La oposición en la Chihuahua porfirista.

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A pesar de que el gobierno de Enrique Creel había logrado un equilibrio de crecimiento económico que le daba oportunidad de realizar los despojos de tierra en el campo, la creciente clase media urbana compuesta por los trabajadores de la industria ferroviaria y minera estaban mostrando su inconformidad tanto por la falta de oportunidades y los bajos salarios comparándose con los trabajadores estadounidenses.

Una salida que tuvieron estos sectores sociales para manifestar su malestar estuvo en la limitada vida política, siendo muy popular la presencia del Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magon, manejando una línea radical donde abogaban por los derechos de los obreros defendiendo la jornada de 8 horas, salario de 8 pesos, la realización de una reforma agraria, el reparto de latifundios y la derogación de la reelección para que quedasen gobiernos de 4 años.

El acoso por parte del régimen porfirista a los magonistas hizo que fuesen elevando el tono para hacer el llamado a la revolución para derrocarlo, provocando con ello que los hermanos Flores Magon tuviesen que irse al exilio a EU y el partido quedase ilegalizado, por lo que desde el otro lado de la frontera empezarían a fraguar planes para lograr su cometido.

Uno de los puntos clave para la conspiración magonista era Chihuahua, donde Ricardo Flores Magón mismo se desplazó hasta la frontera con Ciudad Juárez para planificar la posible entrada de sus seguidores exiliados y dar inicio a la rebelión. Sin embargo, no contaba con la extensa red de informantes mantenida por el propio Creel tanto en México como en Estados Unidos, lo que resultó en la delación de sus seguidores y llevó al arresto de Flores Magón por parte del gobierno estadounidense.

A pesar de que los trabajadores chihuahuenses mostraron su firme apoyo al magonismo donando 25 centavos para continuar con la impresión del periódico “Regeneración”, esto no fue suficiente para que el llamado a la rebelión calara en la sociedad. Esto puede atribuirse, en parte, a que para 1905, el estado aún mantenía una fuerza económica considerable. Sin embargo, sobre todo, se debió a la disparidad en la organización entre la clase obrera y el resto del pueblo.

La organización obrera mexicana era prácticamente nueva en el sistema político, lo que facilitó que adoptara estructuras políticas provenientes de Europa. Sin embargo, para el resto de la sociedad, era necesaria la presencia de un caudillo al estilo decimonónico para movilizarse hacia la lucha.

Otro sector de la oposición sin duda era el moderado, quienes estaban completamente de acuerdo con los postulados de la lucha de los magonistas, aunque estaban vinculados con la Iglesia católica. A pesar de haber logrado la reconciliación con Porfirio Díaz, la Iglesia estaba en desacuerdo con algunas acciones, como la creciente influencia estadounidense, y expresaba su opinión a través de Silvestre Terrazas y su “Revista Católica”. Desde ese medio, se criticaba la penetración de los misioneros protestantes en los pueblos y el establecimiento de los mormones.

Además, esta postura reflejaba un cambio en la percepción del trabajo en las haciendas. A principios del siglo XIX, la convivencia entre la Iglesia y los hacendados era armoniosa, ya que los hacendados eran los principales prestamistas de la Iglesia. Sin embargo, con la desamortización de gran parte de las propiedades de la Iglesia, se volvieron muy críticos respecto a los abusos sufridos por los trabajadores.

Para 1901, Terrazas transformó su diario en “El Correo de Chihuahua”, desde donde mantenía críticas veladas tanto hacia el trabajo de Luis Terrazas, el de Creel y el de Díaz. Sin embargo, una controversia técnica ocurrida en 1906, con la última victoria de Luis para la gobernatura, llevó a que escribiera en su diario sobre la temporalidad de su período y pusiera en duda la idoneidad de Creel para ser gobernador debido a ser hijo de estadounidenses, convirtiéndolo en su enemigo.

A partir de entonces, Silvestre mostró una postura crítica hacia el régimen de Terrazas-Creel, enfatizando estas deficiencias y también comenzó a cubrir los abusos cometidos por el gobierno contra la población civil. Esto incluyó la noticia de la masacre de los huelguistas de Cananea, el paro de los mecánicos ferrocarrileros de Chihuahua y las quejas de los habitantes de Namiquipa, Cruces, Jiménez y Ciudad Juárez. Realmente no se sabe qué provocó el cambio de opinión de Silvestre con respecto al orden imperante. Posiblemente pudo influir la animadversión de la Iglesia hacia la indiferencia del gobierno ante la entrada de los protestantes, sabiendo que Creel llegó a hacer una importante donación a una de ellas para su funcionamiento.

Esto provocaría que el gobierno empezara a perseguir a Silvestre hacia abril de 1907, mandándolo a encarcelar bajo acusaciones de difamación. Aunque tenía la capacidad para ampararse y salir de la cárcel, esto no impidió que fuera detenido tanto en 1909 como en 1910.

El gobierno chihuahuense comenzó a atacar a “El Correo”, boicoteándolo para sacarlo de circulación. Esto se llevó a cabo retirando los anuncios del Banco Minero del periódico o comprando todos los ejemplares cuando el número de impresión era particularmente alto. A pesar de estos intentos, el régimen de Creel mantuvo una actitud aparentemente «benigna» hacia Silvestre. Esto se debía a que la forma de enfrentar a los periodistas incómodos por parte del régimen de Díaz solía ser encarcelarlos y, en ocasiones, torturarlos, pero raramente se los asesinaba. Aunque algunos gobernadores sí fueron sanguinarios, Creel prefirió alinearse con las prácticas porfiristas para evitar un enfrentamiento directo con el clero.

Dado que Silvestre nunca llamó a la rebelión armada, permitió que “El Correo” siguiera circulando a pesar de la animosidad del gobierno. El periódico se convirtió en uno de los voceros de la campaña de Madero y del estallido de la revolución, siendo más influyente que “Regeneración” en la politización de la sociedad.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Friedich Katz. Pancho Villa, vol. 1.

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 – Izquierda: Anónimo. Silvestre Terrazas, 1914. 

 – Derecha: S/D. Instalaciones del «Correo de Chihuahua». 

La independencia en la Nueva Vizcaya.

En los alrededores del Camino Real de Tierra Adentro, el orden social distaba de tener presencia en aquellos territorios. Desde la incorporación de la Nueva Vizcaya, los españoles no lograron una pacificación duradera de los indígenas de la región, ya fueran los tepehuanes, los tarahumaras, los huicholes o los belicosos apaches, que constantemente realizaban incursiones en los pueblos.

Incluso a principios del siglo XIX, seguía muy presente en la conciencia indígena la rebeldía nacida del milenarismo de hace dos siglos, mezclándose con el crecimiento del sentimiento nacionalista criollo. Surgieron movimientos como la rebelión del “indio Mariano” de Nayarit en 1801, que tuvo repercusiones en la Intendencia de Durango, siendo secundado por el “transtornado Mesías de Durango” y el “indio Rafael”, movimientos que fueron reprimidos.

En lugar de detener estas inquietudes sociales, el enrarecimiento del contexto monárquico de la península con la intervención napoleónica de 1808 hizo que arraigara el sentimiento autonomista. Muchos cabecillas indígenas se sumaron a la iniciativa del Ayuntamiento de México, y con su represión surgió una conspiración por parte de los gobernadores de Santa María de Ocotán, José Domingo de la Cruz Valdez, y el de Guazamota, Tomás Páez, quienes fueron denunciados y detenidos antes de tomar las armas.

Con este antecedente, no es sorprendente que los indígenas duranguenses se unieran a la causa de Miguel Hidalgo, especialmente los de la región del Mezquital en el sur. Estos indígenas se habían sublevado en el pueblo de San Andrés del Teul y amenazaban con tomar Sombrerete para dirigirse hacia Durango. Sin embargo, los realistas, comandados por el capitán Pedro María Allende, ocuparon la villa e impidieron que la rebelión se propagara por la intendencia.

La responsabilidad de la defensa de Durango recayó en el comandante general de las Provincias Internas de Occidente, Nemesio Salcedo, quien estableció a Sombrerete como punto fuerte para impedir la incursión de los insurgentes zacatecanos. La pacificación del Mezquital llevada a cabo en noviembre de 1810 fue fundamental en este proceso.

La contrainsurgencia tuvo éxito y los realistas convirtieron a Durango en un bastión confiable para luchar contra los independentistas. Sin embargo, esto no impidió que los tepehuanes siguieran siendo un elemento de desestabilización al rebelarse continuamente. Como ningún movimiento estaba interconectado con otro, los realistas pudieron reprimirlos sin problemas.

El Obispado de Durango desempeñó un papel importante en los procesos llevados a cabo contra los religiosos insurgentes que cayeron prisioneros en manos realistas. Es importante tener en cuenta que el alto clero siempre se mantuvo fiel al rey, mientras que el bajo clero, al estar en contacto directo con el pueblo, apoyaba a las poblaciones que se sumaron a la insurgencia. Esto llevó a la degradación sacerdotal de los miembros capturados para que pudieran ser fusilados. Un caso destacado es el del vicario del valle de Topia, Salvador Parra, quien tenía antecedentes rebeldes al sumarse a las conspiraciones de 1808 y contaba con un historial de continuas fugas hasta que se unió a la insurgencia. Se convenció de secundar el movimiento al toparse con emisarios napoleónicos como Torcuato Medina, reafirmando su idea de luchar contra los “gachupines” afrancesados.

Otro religioso colaboracionista destacado fue Telesforo Alvarado, cura de Pueblo Nuevo, quien ayudó en la rebelión del sinaloense José María González Hermosillo. González Hermosillo tomó villas importantes como el Real de Rosario, Mazatlán y San Sebastián, incentivando a que los indígenas de los cuales Alvarado era responsable se sumaran a sus fuerzas.

Dentro de los territorios que conformaron la Intendencia de Durango o Nueva Vizcaya estaba Chihuahua. Se sabe que muchas de las autoridades de la villa fueron partícipes del movimiento autonomista de 1808 y su anulación hizo que también participaran en conspiraciones para rebelarse. Este fue el caso de la conspiración denunciada y detenida en enero de 1811, encabezada por el regidor y capitán Salvador Porras, el auditor peruano Mariano Herrera y el teniente de Mazatlán, Juan Pedro Walker.

La provincia fue muy favorable a las reformas implantadas por el constituyente de Cádiz, por lo que la implementación de la democracia para la elección de los representantes y miembros del ayuntamiento tuvo un gran recibimiento por la sociedad chihuahuense, que participó activamente. Sin embargo, el gobernador de Durango, Bernardo Bonavia, obstaculizó los procesos desconociéndolos y declarándolos nulos.

Todos estos problemas provocaron malestar entre los criollos que se veían cooptados por las autoridades realistas, como fue el caso de José Félix Tres Palacios, quien estuvo muy activo en la búsqueda de igualdad social. Sin embargo, el empeño de los españoles por ocupar los principales puestos del ayuntamiento llevó a Tres Palacios a participar en una nueva conspiración en enero de 1814, en la que también participaron estadounidenses, la cual fue denunciada.

La restauración del orden constitucional de 1820 renovó el interés de la sociedad de la Nueva Vizcaya por continuar con el experimento democrático. Se eligieron tres diputados más un suplente, además de ser responsables de las elecciones de la provincia de Sonora y Sinaloa para dos diputados. El interés por participar llevó a provincias como Nuevo México a solicitar su representación. Sin embargo, paralelamente al restablecimiento del orden gaditano, surgió el movimiento Trigarante de Agustín de Iturbide, proclamando la independencia. A este movimiento se sumó el militar español Pedro Celestino Negrete, comisionado para liberar el noroeste. Negrete se enfrentó al comandante general de la Nueva Galicia, José de la Cruz, que se había refugiado en Durango.

Inesperadamente, la capital de la Nueva Vizcaya se convirtió en un punto de resistencia realista frente a los iturbidistas, quienes iban sumando apoyos como el del capitán general de las Provincias Internas de Occidente, Alejo García Conde. Negrete sitió Durango en agosto de 1821 y la rindió el 3 de septiembre. Con esto, finalizó la era virreinal en el septentrión e inició su vida dentro de la nación mexicana.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Jose de la Cruz Pacheco. El proceso de independencia en la Intendencia de Durango, del libro La Independencia en las provincias de Mexico.

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– Izquierda: Mapa de las intendencias de la Nueva España, en verde limon vemos a la Intendencia de Durango.

– Derecha: Ramón P. Cantó. Retrato de Pedro Celestino Negrete, siglo XIX.

El esplendor de la cultura Mogollón.

Hasta el año 950, los asentamientos en las montañas Mogollón y el valle de Mimbres, en la actual Nuevo México, habían permanecido al margen de los desarrollos de sus vecinos del Cañón del Chaco al norte o de los Hohokam de Arizona. Sin embargo, las presiones climáticas, que incluyeron severos periodos de sequía en esas regiones, llevaron a que comenzaran a asentarse en sus territorios en busca de mejores tierras en el sur. Esto provocó un desarrollo acelerado en su cultura material: abandonaron la construcción de casas-foso para edificar complejos habitacionales similares a los de los agricultores del norte, lo que les permitió albergar a una mayor población. Además, mejoraron las técnicas cerámicas, dando origen al estilo cerámico Mimbres, caracterizado por figuras geométricas en blanco y negro, que ofrecen pequeños vistazos de la vida cotidiana de los ancestros de los indios-pueblo.

De esta manera, habitantes de regiones como las riberas del río San Juan (donde se ubica el Cañón del Chaco), el altiplano de Colorado y la cuenca de Phoenix comenzaron a migrar hacia la zona Mogollón entre los años 1100 y 1150 d.C. Además de llegar al valle de Mimbres, se aventuraron más al sur hacia la parte centro-norte de Chihuahua.

La entrada de los mogollón en el sur dio lugar al establecimiento de una nueva ciudad que, además de cumplir con las necesidades básicas de sus moradores, tenía el potencial de convertirse en el centro comercial de la región y ser intermediaria entre los comerciantes mesoamericanos y los indios-pueblo, dando origen a Paquimé o Casas Grandes. Según las primeras investigaciones realizadas por Charles Di Peso a mediados del siglo XX, los habitantes originarios mantenían un modo de vida sencillo de tipo sedentario, asentados en unidades habitacionales de casas-foso. Los primeros edificios de la ciudad fueron construcciones de casas de adobe dispuestas alrededor de plazoletas, recordando al modelo realizado por los Hohokam en el Clásico Tardío. Estas construcciones estaban abastecidas por un complejo sistema de distribución de agua.

Pronto, Paquimé empezaría a destacar por su originalidad con respecto a lo hecho por los mogollones o los Hohokam. En términos arquitectónicos, desarrollaron la puerta en T, caracterizada por un estrecho paso para la parte de las piernas y agrandándose de la cintura para arriba. También destacaron en la construcción de instalaciones que evidenciaban su actividad económica, como la presencia de criaderos de guacamayas rojas, muy apreciadas por los pueblos de Oasisamérica. Asimismo, se destacaron por el desarrollo de su propio estilo cerámico, consistente en una base crema con decoraciones geometrizadas en negro y bayo, donde algunas de ellas tendieron a formar figuras humanas y animales.

Hacia el siglo XIV, Paquimé vivió su periodo de esplendor al convertirse en el mayor centro comercial del norte, albergando a una población de 2,240 personas y controlando un territorio con una extensión de 87,000 km². Se llevaron a cabo obras de reconstrucción y ampliación de los conjuntos habitacionales, la zona de talleres y el centro ceremonial. Este último incluía la presencia de juegos de pelota siguiendo el modelo mesoamericano de la doble T con sus plataformas contiguas, además de los particulares montículos-efigie cuyas plantas tenían formas de elementos religiosos.

No sería incorrecto decir que Paquimé pudo ser el heredero de Cañón del Chaco, ya que el inicio de las actividades constructivas de la ciudad chihuahuense coincide con el cese de las llevadas a cabo en la ciudad neomexicana. Además, ambas ciudades tenían como productos de intercambio y manufactura tanto la turquesa como las plumas de guacamaya. Es posible que el pueblo chacoano siempre tuvo nexos con los pochtecas mesoamericanos.

Uno de los recursos más solicitados por Paquimé para Mesoamérica fue el cobre, del cual fabricaban diferentes artilugios como cascabeles o espejos. Todo ello lo podían intercambiar con los pueblos del Occidente mesoamericano, ya que esta región tenía la mayor cantidad de yacimientos de este metal.

Mientras en el valle de Mimbres, los ancestros de los indios-pueblo se reorganizaban y se acomodaban para mantener la convivencia, primero logrando sostenerse con los cultivos básicos y luego adentrándose en las redes de intercambio del noroeste. Se abocaron a la explotación de las minas de turquesa cercanas a la actual Santa Fe y llevaban la turquesa a los Zuñi para su distribución. Estos últimos siglos fueron fundamentales a nivel cultural al manifestarse los primeros indicios del culto a los kachinas contemporáneos. Se integraron a la parafernalia ceremonial de las kivas y a la realización de ceremonias públicas. Lo cierto es que, de momento, no es posible saber la antigüedad del culto al no conservarse elementos como las máscaras. Lo único que ha llegado hasta nosotros son los petroglifos elaborados en las rocas de los lugares sagrados y el poco conocido acervo mural realizado en algunas kivas, siendo el más antiguo del siglo X. De los sitios donde se han encontrado murales, se encuentran Awataovi y Kawaika’a en la meseta Hopi, Pottery Mound y Kuaua, localizados en las cercanías de Albuquerque. En todos ellos, se han plasmado escenas de carácter religioso relacionadas con las ceremonias. No se sabe qué papel tuvieron en los rituales al perderse su costumbre durante el periodo de censura de la colonización española.

El siglo XV representó un periodo de decadencia para la región, aunque las causas aún no se conocen. Durante ese siglo, tuvo lugar la caída de Paquimé, que experimentó durante un periodo de 50 años una explosión demográfica que provocó que sus habitantes vivieran en condiciones de hacinamiento. En este periodo, se cerraron habitaciones para crear espacios más pequeños, lo que generó malestar social y culminó con el incendio de la ciudad y su abandono.

Para el momento de la conquista, Paquimé y los demás asentamientos de las casas-acantilado de la sierra estaban abandonados. Estos territorios fueron ocupados por tribus nómadas que, según los testimonios de los españoles, desconocían quiénes habían construido esas ruinas. Mientras tanto, los indios-pueblo estaban asentados en la cuenca del río Bravo y habían logrado consolidar sus comunidades agrícolas. Este territorio sirvió como base para establecer la presencia española en el septentrión, respaldada por las minas de plata encontradas en el territorio chihuahuense.

Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.

Federico Flores Pérez.

Bibliografía:  Linda S. Cordell. De las aldeas primitivas a los grandes poblados en el Noroeste, del libro La Gran Chichimeca. El lugar de las rocas secas.

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Imagen: Ruinas de Paquime, Chihuahua, cultura Casas Grandes, Posclasico. Fuente: https://www.arquired.com.mx/patrimonio/la-conservacion-historicas-construcciones-tierra-reune-a-expertos/

La necesidad de controlar las fronteras para el México independiente.

La situación heredada por los españoles en el septentrión era caótica, dado el vasto territorio bajo su control de facto en comparación con la escasa población que habitaba en las villas. Sumado a esto, el clima belicoso generado por la animadversión con las tribus hizo que, para finales del siglo XVIII y principios del XIX, los estadounidenses encontraran un escenario propicio para hacer negocios e incluso reclamar esas tierras. El gobierno mexicano solo contaba con el respaldo otorgado por el Tratado Adams-Onís, firmado en 1819, para reafirmar su soberanía sobre esos inmensos territorios. Sin embargo, carecían del personal necesario para garantizar la protección fronteriza, ya que heredaron las milicias virreinales. Además, la pobreza económica de las provincias hacía imposible competir o contener a los comerciantes estadounidenses de Missouri. Por lo tanto, la presencia de estos comerciantes era considerada necesaria para romper el aislamiento en el que vivían los habitantes del norte.

En los primeros trabajos legislativos, los representantes de Nuevo México fueron los principales impulsores para establecer el libre comercio con los estadounidenses, ya que constituía su única fuente de ingresos. Sin embargo, esta opinión no era compartida ni por el resto de los legisladores ni por el gobierno. Incluso los encargados de negocios mexicanos en Washington intentaban persuadir al gobierno de prohibir el comercio a través de la ruta de Saint Louis-Santa Fe.

Para aumentar la tensión, la sociedad novomexicana estaba completamente a favor de la presencia estadounidense y buscaba maneras de estrechar lazos. Además del factor económico y mercantil, esta presencia les otorgaba la fuerza necesaria para liberarse del yugo de los comerciantes chihuahuenses. Antes de la llegada de los estadounidenses, estos comerciantes eran los encargados de mantener la comunicación de la provincia con el resto del reino, imponiendo sus condiciones y vendiendo a precios elevados.

Desde el punto de vista de Chihuahua, la presencia de los comerciantes estadounidenses representaba una amenaza a su monopolio, ya que traían mercancías de mejor calidad. Además, este fenómeno suponía un problema a nivel nacional, dado que los comerciantes siempre habían actuado como agentes del gobierno de México, dictando las ordenanzas que debían acatarse. La amenaza aumentó considerablemente cuando las caravanas estadounidenses empezaron a descender hasta la capital, disputándoles el mercado.

El primero en tomar medidas fue el gobernador José de Urquidi, quien en 1825 convenció al secretario de Relaciones Interiores y Exteriores de aplicar aranceles a los comerciantes a su paso por la frontera. Estas medidas se implementaron con el fin de salvaguardar los intereses chihuahuenses, pero resultaron ser insuficientes.

En el ámbito exterior, la cancillería mexicana establecida en Washington, a través de su representante Pablo Obregón, estaba al tanto de los intereses estadounidenses en el mercado de Santa Fe. La importancia de este hecho se reflejó en el nombramiento de cónsules tanto para Santa Fe como para Saltillo, cuya función era brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses. En reciprocidad, se solicitó el permiso para establecer un consulado en Saint Louis, lo que permitiría mantener vigilancia sobre las caravanas.

Cualquier intento de ejercer control sobre la frontera resultaba insuficiente, ya que no se disponía de los recursos ni del personal necesario para garantizar la recaudación de derechos aduanales a las caravanas, que prácticamente transitaban de manera libre. Además, se tenía presente la limitación para imponer impuestos elevados debido a la permeabilidad de la frontera, lo cual podría incentivar el aumento del contrabando.

Uno de los problemas fundamentales residía en una de las antiguas promesas de la independencia: la eliminación de la estructura monopólica que sustentaba la economía española. Entre las clases populares, el libre comercio se percibía como una oportunidad para que más personas pudieran ganar dinero sin mayores controles.

Con el fin de cumplir con esas expectativas, desde el Primer Imperio se decidió mantener la Dirección de Aduanas virreinal, cambiando únicamente de personal. Esto se hizo con el objetivo de ejercer cierto control sobre las entradas de mercancías en los puntos de llegada, todo conforme al reglamento «Arancel general interino para el gobierno de las aduanas marítimas en el comercio libre del Imperio». Este reglamento establecía un cobro del 25% sobre el valor de la mercancía, más un derecho de 20 reales por tonelada, considerablemente más económico que el anterior sistema.

Los puntos de llegada para las importaciones se establecieron en Veracruz, Acapulco, Soto la Marina, El Refugio, San Blas, Mazatlán y San Diego, aunque con el tiempo se ampliaría la lista. Aunque existía un consenso en la implementación de una política comercial libertaria, otro sector abogaba por el proteccionismo. Estos individuos eran conscientes de que, si no se establecían límites a los comerciantes extranjeros, podrían afectar a largo plazo la economía del país. Por lo tanto, se produjo un aumento gradual de los aranceles aduaneros con una tendencia hacia la moderación.

Al concluir la década de los veinte, las aduanas se habían consolidado como una fuente segura de financiamiento para el Estado, dada la incapacidad de recaudar impuestos de manera efectiva de parte de los ciudadanos en general. Esto se convirtió en un incentivo para la llegada continua de comerciantes, a pesar del detrimento de la endeble industria nacional, la cual carecía de los medios para competir con las importaciones. Esto generó una constante demanda por parte del gobierno para que se les apoyara mediante la imposición de un mercado cerrado.

El principal producto de importación era la tela, alcanzando el 64% del total de ingresos. Esto desencadenó una serie de problemas que afectaron desde los agricultores de algodón y lino hasta las primeras fábricas textiles del país. Estas fábricas habían demostrado, en los últimos años del virreinato, su potencial para convertirse en la base de la industria nacional, convirtiendo al sector textil en uno de los rubros que los gobiernos buscarían proteger.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ignacio del Rio. Mercados en asedio. El comercio transfronterizo en el norte central de México (1821-1848).

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Imagen: S/D. Caravanas abasteciéndose de provisiones, principios de siglo XIX.

El gobierno porfirista frente al gobierno de Creel.

Si bien las élites chihuahuenses encabezadas por Luis Terrazas y Enrique Creel estaban adquiriendo un mayor control sobre el territorio del estado, el gobierno federal comenzaba a mirar con recelo estas acciones de expropiación por temor a que la población civil se levantara en armas. Especialmente, no querían que se repitieran hechos como los de Tomochic y que acciones como las llevadas a cabo en Namiquipa pudieran propiciarlos. El gobierno se comprometió a evitar más expropiaciones y ofreció garantías a las comunidades para conservar sus tierras. Sin embargo, las élites estatales manifestarían su posición en contra al tener como objetivo el pueblo de Janos.

En agosto de 1908, los habitantes de Janos enviaron a Porfirio Talamantes como su representante para denunciar la venta de tierras por parte de Creel. A pesar de ver la posibilidad de una rebelión, la Secretaría de Fomento decidió consultar al gobernador sobre el suceso. En un principio, estaba por desechar el caso, argumentando que Talamantes no era un verdadero representante popular y que era un individuo problemático en Janos debido a disputas con el presidente municipal. Sin embargo, recibieron una carta firmada por 100 pobladores que certificaban a Talamantes como su representante, obligando a la Secretaría de Fomento a dar seguimiento al caso.

Así fue como la Secretaría puso a revisar el caso a su subsecretario, Andrés Aldasoro, quien descubrió que los principios expropiatorios se basaban en una ley agraria expedida en 1905, la cual resultaba ser violatoria de la Constitución Federal. Dictaminó que el gobierno de Creel debía corregir estos «errores» y envió un representante a Janos para revisar la situación, un momento de júbilo para sus habitantes al pensar que le habían ganado al gobernador.

Realmente no se conocen las motivaciones del gobierno federal para enfrentarse a las decisiones de Creel. Habían pasado 4 años desde la promulgación de esa ley, y en casos anteriores no la habían revisado. Además, cabe destacar que la Secretaría está presidida por uno de los terratenientes más poderosos del país, Olegario Molina de Yucatán, quien también había utilizado artimañas similares para despojar las tierras de las comunidades mayas. Por lo tanto, parece ser que esto fue una demostración de poder por parte del gobierno federal.

Creel reaccionó enviando una carta al gobierno para expresar su voluntad de revisar la ley. Sin embargo, al mismo tiempo, lanzó una amenaza velada al indicar que las acciones que estaba llevando a cabo habían beneficiado a cerca de 10,000 personas. Además, el representante de la Secretaría cometió el error de visitar primero al gobernador para preguntarle si convenía visitar Janos, alejándolo al decir que era peligroso.

El gobierno federal decide hacer caso omiso para resolver ese caso, dejando abierta la posibilidad a Creel de vengarse del pueblo de Janos a través del presidente municipal. Esto se lleva a cabo mediante recortes de agua, cobros por pastar o cortar árboles, haciendo que entre 1909 y 1910 les hicieran la vida imposible al despojarlos de lo que antes obtenían de manera gratuita. Además de ignorar las notificaciones de la Secretaría de Fomento sobre la resolución del asunto, Creel aprovecha para tratar de legitimar las acciones perpetradas contra la comunidad de Namiquipa, argumentando que las tierras reclamadas por sus pobladores eran una exageración y poniendo en duda que fueran descendientes de los colonos originales. Este problema quedó zanjado, y el último llamado para su resolución se dio hasta 1911.

Con la omisión cómplice por parte del gobierno federal, Creel se había convertido en un gobernador anticonstitucional y pensaba que tenía el poder necesario para acabar con la resistencia del resto de los pueblos. Esta vez les tocaría a San Carlos y San Antonio, cuyos pobladores habían utilizado los pastos de la hacienda Los Orientales durante casi un siglo.

Ambos pueblos intentaban sostenerse en los acuerdos alcanzados con la hacienda para garantizar su protección frente a las incursiones apaches. Se había establecido un trato con San Carlos hacia 1829 y con San Antonio en 1852. Recordaron cómo en 1872 y 1879 habían capturado a 100 apaches para entregárselos al ejército federal, lo cual consideraban una razón más que suficiente para exigir la escrituración de las tierras. El gobierno chihuahuense se movilizó rápidamente y justificó la implementación de las medidas al no haber encontrado protestas cuando se implementó la ley en 1905. En esta ocasión, los pueblerinos decidieron jugar el juego del gobernador y contrataron a un abogado de prestigio con conexiones con el secretario Molina, el general Manuel F. Loera. Este se movilizó mediante sus influencias para ganar el caso e incluso planteó la posibilidad de un reparto realizado por un agrimensor.

Sin embargo, la Secretaría no estaba dispuesta a enfrentarse nuevamente a Creel y le indicó a Loera que cualquier plan de reparto debía realizarse entre los pueblos y el gobernador. Como venganza, Creel mandó alambrar los terrenos de la hacienda para que el ganado no pudiera pastar y destituyó al presidente municipal de San Carlos que había participado en el reclamo.

Los habitantes de San Carlos decidieron tomar las armas para impedir que el gobernador cumpliera su cometido e interrumpieron los trabajos de deslinde. Ante esta afrenta, Creel decidió pasar por alto esta resistencia y optó por una medida más severa. Dado que el ganado de la hacienda y de las comunidades pastaba en las tierras de cada una sin problemas, de la noche a la mañana mandó a incautar el ganado de las comunidades sin otorgarles un solo peso de indemnización y puso bajo arresto a su líder. Además de la codicia, las acciones de Creel estaban impulsadas por su firme adhesión al positivismo de los «científicos». Para él, era necesario poner los recursos a disposición de aquellos que garantizaran un rápido ascenso al progreso y la modernidad. Por otro lado, consideraba necesario despojar a los grupos «ineficaces y antimodernos» que obstaculizaban este avance, viendo a los rancheros de mediano tamaño como productores eficientes a quienes se les debía brindar todo lo posible para que prosperaran.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Friedich Katz. Pancho Villa, vol. 1

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Imagen: S/D. Porfirio Talamantes y sus seguidores. Fuente: https://elpueblo.com/politica/sera-conmemorado-el-general-porfirio-talamantes-cada-25-de-noviembre-20160913-214243.html

La importancia de Santa Fe en el septentrión.

El fin de la dominación española y la implementación de políticas de libre mercado por parte del gobierno mexicano finalmente otorgaron a la capital de Nuevo México el éxito tan ansiado para salir del aislamiento de siglos. Según las cifras del censo de 1817, el territorio apenas contaba con una población de 36,500 personas, de las cuales una cuarta parte eran indígenas, y el resto se componía de españoles, mestizos y criollos que vivían en una docena de pueblos dispersos. Santa Fe, por su parte, tenía una población de 6,700 habitantes.

La segunda ciudad en importancia era El Paso, ya que desde allí ingresaba el abasto proveniente de Chihuahua a través del Camino Real de Tierra Adentro. Le seguían Albuquerque, Socorro, Santa Cruz de la Cañada, Abiquiú y Taos, todas ellas separadas de Santa Fe por una distancia de 150 km. La llegada de los comerciantes estadounidenses de Saint Louis, Missouri, representó una oportunidad para finalmente romper el aislamiento endémico de la provincia y mejorar las condiciones de vida. Por esta razón, el establecimiento de la feria de Santa Fe se convirtió en un evento al que todos los neomexicanos deseaban asistir para conocer las últimas novedades.

Los caravaneros llegaban a establecerse en la Plaza Mayor con sus diligencias cargadas de mercancías. Algunos de ellos instalaban sus tiendas, mientras que otros vendían directamente desde las carretas. Sus compradores eran tanto los propios santafesinos como, principalmente, los intermediarios que adquirían productos al por mayor para revender en el resto del Septentrión.

Los primeros años del mercado generaron dudas sobre la eficacia de la idea, ya que los neomexicanos no tenían suficiente dinero para realizar compras importantes y tampoco tenían producción propia para realizar intercambios. Esto provocó que Santa Fe comenzara a perder su atractivo como destino final y se convirtiera en un puerto de entrada para los comerciantes estadounidenses que se dirigían a otras localidades del norte de México. Como resultado, se creó una ruta secundaria para llegar a El Paso y, desde allí, a Chihuahua, una ciudad que, para 1823, tenía una población de 10,190 habitantes y una economía sólida gracias a la mina de plata de Santa Eulalia. Chihuahua se convirtió en un mercado mucho más atractivo, donde muchos comerciantes vendían la mayor parte de sus mercancías y tenían la opción de seguir el Camino Real de Tierra Adentro para llegar hasta la Ciudad de México.

Fue así como Nuevo México se convirtió en un punto de entrada para los estadounidenses que buscaban acceder al mercado mexicano a través de Chihuahua. Desde allí, podían dirigirse hacia el este, desviándose hacia Saltillo, o hacia el oeste, abarcando regiones como Sinaloa, Sonora y las Californias. Aunque este último mercado era menor, el principal incentivo para las expediciones comerciales era obtener plata producida en los principales centros mineros del norte y luego introducirla en la economía estadounidense.

Lo único que Nuevo México podía aportar a este nuevo circuito comercial era su menguante producción ganadera, que se basaba en la cría de ovejas y que servía como alimento para las expediciones. Durante un tiempo, la producción de mulas por parte de los novomexicanos también fue demandada en Missouri. Sin embargo, esta nueva oportunidad para revitalizar la economía del norte resultó ser insuficiente, ya que se convirtió en una vía de salida de plata. Esto llevó a que Nuevo México se convirtiera en un mero productor de materias primas, sin contribuir significativamente al desarrollo de las comunidades del septentrión.

Esta situación se debe a la persistencia de los modelos de producción coloniales en los primeros años de la vida independiente. Intentaron seguir las antiguas prácticas de extracción de metales preciosos para adquirir mercancías de manufactura europea y asiática. A través de esta estrategia, se enfocaban en la presencia de las Filipinas como un medio para acceder a los productos chinos y, al mismo tiempo, retener el oro y la plata mediante el cobro de impuestos. A lo largo del período virreinal, se descubrieron varios minerales en la Sierra Madre Occidental y el Sur del territorio, lo que brindó la oportunidad de acumular riqueza y avanzar hacia una incipiente industrialización. La producción textil en los obrajes de Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y la Ciudad de México se convirtió en el eje de este proceso.

Debido al contexto de inestabilidad, las minas del norte se habían convertido en importadoras netas de mercancías provenientes del sur. Dependían por completo de la producción minera de sus yacimientos, sin tener una verdadera oportunidad de diversificación.

Tampoco favorecieron las limitaciones impuestas por los españoles en cuanto a la producción. Básicamente prohibieron la elaboración de textiles finos para acaparar el monopolio de las telas de alta calidad y vender las de procedencia peninsular. Esto provocó que la producción novohispana tuviera que ser de calidad media o baja para no competir con las importaciones peninsulares. Como resultado, el principal producto solicitado por el público mexicano a los comerciantes estadounidenses fue principalmente tela. Esta tela la producían ellos mismos o la importaban de Europa, llegando a los puertos de la Costa Este.

Esta situación les brindó la oportunidad de adquirir las últimas novedades textiles a precios más bajos para su uso diario, superando así los beneficios que proporcionaba el comercio a través de la antigua ruta que los conectaba con la capital. Sin embargo, carecían de la experiencia necesaria para aprovechar el nuevo panorama con un vecino como Estados Unidos, que estaba dispuesto a hacer negocios.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Ignacio del Rio. Mercados en asedio. El comercio transfronterizo en el norte central de México (1821-1848).

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Imagen: Josiah Greg. El arribo de la caravana a Santa Fe. 1844. 

El despojo de las tierras en las comunidades de Chihuahua.

Al ser los tarahumaras el ejemplo de cómo la fuerza del poder estatal era suficiente para empezar los procesos de deslinde de las tierras para venderlas a los empresarios, el gobierno de Enrique Creel empezaría a cargar en contra de los pueblos rancheros del estado, como fue el caso del pueblo de San Andrés, una de las colonias militares más prestigiadas del estado y cuyos fusileros fueron pieza clave para poder derrotar a los apaches bajo la dirección de Joaquín Terrazas, primo de Luis. Hacia 1904, el vocero del pueblo Macario Nieto, le solicita el repartimiento de las tierras municipales para los habitantes de la comunidad, siendo respondidos positivamente por el interino Joaquín Cortázar quien les dijo se les darían 3 hectáreas y con esa promesa pudieron estar tranquilos, pero a los pocos meses el mismo gobierno les diría que no podía cumplir con lo dicho porque los deslindadores habían descubierto que no había tierras suficientes. En un intento por defender la propuesta, Nieto les explica que el presidente municipal Lucas Murga se había hecho con la propiedad de la hacienda de San Juan Guadalupe y se había apropiado de las tierras comunales llegando a robar los títulos de propiedad.

El argumento del pueblo de San Andrés sobre los derechos de propiedad de la hacienda se basaba en una solicitud que les había hecho el dueño hacia 1735 para que lo ayudasen a expulsar a los apaches que lo tenían amenazado, logrando el objetivo y con ello les escritura el derecho para que usasen los terrenos de la propiedad, aunque no les dio las escrituras, pero desde entonces los rancheros pudieron disponer de ella. Cuando llegaron los funcionarios del gobierno, al ver que no tenían ningún papel para acreditar el uso comunal fue que tienen los argumentos para rechazar la solicitud, por lo que sus habitantes intentaron desde pedirle ingenuamente al propio Murga una copia de los papeles, pero al ser rechazados tuvieron que solicitar al Archivo Nacional si disponían de alguna copia, fue ahí donde el gobierno federal aprovecha para apantanar el asunto y les dieron largas hasta 1907 cuando finalmente se rindieron.

Con ese hilo de victorias fraudulentas, el gobernador Creel se seguiría con el resto de los pueblos como fue el caso de Namiquipa, el cual desde hacía décadas se enfrentaba ante el acoso para ser despojados por el hacendado Enrique Muller, socio de Luis Terrazas, quien desde 1865 se fue apoderando de terrenos de los alrededores de las tierras comunales del pueblo y ellos habían logrado mantenerlo a raya. Pero en 1905, Creel usa el derecho que tenía el gobierno sobre las tierras municipales para ordenar su privatización con la táctica de mandar a destituir a las autoridades municipales para imponer a sus afines y con ello facilitar el proceso de deslindamiento, por lo que el esfuerzo de sus antepasados quienes protegieron el “avance de la civilización” de los apaches se perdería en poco tiempo. No servirían las protestas que fueron a hacer los habitantes en la capital ni la carta a Diaz donde le solicitaban su intervención para evitar la pérdida de su patrimonio, la suerte ya estaba echada y no había paso atrás.

Hasta aquí podemos rastrear dos periodos de despojo por parte del gobierno chihuahuense con respuestas muy distintas, la de 1891 a 1895 que tuvo consecuencias violentas y la de 1905 a 1907 la cual tuvo una respuesta moderada a pesar de que esta fue la más grave, esto se explica porque en la primera se había desarrollado bajo el contexto tanto de un periodo de bajas cosechas y por la disputa habida entre Luis Terrazas y el gobierno federal dividiéndose en facciones los terratenientes, en cambio en la segunda encontramos tanto una oligarquía unida como un ambiente económico muy favorable, por lo que los rancheros despojados podían encontrar trabajos bien remunerados tanto en la capital, en La Laguna, las minas o en EU. Pero además de beneficiar a los hacendados e inversionistas, la reforma de Creel de 1905 también beneficiaba a los pueblerinos más adinerados al darles la oportunidad de hacerse con más tierras, por lo que la estructura interna de las comunidades fue resquebrajándose ante los intereses personales.

Este fue el caso de Cuchillo Parado, pueblo que había sido beneficiado por su apoyo al presidente Juárez al haberles entregado tierras a cerca de 31 familias, pero al igual que en el caso de San Andrés sufría de los intentos de despojo por parte de otro de los socios de Luis Terrazas, Carlos Muñoz, por lo que habían elegido a dos lideres para poder llevar a cabo la defensa de la comunidad, el lugareño Toribio Ortega y el recién llegado Ezequiel Montes. La presencia de Montes suponía un verdadero dilema en el contexto chihuahuense, ya que representaba a una de muchas familias migrantes que habían llegado al estado para aprovechar la bonanza económica, por lo que en la organización del repartimiento de tierras surgía el debate de si ellos también tenían derechos a que se les dotaran de tierras. Ortega tenía envidia por el talento natural de Montes por haberse ganado la lealtad de buena parte de los pueblerinos, por lo que cuando fue elegido como representante para defender los intereses del pueblo Creel lo manipula para servir a sus intereses y lo convierte en presidente municipal para hacerlo un verdadero cacique.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Friedich Katz. Pancho Villa, vol. 1

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El “traspaso” del poder en Chihuahua a inicios del siglo XX.

Imagen: Anónimo. Trabajadores de la presa La Boquilla, principios de siglo XX. Fuente: https://www.facebook.com/HistoriaDeChihuahua/posts/pfbid02vnLBisTMbXhvmj4FTmMqVTDDyNM4Ehhckp5fZmFWpurMP6Z7J2wz1APShWLvid8Gl

La repercusión social de los impuestos de Santa Anna.

Para mediados de siglo XIX, era necesario que México tuviese una política fiscal para recaudar los impuestos necesario para que funcionase el país, tocándole a Antonio López de Santa Anna en su último periodo residencial intentar resolver el problema con una serie de decretos donde se cobraba por cosas tan básicas como las ventanas y las puertas, medidas que hoy nos parecen absurdas y que la historiografía liberal las trataría de usar como justificante de su derrocamiento, pero para ese entonces naciones europeas habían implementado estos cobros para sanear sus finanzas. Lo cierto es que los decretos realizados por el presidente no tuvieron un impacto negativo en su percepción, ya que al no contar el estado con el personal suficiente para llevarlos a cabo, las resistencias regionales, la justificación del combate contra los indígenas rebeldes como Chihuahua y Yucatán o un mal estudio de la situación de las entidades provocarían que los cobros en buena parte quedasen sin efectos. A esto le debemos de sumar otro problema muy arraigado en la sociedad mexicana, la impuntualidad, por lo que en las entidades donde si se pudieron cobrar los impuestos como San Luis Potosí lo hicieron fuera de las fechas señaladas, hasta el gobernador Anastasio Parrodi se retrasaría en su pago, por lo que este inconveniente no seria sancionado por el gobierno en forma de agradecimiento por haber pagado.

Otro de los males donde vemos la correlación entre esos tiempos y estos es sobre quienes pagaban los impuestos, llegándonos los cotejos donde nos indican que las personas acaudaladas quienes tenían grandes propiedades eran quienes estaban al corriente con pagos de 81 centavos para arriba, mientras las personas de clase “media” con impuestos de 80 centavos hacia abajo eran los principales evasores, y eso que por lo regular contaban con propiedades de mínimo tres piezas, mientras lo que exentaban el pago eran quienes apenas y contaban con una puerta y a veces una ventana. Era tal el nivel de desorganización del gobierno que ni siquiera tenían el control del censo de la Ciudad de México, convirtiéndose en una tarea casi imposible para la tesorería el cobro de los impuestos al salir los vecinos con que ellos estaban exentos del pago, por lo que de las 8,000 viviendas contabilizadas en la capital para 1854, solamente el 34% pagaron al menos lo de un mes y lo hicieron de forma voluntaria. Las cosas cambiaron para el siguiente año al contar ya con un padrón bien conformado, si bien tuvieron algunos problemas en el inicio al no saber de los eximidos, lograrían recaudar la cantidad de 20,000 pesos de enero a septiembre, pero como después de ese periodo se daría la Revolución de Ayutla y se derogaría el impuesto, todo el esfuerzo hecho hasta entonces seria en vano.

Si el panorama recaudatorio resultaba caótico en la misma capital, en provincia las cosas no eran mejores, ya que de 1853 a 1855 los impuestos aduanales en los puertos seguían siendo la fuente más importante de cobro al representar el 47.3% de la recaudación, siguiendo las contribuciones directas con un 33% de donde se incluiría el impuesto de luces, pero por los datos tan escuetos de la época no se podría saber cuánto habría representado de esa recaudación. Otra de los intentos del gobierno por cobrar impuestos fue el de gravar la posesión de perros (con la única excepción de los lazarillos), también basada en inspiración europea, pero como sucedió con el impuesto de luces no se levantaron los censos necesarios, por lo que tuvieron que confiar en que los dueños obedecerían el decreto donde se estipulaba la “obligatoriedad” de registrar a sus mascotas en un plazo de 8 días después de su promulgación. No importo la amenaza de capturar a los perros que no llevasen un collar donde se acreditaba el pago para evitar ser sacrificados en un lapso de un día, casi nadie registro a sus mascotas al solo censar 100 perros hechos de forma voluntaria y con atraso, siendo este el impuesto que menos recaudo de todos los existentes.

Uno de los impuestos más viejos vigentes hoy en día seria la tenencia de vehículos, los cuales consistían en carros tirados a caballo, este no lo crearía Santa Anna, sino que sería de herencia colonial establecido desde 1802 y fue mantenida durante los gobiernos liberales, ya que los únicos quienes poseían vehículos eran los de la alta sociedad y era un modo sencillo para el estado de tener ingresos. Este impuesto si tendría cierta repercusión al existir para ese entonces una naciente industria del taxi en las ciudades con vehículos tirados por caballos, llegándose a cobrar entre los 2 pesos hasta los 5 dependiendo de la cantidad de asientos de la carroza o de la raza del caballo pagándose cada trimestre, la única queja existente en esos años era sobre la exención del cobro para el carro del presidente Santa Anna, el del arzobispo y el de algunos funcionarios. Según el padrón, en la capital había cerca de 186 carros, este ingreso sería muy importante para poder mantener en relativas buenas condiciones la infraestructura urbana como las plazas y los caminos por donde transitaban, llegándose a recaudar hasta 7,000 pesos anuales, aunque tendría el problema de la disputa de su administración entre el gobierno nacional y el Ayuntamiento.

Estas medidas recaudatorias por el gobierno de Santa Anna resultarían un fracaso, tan solo de lo poco recaudado solo serviría para pagar los gastos operativos de censos y cobranzas, por lo que a partir de la segunda mitad del año de 1855 los diferentes gobiernos estatales fueron derogando el impuesto a las luces por la imposibilidad de poder cobrarlo de forma efectiva, siendo acelerado con la derrota de Santa Anna y el presidente interino Rómulo Diaz de la Vega ya tenía pensado abolirlo en todo el país, la única que si persistiría fue el cobro a los coches y caballos. Las condiciones del país eran tan graves que no había forma de mantener controlada a la población y menos para poder hacer cumplir obligaciones como los pagos de impuestos, ni siquiera hubo la indignación que tanto se propagaría salvo por una queja de propietarios del estado de Morelos quienes ganaron el caso, por lo que en la realidad no pasaría de ser una anécdota del gobierno de un país que no había encontrado la traza treinta años después de su independencia.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Héctor Strobel del Moral. Los impuestos a puertas, ventanas, perros, caballos y carros de Santa Anna, 1853-1855, de la revista Secuencia no.106

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Imagen: Anónimo. Trono de su Alteza Serenísima, 1855. Fuente: https://relatosehistorias.mx/numero-vigente/quienes-fueron-los-beneficiarios-con-la-venta-de-la-mesilla

Los primeros años de Francisco J. Múgica.

Dentro del estudio de la revolución, podemos encontrar diferentes personajes que tuvieron diferentes roles tanto en la lucha como en la conformación del régimen presidencialista, desde los caudillos populares quienes levantaron a las masas como a los intelectuales quienes le dieron solidez a la lucha al construir una base política. Uno de los arquitectos del nuevo orden revolucionario fue sin duda Francisco J. Múgica, quien como otras muchas personas en la historia no estaba destinado a tener un papel relevante en la historia, sino que fueron las circunstancias lo que lo desviaron de su camino como una persona normal y lo llevo a ser uno de los ideólogos de la revolución, estando cerca de pasar a tener un papel más activo al intentar llegar a la presidencia. Nacido en Tingüindín, Michoacán, hacia el año de 1884, Francisco José Múgica fue hijo de un maestro quien parecía le iba a legar su profesión, por lo que para que llevase una educación superior lo inscribe al Seminario de Zamora como alumno externo, si bien se apasionaría por las clases de latín y de los discursos de los emperadores romanos, siempre se mostró rebelde hacia las clases de teología, estando cerca de ser expulsado y por un dispendio del obispo de Zamora se le permitió saltarse la materia para que siguiera estudiando.

Hacia 1906, tenía cumplidos los 22 años y se disponía a buscar empleo, fue en esa etapa cuando descubre las publicaciones periódicas de los opositores al régimen porfirista como el “Hijo del Ahuizote”, “El Diario de Hogar” y “Regeneración”, los cuales lee ávidamente y decide unirse a la militancia del Partido Liberal Mexicano tratando de hacer carrera como periodista, atreviéndose a mandar un artículo a los editores de “Regeneración” en Saint Louis Missouri y seria publicado en la primera plana. Esto lo animó a seguir escribiendo y llegaría a convertirse en corresponsal en Michoacán del diario, dando el siguiente paso a crear sus propias publicaciones como “El Rayo”, “El Faro”, “La Voz”, “La Luz”, “La Prensa Libre” y “El Demócrata Zamorano”, todos ellos fueron perseguidos y clausurados por las autoridades locales por la radicalidad de su discurso. Ante la efervescencia del ambiente político de finales de la década, Múgica decide apoyar las intenciones del general Bernardo Reyes para competir por la vicepresidencia, llevándolo a armar un zafarrancho en un mitin que se estaba organizando en favor del oficialista Ramon Corral y le valdría ser arrestado por los desmanes.

Cuando sale de prisión, decide organizar los esfuerzos de la oposición en Michoacán para acabar con el gobierno de Porfirio Diaz en las elecciones, fundando un nuevo diario llamado 1910 donde exponía sus ideales, mientras se fue acercando con otros opositores como Gildardo Magaña, Antonio Navarrete, Eugenio Méndez y su hermano Carlos, quienes empezarían a conformar las bases en el estado de la campaña de Francisco I. Madero. El problema fue que en Michoacán hubo poca movilización hacia la campaña de Madero y tendrían una participación marginal en las elecciones, por lo que ante la derrota convence a su familia para mudarse a la Ciudad de México y ahí entraría en contacto con personalidades de la militancia maderista, quienes al ver lo inútil que resultaba la lucha democrática decidieron apostar por la lucha armada, siendo Múgica uno de los conspiradores. Teniendo la rebelión como objetivo, los maderistas empiezas a ayudar tanto en la impresión de los pronunciamientos para mantener informados al resto de los rebeldes, como también apoya la fabricación de bombas desde la colonia Guerrero, pero la conspiración fue descubierta y muchos de los colaboradores fueron arrestados, con excepción de Múgica quien logra huir hacia San Antonio con las intenciones de reunirse con la cúpula maderista como representante de sus compañeros quienes se fueron a insurreccionar Michoacán.

Logra entablar contacto con el círculo cercano a Madero como su secretario Roque Gonzales Garza, su hermano Alfonso y Federico Gonzales Garza, quienes lo llevaron a administrar el diario “México Nuevo”, pero el mantener el apoyo maderista no cesó su espíritu crítico hacia los rumbos que tomaba la revolución, llegando a declarar que su apoyo a Madero no era con el fin de empoderarlo como caudillo, si no por defender los ideales del liberalismo y la democracia. Si bien no pudo obtener el financiamiento del levantamiento de sus compañeros michoacanos, obtuvo la propuesta de participar en la lucha armada vía Coahuila para sumarse a las fuerzas rebeldes en Ojinaga, Chihuahua, la cual aceptó y participaría en las batallas más importantes de la campaña junto con Madero como la de Cuchillo Parado, la Sierra del Burro y Casas Grandes, a la vez seguía con sus esfuerzos periodísticos para mantener al pueblo informado. Una vez alcanzada la renuncia de Diaz en mayo de 1911, fue comisionado como delegado de paz maderista en Michoacán para entrar en contacto con las guerrillas rebeldes y acordar la paz, a la vez que fue haciendo campaña a favor de Madero para las elecciones por el Partido Constitucional Progresista de Camilo Arriaga.

Pero como muchos otros revolucionarios, se decepcionaría por las políticas de pacificación maderista donde implicaba la entrega de armas de los grupos rebeldes, dando señales de alarma tanto por el mantenimiento en sus puestos de algunos políticos porfiristas y por el incumplimiento de las demandas hechas durante la rebelión, criticándolo desde su periódico “El Despertador del Pueblo”. Ante la falta del empleo prometido por parte del gobierno maderista al seguir manteniendo su línea critica, recibiría la propuesta por parte del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para encargarse de la Dirección de Estadísticas del estado, sirviéndole para pagar su boda con Angela Alcaraz. No pasó mucho tiempo de su matrimonio cuando estallaría la sublevación de los porfiristas del ejercito contra el gobierno hacia febrero de 1913, siendo mandado por Carranza a la capital para ofrecerle a Madero el apoyo de las tropas del estado, integrándose a los cuerpos de voluntarios mientras le iba informando a Carranza el curso de los acontecimientos, pero al triunfar los golpistas de Victoriano Huerta alcanza a salir de la ciudad un día antes del asesinato de Madero y con ello se une a la lucha constitucionalista.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Anna Ribera Carbó. Francisco J. Múgica. El presidente que no tuvimos.

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Imagen: Hermanos Casasola. Francisco J. Mujica en la Comision primera de constitución durante una asamblea, 1916.

El “traspaso” del poder en Chihuahua a inicios del siglo XX.

El plan de Porfirio Diaz por acabar con el poder de Luis Terrazas había resultado infructuoso ante un manejo hábil de redirigir las crisis que había provocado el mismo al ir socavando los pactos ancestrales que existían entre los terratenientes con los hacendados, por lo que el gobierno federal quedaría como el villano al reprimir rebeliones como la de Tomóchic mientras Terrazas incrementaba sus riquezas e iba reposicionándose para volver a ocupar la jefatura política del estado. Fue así que en 1903 Terrazas vuelve a la gobernatura con el apoyo de los rancheros, quienes tenían la esperanza que el viejo cacique quien había combatido a los conservadores y a los apaches habría de restituir el antiguo orden, pero como ya no existía el enemigo en comun que encarnaban los apaches hacía que Terrazas pudiese prescindir sin problemas de los rancheros, además que había logrado convertirse a los ojos de Diaz en un aliado fundamental para el desarrollo del país y lo hizo su socio, además de haber logrado esconder que él estuvo detrás de los rebeldes de Tomóchic y como los dejaría a su suerte ante el ejército federal.

Los años como caudillo de Terrazas y su profundo conocimiento de la politiquería chihuahuense lo convertiría en un hábil mandatario donde por un lado seguía manteniendo su imagen como líder del pueblo y del otro seguía avanzando en su objetivo de amasar el monopolio absoluto del poder, siendo su táctica favorita la de atender los reclamos de los pueblos donde sabía que existía un potencial rival para desprestigiarlo y acabar con la amenaza. Era obvio que sus intenciones para estar al mando del estado no fueron por amor al pueblo sino el de crecer su fortuna, por lo que cuando veía que la cantidad de reclamos por resolver se le iban acumulando se zafaba renunciando al cargo para poner a un pariente como remplazo y con eso ante la imagen pública lograba mantener su autoridad como caudillo, que para esos años tenía como justificación apremiante su avanzada edad. Con solo un año de haber estado en la gobernatura, le traspasa el poder a su yerno Enrique Creel, quien a diferencia de Terrazas pertenecía a una familia aristocrática y poseía un nulo contacto con el pueblo, por lo que su gobierno se caracterizara por su crueldad y por ser la tapadera para que su suegro continue despojando las tierras del estado.

Uno de los proyectos de infraestructura donde Creel tendría especial interés fue la construcción de nuevas vías ferroviarias en el occidente del estado por parte de las compañías Mexican Northwestern y la Kansas Orient and Pacific Railroad, por lo que era necesario expropiar la mayor cantidad de terrenos en esta zona para poder darle factibilidad a la realización de estos negocios, por lo que el congreso estatal aprueba una ley donde le permite al gobierno del estado destituir a los presidentes municipales para colocar gente allegada, esto era importante porque los presidentes municipales eran la herramienta que tenía el pueblo para defender sus derechos. Esta ley promulgada en 1905 se pasaba los límites impuestos por la misma Constitución de 1857, como lo era la necesidad de contar con el arbitraje del gobierno federal para reemplazarlo el mismo Creel, también quitaba el límite que implicaba la expropiación de terrenos para crear propiedades individuales para los miembros de la comunidad para favorecer el acaparamiento de las empresas, todo esto hizo que los que se habían convertido en prósperos granjeros pasaran a ser rancheros pobres a quienes solo les habían dejado parcelas pequeñas para apenas sobrevivir y se esperaba que ellos pasaran a ser la clase trabajadora de las empresas.

Con este entramado creado para dejar al gobernador con el poder absoluto para disponer de los terrenos del estado, los rancheros se encontraron en un callejón sin salida al tener a un sistema donde todo estaba en su contra, ya que sus quejas eran pasadas de las autoridades municipales a las estatales y de ahí se iban a las instancias judiciales, pero como estas tenían el control del gobernador quedaban sin efecto, teniendo que dirigirlas al gobierno federal y este simplemente las ignoraba para dejar al gobernador seguir ostentando su poder. Sus primeras víctimas fueron el eslabón más débil de la sociedad chihuahuense, los indígenas tarahumaras, de quienes era muy fácil aprovecharse por su analfabetismo y completa ignorancia del estado de derecho podían despojarlos de sus tierras sin problemas, como ocurrió con el caso del pueblo de Temeychic que estaba siendo presa del despojo por parte de Alberto y Felipe Terrazas (hijo y pariente respectivamente de Luis) donde el gobierno federal los dejo a su merced. Otra muestra la tenemos en una protesta en 1908 dirigida por José Vega hacia la Secretaría de Fomento donde reclama los derechos a la tierra de los tarahumaras que estaban siendo víctimas de un señor Sandoval, dándoles como “solución” volver a comprar las tierras o dirigirse al gobierno de Chihuahua.

Es así que el gobierno federal actuó como cómplice del gobernador Creel al hacer oídos sordos a los reclamos de los indígenas chihuahuenses, motivando a que se diera el siguiente paso de lanzarse en contra de las comunidades rancheras al permitir a los hacendados borrar los viejos pactos que tenían para hacer uso de las tierras. Como parte de la alianza entre los potentados con los rancheros en la guerra apache, los primeros daban permiso a que los rancheros pudiesen aprovechar los pastizales para alimentar su ganado como forma de pago por sus esfuerzos en la defensa, pero con la derrota de los apaches y la dinamización del mercado fronterizo, el ganado se convirtió en una fuente de riquezas y sin más los hacendados procedieron a cercar sus terrenos para negar el paso a los rancheros, aumentando con ello el trabajo de las compañías deslindadoras y los rancheros empezaron a juntarse para proteger sus derechos por costumbre, donde esta vez la negativa a resolver los casos acarrearía consecuencias más graves al nivel estatal y nacional.

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Federico Flores Pérez.

Bibliografía: Friedich Katz. Pancho Villa, vol. 1

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Para saber más: https://www.arthii.com/la-represion-de-la-rebelion-de-tomochic/

Imagen:

  • Izquierda: Anónimo. Luis Terrazas, gobernador de Chihuahua, 1900.
  • Derecha: Harris & Ewing. Enrique Creel, ca. 1905.