquismo era fuerte, como en la región del Bajío.

A mediados de los años 50, el partido vivía un período de debate entre dos corrientes de pensamiento: una buscaba influir en la toma de decisiones de la presidencia, mientras que la otra pretendía redefinir el proyecto del partido y velar por la formación de la educación cívica de los mexicanos. En ambas posturas, los jóvenes jugaron un papel importante en las definiciones del partido, influyendo en la elección de Luis H. Álvarez como su candidato en las elecciones de 1958.

Durante su campaña electoral, Álvarez intentó presentarse como una verdadera alternativa al partido en el poder, respaldado por agrupaciones católicas que le proporcionaron apoyo propagandístico. Estas agrupaciones dieron voz a las quejas sobre el autoritarismo del PRI y el sistema de poder, destacando a los líderes juveniles como proponentes de la inclusión de la DC en la estructura ideológica del partido. Sin embargo, no pudieron revertir la situación donde el oficialismo demostró su poderío social, y las bases del panismo reivindicaron la orientación laica del partido en lugar de integrar los principios demócratas cristianos.

Ante esta situación, los partidarios de Álvarez intentaron fundar su propio partido llamado Movimiento Demócrata Cristiano, pero solo duraría unos meses debido a la falta de apoyo para sustentarlo a futuro.

Con la llegada de Adolfo López Mateos a la presidencia, se observó un deterioro rápido de la situación económica, donde el gobierno se endeudaba con préstamos extranjeros para compensar los ingresos de las exportaciones y financiar así las obras públicas. El objetivo era mantener la inversión del sector privado. Esta crisis se manifestó con la inconformidad de sectores sindicales y agraristas, como los ferrocarrileros, los maestros, los telegrafistas y el movimiento guerrillero de Rubén Jaramillo. Todos estos movimientos fueron reprimidos por la acción del entonces Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien se encargó de perseguir a los líderes de los movimientos, encarcelándolos o, en el caso de Jaramillo, ejecutándolos.

Sin duda, lo que representó un cisma en el contexto geopolítico fue la asociación de la Revolución Cubana con el comunismo y la presencia de grupos guerrilleros tanto en Colombia como en Venezuela, que se vieron motivados por el triunfo de Fidel Castro. Esto se convirtió en una amenaza para Estados Unidos, especialmente cuando estalló la «Crisis de los Misiles». Ante esta situación, el PAN tuvo que ofrecer una respuesta en su papel de partido opositor.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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El acoplamiento del PAN al presidencialismo de mitad del siglo XX.

Imagen: S/D. Luis H. Alvarez durante su campaña presidencial, 1958.

La consolidación del “milagro económico”.

El gobierno mexicano, en busca de atraer inversión extranjera y aprovechando la devaluación de la moneda, logró aumentar significativamente la entrada de capital extranjero. Esto permitió al Estado adquirir créditos de instituciones internacionales, lo que a su vez llevó a un aumento considerable de la deuda externa, pasando de 105.8 millones de dólares en 1950 a 602.7 millones en 1958. Para sostener este esquema de deuda a largo plazo, se buscó fomentar la cultura del ahorro en la sociedad mexicana. El gobierno esperaba utilizar estos ahorros para reemplazar la deuda externa cuando fuera necesario, financiando así los proyectos estatales y fortaleciendo el mercado interno. Sin embargo, cualquier disminución en el ahorro podría tener consecuencias catastróficas.

Aunque al principio la reestructuración económica mostró resultados positivos, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.8% en 1956, este crecimiento se redujo al 3.8% en 1958 debido a una nueva fase recesiva en la economía mundial. Además, empezaron a sentirse las repercusiones del déficit comercial y se agotaron los beneficios de la devaluación.

La situación económica comenzó a deteriorarse debido al colapso de los precios de las materias primas clave como el zinc, plomo, cobre, algodón y café, siendo estos dos últimos los principales productos de exportación del país. Además, se observó una mayor demanda de productos esenciales como el maíz, lo que llevó a un aumento de los precios de la maquinaria necesaria para la modernización industrial, pasando de 287 millones de dólares en 1956 a 468 millones en 1958.

Esta situación impactó negativamente las reservas del Banco de México, que descendieron significativamente a 16.6 millones de dólares en 1957 y 77.3 millones en 1958, lo que generó preocupación por la posible salida de capitales. El sector privado expresó su desconfianza, reflejada en una caída del 10.8% en el ritmo de crecimiento de la inversión en 1957, seguido de un descenso al -1.6% en 1958. Esto provocó un aumento en los precios de los productos básicos y un deterioro del poder adquisitivo.

La crisis resultante reactivó los conflictos en el sector agropecuario, que había sido descuidado en términos de inversiones, en contraste con la preferencia dada a la gran propiedad y la industria, estimuladas por el control sindical del sector obrero, una situación que afectaba negativamente a la pequeña y mediana propiedad sin recibir beneficios significativos.

El periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines se iba terminando y la crisis económica que estaba quedando sin resolver podría disminuir su poder de decisión al momento de seleccionar a su sucesor. Para poder apaciguar a los sectores inconformes por la situación, Ruiz Cortines eligió a un perfil ligado a los sectores opositores como el vasconcelismo y al movimiento obrero: Adolfo López Mateos, quien fungía como su secretario del Trabajo y Previsión Social y, por lo tanto, era la liga de negociación con los sindicatos.

Dentro de la oposición también se estaban perfilando figuras que lideraban los sectores golpeados por la crisis. En el PAN, eligieron al empresario industrial Luis H. Álvarez, quien propugnaba por un proyecto de libre mercado hacia la iniciativa privada para salir de la crisis y como medio de impulso a la industrialización.

El proceso se vio ensombrecido por las acciones reaccionarias de los sectores disidentes al oficialismo, como la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que protagonizó una serie de invasiones a terrenos en el occidente y el noroeste. Estos grupos fueron desalojados y atendidos parcialmente. Asimismo, el movimiento sindicalista de Demetrio Vallejo y Othon Salazar en el magisterio fue reprimido, y para desalentar a sus seguidores se autorizó un aumento de los salarios de los obreros.

Las elecciones pasaron sin mayores problemas y López Mateos las ganó con una votación del 90.4%. Esto provocó protestas del PAN, que acusó fraude al solo adjudicarles 705,303 votos y ganar solo 6 escaños del congreso. Como protesta, el partido convocó a los diputados a dejar vacantes sus curules, pero solo hicieron caso 2 y el resto fue expulsado del partido.

Una vez asegurado el poder, el gobierno quitó su careta conciliadora y mandó a arrestar a todos los líderes disidentes como Salazar, Vallejo y Valentín Campa bajo el cargo de “disolución social”, ataque a las vías de comunicación y a la economía nacional.

A pesar de la crisis vivida a finales del sexenio de Ruiz Cortines, se cumplió el propósito de lograr un crecimiento generalizado en buena parte de los sectores (exceptuando el agropecuario y minero que solo lo hicieron al 4%). El resto creció por encima de la tasa del 6.1%, como los servicios al 7.6%, el petrolero y petroquímico al 7.6%, el eléctrico al 9.3%, la construcción y la manufactura al 7.3%. Además, se cumplió con el compromiso de lograr el crecimiento del sector manufacturero, el cual obtuvo el 18.3% del PIB en 1956, superando al campo con su 17%, consolidando la modernización de la economía.

El aumento de la urbanización fue una consecuencia directa del crecimiento económico experimentado durante el periodo, con un incremento significativo en la población que residía en ciudades. En 1960, aproximadamente el 50.7% de la población vivía en áreas urbanas, en contraste con el 42.6% registrado en 1950. Este fenómeno se concentró principalmente en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. A pesar de esta tendencia urbana, la distribución de la población económicamente activa seguía teniendo una base agrícola considerable, con alrededor del 54% trabajando en el sector agrícola y solo un 14% en el sector manufacturero.

El crecimiento económico sostenido, con un promedio anual del 6.6%, reflejó el éxito de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Esta asociación buscaba gradualmente reducir la intervención estatal en la economía, de manera que hacia finales de la década de 1950, el gobierno tenía una participación del 34% mientras que los empresarios representaban el 66% en la actividad económica. El gobierno se comprometió a invertir en momentos de incertidumbre económica para estimular el retorno de la inversión privada.

Aunque hubo cierta desconfianza por parte de los empresarios debido a las inclinaciones políticas declaradas tanto por el PRI como por López Mateos hacia la izquierda, como se evidenció en la expropiación de la industria eléctrica para establecer la paraestatal CFE, el gobierno procuró mantenerlos tranquilos y les brindó garantías para evitar la retirada de sus inversiones. Esto se logró en parte gracias al manejo técnico y económico de funcionarios como Rodrigo Gómez y Antonio Ortiz Mena, quienes se ocuparon de mantener la estabilidad y confianza en el sector empresarial.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La crisis de 1953.

Imagen: Hermanos Casasola. Adolfo López Mateos, protestando como presidente durante el cambio de poder, en Bellas Artes. 01-12-1958.

El contexto del “desarrollo estabilizador”.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a diferencia del resto del mundo, México emergió con un saldo económico positivo. Durante el conflicto, el país se convirtió en el principal exportador tanto de materias primas como de capital humano, representado por los llamados «braceros», quienes contribuyeron significativamente al sostén de la economía estadounidense. Esta situación permitió a México mantener relaciones comerciales con ambos bandos en el conflicto.

Bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el estado mexicano reconcilió sus relaciones con el sector empresarial, convirtiéndolo en un motor crucial para el desarrollo del país. Se estableció un pacto en el que el sector privado colaboraba en la consolidación del sistema político de partido único (inicialmente el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que luego se transformaría en el PRI). A cambio, el gobierno controlaba las demandas del sector obrero, ofrecía apoyos como exenciones fiscales para fomentar las inversiones nacionales y mantenía una política proteccionista para evitar la competencia extranjera.

Estas políticas otorgaron beneficios políticos significativos a su sucesor, Miguel Alemán Valdés, quien gobernó de 1946 a 1952. Durante su mandato, México se enfrentó a la Guerra de Corea y experimentó una devaluación de la moneda. Sin embargo, gracias a la continuidad de las políticas económicas establecidas por Ávila Camacho, se inició un período de crecimiento económico sostenido.

Con el éxito del crecimiento económico en el país, resurge un debate que había quedado atrás décadas atrás: el restablecimiento de la reelección. Desde 1949, el propio gobierno comenzó a fomentar el debate público para reformar el artículo constitucional con la esperanza de ganar el favor popular y dar continuidad a las políticas de bienestar. Sin embargo, el sector revolucionario, liderado por expresidentes como Lázaro Cárdenas, se opuso rotundamente a esta iniciativa. Mantuvieron su postura política en línea con el legado de Plutarco Elías Calles, quien respondió al llamado a la reelección y al asesinato de Álvaro Obregón, estableciendo como uno de los principios del sistema la prohibición de la reelección presidencial y fomentando la rotación en el gobierno para mantener la esencia de la Revolución de 1910.

A pesar de la persistencia de Alemán en buscar su reelección, las estructuras del PRI se movilizaron para neutralizar su campaña. Optaron por respaldar como sucesor al secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, quien mantenía una postura distante del presidente y era reconocido por su reputación como «buen administrador».

Dado que era evidente que su intento por la reelección no prosperaría, Alemán logró llegar a un acuerdo tanto con Cárdenas como con el PRI para abrir la posibilidad de permitir la reelección. En ese momento, la situación global de polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética indicaba fuertemente la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Como condición, se propuso que, en caso de que se desatara tal conflicto, Alemán pudiera permanecer en el cargo debido a una causa de fuerza mayor. Además, se plantearon condiciones para reformar el artículo 83 de la Constitución, permitiendo la reelección después de un período.

Las bases alemanistas comenzaron a difundir rumores sobre la supuesta enfermedad de Ruiz Cortines para que dentro del partido se viera la reelección como una opción viable. Sin embargo, no lograron avances significativos. El 13 de octubre de 1951, en una convención del PRI, se le ofreció oficialmente a Ruiz Cortines ser candidato, inicialmente rechazó la propuesta argumentando la falta de un programa propio y su desinterés en replicar el modelo alemanista.

En las elecciones de 1952, surgieron candidaturas que cuestionaban el sistema establecido. Por un lado, el PAN postuló a Efraín González Luna, quien criticaba el sentido ideológico impuesto por el aparato presidencialista y abogaba por un modelo liberal. Por otro lado, el PP de Vicente Lombardo Toledano proponía la modernización del campo y fomentaba un proyecto económico nacionalista. También estaba Miguel Henríquez Guzmán del FPPM, una disidencia priista en contra del alemanismo.

Durante las elecciones, el FPPM y el PP intentaron formar una candidatura de unidad. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones permitió al gobierno perseguir y sabotear a estos partidos. Principalmente, se dirigieron contra los henriquistas, muchos de los cuales fueron asesinados o encarcelados. Como resultado, el PRI obtuvo el 74.3% de los votos, el FPPM el 15.9%, el PAN el 7.8% y el PP solo el 2%.

La salida de Henríquez y su decisión de no continuar con ninguna participación política marcó el fin del FPPM como partido al ser derogado su registro. Se estableció el acuerdo de que ningún miembro de la familia revolucionaria desafiara al sistema. Además, el gobierno creó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) para servir como partido satélite del PRI.

Una vez en la presidencia, Ruiz Cortines intentó fortalecer el sistema político y económico de las administraciones anteriores. Sin embargo, reconoció las deficiencias de la administración de Alemán, como el crecimiento desequilibrado de los sectores económicos, la negligencia hacia el campo y la disparidad de ingresos para la clase trabajadora.

Ruiz Cortines observó el aumento en la concentración de la riqueza en unos pocos, mientras que gran parte de la población experimentaba una disminución en su capacidad de compra. Reconoció la necesidad de canalizar el crecimiento económico para garantizar una distribución equitativa en todos los sectores sociales. Según los indicadores de la época, entre 1940 y 1952 se registró una inflación del 12%, resultado de los aumentos en las utilidades. Esto sugiere que el gobierno buscaba promover la concentración de ingresos como medio para impulsar la industrialización del país.

Ruiz Cortines declaró el compromiso del gobierno de velar por el crecimiento integral de la sociedad y no dejarlo todo en manos privadas. Sin embargo, tuvo que enfrentar la crisis causada por el fin de la Guerra de Corea, lo que redujo la demanda de las exportaciones mexicanas. Además, una sequía en el norte del país exacerbó la situación, llevando a una recesión entre 1952 y 1953, con una disminución de la tasa de crecimiento del 4% al 0.3%.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El desarrollismo alemanista.

Imagen:  Anónimo. Adolfo Ruiz Cortines lee discurso despues de protestar como presidente de México, 1ro de diciembre de 1952.

El acoplamiento del PAN al presidencialismo de mitad del siglo XX.

Desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho, se logró alcanzar una tregua con las organizaciones políticas de centro-derecha, como el naciente PAN, donde se congregó la clase empresarial del país. El Estado, con la intención de ser un ente omnipresente, facilitaría tanto la realización de negocios como la imposición de un orden proteccionista que impedía la entrada de competidores extranjeros. Sin embargo, esto no exentó al sector empresarial de divisiones internas. Por un lado, estaba la facción que respaldaba las políticas proteccionistas del gobierno, al ver cómo eliminaban competidores y les proporcionaban acceso a precios garantizados que maximizaban sus ganancias. Por otro lado, estaban aquellos que se oponían a la presencia del Estado en la economía, al considerar que no representaba una garantía de desarrollo. Esta facción se volvería predominante en los años ochenta.

El periodo de Manuel Gómez Morín en la presidencia del partido terminó en 1949, siendo sucedido por Juan Gutiérrez Lascurain, quien tuvo el compromiso tanto de consolidar la formación de cuadros de militancia política como de ayudar a su consolidación, enfrentando sobre todo un contexto dominado completamente por el PRI.

Uno de los resultados positivos de la gestión de Gutiérrez Lascurain fue haber conformado un candidato presidencial para las elecciones de 1952, eligiendo al empresario jalisciense Efraín González Luna. Su propuesta reflejaba los valores representados en el PAN, como la promoción de la doctrina social de la Iglesia como base de las acciones a seguir, la colocación de la educación como soporte para promover los valores democráticos y la aspiración de lograr que todos los mexicanos alcancen el mismo nivel de vida. Sin embargo, el dominio absoluto del PRI impidió que la candidatura panista llegara muy lejos, y el siguiente presidente fue Adolfo Ruiz Cortines.

Ruiz Cortines tuvo que enfrentar una situación compleja, ya que, como consecuencia de la Guerra de Corea, la economía se desaceleró siguiendo el modelo anterior. Como solución, implementó la reducción del gasto público para estabilizar los precios y apoyar al sector agrario con inversión para producir los granos básicos. Aunque logró mantener el control de precios y mejorar los salarios de los trabajadores, no logró un mejoramiento económico significativo. En 1954, retomaría el gasto público, provocando un desequilibrio presupuestal que aumentó la inflación y provocó la devaluación del peso frente al dólar, generando un ambiente de malestar social.

Aprovechando esta situación, la Iglesia intentaría participar en política mediante fuertes críticas sobre la situación del país. Iniciaron una campaña con la intención de derogar las leyes anticlericales que limitaban su campo de acción e incluso llegaron a plantear la conformación de sindicatos católicos para tener presencia dentro de la clase obrera. En esos años, la Iglesia tenía claro que ya no existía una base católica que pudiera movilizar para seguir sus intereses, sino que se trataba de una sociedad dividida en varios sectores con intereses diferentes, como el obrero, el campesino y el patronal. Para lograr sus objetivos, tenían que moverse a través de liderazgos católicos civiles que los organizaran. Decidieron impulsar la creación de agrupaciones vinculadas con la Iglesia y que atendieran a cada uno de estos bloques sociales. Un ejemplo fue la Corporación de Estudiantes Mexicanos, ligada a los jesuitas, pero una que tendría un gran arraigo tanto en los sectores empresariales como entre algunos miembros del priismo, fue la llegada de la representación del Opus Dei, una organización española del alto clero de tendencia radical.

La oportunidad para llevar a cabo esta estrategia se daría durante las elecciones legislativas de 1955, donde las agrupaciones católicas elevarían el tono para politizar a la feligresía y llevarlos a votar por el PAN. Lograron ganar 6 curules en la Cámara de Diputados y aumentaron su presencia a nivel estatal, como sucedió en el Distrito Federal, donde su intención de voto aumentó del 12% al 30%. Ante los buenos resultados, el Episcopado de México emitió un documento detallando los pasos a seguir en la acción política. Estos incluían respetar las reglas del sistema político mexicano siempre que no contradigan los principios de la fe y la conciencia, apoyar a los candidatos que sirvan a los intereses del bien común y de la Iglesia, cooperar con el Estado para el mejoramiento de la sociedad y la obligación de participar en los procesos democráticos.

Así, en los siguientes 5 años empezaron a surgir diferentes organizaciones católicas para conformar este electorado de derechas. Sin duda, la más polémica que surgiría en aquel entonces fue la Organización Nacional del Yunque, caracterizada por sus objetivos radicales y por contar con la participación de miembros destacados en la política.

Después de haber sido desintegrados dentro del orden político, los sinarquistas intentaron reorganizarse de manera paralela a los esfuerzos del PAN, tratando de conformar el Partido de la Unidad Nacional y cumpliendo escrupulosamente con los postulados de la ley. Sin embargo, su proselitismo religioso proporcionó al gobierno la justificación para negarles el registro. Esto llevó a muchos sinarquistas a integrarse a las filas del Partido Nacionalista Mexicano del excaudillo cristero Salvador Rivero Martínez, que logró el registro en 1957, pero su bajo desempeño resultó en la pérdida del registro en 1964.

Aunque el PAN se consolidó como una alternativa, perdió a buena parte del sector empresarial, que pasó a respaldar al PRI debido a las políticas proteccionistas que ofrecía. En contraposición, comenzaron a ganar presencia en los sectores de la clase media urbana, que los veían como una opción contra el autoritarismo. Los nuevos liderazgos del partido imprimirían un tono contrario al gobierno para captar nuevos adeptos.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

Imagen: Tomas Montero Torres. Efrain Gonzales Luna durante su cierre de campaña en las elecciones presidenciales de 1952.

Editorial: El rumbo en México en el 2023

A lo largo del año, se ha mantenido la tendencia en el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador y su estilo de gobierno, caracterizado en esta ocasión por un tono más radical, sin mediar y con el firme propósito de llevar a cabo las reformas que él considera necesarias para impulsar su proceso de «transformación». Uno de los principales objetivos de su gobierno ha sido dirigir sus esfuerzos hacia las instituciones autónomas, a las cuales percibe como si operasen en su contra para respaldar a sus adversarios. Las iniciativas enviadas buscan poner fin a esta autonomía, argumentando que esto hará que el gobierno esté a cargo de sus funciones, todo ello bajo el pretexto de la austeridad y la redistribución de esos recursos entre los más necesitados.

Sin embargo, el presidente ha enfrentado considerables obstáculos que han obstaculizado la consecución de sus metas. Por un lado, la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021 a manos de la oposición ha impedido que las reformas sean aprobadas con la mayoría necesaria para realizar cambios constitucionales. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia ha desestimado varias de las reformas y decretos, anulándolos por violar de manera continua las leyes.

El primer intento de socavar las instituciones se materializó a través de la reforma electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). En este caso, se buscó mermar sus capacidades al reducir drásticamente el servicio profesional electoral, dejando solo el 85% del mismo. Esto se complementó con la propuesta del cierre de varias oficinas estatales, la disminución de su presupuesto (fundamental para la logística de elecciones y la capacitación del personal de las casillas), elementos cruciales para garantizar la certeza electoral. La justificación para estas acciones fue el ahorro de 5,000 millones de pesos del presupuesto. Sin embargo, estas medidas violaron disposiciones constitucionales que obligan al gobierno a financiar al instituto. Además, al decretarse poco tiempo antes del proceso electoral de 2024, se proporcionaron las bases para que la Suprema Corte lo declarara anticonstitucional.

Aunque se logró detener la iniciativa, el gobierno ha encontrado formas de utilizar estos fallos a su favor. Un enfoque notable ha sido retórico: aprovechando la escasa cultura legal de la sociedad, López Obrador ha difundido la idea de que la Suprema Corte actúa de manera facciosa y partidista en lugar de basarse en el derecho. Ha promovido entre sus seguidores la idea de obtener la mayoría absoluta en el legislativo para propugnar una reforma constitucional que permita elegir a los miembros de la Suprema Corte mediante voto popular. Esto plantea el riesgo de politizar el poder judicial y que este actúe según intereses electorales, lo que podría frenar el proceso de independencia de la corte del poder.

Algo que resulta inédito en el caso de López Obrador es la alta popularidad mantenida que oscila entre el 55% y el 60%, a pesar de los resultados mediocres de sus proyectos presidenciales. Esta situación se atribuye al constante fomento del sistema asistencialista, donde ha asignado apoyos bimestrales a sectores sociales como estudiantes, campesinos, discapacitados y personas de la tercera edad. A pesar de los resultados engañosos de sus declaraciones, esto ha permitido que la confianza en su palabra se mantenga, generando la percepción de que las noticias sobre fallas en el gobierno son consideradas por él y sus seguidores como mentiras de la oposición destinadas a desprestigiarlo. Este respaldo sólido ha permitido que su partido, MORENA, continúe avanzando en su camino hacia la hegemonía política, sin importar ni las acusaciones de corrupcion o la entrada de politicos adversarios a sus filas y que fueron considerados de lo peor.

Este logro se ha alcanzado a pesar del empeoramiento de las condiciones de seguridad en el país, ya que el gobierno no ha logrado frenar la expansión de la delincuencia organizada, que persiste con impunidad. El gobierno ha sido criticado por su falta de acción para detener a los criminales o investigar los asesinatos, llegando incluso a una polémica reducción en el número de desaparecidos durante su mandato, de 113 mil a solo 12 mil.

Se debe reconocer que la confianza actual está respaldada por la situación económica, la cual, a diferencia de las opiniones de la oposición, ha logrado mantenerse saludable. Esto ha generado la confianza de inversores extranjeros para establecerse en el país, evidenciado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque las proyecciones a principios de año estimaban un crecimiento del 1%, se espera que termine en un rango entre el 3.2% y el 3.4%.

Este desempeño positivo se atribuye al crecimiento del mercado interno, respaldado por aumentos en el salario mínimo y una disminución en la tasa de desempleo, que actualmente se sitúa en el 60% de la población activa. Esto ha posicionado a México como la duodécima economía a nivel mundial, superando a países como España y Corea del Sur. No obstante, esta mejora no se refleja completamente, ya que más del 55% de la ocupación sigue siendo en la economía informal.

Un indicador que puede resultar engañoso es el precio del dólar, cuyo valor ha disminuido y el peso se ha fortalecido, alcanzando una cotización de alrededor de 17 pesos, llegando incluso a bajar a 16.9. Sin embargo, este fenómeno se atribuye más a los ajustes inflacionarios del Tesoro de Estados Unidos que a acciones específicas del gobierno mexicano. A pesar de ello, debido al aumento del consumo y a la naturaleza predominantemente importadora de la economía, especialmente en alimentos, las exportaciones mexicanas se han mantenido bajas. Esto ha contribuido a mantener la inflación moderada con un constante aumento de los precios.

En el ámbito internacional, México ha continuado su acercamiento sin reservas con gobiernos de orientación izquierdista, ya sea asociándose con países moderados como Chile y Colombia, o con regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela. Este acercamiento se ha dado sin cuestionar los abusos cometidos contra los ciudadanos en esos países usando la excusa de la «doctrina Estrada». Por otro lado, con los gobiernos que no son de su agrado, López Obrador no ha dudado en formular acusaciones directas. Un ejemplo de ello es el caso de Perú, donde el entonces presidente Pedro Castillo, considerado un amigo, fue detenido por intentar llevar a cabo un golpe de estado al pretender disolver el poder legislativo. Al no contar con respaldo del ejército o la policía, fue arrestado y destituido por su vicepresidenta Dilma Boluarte, a quien López Obrador considera como espuria y se niega a entablar comunicación alguna con ella. Esto ha resultado en desaires públicos, como en la reunión de la APEC.

Dentro de esta problemática, la cuestión migratoria de las caravanas de refugiados, tanto de otras naciones como de mexicanos, se ha convertido en un tema tenso en la frontera norte. Los migrantes hacen todo lo posible por ingresar, pero la falta de control y cuidado por parte de las autoridades mexicanas ha llevado a que sean víctimas de la inseguridad y extorsiones. Esto ha aumentado la tensión entre los habitantes de las ciudades fronterizas y ha exacerbado la animadversión por parte de los Estados Unidos.

Una de las apuestas fundamentales del gobierno de López Obrador ha sido la inversión en grandes obras de infraestructura, destacando proyectos clave como la reapertura de la red ferroviaria, con la inauguración en diciembre del Tren Maya. Este tren conecta las principales ciudades de la península de Yucatán, con entrada por Palenque. Otro proyecto importante y, posiblemente, más relevante es el Corredor Interoceánico que enlaza Coatzacoalcos con Salina Cruz, ofreciendo una alternativa competitiva al Canal de Panamá, que enfrenta problemas debido a la sequía.

Sin embargo, la prisa por concluir estos proyectos en el actual sexenio ha ocasionado problemas significativos en su construcción. Se han registrado sobrecostos estratosféricos, como el caso del Tren Maya, que tiene un presupuesto actual 3.3 veces mayor que el inicial de 156 mil millones. En el caso del Corredor, se ha experimentado un aumento del 60% respecto a su costo original. La destrucción ambiental generada por estas obras ha suscitado preocupaciones, y la falta de transparencia, al reservar detalles sobre la construcción y los presupuestos asignados, ha contribuido a que estas iniciativas sean miradas con escepticismo. Esta opacidad en las decisiones, al ocultar información relevante al público, ha sido objeto de críticas y alimenta la desconfianza en torno a estos proyectos.

Sin duda, el tema central de este año fue la definición de los participantes en las elecciones presidenciales de 2024, con implicaciones sustanciales, ya que se trata de dar continuidad al proyecto de la «cuarta transformación» de López Obrador o ponerle fin, una tarea que parece difícil. En el caso de MORENA, la contienda se centró en el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México con licencia, Claudia Sheinbaum. Aunque hubo otros aspirantes que carecieron de peso, se llegó a especular que el presidente podría otorgar la candidatura a Ebrard por su lealtad y renuncia a sus aspiraciones en favor de López Obrador en anteriores elecciones. Sin embargo, la realidad demostró que el presidente siempre mostró una cercanía pública con Sheinbaum, perfilándola como su sucesora a lo largo de estos años y esto se reflejó en las encuestas donde obtuvo una clara mayoría.

Estas elecciones serán determinantes para revelar el sentir de la sociedad mexicana. Se verá si la popularidad de López Obrador se transfiere sin contratiempos a Sheinbaum o si se va desvaneciendo durante la campaña, ya sea debido a la dinámica de la misma o si comienzan a destacar las deficiencias del gobierno.

En el ámbito de la oposición, se ha consolidado un sector de la población inconforme con la dirección tomada por las decisiones de López Obrador. Sin embargo, su crecimiento ha sido limitado debido al desprestigio heredado de gobiernos anteriores, los amplios apoyos otorgados y el innegable carisma del presidente, que ha invisibilizado sus propios errores que en administraciones previas habrían generado indignación popular. A pesar de que el proceso comenzó con pesimismo ante el desafío de competir con MORENA, la figura de la senadora con licencia por el PAN, Xóchitl Gálvez, generó furor durante el proceso de selección. Este interés se intensificó debido a la negativa del presidente de otorgarle espacio en las «mañaneras» para aclarar difamaciones en su contra, lo que le valió la popularidad suficiente para ser designada candidata.

El desafío para la coalición del PAN, PRI y PRD parece difícil de superar, ya que cuentan con el respaldo de aproximadamente el 40% de la población frente al 60% de MORENA. Además, como se ha señalado, las características de la base morenista y la migración de buena parte de la estructura política (principalmente del PRI) hacia las filas oficialistas dan la percepción de que, en esta precampaña, la coalición se enfoca más en las elecciones legislativas y locales, dejando la candidatura de Gálvez a la deriva.

El próximo año será sumamente agitado en la agenda nacional al centrarse en el tema de las elecciones, por lo que valdrá la pena profundizar tanto en la cultura política del país como realizar una revisión del gobierno de López Obrador una vez que hayan concluido las elecciones. Así que espero que me acompañen en el análisis de los acontecimientos que irán sucediendo.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

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Imagen: lluminacion conmemorativa de las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de Mexico en septiembre. Fuente: https://www.revistacentral.com.mx/comida/donde-celebrar-15-septiembre-2023

Los primeros años del PAN.

A pesar de la postura radical mostrada por Lázaro Cárdenas en su gobierno, la situación con las derechas empezaría a relajarse gracias a su posición por entablar la paz con la Iglesia con el establecimiento del pacto donde el Estado y el clero prometieron ocuparse de sus asuntos y no se involucrarían en sus problemas, ayudando con ello a que el PAN rebajase su tono frente a su quehacer político. Aunque ellos formaron parte de la coalición de oposición de la candidatura de Juan Andrew Almazán en las elecciones de 1940 (cuyos seguidores fueron duramente perseguidos), el presidente electo Manuel Ávila Camacho logra calmar el ambiente político gracias a su principio de gobierno de la “unidad nacional”, cuyo propósito buscaba reconciliar todas las facciones que habían permanecido peleadas para poder enfrentar el contexto de crisis de la SGM, por lo que establece la paz con las facciones de derecha e izquierda, o incluso dentro del propio grupo revolucionario con la lucha entre cardenistas y callistas.

Lo que terminaría por convencer a los panistas del compromiso de Ávila Camacho eran sus evidentes valores católicos que nunca renegó y que haría parte de su política al comprometerse a fomentar los valores morales y familiares de los mexicanos, además de dirigir al inicio del proceso de institucionalización del gobierno para poder ofrecer garantías tanto a la iniciativa privada como a los empresarios estadounidenses quienes eran los principales clientes de las exportaciones mexicanas. Fue así como la oposición de derecha se convertiría en un importante aliado en el legislativo para poder pasar las reformas del presidente, como fue el caso de la reforma al artículo 3 constitucional donde le quitaron el carácter socialista a la educación en diciembre de 1941, permitiendo con ello la entrada de la iniciativa privada en las escuelas y terminaría la hostilidad de la Iglesia hacia el régimen. Con ello, el arzobispo de México, Luis María Martínez, impulsaría al episcopado a sentar las bases para la conformación de organizaciones estudiantiles y empresariales, siempre bajo los postulados de ley acordados con el gobierno para evitar un posible rompimiento del pacto.

Este clima de paz también ayudaría a rebajar la beligerancia entre las dos principales organizaciones de derecha, el PAN y la UNS de los sinarquistas, con ellos serviría la mediación del Ávila Camacho para convencer al “alto mando” de los sinarquistas de quitar de sus filas a los miembros radicales como el caso de Salvador Abascal, asegurándoles con ello el permitirles la participación institucional dentro del orden político. La presidente también beneficiaria al PAN en el proceso que llevaría para expulsar de su gabinete al sector cardenista, ofreciéndoles a muchos de sus miembros los puestos que desocuparía, como paso con Teófilo Olea y Leyva quien fue designado ministro de la Suprema Corte, Manuel Herrera y Lasso como su asesor personal y a Agustín Aragón como asesor de Adolfo Ruiz Cortines. Seria hasta febrero de 1946 cuando se aprueba la ley electoral para admitir la entrada de nuevas organizaciones políticas, siendo la oportunidad de los sinarquistas al fundar el Partido Fuerza Popular, el cual nunca lograría obtener una base de simpatizantes por sus posturas radicales y esto facilita al gobierno el quitarle el registro por una protesta donde vandalizaron a una estatua de Benito Juárez en 1949.

La tendencia política vivida en el país continuó beneficiando a la derecha con la llegada de Miguel Alemán Valdez en 1946, quien buscaría catapultar la economía al facilitar las oportunidades invertir en la industria, sobre todo esperaba convertir a México en un aliado fundamental para EU y sus esfuerzos de reconstrucción económica después de la guerra. Su designación como candidato provocaría fracturas serias dentro del oficialismo por que se rompe el monopolio político de los grupos revolucionarios para ceder el puesto a los civiles, separándose el general Miguel Henríquez Guzmán fundando el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y el secretario de Relaciones Exteriores Ezequiel Padilla por parte del Partido Democrático Mexicano (PDM). Dentro de esa lucha, las derechas quedarían fuera de la competencia al no lograr encontrar a un candidato para postular a la presidencia, ya que Manuel Gómez Morin pretendía proponer al ya veterano político Luis Cabrera, pero el rechaza cortésmente el ofrecimiento debido a su avanzada edad de 74 años, por lo que tanto ellos como los sinarquistas se dedicarían a conformar alianzas locales para los puestos de legisladores.

Ya una vez instalado el presidente Alemán, empieza a construir alianzas con el sector empresarial para buscar el desarrollo del país, construyendo así un pequeño grupo de empresarios quienes serían los principales participes en la política del “nacionalismo industrializador” donde se aseguraba el mantener una relación de respeto entre el sector patronal con el obrero. Siempre procuraba mantener la línea moderada tanto en lo político como en la elección de los empresarios sobre quien apoyarse, aunque esto no evito que ellos fueran orientándolo para construir un modelo proteccionista, todo para alejar la amenaza de la competencia externa y con ello garantizar que su producción tuviera demanda por parte de la población, aunque los empresarios ligados al PAN estaban en contra de la intromisión estatal dentro de la iniciativa privada.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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El nacimiento del PAN.

Imagen: S/D. Miguel Estrada Iturbe, candidato a senador, 1946.