El camino a la crisis de 1982.

Los cambios implementados por el presidente José López Portillo sobre fundamentar la economía en la producción petrolera parecían ser la solución para salvar el modelo desarrollista implementado desde los años 50, donde el Estado se erigía como el principal rector económico. Sin embargo, la mala gestión de los excedentes de la producción del petróleo, el continuo uso de la deuda externa y la concentración de la generación de ingresos en un solo recurso pronto cobrarían graves consecuencias.

Como efecto del boicot petrolero de 1973 implementado por los países árabes para atacar a Israel, el mercado internacional del petróleo vivió un periodo de alza de precios al tomar la decisión las naciones industrializadas de aumentar sus reservas de petróleo para evitar una situación similar. En los siguientes 11 años, el petróleo vivió un periodo de bonanza al aumentar su valor cuatro veces. Esta situación fue aprovechada por López Portillo para colocar a México como una potencia exportadora, usando el potencial petrolero del país para solicitar más créditos a la banca internacional.

Sin embargo, en agosto de 1981, las tendencias del mercado empezaron a cambiar al llegar las reservas al tope requerido para controlar la demanda del consumo de los países del primer mundo. Por lo tanto, ya no era necesario comprar tanto petróleo y empezó la tendencia negativa en el precio.

Para ese entonces, la banca internacional había aceptado para todos los países petroleros como garantía para otorgar créditos el valor por la producción potencial de sus reservas. Sin embargo, con la baja de la demanda se cerró el acceso a los financiamientos al elevar a un 16% la tasa de interés y cancelar varios créditos, de los cuales México tenía varios comprometidos para llevar a cabo su gasto público.

La baja de los precios del petróleo hizo que el país dejase de percibir 10,000 millones de dólares, mientras se debía pagar 5,000 millones de dólares para cumplir con los programas de pagos. En lugar de rectificar el programa económico, la presidencia mantuvo una postura optimista sobre la bajada de precios, pensando que se trataba de un proceso temporal y que los miembros de la OPEP impedirían que siguiera la depreciación del barril para que volviese a subir su valor en poco tiempo.

Como medida para ajustarse a las circunstancias, solo se aceptó bajar el precio del barril tipo Maya por cuatro dólares, tomando la postura de que «el petróleo mexicano no se baja». Esta medida provocó tanto la renuncia del director general de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, como el inicio de la desconfianza por parte de los inversionistas que no veían con buenos ojos esta postura.

La incertidumbre empezó a reinar al no cumplirse los buenos deseos del gobierno. Para finales de año, tuvo que reconocer que el país enfrentaba un «problema de caja», viéndose en la necesidad de solicitar a sus acreedores una reestructuración del pago de la deuda de corto plazo contraída durante el segundo semestre del año. El país debía cubrir los 20,000 millones de dólares del endeudamiento público.

Para abril de 1982, las medidas tomadas por el gobierno despertaron las alarmas al anunciarse la reducción del gasto público a un 5%, el aumento de precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, la limitación al endeudamiento público externo e interno, y medidas para reducir la liquidez de la economía nacional. Todo esto se hizo para sanear las cuentas públicas y reducir el déficit en la cuenta corriente, generando una devaluación del peso leve frente al dólar de 26.4 a 32.2 pesos.

También se anunció un aumento escalonado de los salarios y pensiones: 30% para quienes ganaban menos de 20,000 pesos mensuales, 20% para quienes ganaban entre 20,000 y 30,000, y 10% para los que ganaran arriba de 30,000. Asimismo, se anunció un aumento del 59% del valor de las pensiones. Todo esto provocó la queja de los empresarios, que vieron insostenible poder cubrir estos aumentos. En respuesta, el gobierno ofreció apoyos fiscales a quienes cumplieran con estas medidas.

Las cosas no parecían regularizarse con las nuevas acciones, empeorando con el anuncio de finales del mes del Grupo Alfa, grupo financiero al cual el gobierno había prestado 5,000 millones de dólares meses atrás. Declararon la suspensión de pagos a sus 130 acreedores internacionales debido a las elevadas tasas de intereses y a los cortos tiempos que tenían para realizar los pagos. Esto fue tomado como una señal negativa por parte de los inversores internacionales sobre la situación del país.

El gobierno no podía hacer gran cosa, ya que se encontraba en el periodo electoral para elegir al nuevo presidente. Para rescatar la situación económica era necesario realizar algunas medidas antipopulares con altos costos sociales para evitar caer en recesión. Estas medidas, para intentar callar las críticas de los expertos, negaron que tuvieran alguna implicación de gravedad en el bolsillo de los mexicanos. Sin embargo, la realidad era que los aumentos a los salarios y la devaluación del peso para el pago de las deudas representaban un serio problema.

A pesar de la gravedad de la situación económica, esta no fue determinante para los comicios electorales al salir completamente airoso Miguel de la Madrid. La oposición no pudo capitalizar el descontento social a su favor. Sin embargo, ante la crisis económica, el presidente electo prometió hacer grandes virajes económicos, pero sin romper con las acciones de López Portillo y quedando en promesas vagas.

El nulo compromiso por parte del gobierno para garantizar la confianza del empresariado propició la fuga de capitales del país. Esta situación empeoró en agosto de 1982 cuando se anunció otro aumento al precio de bienes y servicios básicos y dos tipos de cambio para el dólar: uno preferencial para pagar los intereses de la deuda y otro libre. Esto dio como resultado que la cotización preferencial quedase en 49.13 pesos por dólar y la libre entre los 77 y 84 pesos.

Estas acciones se justificaron como una forma para no entorpecer el comercio fronterizo con EU, negando cualquier pretensión para imponer un control de precios. Sin embargo, la realidad fue que esta situación fue aprovechada por los grandes capitales como los banqueros para obtener mejores rendimientos de sus inversiones y sacarlas del país, aumentando la especulación sobre el peso y devaluándolo.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: José Luis Ávila. La era neoliberal.  

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El factor petrolero en el gobierno de José López Portillo.

Imagen:

• Izquierda: Rogelio Naranjo. Cartón «Deshauciado», periodico El Universal,1982. Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/aqui-no-se-delinque-por-hambre-la-crisis-economica-mexicana-de-1982-disparo-el-temor-por-el-aumento-de-robos/
• Derecha: S/D. Jose Lopez Portillo despues de salir de su informe presidencial, 1980. Fuente: https://www.reporteindigo.com/reporte/jose-lopez-portillo-candidato-unico-elecciones-1976-discurso-peso-perro/

La política exterior de Echeverria.

El gobierno mexicano no estaba siendo proactivo en la resolución de la problemática fronteriza, como la migración ilegal o el creciente narcotráfico. Esto llevó al gobierno estadounidense a comenzar a presionar en el terreno comercial, un sector delicado y fundamental para Luis Echeverría para sacar al país de la crisis económica mediante el aumento de las exportaciones. Estados Unidos impuso restricciones a la importación de fresas, tomates, textiles y otros bienes, empeorando el panorama en agosto de 1971 con la aprobación de un impuesto del 10% sobre las importaciones. Esto llevó a Echeverría a dirigirse directamente al presidente Richard Nixon para lograr una excepción con los productos mexicanos. Además, otros altos funcionarios viajaron a Washington para tratar de revertir esta medida.

Aunque posteriormente el impuesto fue derogado, las relaciones con el gobierno de Echeverría se tensaron. México sostuvo la cancelación de las restricciones a sus importaciones y exigió un trato preferencial alegando la vecindad. Sin embargo, esto quedó estancado en vagas promesas que nunca se cumplieron. Esto provocó que México impusiera determinadas restricciones para la inversión.

Una de las medidas del gobierno fue promover la «mexicanización» de las empresas en el país, lo que implicaba que al menos el 50% del capital fuera nacional. Esto generó preocupación entre algunos empresarios estadounidenses que vieron amenazadas sus inversiones. Sin embargo, los congresistas estadounidenses dieron su visto bueno siempre y cuando se asegurara que los inversionistas recibirían una compensación justa.

En el plano diplomático, Nixon dio su beneplácito al plan del canciller Henry Kissinger para que Echeverría fuera el interlocutor con el resto de mandatarios de América Latina. Aunque se rechazó cualquier trato con respecto al gobierno de Cuba, se vio positivamente el deseo del presidente mexicano de ser conocido como el «líder del Tercer Mundo». Sin embargo, las intervenciones de Echeverría en el plano internacional comenzaron a sonar disruptivas para los intereses estadounidenses. Combinando el nacionalismo con una posición a favor de los países afectados por Estados Unidos, como se vio en su apoyo al ingreso de Vietnam a la ONU, Echeverría generó el disgusto de Washington por su tono radical y su completa identificación con las naciones tercermundistas.

Cuando Nixon renunció a la presidencia debido al escándalo «Watergate» y fue reemplazado por el vicepresidente Gerald Ford, los políticos estadounidenses empezaron a mostrar mayor animadversión hacia el discurso de Echeverría, acusándolo de llevar al país hacia el comunismo. En 1976, aumentaron los rumores publicados en la prensa sobre posibles cancelaciones de créditos e incluso se habló de una filtración de un memorándum del Banco Mundial que sugería la devaluación del peso, lo que provocó la salida de algunos capitales.

En cuanto a las relaciones con el resto del mundo, Echeverría mantuvo una política activa con el objetivo de diversificar las inversiones en el país. Realizó doce giras internacionales y visitas particulares a 30 países. Uno de sus primeros objetivos fue posicionarse como la cabeza de América Latina, reafirmando el Tratado de Tlatelolco de 1967, que aseguró el desarme nuclear y el compromiso de no adquirir armamento nuclear por parte de las naciones latinoamericanas.

Logró mantener buenas relaciones con diversas potencias, incluyendo el bloque de la Comunidad Económica Europea, la URSS, las disidencias socialistas como China y Yugoslavia, las naciones recién independizadas de Asia y África, e incluso realizó una visita al Papa en el Vaticano. A cambio, recibió importantes visitas como la de la reina Isabel II, el sha de Irán y numerosos primeros ministros.

La cuestión latinoamericana fue un aspecto crucial en las actividades de la cancillería mexicana durante la presidencia de Echeverría. Muchos de los gobiernos en la región eran de origen militar debido a golpes de estado, lo que llevó a las embajadas mexicanas a servir como refugio para los perseguidos políticos. Además, México enfrentó rivalidades con países como Brasil y Argentina, lo que se reflejó en los esfuerzos por crear el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Este sistema tenía como objetivo contrarrestar la influencia de Estados Unidos y establecer relaciones de libre comercio, aunque sus resultados a mediano plazo fueron infructuosos.

A pesar de la política exterior de buena voluntad de Echeverría, hubo dos casos en los que adoptó una posición antagonista. Por un lado, estuvo el conflicto con Israel debido a su apoyo a una iniciativa en la ONU que equiparaba el sionismo con el nazismo como consecuencia del conflicto árabe-israelí, lo que provocó un boicot de la visita de turistas judíos . Por otro lado, adoptó una posición beligerante contra la España franquista al proponer su expulsión de la ONU tras la ejecución de activistas vascos acusados de terrorismo en 1975.

Los esfuerzos de Echeverría en sus relaciones internacionales estaban teniendo éxito, especialmente en el ámbito del comercio exterior. Las exportaciones mexicanas al inicio de su sexenio totalizaban 14,703,000 pesos, con un 70% destinado a Estados Unidos. Para 1976, este volumen se había elevado a 51,905,000 pesos, con una disminución en la participación de Estados Unidos en las compras y un aumento en las compras de otros países del mundo.

A pesar de estos logros en el comercio exterior, el aumento en las importaciones fue significativo, pasando de 30,760,000 pesos en 1970 a 90,900,000 pesos al finalizar el periodo de Echeverría. Estados Unidos continuó siendo el mayor beneficiado al representar aproximadamente el 62% de las importaciones, lo que generó un balance negativo en el comercio exterior mexicano.

Aunque los objetivos económicos no se cumplieron totalmente, la representación mexicana logró posicionarse en el ámbito internacional gracias al llamado «poder blando». Esto se manifestó en la participación activa de intelectuales y científicos en comitivas internacionales, así como en intercambios culturales y colaboraciones científicas con diversas naciones, fortaleciendo la posición de México a nivel mundial.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Blanca Torres. La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976): El renovado activismo global, de la revista Foro Internacional, vol.62.

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El gobierno de Echeverria y su relación con EU.

Imagen: S/D. Recepcion de la reina Isabel II y el principe de Edinburgo de Luis Echeverria y su esposa Maria Esther Zuno a su visita a la Gran Bretaña, 1973.

El gobierno de Echeverria y su relación con EU.

El periodo entre 1973 y 1975 marcó una reconfiguración en el frente diplomático del gobierno estadounidense, que buscaba fortalecerse en su lucha contra el bloque socialista. Esto se manifestó en la eliminación de gobiernos de izquierda en América Latina para imponer dictaduras militares, así como en la formación de un bloque de defensa con otras potencias capitalistas, dando origen al G5 y posteriormente al G7. En México, el gobierno de Luis Echeverría enfrentó dificultades para contener la decadencia del modelo de «desarrollo estabilizador».

La implementación de reformas fiscales encontró oposición por parte de los empresarios, y aumentar los ingresos y la demanda de exportaciones mexicanas en el mercado internacional resultó difícil. Esto condujo a un incremento en la inflación de precios en el país y obligó al gobierno a endeudarse más para llevar a cabo su plan de «desarrollo compartido». La retórica presidencialista, con un discurso marcado por tendencias izquierdistas y radicalismo, generó animadversión en la clase empresarial y pérdida de confianza en el gobierno. Esto llevó a que muchas inversiones se retiraran del país, provocando una crisis inevitable al final del sexenio de Echeverría.

Echeverría adoptó una política exterior que promovía el multilateralismo, pero no ignoraba la dependencia significativa del país en relación con los Estados Unidos. Por ello, buscó impulsar un mayor acercamiento a los países latinoamericanos, argumentando la importancia de las raíces históricas y culturales compartidas. Consideraba fundamental fomentar la unión de los mercados mediante la creación de empresas multinacionales. En cuanto a la relación con los Estados Unidos, Echeverría buscó establecer una relación de «respeto mutuo», reconociendo la necesidad de mantener la asociación con el mercado estadounidense pero también buscando profundizar los intercambios con Europa para reducir esa dependencia. Con respecto a la cercanía geográfica con los Estados Unidos, se esforzó por mantener relaciones equitativas.

Uno de los desafíos que abordó fue la cuestión de las importaciones tecnológicas. Su objetivo era incrementar las exportaciones de materias primas y productos manufacturados para consolidar la modernización industrial. Para lograrlo, incentivó la llegada de inversiones extranjeras destinadas a introducir nuevas tecnologías y apoyar a las empresas mexicanas en lugar de competir directamente con ellas.

El inicio del gobierno de Echeverría estuvo marcado por su interés en mantener una relación cercana con los Estados Unidos. Para lograrlo, contó con el respaldo del diplomático Emilio Rabasa, quien fue designado embajador en Estados Unidos y posteriormente asumió el cargo en la cancillería mexicana. Uno de los principales objetivos era mantener estrechas relaciones con Henry Kissinger, consejero principal del presidente Nixon. Esta asociación fue exitosa, ya que Kissinger utilizó a México como intermediario con otras naciones latinoamericanas, lo que se evidenció en sus frecuentes visitas y reuniones con el presidente Echeverría.

Aunque Rabasa renunció en 1975, el gobierno mexicano mantuvo otros canales de comunicación efectiva con Estados Unidos, como a través del embajador Joseph John Jova. La embajada mexicana también cultivó relaciones cordiales con empresarios estadounidenses, facilitando sus inversiones en México. Además, mantuvo una comunicación continua con el Congreso de Estados Unidos para resolver problemas bilaterales, aunque no evitó la existencia de desacuerdos en algunos temas.

El conflicto en torno al acceso al agua del río Colorado fue uno de los problemas difíciles de resolver entre México y Estados Unidos. La construcción de presas en territorio estadounidense afectaba los campos de cultivo en el delta de los estados de Sonora y Baja California al entregar aguas con mayor salinidad. Por su parte, la administración de Nixon recriminaba a México por su supuesta laxitud en temas como la migración indocumentada y el tráfico de drogas.

Desde la perspectiva estadounidense, el buen nivel de relaciones mantenidas en la década pasada aseguraba la adhesión mexicana a los intereses globales de Estados Unidos. México era considerado uno de los países prioritarios para la diplomacia estadounidense. Aunque reconocían la inestabilidad en la política interna mexicana, confiaban en superarla y no consideraban que representara una amenaza para el régimen. La falta de una política exterior activa en los sexenios anteriores hizo pensar al gobierno estadounidense que México no adoptaría posturas contrarias a sus intereses.

Henry Kissinger planeaba que México se convirtiera en el representante ante otros países de América y las amenazas que representaban sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, se pasó por alto la necesidad de la política mexicana de mostrar cierta independencia en sus intereses, lo que llevó a tensiones y dificultades en la relación bilateral.

Los años de diplomacia mexicana con el gobierno estadounidense establecieron una serie de reglas para mantener una posición ambigua en público respecto a políticas desfavorables sin oponerse abiertamente, además de mantener una postura de poca presión en decisiones internacionales trascendentales, a diferencia de su enfoque más enérgico con otros países. Aunque se resolvió el problema del agua del río Colorado, México no logró reducir la migración ilegal ni detener el tráfico de drogas, a pesar de las campañas de destrucción de cultivos en el país. Echeverría argumentó la falta de un acuerdo conjunto en las acciones para combatir estos problemas. Para finales de su mandato, la cantidad de drogas que ingresaban a Estados Unidos seguía sin reducirse, generando reclamaciones por parte del gobierno estadounidense.

El tema migratorio también enfrentó dificultades, ya que México buscaba ampliar el programa «bracero» debido a la necesidad del mercado laboral estadounidense de mano de obra mexicana, estimando entre 5 y 6 millones de mexicanos ilegales en Estados Unidos. Sin embargo, Washington no logró llegar a un acuerdo debido a la presión de los sindicatos. Ante la falta de compromiso para negociar, el gobierno mexicano decidió abandonar sus intentos de brindar apoyo consular a los trabajadores migrantes.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Blanca Torres. La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976): El renovado activismo global, de la revista Foro Internacional, vol.62.

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El contexto geopolítico de los 70 y México.

Imagen: Henry Kissinger, con el entonces presidente de México Luis Echeverría, en el Museo Nacional de Antropología, con el Calendario Azteca de fondo en 1973. Fuente: https://www.eluniversal.com.mx/mundo/henry-kissinger-y-mexico-desde-su-amor-por-acapulco-hasta-sus-charlas-con-echeverria/

El contexto geopolítico de los 70 y México.

Desde mediados del siglo XIX, la política exterior mexicana se caracterizó por mantener un equilibrio para asegurar su independencia con respecto a otras potencias, especialmente para defenderse de la amenaza permanente de Estados Unidos. Esto implicaba jugar un sistema de contrapesos entre todas las potencias para garantizar su apoyo en caso de alguna agresión extranjera.

Así, Benito Juárez tuvo que apoyarse en Estados Unidos para enfrentar la agresión de Francia, Gran Bretaña y España. Porfirio Díaz, por su parte, se acercó a estas potencias para mantenerse distante del expansionismo estadounidense. Los gobiernos revolucionarios siguieron esta dinámica para adquirir el reconocimiento de su legitimidad, como ocurrió con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Conforme la tensión entre las potencias internacionales iba aumentando, amenazando con el estallido de otra guerra mundial, México aprovechó esta dinámica para lograr sus objetivos internos. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas respaldó la expropiación petrolera apoyándose en las buenas relaciones mantenidas con Alemania para ganarse el favor de Estados Unidos y lograr que este intercediera para reducir la beligerancia de Gran Bretaña y los Países Bajos. Avila Camacho también se decantó por los aliados, al no serle de utilidad el Eje.

En la década de los 60, la cancillería mexicana fue muy activa en mantener los equilibrios diplomáticos ante la creciente Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este principio fue adoptado por Adolfo López Mateos, quien realizó constantes giras en países de ambos bloques para asegurarse de mantener buenas relaciones con todos, disminuyendo así las posibilidades del surgimiento de algún movimiento desestabilizador que pudiera poner en peligro al gobierno.

Por otro lado, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, México se acercó a la órbita estadounidense como táctica para enfrentar las disidencias internas, como los movimientos sindicales y estudiantiles que alcanzaron su punto de crisis en 1968. Para justificar estas acciones ante la sociedad, Díaz Ordaz mantuvo una retórica sobre la conspiración comunista como fuente de desestabilización, en lugar de revisar su propio accionar.

La dinámica externa cambió nuevamente con la llegada de Luis Echeverría en 1970, quien decidió alejarse de la esfera estadounidense y apostar por el multilateralismo. Echeverría mantuvo relaciones cordiales no solo con el bloque soviético, sino también con el llamado «Tercer Mundo», compuesto por países que abogaban por mantener una posición neutral entre ambos bloques. A este grupo se unieron los países que emergieron del proceso de descolonización en Asia y África.

A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, México trató de mantener el equilibrio geopolítico para garantizar su independencia en la lucha internacional entre los bloques, manteniendo su presencia en la construcción de organismos internacionales destinados al mantenimiento de la paz global, como la ONU, el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Fruto de estos esfuerzos fue el Tratado de Tlatelolco de 1967, en el que las naciones latinoamericanas se comprometieron a no adquirir ni desarrollar armas nucleares.

Una de las razones por las que Echeverría apostó por la multipolaridad en lugar de seguir una línea favorable a Estados Unidos fue el evidente desarrollo de potencias que habían quedado debilitadas tanto por los efectos de la guerra como por la descolonización, como fue el caso de las naciones europeas y Japón, que ya se habían recuperado y ofrecían ser fuertes competidores a la hegemonía estadounidense. Para entonces, la situación externa de Estados Unidos era menos favorable, su fracaso en la Guerra de Vietnam estaba teniendo repercusiones tanto en su influencia como en la animadversión de grupos disidentes. Por lo tanto, el gobierno de Richard Nixon apostó, a través de su secretario Henry Kissinger, por mantener conversaciones con el gobierno soviético y debilitarlo mediante el estrechamiento de relaciones con China. En ese contexto, América Latina no tuvo una importancia prioritaria.

Las potencias coloniales también enfrentaban fuertes problemas internos que minaban su hegemonía. En Francia, por ejemplo, Charles de Gaulle fue obligado a dejar el poder, mientras que la lucha por el poder entre los conservadores británicos abrió la puerta para que las naciones del Tercer Mundo buscaran un cambio que les permitiera liberarse de la influencia colonial y empezar a desarrollarse económicamente.

Es así como el Movimiento de Países No Alineados buscó ganar una posición que les permitiera obtener igualdad con las potencias y resolver disputas y diferencias de manera equitativa. Esta postura fue favorable en un contexto de división de las potencias, y algunos reclamos pudieron avanzar, aprovechando factores como la creciente importancia de recursos energéticos como el petróleo.

En América Latina, esta posición fue aprovechada por gobiernos reformistas que buscaban cambiar su situación de debilidad frente a las empresas multinacionales. Países como Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador y Chile buscaron recuperar la soberanía sobre sus recursos y aprovechar el mercado para mejorar sus ingresos.

Aprovechando el distanciamiento de Estados Unidos, las naciones latinoamericanas buscaron ganar independencia respecto a los intereses estadounidenses. Un ejemplo de esto fue Salvador Allende en Chile, quien se acercó al bloque socialista y abogaba por mantener una posición de diversidad ideológica. Sin embargo, Estados Unidos reaccionó ante estos intentos de autonomía, y comenzó a actuar a través de la dirección de Kissinger. Esto se evidenció con el derrocamiento de Salvador Allende en septiembre de 1973, desencadenando una ola de golpes de Estado en el resto de las naciones latinoamericanas para instaurar dictaduras militares afines a los intereses estadounidenses.

Además, Estados Unidos aprovechó las divisiones en el seno de los países no alineados para brindar apoyo a algunas naciones y debilitar así el peso del bloque. La unificación de objetivos por parte de las naciones capitalistas también contribuyó a la desestabilización interna. Este fue el contexto al que Echeverría tuvo que enfrentarse ante las necesidades internas de México, que ya mostraba señales de agotamiento con respecto al «milagro mexicano».

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Blanca Torres. La política exterior de México durante el gobierno de Luis Echeverria (1970-1976): El renovado activismo global, de la revista Foro Internacional, vol.62.

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México en el contexto de la Guerra Fría.

Imagen: S/D. Luis Echeverria en Cuba junto con Fidel Castro, 1975.

La complicación de la situación española en el Caribe.

Gracias a las circunstancias del contexto europeo, donde tanto Gran Bretaña como los Países Bajos se encontraron en un periodo de crisis interna, España logró acordar un periodo de tregua entre 1600 y 1621. Durante este lapso, estas naciones redujeron su hostilidad hacia los dominios del Caribe español, lo que permitió a España preparar las defensas de sus islas principales, financiadas en parte con el situado novohispano.

Sin embargo, las cosas se complicaron con el inicio de la Guerra de los Treinta Años en 1618, la cual involucró a todas las naciones europeas y planteó nuevos desafíos para España. La guerra aumentó los gastos y el endeudamiento del país, ya que tuvo que ocuparse de la defensa de sus principados europeos subordinados. Además, España enfrentó el quiebre interno simbolizado por las rebeliones de Portugal y Cataluña en 1640.

Estos conflictos europeos se reflejaron en América, especialmente en el Atlántico, donde España sufrió ataques de la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales (WIC), la cual logró invadir una parte de Brasil e intentó apoderarse de Puerto Rico. Además, llevaron a cabo ataques piratas en el Caribe, capturando numerosas embarcaciones que transportaban las riquezas de las Indias.

Para intentar detener la amenaza holandesa, la corona española aumentó la cantidad del situado destinado a las líneas de defensa, alcanzando un gasto de $1,983,888 pesos. De esta suma, el 71% se destinó a fortificar La Habana y San Agustín, mientras que el resto se repartió entre Puerto Rico, Santo Domingo y San Martín. Esta cifra se incrementó aún más hasta alcanzar los $2,609,900 pesos entre 1630 y 1639, manteniendo la misma distribución.

Una de las luchas importantes ocurrió en la isla de San Martín, situada al sureste de Puerto Rico, debido a su importancia estratégica por sus salinas y su escasa población. Desde 1624, tanto franceses como holandeses la disputaron. Ante esta situación, los españoles decidieron recuperarla dada su relevancia. En 1633, aprovecharon la llegada de López Diez de Aux, marqués de Cadereyta, quien asumiría el cargo de virrey de la Nueva España, para recobrar la isla. Dejaron una guarnición de 250 infantes con sus oficiales, estableciendo así un presidio que recibiría financiación cercana al 10% dos años más tarde.

Sin embargo, estos esfuerzos no disminuyeron la tenacidad de los rivales. Francia y Holanda formaron una alianza para acabar con los españoles, y a partir de 1630, los holandeses recibieron financiamiento francés. Mientras tanto, los recursos españoles se agotaron y en 1640 tuvieron que recurrir a préstamos de altos intereses de banqueros genoveses.

Con este panorama desafiante, España entró en un periodo de declive marcado por pérdidas significativas. Perdieron batallas decisivas ante los holandeses, como en Las Dunas e Itamaracá, y frente a Francia en la batalla de Rocroi. Además, enfrentaron desafíos internos con la rebelión portuguesa y catalana. En el Caribe, los corsarios holandeses aprovecharon esta situación para capturar varias naves españolas.

La monarquía española se vio obligada a reducir la cantidad asignada al situado a solo $1,443,311 pesos. Esta reducción se vio agravada por la crisis minera novohispana, causada por la disminución en la cantidad de mercurio traído de Almadén. Como resultado, se vieron obligados a redistribuir responsabilidades, asignando la financiación de Puerto Rico y Santo Domingo al virreinato de Perú.

A pesar de estas reasignaciones, el tesoro novohispano no logró reducir sus gastos. Los gastos anuales ascendían a $400,000, distribuidos entre las defensas del Caribe, las Filipinas y la frontera norte. Además, se sumaban los costos del presidio de Santiago de Cuba y el mantenimiento de la Armada de Barlovento.

La crisis económica comenzó a afectar a los presidios más débiles, como San Agustín y San Martín. Entre los años 1643 y 1644, solo se enviaron dos situados parciales para su mantenimiento, y en los dos años siguientes se suspendió por completo su envío. Esto provocó la caída de San Martín, ya que las enfermedades diezmaron su guarnición y se vieron obligados a abandonarla. El único puerto que mantuvo su nivel de financiamiento fue La Habana, debido a su papel como principal puerto de las Indias.

La situación no mejoró en la segunda mitad del siglo XVII. Además de enfrentar los movimientos independentistas en Portugal y Cataluña, así como la embestida franco-holandesa, España tuvo que lidiar con la Inglaterra republicana de Oliver Cromwell, dispuesta a revitalizar el conflicto. Gran parte de los esfuerzos bélicos se concentraron en Europa, sin embargo, esta intensificación del conflicto no repercutió en las Indias. El único revés significativo fue la pérdida de Jamaica ante Inglaterra en 1655, que España intentó recuperar enviando destacamentos novohispanos en los siguientes cinco años. Sin embargo, estos esfuerzos fueron en vano, y España se vio obligada a reconocer su pérdida en los Tratados de Madrid de 1670.

A pesar del revés sufrido por las posesiones hispanas con la pérdida de Jamaica, este evento tuvo como beneficio la redistribución de los recursos destinados a la isla hacia el resto de las posesiones del Caribe. La principal beneficiaria fue Cuba, donde los recursos se dividieron entre La Habana y Santiago. Además, para ese entonces, los recursos provenientes de las arcas peruanas ya estaban contribuyendo al mejoramiento del financiamiento de Puerto Rico y Santo Domingo.

Durante la década de los 50, los ingresos del situado se redujeron significativamente, alcanzando solo $1,255,719 pesos en 1658. Además, México tuvo que aportar $10,000 a Puerto Rico para completar el situado peruano en el mismo año. De estas cifras, a La Habana le correspondieron $693,798 pesos y a San Agustín $553,380 pesos. Una parte de los ingresos destinados a Cuba tuvo que ser utilizada para reforzar las defensas de Santiago, ubicada frente a Jamaica.

En 1665, estalló una crisis debido a la muerte del rey Felipe IV y la regencia de Mariana de Austria durante la minoría de edad de Carlos II. En este contexto, España se vio obligada a reconocer la independencia de Portugal en 1668 y entró en conflicto con Francia por el dominio de Flandes durante la Guerra de Devolución de 1667 a 1668.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Rafal Reichert. El situado novohispano para la manutención de los presidios españoles en la región del Golfo de México y el Caribe durante el siglo XVII, de la revista Estudios de Historia Novohispana no. 46.

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El Real Situado y las defensas españolas en el Caribe.

Imagen: Anónimo. Expedición de don Lope de Hoces al Brasil. 1636.

La crisis de 1953.

El fin de la Guerra de Corea representó tanto para México como para el presidente Adolfo Ruiz Cortines un freno al crecimiento que habían experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, la economía mexicana experimentó su mayor crecimiento gracias al aumento de las exportaciones de materias primas, lo que llevó a establecer una alianza entre el gobierno y el sector privado para garantizar las inversiones necesarias para modernizar la industria.

Una de las primeras consecuencias fue la disminución de la inversión pública, que cayó hasta un 7% como respuesta a la baja del consumo interno. Esto provocó el descontento de los empresarios ante las acciones del gobierno, que se centró en alentar la inversión privada para recuperar la confianza perdida. Sin embargo, esto generó un déficit presupuestal que, de 1953 a 1954, pasó de una tendencia decreciente a negativa.

Como resultado, el peso mexicano se devaluó frente al dólar, pasando de una cotización de 8.65 pesos por dólar a depreciarse un 45% de su valor, llegando a los 12.50 pesos. Esta devaluación provocó un aumento significativo de la inflación, que alcanzó entre el 40% y el 50%, reduciendo la capacidad de compra de una parte considerable de la población y generando la inconformidad del sector obrero, que exigía un aumento salarial del 24%.

La exigencia de los trabajadores hizo que también se sumaran al reclamo las asociaciones obreras oficialistas como la CTM y el Bloque de Unidad Obrera, dejando a Ruiz Cortines las labores de negociación a su secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos. Este último tenía que llegar a un acuerdo tanto con los sindicalistas como con la asociación de empresarios, la CONCAMIN, y la Junta Central de Conciliación y Arbitraje.

Se llegó a un acuerdo para elevar los salarios en la capital hasta el 25% y al 16.8% en provincia. Este movimiento dejó contento al sector sindical, quienes manifestaron su lealtad a la figura presidencial. Sin embargo, esto no resolvió el problema, ya que la inflación de los precios continuó sin freno y los aumentos salariales no ayudaron a mejorar las condiciones de vida de la clase obrera.

El cese de la inversión pública hizo que las reservas del país crecieran de 42.5 millones de dólares en 1948 a 201 millones de dólares en 1954. Todo esto formaba parte del plan económico a largo plazo diseñado por economistas como Antonio Ortiz Mena para sentar las bases del desarrollo estabilizador. Por lo tanto, convenía devaluar al peso con respecto a su valor real como una medida anticipada a la depreciación, adaptándose así a las condiciones externas de la economía y garantizando la estabilidad en el futuro.

La exigencia de los trabajadores hizo que también se sumaran al reclamo las asociaciones obreras oficialistas como la CTM y el Bloque de Unidad Obrera, dejando a Ruiz Cortines las labores de negociación a su secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos. Este último tenía que llegar a un acuerdo tanto con los sindicalistas como con la asociación de empresarios, la CONCAMIN, y la Junta Central de Conciliación y Arbitraje.

Se llegó a un acuerdo para elevar los salarios en la capital hasta el 25% y al 16.8% en provincia. Este movimiento dejó contento al sector sindical, quienes manifestaron su lealtad a la figura presidencial. Sin embargo, esto no resolvió el problema, ya que la inflación de los precios continuó sin freno y los aumentos salariales no ayudaron a mejorar las condiciones de vida de la clase obrera.

El cese de la inversión pública hizo que las reservas del país crecieran de 42.5 millones de dólares en 1948 a 201 millones de dólares en 1954. Todo esto formaba parte del plan económico a largo plazo diseñado por economistas como Antonio Ortiz Mena para sentar las bases del desarrollo estabilizador. Por lo tanto, convenía devaluar al peso con respecto a su valor real como una medida anticipada a la depreciación, adaptándose así a las condiciones externas de la economía y garantizando la estabilidad en el futuro.

Una vez anunciado el ajuste del valor del peso con respecto al dólar, el secretario de Hacienda, Antonio Carrillo Flores, declaró que para corregir la tendencia negativa se utilizaría el capital externo para suplir los ingresos que se dejaron de percibir debido al déficit de las exportaciones. Esto garantizaría la estabilización del valor del peso y la confianza de los ahorradores. A pesar de las diferencias entre las importaciones y exportaciones, esto no se vio como una señal de inmadurez económica por la falta de fomento a la industria. Por el contrario, los ingresos de la inversión extranjera fueron considerados suficientes para ganar la confianza en las posibilidades de crecimiento del país, a pesar de los problemas persistentes como la falta de competitividad e innovación.

Para poder retomar los programas de inversión pública, el gobierno tuvo que recurrir tanto a la deuda pública interna como externa para lograr equilibrar las finanzas del estado y controlar la inflación sin tener que recurrir al recorte del gasto. Esto marcó el inicio de una etapa en la que el gobierno pudo estabilizar los precios durante cerca de 15 años, mejorando así la situación económica del país.

Todo esto consolidó la política del estado para garantizar a los empresarios que siguieran invirtiendo en el país, ofreciendo como incentivo la condonación de impuestos. Esto suponía una carga para el gobierno al tener que asumir el gasto de sus programas sin la capacidad de financiarlos con impuestos, pero todo se hacía con el objetivo de incentivar el crecimiento del sector empresarial y promover la creación de empleo formal. A la larga, esto corregiría el problema al garantizar una mayor distribución de los ingresos.

Fue fundamental incentivar el crecimiento del sector bancario para que el gobierno tuviera un mayor acceso a la deuda. Las nuevas leyes del sector obligaban a la banca a invertir en títulos del gobierno, lo que permitía al gobierno acceder a una fracción importante de los ingresos generados por el aumento de la tasa de ahorro. Con esto, la banca privada creció y el Banco de México redujo su participación, pasando del 83% mantenido en 1954 al 40% para 1970.

Aunque la deuda externa se quintuplicó de 105.8 millones de dólares en 1950 a 602.7 millones en 1958 para financiar el gasto público, garantizó el aumento de la inversión extranjera de 268 a 335 millones de dólares. Del total, el 42.5% se destinó al sector manufacturero, el 75.5% provino de Estados Unidos y las empresas trasnacionales se convirtieron en agentes importantes del movimiento de capitales. De las 735 empresas subsidiadas que se establecieron en América Latina, 225 lo hicieron en México.

A pesar de los desacuerdos del sector privado, finalmente dieron su visto bueno a las medidas del gobierno y plantearon como solución para beneficiarse del incentivo a la inversión extranjera el asociarse con las empresas trasnacionales para acceder tanto a los recursos económicos como a las nuevas tecnologías, lo que a su vez garantizaría la modernización de la industria nacional.

De esta manera, el gobierno garantizaba el correcto desempeño de los ingresos generados por los ahorros en el gasto público para mantener la confianza en el país. Sin embargo, el panorama internacional se volvió en contra del crecimiento económico mexicano y se ralentizó de un 6.8% de crecimiento del PIB en 1956 a un 3.8% en 1958. Como resultado, no pudieron salir del problema del déficit de la balanza comercial a pesar de los beneficios que generó la devaluación de 1954.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Elsa M. Gracida. El desarrollismo.

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El contexto del “desarrollo estabilizador”.

Imagen:

• Izquierda: Hermanos Casasola. Adolfo Ruiz Cortines saluda a hombres en su despacho. 1952.
• Derecha: Vidales, “Arbolito”, El popular, 10 de diciembre de 1953.

El intento de desarrollar el corredor del Istmo de Tehuantepec.

Las condiciones estaban dadas para emprender el desarrollo del paso a través del Istmo de Tehuantepec por parte de empresarios estadounidenses. Ya se había obtenido el reconocimiento por parte del presidente Jose Joaquín de Herrera de la posesión legal de la concesión de Garay, anteriormente en manos de una compañía británica. Sin embargo, ahora debían enfrentarse a las discusiones políticas en Washington, donde los liberales intentaban entorpecer lo que sería un proyecto respaldado por los esclavistas.

El empresario a cargo de las gestiones con ambos gobiernos era Peter A. Hargous. Durante la presidencia de Millard Wilmore y con Daniel Webster como secretario de Estado por parte del partido Whig, se llevaron a cabo las negociaciones. Webster, con más experiencia en tratos con México, intervino para aumentar las exigencias en las condiciones del proyecto. Estas incluían mantener tropas en la zona del Istmo para salvaguardar los intereses estadounidenses, la exención del uso de pasaportes en la zona del paso y la libertad para operar en ella. Prácticamente, se estaba solicitando establecer un protectorado.

El gobierno estadounidense planeaba utilizar como punto de presión la suspensión del pago pendiente de la indemnización por los territorios cedidos en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, con el objetivo de forzar la aceptación del acuerdo. Esta táctica llevó al presidente Herrera a prohibir cualquier obra de construcción en la zona del Istmo hasta que se resolviera esta cuestión, limitándose solo a realizar viajes de exploración para conocer la región.

En este contexto, se enviaron varias expediciones desde Nueva Orleans, lideradas por ingenieros, con el fin de evaluar la forma más eficiente de aprovechar la hidrografía y orografía de la región. Determinaron como ideales la bahía Ventosa y la laguna Boca de Barra en el Pacífico. Asimismo, confirmaron que el río Coatzacoalcos era navegable para barcos de bajo calado hasta el punto conocido como Paso Sarabia, identificándolo como el lugar donde debían tenderse las líneas ferroviarias.

Además, se constató la disponibilidad de mano de obra local, más económica que la estadounidense, así como un clima favorable para la salud de los trabajadores estadounidenses. La construcción del paso representaba una oportunidad para mejorar la comunicación entre la próspera California y el centro económico del país, por lo que el costo de $7,847,896 pasaba a segundo plano.

Las exigencias del gobierno estadounidense resultaron inaceptables para el gobierno de Herrera, y no se llegó a un acuerdo. Ante esto, los inversionistas instaron al gobierno estadounidense a flexibilizarse para atender las demandas mexicanas. Sin embargo, los tiempos jugaron en contra al finalizar el mandato de Herrera y ascender Mariano Arista el 15 de enero de 1851, quien tenía una perspectiva diferente sobre los alcances de la concesión de Garay y el Tratado de Tehuantepec.

Para evitar ser tildado de traidor por la opinión pública, Arista detuvo las negociaciones para reformularlas. En este nuevo acuerdo, se permitió la presencia de un agente estadounidense para supervisar los movimientos de sus compatriotas en el Istmo. Además, se estableció la aplicación de las leyes mexicanas para los trabajadores y el desconocimiento de los alcances de la concesión sobre la propiedad de las tierras. Tanto Webster como Hargous se vieron obligados a aceptar estas condiciones.

El tratado fue aceptado tanto por el Congreso y el Comité de Relaciones Exteriores estadounidenses como por el presidente Arista. Esto llevó a Hargous y a Webster a considerar que ya era un hecho, comenzando a enviar mercancía e incluso pasajeros para transitar los caminos de la vía mientras se apresuraban en terminar las obras de infraestructura.

En el lado mexicano, el Congreso sesionó para declarar insubsistente la concesión De Garay. Como respuesta, se ordenó el cierre de los puertos de Minatitlán y Ventosa a las embarcaciones estadounidenses a partir de febrero. Además, se advirtió sobre la posible prohibición de la entrada de migrantes en la región. Incluso, el entonces gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, recibió la orden de detener las obras en Tehuantepec.

Ante esta situación, el Estado mexicano se puso en alerta máxima y comenzó a realizar designaciones militares para la región del Istmo. Esto incluyó la fundación de cuatro colonias militares, la reconstrucción de un fuerte, el traslado de la comandancia general de Veracruz a Acayucan, el despliegue de tropas, el alistamiento de la guardia nacional en los estados vecinos, el reparto de armamento y el estacionamiento de tres buques de guerra en la desembocadura del río Coatzacoalcos. Estas medidas fueron seguidas por la expulsión de los grupos de reconocimiento de las compañías estadounidenses, el cierre de los consulados recientemente abiertos en Tehuantepec y Minatitlán, y el embargo de dos barcazas.

Ante las acciones mexicanas, el gobierno de Washington comenzó a difundir la anulación del tratado a través de la prensa y ordenó a las compañías exploradoras detener sus trabajos. Mientras tanto, el presidente Arista escribió a los principales involucrados explicando las razones de sus acciones. Justificó su decisión argumentando que no querían repetir lo sucedido en Texas y que no permitirían que un asunto menor desencadenara una controversia diplomática, que a su vez pudiera dar lugar a acciones de invasión. En cambio, propuso cambiar el enfoque para convertir el paso en una vía de comunicación interoceánica internacional.

Los empresarios estadounidenses estaban furiosos por la interrupción de los trabajos. Judah P. Benjamin, por ejemplo, se presentó ante el presidente Fillmore para instarlo a hacer cumplir el acuerdo. Benjamin consideraba enviar a sus 500 trabajadores sin importar las medidas mexicanas y se enfrentaba al dilema de elegir entre defender a sus ciudadanos o «aliarse con México para castigarlos». Sin embargo, el gobierno estadounidense se encontraba en una posición complicada, ya que el tratado no había sido ratificado por el gobierno mexicano y, por lo tanto, carecía de validez. Se limitó a buscar vías legales, además de que en octubre se había inaugurado un paso en Panamá que rivalizaba con la idea de Tehuantepec, lo que contribuyó a socavar el proyecto.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ana Rosa Suarez Argüello. La Tehuantepec Railroad Company y la construcción de una vía interoceánica (1850-1852), de la revista Secuencia no. 52.

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La importancia de Tehuantepec en la geopolítica del siglo XIX.

Imagen: Bono emitido por la Tehuantepec Company con un valor de 125 libras, 1853.

La necesidad de controlar las fronteras para el México independiente.

La situación heredada por los españoles en el septentrión era caótica, dado el vasto territorio bajo su control de facto en comparación con la escasa población que habitaba en las villas. Sumado a esto, el clima belicoso generado por la animadversión con las tribus hizo que, para finales del siglo XVIII y principios del XIX, los estadounidenses encontraran un escenario propicio para hacer negocios e incluso reclamar esas tierras. El gobierno mexicano solo contaba con el respaldo otorgado por el Tratado Adams-Onís, firmado en 1819, para reafirmar su soberanía sobre esos inmensos territorios. Sin embargo, carecían del personal necesario para garantizar la protección fronteriza, ya que heredaron las milicias virreinales. Además, la pobreza económica de las provincias hacía imposible competir o contener a los comerciantes estadounidenses de Missouri. Por lo tanto, la presencia de estos comerciantes era considerada necesaria para romper el aislamiento en el que vivían los habitantes del norte.

En los primeros trabajos legislativos, los representantes de Nuevo México fueron los principales impulsores para establecer el libre comercio con los estadounidenses, ya que constituía su única fuente de ingresos. Sin embargo, esta opinión no era compartida ni por el resto de los legisladores ni por el gobierno. Incluso los encargados de negocios mexicanos en Washington intentaban persuadir al gobierno de prohibir el comercio a través de la ruta de Saint Louis-Santa Fe.

Para aumentar la tensión, la sociedad novomexicana estaba completamente a favor de la presencia estadounidense y buscaba maneras de estrechar lazos. Además del factor económico y mercantil, esta presencia les otorgaba la fuerza necesaria para liberarse del yugo de los comerciantes chihuahuenses. Antes de la llegada de los estadounidenses, estos comerciantes eran los encargados de mantener la comunicación de la provincia con el resto del reino, imponiendo sus condiciones y vendiendo a precios elevados.

Desde el punto de vista de Chihuahua, la presencia de los comerciantes estadounidenses representaba una amenaza a su monopolio, ya que traían mercancías de mejor calidad. Además, este fenómeno suponía un problema a nivel nacional, dado que los comerciantes siempre habían actuado como agentes del gobierno de México, dictando las ordenanzas que debían acatarse. La amenaza aumentó considerablemente cuando las caravanas estadounidenses empezaron a descender hasta la capital, disputándoles el mercado.

El primero en tomar medidas fue el gobernador José de Urquidi, quien en 1825 convenció al secretario de Relaciones Interiores y Exteriores de aplicar aranceles a los comerciantes a su paso por la frontera. Estas medidas se implementaron con el fin de salvaguardar los intereses chihuahuenses, pero resultaron ser insuficientes.

En el ámbito exterior, la cancillería mexicana establecida en Washington, a través de su representante Pablo Obregón, estaba al tanto de los intereses estadounidenses en el mercado de Santa Fe. La importancia de este hecho se reflejó en el nombramiento de cónsules tanto para Santa Fe como para Saltillo, cuya función era brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses. En reciprocidad, se solicitó el permiso para establecer un consulado en Saint Louis, lo que permitiría mantener vigilancia sobre las caravanas.

Cualquier intento de ejercer control sobre la frontera resultaba insuficiente, ya que no se disponía de los recursos ni del personal necesario para garantizar la recaudación de derechos aduanales a las caravanas, que prácticamente transitaban de manera libre. Además, se tenía presente la limitación para imponer impuestos elevados debido a la permeabilidad de la frontera, lo cual podría incentivar el aumento del contrabando.

Uno de los problemas fundamentales residía en una de las antiguas promesas de la independencia: la eliminación de la estructura monopólica que sustentaba la economía española. Entre las clases populares, el libre comercio se percibía como una oportunidad para que más personas pudieran ganar dinero sin mayores controles.

Con el fin de cumplir con esas expectativas, desde el Primer Imperio se decidió mantener la Dirección de Aduanas virreinal, cambiando únicamente de personal. Esto se hizo con el objetivo de ejercer cierto control sobre las entradas de mercancías en los puntos de llegada, todo conforme al reglamento «Arancel general interino para el gobierno de las aduanas marítimas en el comercio libre del Imperio». Este reglamento establecía un cobro del 25% sobre el valor de la mercancía, más un derecho de 20 reales por tonelada, considerablemente más económico que el anterior sistema.

Los puntos de llegada para las importaciones se establecieron en Veracruz, Acapulco, Soto la Marina, El Refugio, San Blas, Mazatlán y San Diego, aunque con el tiempo se ampliaría la lista. Aunque existía un consenso en la implementación de una política comercial libertaria, otro sector abogaba por el proteccionismo. Estos individuos eran conscientes de que, si no se establecían límites a los comerciantes extranjeros, podrían afectar a largo plazo la economía del país. Por lo tanto, se produjo un aumento gradual de los aranceles aduaneros con una tendencia hacia la moderación.

Al concluir la década de los veinte, las aduanas se habían consolidado como una fuente segura de financiamiento para el Estado, dada la incapacidad de recaudar impuestos de manera efectiva de parte de los ciudadanos en general. Esto se convirtió en un incentivo para la llegada continua de comerciantes, a pesar del detrimento de la endeble industria nacional, la cual carecía de los medios para competir con las importaciones. Esto generó una constante demanda por parte del gobierno para que se les apoyara mediante la imposición de un mercado cerrado.

El principal producto de importación era la tela, alcanzando el 64% del total de ingresos. Esto desencadenó una serie de problemas que afectaron desde los agricultores de algodón y lino hasta las primeras fábricas textiles del país. Estas fábricas habían demostrado, en los últimos años del virreinato, su potencial para convertirse en la base de la industria nacional, convirtiendo al sector textil en uno de los rubros que los gobiernos buscarían proteger.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ignacio del Rio. Mercados en asedio. El comercio transfronterizo en el norte central de México (1821-1848).

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La importancia de Santa Fe en el septentrión.

Imagen: S/D. Caravanas abasteciéndose de provisiones, principios de siglo XIX.

Editorial: El rumbo en México en el 2023

A lo largo del año, se ha mantenido la tendencia en el actuar del presidente Andrés Manuel López Obrador y su estilo de gobierno, caracterizado en esta ocasión por un tono más radical, sin mediar y con el firme propósito de llevar a cabo las reformas que él considera necesarias para impulsar su proceso de «transformación». Uno de los principales objetivos de su gobierno ha sido dirigir sus esfuerzos hacia las instituciones autónomas, a las cuales percibe como si operasen en su contra para respaldar a sus adversarios. Las iniciativas enviadas buscan poner fin a esta autonomía, argumentando que esto hará que el gobierno esté a cargo de sus funciones, todo ello bajo el pretexto de la austeridad y la redistribución de esos recursos entre los más necesitados.

Sin embargo, el presidente ha enfrentado considerables obstáculos que han obstaculizado la consecución de sus metas. Por un lado, la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021 a manos de la oposición ha impedido que las reformas sean aprobadas con la mayoría necesaria para realizar cambios constitucionales. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia ha desestimado varias de las reformas y decretos, anulándolos por violar de manera continua las leyes.

El primer intento de socavar las instituciones se materializó a través de la reforma electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). En este caso, se buscó mermar sus capacidades al reducir drásticamente el servicio profesional electoral, dejando solo el 85% del mismo. Esto se complementó con la propuesta del cierre de varias oficinas estatales, la disminución de su presupuesto (fundamental para la logística de elecciones y la capacitación del personal de las casillas), elementos cruciales para garantizar la certeza electoral. La justificación para estas acciones fue el ahorro de 5,000 millones de pesos del presupuesto. Sin embargo, estas medidas violaron disposiciones constitucionales que obligan al gobierno a financiar al instituto. Además, al decretarse poco tiempo antes del proceso electoral de 2024, se proporcionaron las bases para que la Suprema Corte lo declarara anticonstitucional.

Aunque se logró detener la iniciativa, el gobierno ha encontrado formas de utilizar estos fallos a su favor. Un enfoque notable ha sido retórico: aprovechando la escasa cultura legal de la sociedad, López Obrador ha difundido la idea de que la Suprema Corte actúa de manera facciosa y partidista en lugar de basarse en el derecho. Ha promovido entre sus seguidores la idea de obtener la mayoría absoluta en el legislativo para propugnar una reforma constitucional que permita elegir a los miembros de la Suprema Corte mediante voto popular. Esto plantea el riesgo de politizar el poder judicial y que este actúe según intereses electorales, lo que podría frenar el proceso de independencia de la corte del poder.

Algo que resulta inédito en el caso de López Obrador es la alta popularidad mantenida que oscila entre el 55% y el 60%, a pesar de los resultados mediocres de sus proyectos presidenciales. Esta situación se atribuye al constante fomento del sistema asistencialista, donde ha asignado apoyos bimestrales a sectores sociales como estudiantes, campesinos, discapacitados y personas de la tercera edad. A pesar de los resultados engañosos de sus declaraciones, esto ha permitido que la confianza en su palabra se mantenga, generando la percepción de que las noticias sobre fallas en el gobierno son consideradas por él y sus seguidores como mentiras de la oposición destinadas a desprestigiarlo. Este respaldo sólido ha permitido que su partido, MORENA, continúe avanzando en su camino hacia la hegemonía política, sin importar ni las acusaciones de corrupcion o la entrada de politicos adversarios a sus filas y que fueron considerados de lo peor.

Este logro se ha alcanzado a pesar del empeoramiento de las condiciones de seguridad en el país, ya que el gobierno no ha logrado frenar la expansión de la delincuencia organizada, que persiste con impunidad. El gobierno ha sido criticado por su falta de acción para detener a los criminales o investigar los asesinatos, llegando incluso a una polémica reducción en el número de desaparecidos durante su mandato, de 113 mil a solo 12 mil.

Se debe reconocer que la confianza actual está respaldada por la situación económica, la cual, a diferencia de las opiniones de la oposición, ha logrado mantenerse saludable. Esto ha generado la confianza de inversores extranjeros para establecerse en el país, evidenciado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque las proyecciones a principios de año estimaban un crecimiento del 1%, se espera que termine en un rango entre el 3.2% y el 3.4%.

Este desempeño positivo se atribuye al crecimiento del mercado interno, respaldado por aumentos en el salario mínimo y una disminución en la tasa de desempleo, que actualmente se sitúa en el 60% de la población activa. Esto ha posicionado a México como la duodécima economía a nivel mundial, superando a países como España y Corea del Sur. No obstante, esta mejora no se refleja completamente, ya que más del 55% de la ocupación sigue siendo en la economía informal.

Un indicador que puede resultar engañoso es el precio del dólar, cuyo valor ha disminuido y el peso se ha fortalecido, alcanzando una cotización de alrededor de 17 pesos, llegando incluso a bajar a 16.9. Sin embargo, este fenómeno se atribuye más a los ajustes inflacionarios del Tesoro de Estados Unidos que a acciones específicas del gobierno mexicano. A pesar de ello, debido al aumento del consumo y a la naturaleza predominantemente importadora de la economía, especialmente en alimentos, las exportaciones mexicanas se han mantenido bajas. Esto ha contribuido a mantener la inflación moderada con un constante aumento de los precios.

En el ámbito internacional, México ha continuado su acercamiento sin reservas con gobiernos de orientación izquierdista, ya sea asociándose con países moderados como Chile y Colombia, o con regímenes autoritarios como Cuba y Venezuela. Este acercamiento se ha dado sin cuestionar los abusos cometidos contra los ciudadanos en esos países usando la excusa de la «doctrina Estrada». Por otro lado, con los gobiernos que no son de su agrado, López Obrador no ha dudado en formular acusaciones directas. Un ejemplo de ello es el caso de Perú, donde el entonces presidente Pedro Castillo, considerado un amigo, fue detenido por intentar llevar a cabo un golpe de estado al pretender disolver el poder legislativo. Al no contar con respaldo del ejército o la policía, fue arrestado y destituido por su vicepresidenta Dilma Boluarte, a quien López Obrador considera como espuria y se niega a entablar comunicación alguna con ella. Esto ha resultado en desaires públicos, como en la reunión de la APEC.

Dentro de esta problemática, la cuestión migratoria de las caravanas de refugiados, tanto de otras naciones como de mexicanos, se ha convertido en un tema tenso en la frontera norte. Los migrantes hacen todo lo posible por ingresar, pero la falta de control y cuidado por parte de las autoridades mexicanas ha llevado a que sean víctimas de la inseguridad y extorsiones. Esto ha aumentado la tensión entre los habitantes de las ciudades fronterizas y ha exacerbado la animadversión por parte de los Estados Unidos.

Una de las apuestas fundamentales del gobierno de López Obrador ha sido la inversión en grandes obras de infraestructura, destacando proyectos clave como la reapertura de la red ferroviaria, con la inauguración en diciembre del Tren Maya. Este tren conecta las principales ciudades de la península de Yucatán, con entrada por Palenque. Otro proyecto importante y, posiblemente, más relevante es el Corredor Interoceánico que enlaza Coatzacoalcos con Salina Cruz, ofreciendo una alternativa competitiva al Canal de Panamá, que enfrenta problemas debido a la sequía.

Sin embargo, la prisa por concluir estos proyectos en el actual sexenio ha ocasionado problemas significativos en su construcción. Se han registrado sobrecostos estratosféricos, como el caso del Tren Maya, que tiene un presupuesto actual 3.3 veces mayor que el inicial de 156 mil millones. En el caso del Corredor, se ha experimentado un aumento del 60% respecto a su costo original. La destrucción ambiental generada por estas obras ha suscitado preocupaciones, y la falta de transparencia, al reservar detalles sobre la construcción y los presupuestos asignados, ha contribuido a que estas iniciativas sean miradas con escepticismo. Esta opacidad en las decisiones, al ocultar información relevante al público, ha sido objeto de críticas y alimenta la desconfianza en torno a estos proyectos.

Sin duda, el tema central de este año fue la definición de los participantes en las elecciones presidenciales de 2024, con implicaciones sustanciales, ya que se trata de dar continuidad al proyecto de la «cuarta transformación» de López Obrador o ponerle fin, una tarea que parece difícil. En el caso de MORENA, la contienda se centró en el ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México con licencia, Claudia Sheinbaum. Aunque hubo otros aspirantes que carecieron de peso, se llegó a especular que el presidente podría otorgar la candidatura a Ebrard por su lealtad y renuncia a sus aspiraciones en favor de López Obrador en anteriores elecciones. Sin embargo, la realidad demostró que el presidente siempre mostró una cercanía pública con Sheinbaum, perfilándola como su sucesora a lo largo de estos años y esto se reflejó en las encuestas donde obtuvo una clara mayoría.

Estas elecciones serán determinantes para revelar el sentir de la sociedad mexicana. Se verá si la popularidad de López Obrador se transfiere sin contratiempos a Sheinbaum o si se va desvaneciendo durante la campaña, ya sea debido a la dinámica de la misma o si comienzan a destacar las deficiencias del gobierno.

En el ámbito de la oposición, se ha consolidado un sector de la población inconforme con la dirección tomada por las decisiones de López Obrador. Sin embargo, su crecimiento ha sido limitado debido al desprestigio heredado de gobiernos anteriores, los amplios apoyos otorgados y el innegable carisma del presidente, que ha invisibilizado sus propios errores que en administraciones previas habrían generado indignación popular. A pesar de que el proceso comenzó con pesimismo ante el desafío de competir con MORENA, la figura de la senadora con licencia por el PAN, Xóchitl Gálvez, generó furor durante el proceso de selección. Este interés se intensificó debido a la negativa del presidente de otorgarle espacio en las «mañaneras» para aclarar difamaciones en su contra, lo que le valió la popularidad suficiente para ser designada candidata.

El desafío para la coalición del PAN, PRI y PRD parece difícil de superar, ya que cuentan con el respaldo de aproximadamente el 40% de la población frente al 60% de MORENA. Además, como se ha señalado, las características de la base morenista y la migración de buena parte de la estructura política (principalmente del PRI) hacia las filas oficialistas dan la percepción de que, en esta precampaña, la coalición se enfoca más en las elecciones legislativas y locales, dejando la candidatura de Gálvez a la deriva.

El próximo año será sumamente agitado en la agenda nacional al centrarse en el tema de las elecciones, por lo que valdrá la pena profundizar tanto en la cultura política del país como realizar una revisión del gobierno de López Obrador una vez que hayan concluido las elecciones. Así que espero que me acompañen en el análisis de los acontecimientos que irán sucediendo.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

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Imagen: lluminacion conmemorativa de las fiestas patrias en el Zócalo de la Ciudad de Mexico en septiembre. Fuente: https://www.revistacentral.com.mx/comida/donde-celebrar-15-septiembre-2023

El balance de Porfirio Diaz frente a EU.

A pesar de que en el siglo XIX existía un sentimiento de resentimiento hacia Estados Unidos dentro de la sociedad mexicana, tanto el gobierno de Porfirio Díaz como el de su compadre Manuel González eran conscientes de que para superar la crisis constante, era necesario contar con el capital estadounidense, que era el más predominante. Sin embargo, también veían como necesaria la entrada de inversiones europeas para ir sustituyendo gradualmente la dependencia de Estados Unidos.

Cuando Díaz regresó al poder en 1884, contaba con dos ministros que mantenían posiciones opuestas. Por un lado, estaba Ignacio Mariscal, quien era antiyanqui y abogaba por el acercamiento a Europa. Por otro lado, estaba Matías Romero, con amplia experiencia en relaciones diplomáticas con Estados Unidos y que no veía problemas en mantener esas relaciones. Díaz decidió utilizar a ambos para manejar las relaciones con ambos frentes y ser el equilibrio entre ambas posturas.

A finales del siglo, Estados Unidos mantenía una política confrontativa con México debido a las pocas garantías que brindaba para la seguridad de sus ciudadanos. La idea de una posible intervención militar o la anexión de Baja California y Sonora estaba presente. A pesar de esto, Díaz continuó con el reclamo del territorio de El Chamizal, iniciado por Juárez, manteniendo al mismo tiempo la prudencia en las relaciones bilaterales.

Uno de los frentes que estaba a punto de escapar de su control fue el caso de Centroamérica, ya que hacia 1885, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, anunció la reunificación del resto de las repúblicas centroamericanas, lo que supondría una amenaza para la posesión de Chiapas y el Soconusco. Por lo tanto, Díaz desplegó tropas disuasorias en territorio chiapaneco y, sobre todo, respaldó la resistencia salvadoreña para que el ejército guatemalteco se concentrara en El Salvador.

Otro problema surgió en 1889 con la Conferencia Interamericana, donde Estados Unidos propuso la formación de una unión aduanal que permitiría a los empresarios estadounidenses pasar libremente por el continente sin pagar los gastos aduanales, lo que afectaría a los inversionistas europeos y los condenaría a la dependencia. Con la ayuda de las legaciones chilena y argentina, se descartó el proyecto. Sin embargo, uno de los momentos en que Díaz se enfrentó a Estados Unidos fue en la disputa entre Venezuela y Gran Bretaña por la colonia de Guyana, donde la cancillería estadounidense intervino a favor de los venezolanos, presentándose como protectores del continente y evocando la doctrina Monroe. Díaz respondió en un discurso en 1896 llamando a extender la doctrina hacia cualquier potencia que interviniera en otros países.

Con esta declaración, se pretendía establecer una llamada «Doctrina Díaz», instando a los países a rechazar el intervencionismo tanto europeo como estadounidense. Sin embargo, en el contexto americano, donde la amenaza de una invasión europea era inexistente, este mensaje iba en contra de las acciones de Estados Unidos. Aunque México no podía realizar acciones prácticas para frenar el intervencionismo estadounidense, procuró apoyar a las naciones afectadas a través de la cancillería, participando en acciones diplomáticas para mediar entre los actores beligerantes. Esto incluyó su participación en los conflictos de República Dominicana, Colombia por el problema de Panamá y, sobre todo, en la cuestión española en Cuba y Puerto Rico.

Coincidentemente, en 1898 falleció el ministro Matías Romero y Estados Unidos triunfó al tomar el control del Caribe español. A partir de entonces, la balanza se inclinó completamente a favor de Ignacio Mariscal, quien viró hacia el apoyo europeo. Para reemplazar a Romero, Díaz designó a José Yves Limantour, encargado de lidiar con los empresarios estadounidenses y facilitar la entrada de inversiones europeas, como fue el caso de Weetman Pearson.

En varias ocasiones, la cancillería estadounidense intentó convencer a Díaz de que México adoptara una política intervencionista tanto en el Caribe como en Centroamérica. Incluso Theodore Roosevelt llegó a proponer la anexión mexicana de estos territorios como una forma de mejorar el prestigio internacional de México, presentándolo como el «guardián de la paz» para legitimar las acciones estadounidenses. Sin embargo, Díaz no cayó en la trampa y asumió el papel de velar por los intereses de estas naciones.

Una vez expuesta la posición de México, sirvió como un verdadero contrapeso en los conflictos de las naciones centroamericanas entre 1906 y 1909, evitando la presencia estadounidense y estableciendo tratados de paz en estos frentes. Logró reducir los intereses intervencionistas de Estados Unidos, haciendo que Roosevelt lo viera como un socio igualitario. Esta posición de fuerza diplomática a nivel panamericano la mantuvo hasta el último año de su gobierno, cuando se debilitó debido a la recesión global de 1907. Este evento evidenció los serios problemas de desigualdad en México y deterioró la posición de Díaz, especialmente con la llegada a la presidencia de Estados Unidos en 1908 de William H. Taft, quien adoptó un enfoque más beligerante.

En los últimos años, el gobierno de Díaz comenzó a actuar en contra de los intereses estadounidenses en el país como una forma de protegerse ante el inminente fin del régimen, respaldando las inversiones europeas. Esto fue percibido tanto por Taft como por su Secretario de Estado, Philander C. Knox, como una afrenta a la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que consideraron que violaba la posición neutral de México. El último enfrentamiento diplomático se dio por el asunto de Nicaragua en 1909, cuando el aliado de Díaz, José Santos Zelaya, fue derrocado por una rebelión instigada por la cancillería estadounidense, que aprovechó el retiro mexicano como protector. México se limitó a prestar apoyo a Zelaya en su exilio y a expresarse en contra del golpe.

El punto final se dio con el estallido de la Revolución de 1910. Aunque Estados Unidos se había comprometido a mantenerse neutral ante los conflictos internos, decidió relajar estas medidas y permitió que Madero alimentara la rebelión sin intervenir. Además, numerosos agentes porfiristas en Estados Unidos se unieron al bando maderista para derrocar al gobierno de Díaz.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Jürgen Buchenau. Inversión extranjera y nacionalismo: lo paradójico de la política internacional de Porfirio Diaz, de la revista Dimensión Antropológica vol. 6.

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Porfirio Díaz y su contradictoria relación con la inversión extranjera.

Imagen: S/D. El presidente de Mexico, general Porfirio Díaz y de los Estados Unidos, Mr. William Taft, quienes se ven acompañados de sus ayudantes, el capitán Butt y el teniente coronel Pablo Escandón. 16 de octubre de 1909.