Ante la situación apremiante del país, el equipo entrante de Miguel de la Madrid asumió la responsabilidad de negociar con el FMI para regularizar la deuda y obtener nuevos créditos para reestructurar las finanzas afectadas. Se asignaron 3,900 millones de dólares por parte del FMI y otros 5,000 millones provenientes de 1400 bancos acreedores. Esto obligó al nuevo gobierno a adoptar una disciplina económica estricta.
Anteriormente, el gobierno de López Portillo había intentado formar un frente con otros países latinoamericanos deudores al anunciar la nacionalización de la banca, buscando una posición ventajosa en la renegociación de la deuda. Sin embargo, al no recibir apoyo de las embajadas extranjeras, se descartó ese plan y se continuó con las negociaciones con el FMI y los bancos privados, lo que llevó a la moratoria de 90 días. Al reconocer la deuda y la voluntad de pago por parte del gobierno, el FMI restauró la confianza en México al eliminar la incertidumbre sobre la repudiación de la deuda o la venta de títulos en mercados secundarios. No obstante, todos eran conscientes de que esta situación era temporal y que después de los 3 meses era necesario volver a negociar.
El gobierno mexicano se vio obligado a reconocer su responsabilidad en la crisis económica y abandonar la retórica de culpar exclusivamente a los bancos privados. Aceptaron que el gobierno no tenía la capacidad para persuadir a los inversores para que mantuvieran sus recursos en el país. Sin embargo, también evitaron culpar directamente a la banca internacional como uno de los agentes responsables de la crisis, prefiriendo señalar problemas como la ineficiencia y corrupción en empresas estatales, altas tasas de interés y un gran déficit fiscal.
Adoptaron una posición pasiva, evitando apelar a argumentos éticos del derecho económico internacional que protegen a los países de endeudarse más allá de su capacidad sin sacrificar el bienestar nacional. En lugar de eso, asumieron el derecho privado y la máxima de que «los gobiernos no quiebran», lo cual evitaba una confrontación directa con los acreedores. Esto se hizo por temor a que una actitud más enérgica durante las negociaciones pudiera llevar a los acreedores a suspender los préstamos, lo que provocaría desconfianza y la salida de capital privado, empujando al país hacia una situación de quiebra.
En última instancia, priorizaron mantener la confianza de la banca internacional sobre la capacidad de negociar mejores condiciones de pago, prefiriendo garantizar la estabilidad financiera aunque esto implicara limitaciones en sus opciones de negociación.
Gracias a las negociaciones con el sector financiero mundial, la tensión entre el sector privado y el gobierno por la nacionalización de la banca comenzó a disminuir. Para muchos en el sector privado, esta medida representaba un ataque a la propiedad individual y una continuación de la orientación estatista de la economía que se había implementado durante la presidencia de Luis Echeverría. Estas acciones fueron calificadas como populistas y destinadas a mantener el apoyo electoral.
Aunque Miguel de la Madrid no estaba a favor de la nacionalización de la banca, ignoró las peticiones de los banqueros de devolverles sus bancos. En sus declaraciones, De la Madrid criticó a la clase empresarial como egoísta, limitada, ignorante y altanera, considerando necesario poner límites a su poder y prefiriendo dejar pasar el tiempo para calmar los ánimos.
La comunidad financiera internacional, incluyendo Estados Unidos, respaldó tanto la nacionalización como el control cambiario, considerándolos soluciones técnicas. Rechazaron la idea de que estas medidas llevaran al país al socialismo y apoyaron la renegociación de la deuda externa. Esto dejó a los banqueros expropiados sin un respaldo sólido para recuperar sus bancos y los obligó a negociar con el gobierno.
Para evitar sacrificar la capacidad productiva del país y el nivel de vida de la sociedad, el gobierno mexicano aceptó los términos impuestos por el FMI y la banca internacional para comenzar a pagar la deuda externa. En las declaraciones y cartas de compromiso, exoneraron a la banca de cualquier responsabilidad en el crecimiento de la crisis, atribuyendo la situación al bajo crecimiento de la economía internacional en comparación con el crecimiento de México. Decidieron no negociar condiciones más favorables para los pagos de la deuda.
Una de las primeras medidas implementadas fue liberar la tasa de cambio del dólar sin haber llegado a acuerdos con los empresarios que se mostraban en desacuerdo, ni haber controlado las especulaciones financieras. A pesar del riesgo de fuga de capitales, la cual había alcanzado los 6,831 millones de dólares en 1982, se logró reducir a 884 millones en 1983.
De manera oficial, Miguel de la Madrid se comprometió ante el Congreso de la Unión a combatir la crisis económica equilibrando las finanzas públicas, controlando el déficit comercial y asegurando el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos para mejorar la capacidad de gasto de la población. Esto se materializó en el Programa Inmediato de Reorganización Económica (PIRE), el cual estructuró las medidas para hacer frente a la crisis.
Según las proyecciones del Programa Inmediato de Reorganización Económica (PIRE), se esperaba un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) para México. Inicialmente, se previó un crecimiento del 0% en 1983, seguido de un 3% en 1984 y un 5% en 1985. Además, se propuso reducir la inflación del 30% en 1983 al 18% al año siguiente. También se planteó la devaluación controlada del peso, tanto en la tasa de cambio libre como en la controlada, y la reducción del déficit público, que había alcanzado el 18% del PIB en 1982, para que bajara al 8.5-9.6% en los años siguientes.
Estas propuestas fueron presentadas al FMI a finales de 1982, y como condición para otorgar el financiamiento de 3,700 millones de dólares en forma escalonada entre 1983 y 1985, se estableció que el gobierno debía cumplir con la implementación de ciertas medidas económicas.
En respuesta, el gobierno mexicano estableció el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que tenía como objetivo llevar a cabo un ajuste estructural mediante una reforma fiscal y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos generados por décadas de prácticas económicas deficientes. Esto incluía la reorientación y modernización del aparato productivo, la descentralización de las actividades económicas para fomentar el desarrollo regional y el impulso al sector empresarial y social. Sin embargo, los graves problemas económicos del país dificultaron que el gobierno pudiera enfocarse plenamente en la ejecución de estas medidas.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: José Luis Ávila. La era neoliberal.
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Imagen: El Presidente Miguel de la Madrid, entrega el lábaro patrio a abanderado. 24 de febrero de 1985.
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