El fin del desarrollismo.

El petróleo se convirtió en una especie de solución mágica para los problemas del país durante el gobierno de José López Portillo. Sin embargo, su gestión fue marcada por un gasto irresponsable que descuidó sectores productivos clave, como la agricultura y la siderurgia, que habían sido relegados durante décadas. Esto generó un aumento significativo en los niveles de inflación, ya que el país tuvo que recurrir a importaciones para suplir lo que no podía producir internamente, acumulando una deuda importante para mantener el sistema productivo funcionando.

Como resultado, el saldo de la cuenta corriente experimentó un crecimiento del 59%, impulsado por el desbalance comercial y el aumento de las importaciones debido a la reactivación económica. Sin embargo, gran parte de las ganancias obtenidas se destinaron al pago de intereses de la deuda pública, contribuyendo al 95% del déficit de la cuenta corriente. Esta situación, junto con la inflación de los precios, la disminución del gasto en inversión social y el tope en la política salarial, llevó a una disminución en las remuneraciones salariales de los trabajadores, pasando del 46.6% al 40.4% en 1980.

Estos factores provocaron un aumento en las movilizaciones sociales a principios de la década, ya que se volvía cada vez más difícil para los trabajadores cubrir sus gastos básicos debido a la situación económica.

A pesar de que México experimentaba una de las tasas de crecimiento más altas a finales de la década, alcanzando un 9%, el desempeño deficiente de los ingresos petroleros resultó en una concentración de la riqueza en un grupo limitado de potentados en lugar de beneficiar a la mayoría de la sociedad. Además, los problemas estructurales no resueltos de la economía volvieron al sistema vulnerable ante los vaivenes del mercado internacional del petróleo.

La situación petrolera se complicó significativamente a partir de 1979 y 1980 debido a eventos como la victoria de la revolución islámica en Irán, uno de los principales productores de petróleo, y la guerra con Iraq. Esto provocó la expropiación de muchas empresas petroleras en Irán, lo que resultó en un desequilibrio en la producción debido a la salida de numerosos trabajadores. Esto coincidió con un periodo de sobredemanda de petróleo que fue absorbida por los países industrializados.

Los problemas se agravaron a partir de junio de 1981, cuando el mercado petrolero mostró signos de recuperación y los precios del barril bajaron de 38 dólares a 36 dólares. A pesar de esta tendencia, López Portillo decidió mantener el precio del barril en 38 dólares, argumentando la «calidad» del petróleo como justificación. Esta decisión llevó a una disminución en las exportaciones petroleras de México por un total de 13,305 millones de dólares.

Si bien la disminución en las exportaciones solo representó una pérdida financiera menor, erosionó la confianza y la credibilidad del gobierno mexicano en su política económica. Los economistas y la comunidad internacional comenzaron a percibir los vacíos dejados en el sector productivo, lo que llevó a que la banca internacional cancelara la línea de crédito del país y suspendiera algunos préstamos previamente aprobados al considerar las acciones del gobierno como sobrevaluadas.

Para compensar los faltantes presupuestarios, el gobierno contrajo más deuda, pero los altos intereses asociados con los préstamos, en comparación con los ingresos, generaron desconfianza entre los inversionistas. Esta falta de confianza condujo a una fuga de capitales, ya que los inversores no creían en la efectividad de las políticas económicas del gobierno.

Ante la pérdida de prestigio ante el capital internacional, López Portillo recurrió a una retórica nacionalista para justificar sus acciones y culpó al sector privado de la crisis económica. Se aumentó el gasto público por encima de lo presupuestado para mantener la confianza del pueblo, pero esto no logró detener la salida acelerada de inversiones por parte de los empresarios.

Al ser evidente que la crisis económica es imposible de resolver a corto plazo y a pocos meses de finalizar el sexenio, el 25 de septiembre de 1981 López Portillo reconoce el fin del proyecto desarrollista. Elige como el candidato a sucederlo a quien era el Secretario de Programación y Presupuestos, Miguel de la Madrid. Este era el primero de los ‘tecnócratas’ formados en EU y que pertenecían a los partidarios de aplicar el neoliberalismo para resolver la profunda crisis del país.

En la oposición, dentro del PAN gana la facción pragmática colocando como su candidato a Pablo Emilio Madero. Con ello, el partido abandona sus principios doctrinales para ser competitivo a nivel electoral. Esta elección sería la primera vez en que participa la izquierda. Sin embargo, en ella se haría patente el problema de la diversidad doctrinal. Esto provocó que las diferentes facciones tuvieran sus propios partidos y lanzaran sus candidaturas.

Fue el caso del PSUM proponiendo a Arnoldo Martínez Verdugo, el PRT a Rosario Ibarra de Piedra, el PSD a Manuel Moreno Sánchez, el PDM a Ignacio González Gollaz y Cándido Díaz Cerecedo por el PST. Esta situación dejó al electorado de la izquierda muy disperso.

A pesar de los serios problemas estructurales vividos en el país, el PRI sigue manteniendo su poderío y De la Madrid gana las elecciones con un 70.99%, mientras Pablo Emilio Madero queda con un lejano 15.8% y el resto se divide entre los diferentes partidos de izquierda. Sin embargo, a pesar del cambio de rumbo que representaba el nuevo presidente, no implicó una mejora de las condiciones por parte de la banca internacional.

Para el 18 de febrero de 1982, el país comenzó un periodo de devaluación del valor del peso respecto al dólar, pasando de los 26.4 pesos por dólar para caer en los 44.7. Para marzo de ese año, llegó a los 45.52 pesos por dólar. Este periodo se caracterizó por una reacción lenta por parte del gobierno, donde el presidente López Portillo prefirió salvar la estructura política del país para asegurar el monopolio político en lugar de priorizar la economía.

La imposibilidad de apuntalar la economía llevó a López Portillo a tomar medidas drásticas para evitar la salida de capitales. Primero, impuso el control del uso de divisas, fijando la cotización del dólar en 49.13 pesos con variaciones diarias de 4 centavos. Durante su último informe de gobierno, decretó la nacionalización de la banca. Por su parte, Miguel de la Madrid comenzó a hacer acuerdos con organismos internacionales, comprometiéndose a tomar medidas para estabilizar la economía cuando asumiera la presidencia. Sin embargo, esto no evitó la fuga masiva de capitales.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El camino a la crisis de 1982.

Imagen:

• Izquierda: Nacho Lopez. Campaña de Miguel de la Madrid, Campeche, Campeche, 1982.
• Derecha: Rogelio Naranjo. Arriba y Adelante, 1976.

La debacle económica de los 70.

Para los últimos años del sexenio de Luis Echeverría, el intento de impulsar la economía del país resultó en un fracaso evidente. En 1974, las inversiones privadas en México se redujeron a la mitad, lo que condujo a una recesión económica con una caída del PIB del 0.1% ese año y del 2% en 1975. Esta situación se vio agravada por una inflación rampante del 13.2% y 10.5%, respectivamente, en esos años.

A pesar de estos desafíos, el gobierno mexicano contaba con los ingresos petroleros como respaldo para seguir accediendo a líneas de crédito internacionales, cuyos intereses estaban por debajo del aumento de la inflación. Esto los convertía en un recurso atractivo para el gobierno, que intentaba así salir de la crisis económica, aunque esto contradecía los principios de la política económica.

La crisis también obstaculizó la implementación de una reforma fiscal, que se esperaba generara más ingresos para el Estado. Sin embargo, dada la debilidad económica y la falta de garantías para los empresarios respecto al retorno de sus inversiones, el gobierno se encontró sin opciones viables para incrementar sus fuentes de ingresos y rescatar el crecimiento económico.

El debilitamiento de las condiciones gubernamentales para mantener la estabilidad de los recursos básicos llevó a un aumento de precios en diversos sectores por primera vez en 10 años. Esto incluyó incrementos en los precios de la electricidad, los hidrocarburos, los fertilizantes y el acero, como resultado del aumento en la impresión monetaria. Entre 1972 y 1975, la impresión monetaria se elevó en un 23%, más del doble del 10% registrado en años anteriores, respaldada por una amplia línea crediticia que permitía seguir emitiendo dinero.

Esta situación generó desconfianza entre los ahorradores, quienes comenzaron a cambiar sus pesos por dólares, provocando una fuga de capitales que debilitó aún más al gobierno. Este se encontraba en la encrucijada de mantener el control estatal sobre la economía, especialmente bajo la presión cercana del periodo electoral.

En el ámbito político, surgieron rumores sobre la posibilidad de que Echeverría intentara reelegirse, aunque estos rumores se disiparon con el anuncio realizado por el veterano líder de la CTM, Fidel Velázquez, el 22 de septiembre de 1975. En este anuncio, destapó al secretario de Hacienda, José López Portillo, quien tenía una amplia experiencia en el sector público y ocupó puestos de relevancia con el ascenso de Echeverría, recibiendo el respaldo del PPS y el PARM.

A pesar de la grave situación económica del país, el panorama político seguía siendo favorable para la maquinaria electoral del PRI. En aquel entonces, el PAN enfrentaba una crisis interna desencadenada por la disputa entre dos liderazgos. Por un lado, Efraín González Morfín representaba la doctrina del partido, sosteniendo que la participación del PAN solo legitimaba al gobierno al ofrecer la imagen de un estado democrático. Por ello, movilizó a sus bases para no participar en las elecciones. Por otro lado, José Ángel Conchello adoptó una postura pragmática, buscando capitalizar la inconformidad generalizada del país y abogando por la incorporación de políticos que no compartieran su visión ideológica. Sin embargo, esta estrategia no fue suficiente para derrotar a González Morfín, cuya posición prevaleció y llevó a la decisión del PAN de no participar en las elecciones.

Aunque posteriormente la línea doctrinal de González Morfín perdió fuerza y prevaleció el «neopanismo» de Conchello, en ese momento el PRI fue el único partido presente en las elecciones. Se presentaron algunas candidaturas sin registro, como la de Valentín Campa por el Partido Comunista y la Coalición de Izquierda. Además, algunos panistas que deseaban participar en el proceso respaldaron a Pablo Emilio Madero. Esto aseguró la elección de López Portillo, quien obtuvo un total de 16.7 millones de votos, con el 98% de las preferencias electorales.

Ante las graves presiones económicas que experimentaba el país y una vez asegurada la sucesión, el 31 de agosto de 1976, se anunció el fin del cambio fijo de 12.5 pesos por dólar por parte del secretario de Hacienda, Mario Ramón Beteta. Este cambio dejó la moneda a la libre flotación del mercado con el objetivo de corregir los vicios del saldo negativo de la balanza de pagos y evitar la fuga de capitales, poniendo fin a 22 años de estabilidad mantenida de forma artificial.

Durante la toma de protesta el 1 de diciembre, López Portillo hizo un llamado a la cordialidad para enfrentar la crisis económica. Hizo referencia a la posible solución de utilizar las reservas petroleras, que en ese momento se mantenían sin explotar a gran escala. Además, se comprometió con el FMI para llevar a cabo una política económica ortodoxa que permitiera resolver los problemas y cumplir con el pago de la deuda externa.

Entre las medidas acordadas estaban garantizar la liberalización del comercio para reducir la demanda, implementar restricciones en las fuentes de financiamiento y el gasto público, así como imponer topes salariales. Estas medidas tenían como objetivo revertir los efectos negativos de las políticas económicas de Echeverría.

Los efectos de los acuerdos a inicios de 1977 son evidentes: la actividad económica disminuye del 4.2% al 3.4% y los salarios caen en un 21%. Sin embargo, a nivel macroeconómico, la situación del país comienza a estabilizarse al reducirse la inflación del 19.1% al 16%. Además, el déficit público disminuye con respecto al PIB, pasando de un 7.2% a un 5.1%, y el precio del dólar se estabiliza en 22.58 pesos. También se observa un aumento en la cantidad de ahorros y un incremento en los créditos internos debido a la disminución de la tasa de interés.

Aunque la deuda externa se eleva ligeramente, el país se mantiene dentro de las directrices dictadas por el FMI. Esto permite el aumento del ingreso de la inversión extranjera y el incremento de las reservas de dólares del país, que alcanzan los 845 millones. Paralelamente, se lleva a cabo una apertura comercial mediante la liberalización del precio de algunos artículos, sustituyendo las licencias de importación por tarifas.

El tope salarial del 10% resultó fundamental para avanzar en la recuperación económica, aunque generó problemas al no resolver la cuestión del bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población. Esto condujo a movilizaciones sindicales, como la de los trabajadores de la UNAM afiliados al STUNAM en junio de 1977, quienes se opusieron a la propuesta de aumento salarial y fueron reprimidos.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El fracaso del plan económico echeverrista.

Imagen: 

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Caricatura de la quiebra economica de Luis Echeverria.
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo y Luis Echeverria en la toma de protesta, 1976.

Los inicios de la crisis económica.

A principios de la década de los setenta, México mostraba señales de agotamiento del «desarrollo estabilizador», que no había logrado redistribuir la riqueza y se había concentrado en unos pocos. La modernización a nivel nacional se había logrado mediante la solicitud de más deuda, pero el verdadero indicador de la crisis nacional fue la crisis social y la pérdida de confianza del pueblo en el gobierno, resultado del movimiento del 68.

En la carrera presidencial, era crucial distanciarse de Gustavo Díaz Ordaz (quien asumió la responsabilidad histórica de la Matanza de Tlatelolco) y mostrar cercanía con los sectores sociales más desfavorecidos. Fue elegido el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, quien venció a figuras tan prominentes como Antonio Ortiz Mena y el regente de la capital, Alfonso Corona del Rosal. Hasta ese momento, Echeverría había sido considerado un funcionario discreto, habiéndose desempeñado en áreas como prensa o propaganda. Sorprendió a muchos con sus habilidades oratorias y la fuerza que imprimió en sus discursos de campaña, donde prometió un mayor acercamiento con el pueblo, se desligó de los acontecimientos del 68 (aunque más tarde se confirmó su implicación) y expresó su compromiso por enfrentar la evidente crisis económica.

Mientras el candidato oficialista recibía el respaldo tanto del aparato del PRI como de los partidos satélites como el PARM y el PPS, el PAN respondió de manera similar al elegir a Efraín González Morfín como candidato. Él orientó su campaña hacia un punto de vista social cristiano, instando a los empresarios a ser más empáticos con las clases trabajadoras, asegurando la participación del gobierno en programas sociales y, sobre todo, llamando a una renovación política nacional donde el PRI dejara de ser el partido del Estado.

Como es habitual en el presidencialismo, el gobierno movilizó sus bases sociales y Echeverría ganó las elecciones con un 85.5% de las preferencias. Su campaña se centró en los jóvenes, quienes se sintieron afectados por las acciones de Díaz Ordaz y él les aseguró una mayor participación en la política nacional. Desde el inicio de su gestión, Echeverría aseguró que la redistribución de la riqueza era compatible con el crecimiento económico, señalando la concentración de ingresos en la clase alta como una tendencia conservadora que obstaculizaba la democratización de la sociedad. Declaró su intención de facilitar la apertura democrática y situar al Estado como garante del reparto equitativo de la riqueza, denominando a este modelo «desarrollo compartido».

Este plan, que buscaba que el gobierno mantuviera el control del desarrollo del país, se acompañó de una exaltación de los valores patrios del nacionalismo revolucionario, siguiendo la tendencia política presente en América Latina en países como Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia. Sin embargo, la forma en que abordó la problemática social recurrió al populismo y la demagogia. Un ejemplo de esto se evidencia en la presentación del plan económico, que estableció objetivos muy ambiciosos pero no abordó completamente las limitaciones del «desarrollo estabilizador», como el déficit en el mercado externo en relación con las exportaciones mexicanas y la inestabilidad de la economía internacional. Se limitó a asegurar la redistribución de la riqueza sin abordar los problemas del sistema económico, como las deficiencias en la inversión privada o la dependencia de la deuda.

Una característica del gobierno de Echeverría fue su conflicto constante con el sector empresarial, al cual no tomaba en cuenta en la toma de decisiones, como ocurrió con el restablecimiento de la estabilidad de precios y la tasa de cambio. El gobierno trató de mitigar la desconfianza manteniendo una política fiscal que favorecía bajos pagos de impuestos para asegurar la reinversión en el país, manteniendo estos pagos en alrededor del 7% del PIB, a diferencia de países como Alemania (con el 37.9%) o Estados Unidos (con el 22.5%).

Si bien inicialmente Echeverría estaba dispuesto a considerar la opinión de los empresarios sobre los planes del gobierno, esta relación se caracterizó por un continuo cuestionamiento por parte del sector empresarial respecto a las intenciones del gobierno y la viabilidad de sus propuestas, como sucedió con la reforma fiscal. Muchas de estas consultas terminaron en amenazas por parte de los empresarios de retirar sus inversiones del país o en cambios en el sentido original de las propuestas.

Por otro lado, la promesa de profundizar en la democratización de la sociedad se desvaneció rápidamente, como se evidenció el 10 de junio de 1971, cuando una manifestación estudiantil convocada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en la capital fue reprimida. Los estudiantes exigían cambios en la Ley Orgánica y fueron atacados por un grupo paramilitar conocido como “Los Halcones”, creado para combatir a la guerrilla, que los sometió con extrema violencia. A diferencia de Díaz Ordaz, Echeverría trató de deslindarse de los hechos, argumentando la existencia de una conspiración para desestabilizar su gobierno. Se limitó a destituir a los mandos policiales implicados, algunos de los cuales luego ocuparían cargos importantes en sus estados de origen.

Ante el fracaso en erradicar el autoritarismo y la represión, las agrupaciones universitarias se radicalizaron y descartaron la posibilidad de establecer buenas relaciones con el gobierno.

Con el objetivo de mitigar la tensión política, se reformó la Ley Federal Electoral para reducir la edad requerida para ser legislador a 25 años para diputados y 30 años para senadores, cumpliendo así la promesa de otorgar mayor participación a los jóvenes. Además, se disminuyó el porcentaje de votación necesario para acceder a una diputación del 2.5% al 1.5%, lo que se percibió como un intento de salvar a los partidos satélites PARM y PPS, que no lograban reunir los requisitos mínimos para mantenerse.

El PRI, por su parte, evitó en lo posible entrar en discusiones ideológicas con el PAN para mantener la imagen de democratización en la vida pública. Esto permitió que los panistas ampliaran sus bases sociales, aunque de manera marginal, tanto en los sectores urbanos como en algunas zonas rurales.

Aunque para 1971 el concepto de «desarrollo compartido» logró reducir la tasa de inflación de 5.3% a 4.8%, el déficit del sector público se mantuvo en un 30%, el saldo negativo de la cuenta corriente en un 18%, y la deuda externa se estabilizó en un 30%, no pudo detener el proceso de recesión que disminuyó el crecimiento económico del 7% en 1970 al 3.4%. Por lo tanto, los escasos avances logrados se vieron afectados por el contexto internacional.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El resquebrajamiento del “desarrollo estabilizador”.

Imagen: S/D.  Luis Echeverría Álvarez saluda durante un mitin de su campaña electoral en Guasave, Sinaloa. 1969. Fuente: https://la-lista.com/poder/politica/2022/07/09/galeria-luis-echeverria-de-los-anos-en-el-poder-a-sus-ultimas-apariciones

La industrialización en los 60.

A pesar de que los inicios de la década estuvieron marcados por los problemas derivados de las secuelas de la crisis de 1954, ya se empezaban a sentir los efectos de las políticas económicas del llamado «desarrollo estabilizador». Este enfoque implicaba que el gobierno se endeudara para invertir en obras públicas y así promover la inversión privada nacional y extranjera. Una de estas medidas fue la solicitud de un crédito por 265 millones de dólares a la Tesorería de los Estados Unidos, al Banco de Importaciones y Exportaciones y al Fondo Monetario Internacional, con el fin de mantener la paridad del peso.

Otro desafío a resolver era la cuestión laboral, ya que era evidente que los bajos ingresos de los trabajadores habían provocado movimientos sindicales durante los últimos años del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y los primeros de Adolfo López Mateos. Además, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 representaba una señal de alerta para abordar los problemas sociales y así prevenir la propagación del comunismo mediante una posible revuelta.

La solución que encontró el oficialismo fue ejercer un control absoluto sobre sus bases dentro del sindicalismo y acabar con las disidencias que estaban socavando la lealtad del sector obrero hacia el proyecto presidencial. Para ello, ordenaron arrestar a los líderes sindicales que habían liderado huelgas durante el último año de la administración anterior, reemplazándolos por los llamados «charros». Además, se ejecutó al caudillo Rubén Jaramillo, quien había liderado levantamientos campesinos en Morelos en años recientes.

Para mitigar las tensiones y evitar movilizaciones de trabajadores afectados, el gobierno otorgó mayores prestaciones laborales y creó organismos para brindarles apoyo. Se estableció el ISSSTE para proporcionar seguridad social a los trabajadores del estado, la CONASUPO para garantizar precios estables en productos básicos, se introdujeron los libros de texto gratuitos para las escuelas y se implementó un programa de desayunos escolares. Además, se decretó un aumento salarial del 6% y del 3.4% para la industria.

Estas acciones aseguraron la lealtad de los líderes sindicales y contribuyeron a controlar los problemas sociales, aunque se registró una disminución del 11% en la inversión. Ante esta situación, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, implementó una política de mayor inversión en obras públicas para evitar una desaceleración del crecimiento económico.

Estas medidas lograron su cometido para 1962 al nivelar la inversión privada y hacerla retornar al 11%, una tasa que se mantendría hasta los años 70. Gracias a estos esfuerzos, el aparato político conservó la confianza del sector empresarial, lo que garantizó la continuidad del sistema y aseguró los trabajos relacionados con la sucesión presidencial. Este puesto estaba destinado para el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien prometió seguir las mismas directrices económicas.

Ante estos resultados, la oposición tenía pocas opciones para presentar una oferta atractiva. El PAN eligió como candidato a José González Torres, quien criticó el papel del estado en la economía y la falta de democracia. También surgió el Frente Electoral del Pueblo, liderado por Ramón Danzós Palominos, denunciando la represión gubernamental contra los movimientos sociales. Sin embargo, este partido no fue reconocido por la Secretaría de Gobernación y sus líderes fueron perseguidos hasta su desaparición a principios de 1964.

En las elecciones, Díaz Ordaz ganó con 8 millones de votos, equivalentes al 88%, mientras que González Torres solo obtuvo 1,034,337 votos. Este éxito no se logró solo, ya que Díaz Ordaz recibió el respaldo de partidos satélites como el PARM y el PPS. Se formó una alianza con estos partidos «opositores» para evitar el crecimiento de nuevas fuerzas políticas y mantener al PAN en una posición marginal. Aunque estos partidos recibieron asistencia del gobierno al alcanzar solo un modesto 2.5% de votos, lo que les garantizó diputados federales.

Todo parecía indicar que el gobierno había encontrado la fórmula para salir del subdesarrollo. Habían logrado arraigar en la sociedad la cultura del ahorro, lo que permitía al estado obtener los recursos necesarios para seguir invirtiendo en obras públicas. La inflación estaba bajo control, la productividad del trabajo y del capital estaban en aumento, y la paridad peso-dólar se mantenía estable. Sin embargo, el problema a partir de 1965 radicaría en consolidar la base del financiamiento público mediante el control de la inflación y la estabilidad de la tasa de cambio. Se estaban dejando sin resolver los problemas estructurales relacionados con las distorsiones en la organización productiva.

La única solución aparente para mitigar este problema era aumentar la recaudación fiscal, ya que los impuestos aplicados hasta entonces eran insuficientes y se centraban principalmente en las rentas, intereses y dividendos, lo que se consideraba injusto. Por tanto, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México comenzaron a trabajar en una reforma fiscal para abordar esta situación. Se propuso la implementación de un impuesto global sobre empresas y personas físicas, pero esta medida no se llevó a cabo debido al temor de la administración pública de perder la imagen benévola y triunfalista que se había construido en los últimos años.

Debido a esta indecisión, la carga impositiva apenas aumentó del 6.8% que se pagaba a principios de 1960 a solo el 7% en 1970. Según la opinión de los empresarios, una baja carga impositiva aumentaba la capacidad de ahorro de la sociedad, lo que cumplía uno de los objetivos del «desarrollo estabilizador». Sin embargo, esto no logró aliviar el déficit público, que rondó alrededor del 14% durante la década.

La situación fiscal empeoró aún más debido a la reducción en los niveles de recaudación, como se refleja en el impuesto sobre la renta, que disminuyó del 10% en 1955 al 5.7% en 1965. Por otro lado, el impuesto sobre el ingreso al trabajo aumentó del 17% al 32%. Ante esta situación, el gobierno se vio obligado a recurrir tanto a las reservas de los bancos comerciales como a solicitar más deuda a instituciones extranjeras. El sector bancario fue uno de los que más creció durante este período, pasando de tener solo el 11% del mercado en 1954 a alcanzar el 60% en 1970. Sin embargo, esta estrategia implicó una disminución en el ahorro gubernamental para poder reinvertir en el gasto público.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La consolidación del “milagro económico”.

Imagen: Hermanos Casasola. Gustavo Díaz Ordaz saluda a la multitud, durante una manifestación, noviembre de 1963.

La posición política del PAN en las elecciones de 1958.

Durante la primera mitad del siglo XX, el activismo político cristiano cambió sus objetivos para seguir rigiéndose bajo dos documentos papales: la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891 y la Quadragesimo Anno de Pío XI de 1931. Estos documentos llamaron a un acercamiento del clero a los sectores populares y a aplicar las enseñanzas del Evangelio para enfrentar las ideologías que influían en la causa obrera, como el socialismo y el anarquismo.

Con estas bases ideológicas, sumadas a los cambios en el pensamiento político como consecuencia del nuevo orden que trajo la Segunda Guerra Mundial, se conformó la llamada Democracia Cristiana en 1945. Esta nueva corriente se alejó de los intereses del alto clero para enfocarse en la resolución de los problemas de desigualdad social, asegurando así una importante base laborista en sus filas para defender al individuo y los derechos humanos.

La DC tenía afinidad tanto con algunas doctrinas del liberalismo como del socialismo. Por ejemplo, se respaldaba en el «personalismo», donde se reconocen todas las dimensiones del ser humano y su dignidad como respuesta a la visión antropocéntrica y secular del liberalismo. También tenía una orientación «comunitarista», donde la colectividad debe ponerse al servicio de todos sin anteponer a ningún grupo social sobre otro o reivindicar el poder del Estado, sino usar un criterio solidarista y pluralista donde tanto la Iglesia católica como las protestantes tenían su lugar.

Dentro de la derecha mexicana que se congregaba en las estructuras del PAN, el sector juvenil estaba atento a seguir los planteamientos surgidos de la DC, siendo uno de sus impulsores Hugo Gutiérrez Vega y otros líderes que criticaron el desempeño e ideas de los fundadores del partido, y pretendían actualizarlo según las circunstancias ideológicas contemporáneas. Este intento por modernizar al partido tuvo una respuesta negativa por parte de su fundador, Manuel Gómez Morin, quien criticó la posición de la DC sobre la participación de las instituciones religiosas en la resolución de problemas sociales. Gómez Morin reivindicaba la separación de la Iglesia y el Estado, argumentando que los planteamientos de la DC eran totalmente ajenos a la realidad nacional. Consideraba que el planteamiento político del PAN era la única respuesta adecuada desde el ámbito de la derecha.

La insistencia de Gómez Morin en seguir una línea institucional del partido generó una importante oposición a su liderazgo, encabezada por el grupo empresarial regiomontano y algunos partidarios de la DC. Muchos de sus seguidores, como Gutiérrez Vega, renunciaron al partido al percibir que la posición liberal de la dirigencia iba en contra del contexto de la época, donde movimientos sociales como la Revolución Cubana estaban ocurriendo y se alentaba la lucha sindical.

Para ese entonces, el PAN había reafirmado su posición de combatir al gobierno como un aparato autoritario, enarbolando tanto valores democráticos como éticos proporcionados por la religión. Esto se observa durante las dirigencias de Juan Gutiérrez Lascuráin de 1949 a 1956, Alfonso Ituarte Servín de 1956 a 1959 y José González Torres de 1959 a 1962, quienes provenían de asociaciones juveniles católicas como la ACJM y la ACM.

Mientras Gutiérrez Lascuráin mantenía una línea en concordancia con el pensamiento secular de Gómez Morin, tanto Ituarte Servín como González Torres estaban más en sintonía con las necesidades políticas de la Iglesia. En esta etapa, el partido se fortaleció mediante las asociaciones católicas en el país, lo que alejó al sector empresarial del partido y fortaleció la posición del PRI. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines ofreció garantías para la permanencia de su inversión, lo que atrajo a militantes radicales como los sinarquistas al PAN. Estos abandonaron el fallido PNM para buscar suerte en el PAN, imprimiéndole un tono radical con su agenda anticomunista, confesional e hispanista. Esto permitió que el partido ganara bases populares en estados donde el sinarquismo era fuerte, como en la región del Bajío.

A mediados de los años 50, el partido vivía un período de debate entre dos corrientes de pensamiento: una buscaba influir en la toma de decisiones de la presidencia, mientras que la otra pretendía redefinir el proyecto del partido y velar por la formación de la educación cívica de los mexicanos. En ambas posturas, los jóvenes jugaron un papel importante en las definiciones del partido, influyendo en la elección de Luis H. Álvarez como su candidato en las elecciones de 1958.

Durante su campaña electoral, Álvarez intentó presentarse como una verdadera alternativa al partido en el poder, respaldado por agrupaciones católicas que le proporcionaron apoyo propagandístico. Estas agrupaciones dieron voz a las quejas sobre el autoritarismo del PRI y el sistema de poder, destacando a los líderes juveniles como proponentes de la inclusión de la DC en la estructura ideológica del partido. Sin embargo, no pudieron revertir la situación donde el oficialismo demostró su poderío social, y las bases del panismo reivindicaron la orientación laica del partido en lugar de integrar los principios demócratas cristianos.

Ante esta situación, los partidarios de Álvarez intentaron fundar su propio partido llamado Movimiento Demócrata Cristiano, pero solo duraría unos meses debido a la falta de apoyo para sustentarlo a futuro.

Con la llegada de Adolfo López Mateos a la presidencia, se observó un deterioro rápido de la situación económica, donde el gobierno se endeudaba con préstamos extranjeros para compensar los ingresos de las exportaciones y financiar así las obras públicas. El objetivo era mantener la inversión del sector privado. Esta crisis se manifestó con la inconformidad de sectores sindicales y agraristas, como los ferrocarrileros, los maestros, los telegrafistas y el movimiento guerrillero de Rubén Jaramillo. Todos estos movimientos fueron reprimidos por la acción del entonces Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien se encargó de perseguir a los líderes de los movimientos, encarcelándolos o, en el caso de Jaramillo, ejecutándolos.

Sin duda, lo que representó un cisma en el contexto geopolítico fue la asociación de la Revolución Cubana con el comunismo y la presencia de grupos guerrilleros tanto en Colombia como en Venezuela, que se vieron motivados por el triunfo de Fidel Castro. Esto se convirtió en una amenaza para Estados Unidos, especialmente cuando estalló la «Crisis de los Misiles». Ante esta situación, el PAN tuvo que ofrecer una respuesta en su papel de partido opositor.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Tania Hernández Vicencio. Tras las huellas de la derecha. El PAN, 1939-2000.

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El acoplamiento del PAN al presidencialismo de mitad del siglo XX.

Imagen: S/D. Luis H. Alvarez durante su campaña presidencial, 1958.

La formación de la izquierda moderna.

Si bien el régimen presidencialista se había abierto al pluralismo partidista a principios de la década de los ochenta, la izquierda no lograba conformar la unidad para ser una opción competitiva. La existencia de facciones ideológicas y de intereses de sus respectivos líderes hizo que fuera imposible conformar una propuesta sólida. Inesperadamente, la crisis económica que experimentó el país a principios de la década hizo que el régimen cambiara la orientación de sus políticas y abandonara el nacionalismo revolucionario para adoptar el neoliberalismo como opción para salir de las deudas. Esto provocó el quiebre con un sector del PRI identificado con la izquierda oficialista que ya no se identificaba desde el punto de vista ideológico, pero sobre todo porque no habían sido beneficiados dentro del régimen.

Todo esto conformó el bloque “Corriente Democrática” bajo la dirección del entonces gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y el veterano político Porfirio Muñoz Ledo, quienes junto con otros priistas mostraron su desacuerdo con el cambio de dirección del gobierno. Tanto ellos como sus seguidores anunciaron su renuncia al partido en octubre de 1987.

El liderazgo de Cárdenas era un gran atractivo para los sectores nacionalistas. Utilizando la figura de su padre, el general Lázaro Cárdenas, muchos lo asociaron con el sector socialista que había construido el sistema político moderno, convirtiéndolo en una figura atractiva para los partidos de izquierda que veían en él una oportunidad de destacar en el escenario político. Como consecuencia de su renuncia al PRI, además de llevarse a los políticos que acusaban la falta de democracia dentro del partido, se sumaron partidos satélites que habían acompañado al régimen durante décadas, como el PPS fundado por Lombardo Toledano, así como otros partidos como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Sin embargo, surgieron problemas con el caso del PMS de Heberto Castillo, donde surgieron conflictos sobre los pasos a seguir. Algunos cuestionaban si debían apoyar la candidatura de su líder a la presidencia o adoptar una actitud pragmática y sumarse al respaldo a Cárdenas. Esto llevó a una lucha de liderazgos y a acusaciones hacia Castillo de tomar una posición caudillista, mientras que sus partidarios acusaban a Cárdenas de querer resucitar el añejo presidencialismo con una clara orientación lombardista, cuestionando su compromiso con la democracia.

Así, los miembros del PMS se debatían entre aprovechar la oportunidad que les daba la candidatura de Cárdenas o mantenerse fieles a sus principios de luchar contra el sistema presidencialista a través de la democracia. Esto provocó que algunos de sus miembros abandonaran el partido para unirse al movimiento cardenista, al ver que en sus años de existencia no habían logrado formar una base social sólida. Mientras tanto, la popularidad de Cárdenas crecía entre los sectores populares, quienes lo veían como la opción para salir de la crisis que las nuevas fórmulas neoliberales no habían logrado resolver, dando paso a la formación de un bloque entre el CD del PRI, el PARM y el PPS, llamado «Frente Democrático Nacional» (FDN), algo que el resto de los partidos de izquierda no podían ignorar.

El postulado ideológico del movimiento sería la defensa del legado de la Revolución en el desarrollo del país, conformando una alianza pluriclasista que lucharía tanto por defender la soberanía de los recursos nacionales, como por velar por los intereses de los sectores populares y construir una democracia integral en el país. Se llamó tanto al PMS como al PRT a unirse en la candidatura al compartir las mismas metas.

Además de los militantes de los partidos, el sector intelectual también abogaba por la necesidad de apoyar las pretensiones de Cárdenas si se esperaba consolidar un sistema democrático. Hacían un llamado para abandonar sus posiciones ideológicas y aprovechar lo que veían como una oportunidad para lograr este objetivo. Mientras tanto, los sectores de la izquierda radical criticaban esta postura oportunista y llamaban a la toma de conciencia de la sociedad.

Para sustentar su postura, el PMS recordaba la trayectoria de Cárdenas dentro del PRI y cómo había permanecido en el partido cuando le convenía, así como su paso por el Movimiento de Liberación Nacional en los años sesenta. Con el fin de asegurar su independencia, Castillo radicalizaba su discurso pretendiendo alcanzar una posición purista. Llamaba al resto de los partidos socialistas a unirse asegurando la pervivencia de sus principios.

A pesar de los esfuerzos de Castillo por alzarse como defensor de los valores socialistas, la tendencia dentro de los partidos de izquierda era inclinarse hacia la opción cardenista. No solo conformaban alianzas, sino que también abandonaban sus partidos para unirse a la campaña de Cárdenas. Por lo tanto, para junio de 1988, Castillo sucumbió y anunció su renuncia a la candidatura para apoyar a Cárdenas.

Dentro del convenio de alianza entre los dirigentes de los partidos, se fijaron como objetivos lograr la democratización del país, poner fin al sistema del partido único, garantizar la igualdad para todos los partidos, promover la competencia y proporcionalidad dentro del gobierno, fomentar el federalismo y la soberanía municipal, asegurar la libertad y el derecho a la información, reafirmar la importancia del Estado sobre la soberanía de los recursos energéticos, velar por la autonomía universitaria, y promover la justicia social, entre otros puntos.

A pesar de este giro contradictorio donde la izquierda tuvo que valerse de un sector del PRI para ganar elecciones en lugar de haber conseguido una base propia, era evidente que muchos partidarios veían el atractivo que representaba Cuauhtémoc al ser un representante del cardenismo, que gozaba de buena popularidad. Por lo tanto, muchos prefirieron usar su imagen para alcanzar el objetivo de arraigar el socialismo en el país, revirtiendo así la tendencia de alejamiento de la sociedad.

Así, para las elecciones de 1988, la izquierda había conformado una candidatura fuerte capaz de congregar a las masas que demostraban su apoyo a la causa cardenista. Esto se tradujo en una seria amenaza para el PRI, que veía cómo se desmoronaban las bases que habían construido a lo largo de décadas en tan solo unos meses.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Massimo Modonesi. La crisis histórica de los comunistas mexicanos, del libro Camaradas. Nueva historia del comunismo en México.

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La decadencia del comunismo mexicano.

Imagen: Pedro Valtierra. Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo, durante la fundación del PRD, en el Zócalo de la Ciudad de México. Fuente: https://elpais.com/mexico/2023-07-10/la-vida-de-porfirio-munoz-ledo-en-imagenes.html

La consolidación del “milagro económico”.

El gobierno mexicano, en busca de atraer inversión extranjera y aprovechando la devaluación de la moneda, logró aumentar significativamente la entrada de capital extranjero. Esto permitió al Estado adquirir créditos de instituciones internacionales, lo que a su vez llevó a un aumento considerable de la deuda externa, pasando de 105.8 millones de dólares en 1950 a 602.7 millones en 1958. Para sostener este esquema de deuda a largo plazo, se buscó fomentar la cultura del ahorro en la sociedad mexicana. El gobierno esperaba utilizar estos ahorros para reemplazar la deuda externa cuando fuera necesario, financiando así los proyectos estatales y fortaleciendo el mercado interno. Sin embargo, cualquier disminución en el ahorro podría tener consecuencias catastróficas.

Aunque al principio la reestructuración económica mostró resultados positivos, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.8% en 1956, este crecimiento se redujo al 3.8% en 1958 debido a una nueva fase recesiva en la economía mundial. Además, empezaron a sentirse las repercusiones del déficit comercial y se agotaron los beneficios de la devaluación.

La situación económica comenzó a deteriorarse debido al colapso de los precios de las materias primas clave como el zinc, plomo, cobre, algodón y café, siendo estos dos últimos los principales productos de exportación del país. Además, se observó una mayor demanda de productos esenciales como el maíz, lo que llevó a un aumento de los precios de la maquinaria necesaria para la modernización industrial, pasando de 287 millones de dólares en 1956 a 468 millones en 1958.

Esta situación impactó negativamente las reservas del Banco de México, que descendieron significativamente a 16.6 millones de dólares en 1957 y 77.3 millones en 1958, lo que generó preocupación por la posible salida de capitales. El sector privado expresó su desconfianza, reflejada en una caída del 10.8% en el ritmo de crecimiento de la inversión en 1957, seguido de un descenso al -1.6% en 1958. Esto provocó un aumento en los precios de los productos básicos y un deterioro del poder adquisitivo.

La crisis resultante reactivó los conflictos en el sector agropecuario, que había sido descuidado en términos de inversiones, en contraste con la preferencia dada a la gran propiedad y la industria, estimuladas por el control sindical del sector obrero, una situación que afectaba negativamente a la pequeña y mediana propiedad sin recibir beneficios significativos.

El periodo del presidente Adolfo Ruiz Cortines se iba terminando y la crisis económica que estaba quedando sin resolver podría disminuir su poder de decisión al momento de seleccionar a su sucesor. Para poder apaciguar a los sectores inconformes por la situación, Ruiz Cortines eligió a un perfil ligado a los sectores opositores como el vasconcelismo y al movimiento obrero: Adolfo López Mateos, quien fungía como su secretario del Trabajo y Previsión Social y, por lo tanto, era la liga de negociación con los sindicatos.

Dentro de la oposición también se estaban perfilando figuras que lideraban los sectores golpeados por la crisis. En el PAN, eligieron al empresario industrial Luis H. Álvarez, quien propugnaba por un proyecto de libre mercado hacia la iniciativa privada para salir de la crisis y como medio de impulso a la industrialización.

El proceso se vio ensombrecido por las acciones reaccionarias de los sectores disidentes al oficialismo, como la Unión General de Obreros y Campesinos de México, que protagonizó una serie de invasiones a terrenos en el occidente y el noroeste. Estos grupos fueron desalojados y atendidos parcialmente. Asimismo, el movimiento sindicalista de Demetrio Vallejo y Othon Salazar en el magisterio fue reprimido, y para desalentar a sus seguidores se autorizó un aumento de los salarios de los obreros.

Las elecciones pasaron sin mayores problemas y López Mateos las ganó con una votación del 90.4%. Esto provocó protestas del PAN, que acusó fraude al solo adjudicarles 705,303 votos y ganar solo 6 escaños del congreso. Como protesta, el partido convocó a los diputados a dejar vacantes sus curules, pero solo hicieron caso 2 y el resto fue expulsado del partido.

Una vez asegurado el poder, el gobierno quitó su careta conciliadora y mandó a arrestar a todos los líderes disidentes como Salazar, Vallejo y Valentín Campa bajo el cargo de “disolución social”, ataque a las vías de comunicación y a la economía nacional.

A pesar de la crisis vivida a finales del sexenio de Ruiz Cortines, se cumplió el propósito de lograr un crecimiento generalizado en buena parte de los sectores (exceptuando el agropecuario y minero que solo lo hicieron al 4%). El resto creció por encima de la tasa del 6.1%, como los servicios al 7.6%, el petrolero y petroquímico al 7.6%, el eléctrico al 9.3%, la construcción y la manufactura al 7.3%. Además, se cumplió con el compromiso de lograr el crecimiento del sector manufacturero, el cual obtuvo el 18.3% del PIB en 1956, superando al campo con su 17%, consolidando la modernización de la economía.

El aumento de la urbanización fue una consecuencia directa del crecimiento económico experimentado durante el periodo, con un incremento significativo en la población que residía en ciudades. En 1960, aproximadamente el 50.7% de la población vivía en áreas urbanas, en contraste con el 42.6% registrado en 1950. Este fenómeno se concentró principalmente en ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey. A pesar de esta tendencia urbana, la distribución de la población económicamente activa seguía teniendo una base agrícola considerable, con alrededor del 54% trabajando en el sector agrícola y solo un 14% en el sector manufacturero.

El crecimiento económico sostenido, con un promedio anual del 6.6%, reflejó el éxito de la colaboración entre el gobierno y el sector empresarial. Esta asociación buscaba gradualmente reducir la intervención estatal en la economía, de manera que hacia finales de la década de 1950, el gobierno tenía una participación del 34% mientras que los empresarios representaban el 66% en la actividad económica. El gobierno se comprometió a invertir en momentos de incertidumbre económica para estimular el retorno de la inversión privada.

Aunque hubo cierta desconfianza por parte de los empresarios debido a las inclinaciones políticas declaradas tanto por el PRI como por López Mateos hacia la izquierda, como se evidenció en la expropiación de la industria eléctrica para establecer la paraestatal CFE, el gobierno procuró mantenerlos tranquilos y les brindó garantías para evitar la retirada de sus inversiones. Esto se logró en parte gracias al manejo técnico y económico de funcionarios como Rodrigo Gómez y Antonio Ortiz Mena, quienes se ocuparon de mantener la estabilidad y confianza en el sector empresarial.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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La crisis de 1953.

Imagen: Hermanos Casasola. Adolfo López Mateos, protestando como presidente durante el cambio de poder, en Bellas Artes. 01-12-1958.

La construcción de la “democracia” porfirista.

La consolidación del modelo republicano liberal se logró gracias al liderazgo de Benito Juárez, quien lo defendió de los esfuerzos conservadores por derribarlo. Sin embargo, es importante destacar que en aquel momento no existía una cultura democrática sólida en el país, lo que dio lugar a la construcción de la figura presidencial como si fuera soberana.

Tras la derrota francesa, Juárez continuó presentándose a las elecciones. Su prestigio acumulado le permitía mantenerse en el poder, lo cual generaba molestias en otros sectores del liberalismo que esperaban su oportunidad para ascender. Por ejemplo, Porfirio Díaz representaba a las fuerzas militares y se levantó en armas al perder las elecciones, utilizando la democracia como pretexto.

La muerte fue el único evento que pudo separar a Juárez del poder, y fue entonces cuando ascendió Sebastián Lerdo de Tejada, quien era juez de la Suprema Corte. Sin embargo, Lerdo también sucumbió a las tentaciones del poder y se presentó a la reelección en 1876. En esta ocasión, Díaz aprovechó la división dentro del grupo juarista y la oposición a la presidencia de Lerdo para obtener los apoyos necesarios y triunfar con el Plan de Tuxtepec, colocándose en la presidencia bajo la causa antirreeleccionista.

A diferencia del resto de los liberales, Díaz era considerado moderado, lo que le permitió obtener numerosos apoyos en diversos sectores de la sociedad mexicana, incluidos los grupos conservadores. Estos últimos encontraron un respiro del acoso durante el periodo juarista y, sobre todo, durante el gobierno de Lerdo, lo que les permitió llegar a acuerdos donde, a cambio de garantizar la gobernabilidad del régimen, se pasaba por alto la aplicación estricta de las leyes radicales de la Constitución de 1857.

El éxito en la consolidación de un sistema centralizado en torno a su liderazgo hizo que Díaz se encariñara con el poder. Sin embargo, aún no podía despojarse por completo de los ideales que lo habían llevado a la presidencia, como el antirreeleccionismo promovido en el Plan de Tuxtepec. Por lo tanto, por «congruencia», decidió no presentarse en las elecciones de 1880. No obstante, buscaba una manera de mantener el poder sin ostentarlo directamente. Para lograr esto, utilizó su círculo de amistades para elegir a su sucesor. Este perfil correspondió al general Manuel González, quien había sido un antiguo conservador bajo el mando de José María Cobos y Leonardo Márquez durante la Guerra de Reforma, pero que se acogió al indulto de Juárez ofrecido para enfrentar a los franceses.

Durante la guerra de intervención, González, quien era coronel, estuvo subordinado a las órdenes del general Díaz, a pesar de que paradójicamente se habían enfrentado en la Guerra de Reforma en los territorios del Estado de México, Puebla y Oaxaca. González fue uno de los hombres de confianza de Díaz durante los enfrentamientos contra los franceses, especialmente en las batallas de Miahuatlán y la del 2 de abril en Puebla, donde su participación fue determinante y perdió un brazo.

Durante los desafíos de Díaz hacia el gobierno de la República Restaurada, González fue uno de sus aliados en la lucha. Sin embargo, ante el fracaso del Plan de La Noria, se acogió al indulto y se retiró a su natal Matamoros. A pesar de esto, no perdió el contacto con Díaz y durante la rebelión de Tuxtepec, le permitió tener una sólida red de apoyos entre los empresarios tamaulipecos y regiomontanos, además de contar con el abastecimiento de la frontera.

A pesar del fracaso inicial de Díaz en el noreste, cambió sus planes y decidió dirigirse al sur para encabezar la rebelión, dejando a González a cargo del norte, siguiendo una estrategia de pinza. Las fuerzas de González destacaron al derrotar a las tropas lerdistas en batallas como la de Tecoac, asegurando el triunfo de Díaz y comprometiéndose aún más en recompensarlo.

Una vez en el poder, Díaz nombró a González como gobernador de Michoacán en 1877 y lo ascendió al rango de general de División. Posteriormente, lo designó como ministro de Guerra en 1879 y le encomendó la jefatura de Operaciones del Ejército de Occidente. Esta posición lo hizo responsable de los territorios que se extendían desde Guanajuato hasta Baja California y con la tarea de combatir la rebelión de los seguidores del fallecido Manuel Lozada en Tepic.

El distanciamiento de las luchas en la capital llevó a Díaz a confiar en González, lo que le permitió considerarlo como su sucesor. A pesar de haber comenzado en bandos opuestos, su cercanía se fortaleció durante la intervención, cuando Díaz apadrinó al hijo de González, convirtiéndose en compadres. Sin embargo, lo que realmente contribuyó a que González fuera elegido como sucesor fue su habilidad para manejar los intereses tanto de los caciques como de los caudillos militares, lo que lo convertía en una garantía para la continuación del nuevo orden nacional.

Para poder gobernar, Díaz había tejido una red de intereses entre caudillos y caciques del país, construyendo un equilibrio mediante su intervención. De esta manera, el ejército respetaba la autonomía de los municipios y escuchaba las peticiones de los pueblos, lo que contribuyó a alcanzar la estabilidad en términos de paz y orden. Este enfoque comenzó a dar resultados positivos al impulsar el crecimiento económico del país.

Las generaciones de aquellos años veían con buenos ojos y consideraban necesaria la perpetuación del proyecto porfirista, ya que su enfoque moderado atendía las necesidades de todos los sectores sociales. Sin embargo, esto implicaba un golpe serio a la cultura democrática, que estaba dispuesta a ser sacrificada en nombre del orden y el progreso. Tanto los poderes regionales, el ejército y la sociedad civil habían buscado sin éxito alcanzar esta estabilidad después de la independencia.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Silvestre Villegas Revueltas. Un acuerdo entre caciques: La elección presidencial de Manuel Gonzales (1880), de la revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea no. 25.

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El contexto político después de 1867.

Imagen: «Cedacito nuevo ¿dónde te pondré?», caricatura de la revista El Padre Cobos, octubre de 1880. 

El contexto del “desarrollo estabilizador”.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, a diferencia del resto del mundo, México emergió con un saldo económico positivo. Durante el conflicto, el país se convirtió en el principal exportador tanto de materias primas como de capital humano, representado por los llamados «braceros», quienes contribuyeron significativamente al sostén de la economía estadounidense. Esta situación permitió a México mantener relaciones comerciales con ambos bandos en el conflicto.

Bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, el estado mexicano reconcilió sus relaciones con el sector empresarial, convirtiéndolo en un motor crucial para el desarrollo del país. Se estableció un pacto en el que el sector privado colaboraba en la consolidación del sistema político de partido único (inicialmente el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que luego se transformaría en el PRI). A cambio, el gobierno controlaba las demandas del sector obrero, ofrecía apoyos como exenciones fiscales para fomentar las inversiones nacionales y mantenía una política proteccionista para evitar la competencia extranjera.

Estas políticas otorgaron beneficios políticos significativos a su sucesor, Miguel Alemán Valdés, quien gobernó de 1946 a 1952. Durante su mandato, México se enfrentó a la Guerra de Corea y experimentó una devaluación de la moneda. Sin embargo, gracias a la continuidad de las políticas económicas establecidas por Ávila Camacho, se inició un período de crecimiento económico sostenido.

Con el éxito del crecimiento económico en el país, resurge un debate que había quedado atrás décadas atrás: el restablecimiento de la reelección. Desde 1949, el propio gobierno comenzó a fomentar el debate público para reformar el artículo constitucional con la esperanza de ganar el favor popular y dar continuidad a las políticas de bienestar. Sin embargo, el sector revolucionario, liderado por expresidentes como Lázaro Cárdenas, se opuso rotundamente a esta iniciativa. Mantuvieron su postura política en línea con el legado de Plutarco Elías Calles, quien respondió al llamado a la reelección y al asesinato de Álvaro Obregón, estableciendo como uno de los principios del sistema la prohibición de la reelección presidencial y fomentando la rotación en el gobierno para mantener la esencia de la Revolución de 1910.

A pesar de la persistencia de Alemán en buscar su reelección, las estructuras del PRI se movilizaron para neutralizar su campaña. Optaron por respaldar como sucesor al secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, quien mantenía una postura distante del presidente y era reconocido por su reputación como «buen administrador».

Dado que era evidente que su intento por la reelección no prosperaría, Alemán logró llegar a un acuerdo tanto con Cárdenas como con el PRI para abrir la posibilidad de permitir la reelección. En ese momento, la situación global de polarización entre Estados Unidos y la Unión Soviética indicaba fuertemente la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial. Como condición, se propuso que, en caso de que se desatara tal conflicto, Alemán pudiera permanecer en el cargo debido a una causa de fuerza mayor. Además, se plantearon condiciones para reformar el artículo 83 de la Constitución, permitiendo la reelección después de un período.

Las bases alemanistas comenzaron a difundir rumores sobre la supuesta enfermedad de Ruiz Cortines para que dentro del partido se viera la reelección como una opción viable. Sin embargo, no lograron avances significativos. El 13 de octubre de 1951, en una convención del PRI, se le ofreció oficialmente a Ruiz Cortines ser candidato, inicialmente rechazó la propuesta argumentando la falta de un programa propio y su desinterés en replicar el modelo alemanista.

En las elecciones de 1952, surgieron candidaturas que cuestionaban el sistema establecido. Por un lado, el PAN postuló a Efraín González Luna, quien criticaba el sentido ideológico impuesto por el aparato presidencialista y abogaba por un modelo liberal. Por otro lado, el PP de Vicente Lombardo Toledano proponía la modernización del campo y fomentaba un proyecto económico nacionalista. También estaba Miguel Henríquez Guzmán del FPPM, una disidencia priista en contra del alemanismo.

Durante las elecciones, el FPPM y el PP intentaron formar una candidatura de unidad. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones permitió al gobierno perseguir y sabotear a estos partidos. Principalmente, se dirigieron contra los henriquistas, muchos de los cuales fueron asesinados o encarcelados. Como resultado, el PRI obtuvo el 74.3% de los votos, el FPPM el 15.9%, el PAN el 7.8% y el PP solo el 2%.

La salida de Henríquez y su decisión de no continuar con ninguna participación política marcó el fin del FPPM como partido al ser derogado su registro. Se estableció el acuerdo de que ningún miembro de la familia revolucionaria desafiara al sistema. Además, el gobierno creó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) para servir como partido satélite del PRI.

Una vez en la presidencia, Ruiz Cortines intentó fortalecer el sistema político y económico de las administraciones anteriores. Sin embargo, reconoció las deficiencias de la administración de Alemán, como el crecimiento desequilibrado de los sectores económicos, la negligencia hacia el campo y la disparidad de ingresos para la clase trabajadora.

Ruiz Cortines observó el aumento en la concentración de la riqueza en unos pocos, mientras que gran parte de la población experimentaba una disminución en su capacidad de compra. Reconoció la necesidad de canalizar el crecimiento económico para garantizar una distribución equitativa en todos los sectores sociales. Según los indicadores de la época, entre 1940 y 1952 se registró una inflación del 12%, resultado de los aumentos en las utilidades. Esto sugiere que el gobierno buscaba promover la concentración de ingresos como medio para impulsar la industrialización del país.

Ruiz Cortines declaró el compromiso del gobierno de velar por el crecimiento integral de la sociedad y no dejarlo todo en manos privadas. Sin embargo, tuvo que enfrentar la crisis causada por el fin de la Guerra de Corea, lo que redujo la demanda de las exportaciones mexicanas. Además, una sequía en el norte del país exacerbó la situación, llevando a una recesión entre 1952 y 1953, con una disminución de la tasa de crecimiento del 4% al 0.3%.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El desarrollismo alemanista.

Imagen:  Anónimo. Adolfo Ruiz Cortines lee discurso despues de protestar como presidente de México, 1ro de diciembre de 1952.

Los yorkinos contra los resultados de las elecciones de 1828

La maquinaria del bando yorkino para refutar las elecciones de 1828, donde el «imparcial» Manuel Gómez Pedraza derrotó al caudillo Vicente Guerrero con un resultado muy ajustado, se estaba movilizando. Esto se lograba mediante el trabajo político de los legisladores, donde, durante las discusiones, el legislador yucateco José María Alpuche e Infante pondría en duda la capacidad de las legislaturas estatales para seleccionar al elector que emitiría el voto por el presidente.

Así, los yorkinos esperaban que los gobiernos de los estados anularan los votos de sus congresos para «calificar» la elección. La prensa a favor de Pedraza empezaría a publicar las artimañas que estaban ejecutando los partidarios de Guerrero para deshacer las elecciones y lograr que él asumiera la presidencia. Para aumentar la presión sobre la elección, al bando yorkino se unió una de las figuras políticas más importantes que estaban empezando a dejar su presencia en el país: Antonio López de Santa Anna. Santa Anna tenía pleito declarado tanto con el presidente Guadalupe Victoria como con el mismo Pedraza, quienes lo habían amedrentado en su posición como vicegobernador como parte de la lucha política.

Antes de las elecciones, Santa Anna fue destituido de su cargo, pero su posición dentro del ejército le permitió sublevarse con algunos seguidores. Desde Perote, lanzó una proclama donde desconoció la elección de Pedraza debido a las irregularidades señaladas por los yorkinos. En su comunicado, reiteró su respeto a la Constitución de 1824 y anunció que no dejaría las armas hasta que sus demandas fueran cumplidas.

El gobierno declaró a Santa Anna fuera de la ley, junto con todos sus seguidores, y envió al general Manuel Rincón para combatirlo. Sin embargo, Rincón no pudo darle alcance a Santa Anna, quien logró escapar hacia Oaxaca, una de las plazas reclamadas por los yorkinos. Santa Anna esperaba tomar la capital desde allí y así iniciar la rebelión. Sin embargo, Rincón contaba con suficientes apoyos locales para resistir, lo que impidió que Santa Anna lograra su cometido.

A pesar de ello, la presencia de Santa Anna permitió que otros caudillos se levantaran en armas tanto en Oaxaca como en otros estados de la república. La propaganda impulsada por los yorkinos, dirigida por Lorenzo de Zavala, aumentó el descontento popular, calificando la situación como un fraude electoral.

Hacia finales de noviembre, la situación se estaba saliendo de control, y ni Victoria ni los pedracistas lograban contener los llamamientos de los yorkinos. Estos difundieron rumores donde señalaban la actitud tiránica con la que se había manejado a lo largo de su carrera militar, además de acusarlo de mostrar actitudes «antipatrióticas» al perseguir a los integrantes del gobierno del bando yorkino. También lo acusaron por las acciones cometidas en Oaxaca. Zavala, justificando con sus artículos la legitimidad de la rebelión popular, respaldó estas acusaciones.

La situación en Oaxaca ya era lo bastante conflictiva. Durante el proceso electoral, ambos bandos adquirieron motes bastante curiosos con un trasfondo derivado de los grupos que apoyaron a los insurgentes y a los realistas. Los federalistas serían conocidos como los «vinagres» y los imparciales como los «aceites», ya que detrás de estos últimos estaba la comunidad española. Se llegaron a pelear a tiros, siendo finalmente puestos en orden por el gobernador, lo que se convirtió en el punto de partida para acusarlo de represión.

Otro punto caliente fue Veracruz, ya que previamente muchos de sus diputados pasaron a apoyar la rebelión de Nicolás Bravo, respaldado por la logia escocesa conservadora. La derrota de Bravo lo sacaría a él y a los escoceses de las elecciones. Esto provocó que los diputados fueran el blanco de los ataques de los yorkinos, acusándolos de anticonstitucionales y argumentando que apoyaban la candidatura de Pedraza. Esta situación se considera una de las supuestas causas del inicio de la rebelión de Perote.

Los yorkinos intentaron deslegitimar las elecciones legislativas veracruzanas al calificarlas como «indignas». Argumentaron que los diputados estaban apoyando a Pedraza, sugiriendo incluso que la contrainsurgencia realista que aún persistía en el estado había presionado para que votaran por Pedraza. Cuando se anunció la victoria de los imparciales, los yorkinos radicales comenzaron a difundir duros cuestionamientos sobre la fiabilidad de los resultados. Alegaron que el estado de Durango, que había manifestado simpatías hacia Guerrero, había votado a favor del bando pedracista. Además, con respecto a Oaxaca, argumentaron que al no haber tenido una votación «constitucional», no se les debería tomar en cuenta. Con estos reclamos, esperaban al menos anular una legislatura para que la votación quedara en empate y la elección quedara en manos de los diputados, donde había una mayoría yorkina.

La negativa del gobierno de Victoria y de los imparciales a ceder ante los caprichos de los yorkinos provocó que los levantamientos surgieran en numerosos puntos del país, haciendo que la situación se tornara caótica debido al creciente clima de polarización generalizada. Los caudillos yorkinos empezaron a ganar posiciones, y todo culminó con la conspiración organizada por Zavala.

Zavala incentivó a algunos mandos militares a tomar un depósito de armas en la Ciudad de México llamado «La Acordada» para abastecer la rebelión. Armados, varios grupos populares de la capital intentaron tomar los edificios del gobierno para darle la presidencia a Guerrero, lo que resultó en varias trifulcas en la ciudad que terminaron con la destrucción del Parían. Con la presión encima, el Congreso no tuvo otra opción que anular la victoria de Pedraza el 5 de diciembre, permitiendo que Guerrero asumiera la presidencia y Anastasio Bustamante el puesto de vicepresidente. Este acontecimiento marcó el inicio de una situación de inestabilidad que hizo imposible lograr el progreso del país durante buena parte del siglo XIX.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ana Romero Valderrama. Una controversia en la elección presidencial de 1828: los atributos de las legislaturas ¿seleccionar o designar? Del libro Las elecciones y el gobierno representativo en México (1810-1910).

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Las controvertidas elecciones de 1828.

Imagen: Theubet de Beauchamp. Generales mexicanos al frente de sus hombres, 1830.