La nueva constitución surgida del nuevo orden revolucionario intentaría superar muchos de los abusos asumidos durante el Porfiriato, siendo uno de ellos sobre la posesión de los productos del subsuelo, los cuales se asumían como propiedad del que lo encontrara o del dueño del terreno, siendo un gran atractivo para las empresas extranjeras las cuales llegaron a explotar aquellos yacimientos. Un elemento que resultaría fundamental al nivel mundial seria el petróleo, empezando a ser explotado desde finales de siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX por parte de empresas estadounidenses e inglesas, resultando su producción fundamental en los tiempos revolucionarios por su acoplamiento con la Primera Guerra Mundial y la innovación como combustible de los vehículos motorizados, este nuevo contexto hizo que los políticos pusieran como principio la soberanía de la nación sobre su aprovechamiento.
Pero la política revolucionaria desde sus inicios había resultado muy renuente en cuanto a su asociación con cualquier potencia extranjera con tendencias más aislacionistas (como la postura de Carranza con respecto a la PGM), aumentando la animadversión con respecto a cualquier plan para tratar de regular las acciones de sus empresas y poniéndolo como motor para limitar el reconocimiento diplomático. Este problema lo tendría posteriormente Álvaro Obregón, sobre todo por la forma con la que llego a la presidencia que podría tomarse como golpista, siendo un arma para EU para negociar la no aplicación de las leyes para sus empresas en general, derivándose en los conocidos “Acuerdos de Bucareli” y con ello el gobierno mexicano podía acceder a líneas de crédito necesarias para la reconstrucción del país. La posición obregonista no sería seguida por su sucesor Plutarco Elías Calles, quien tenía ideas más radicales en cuanto al nacionalismo y estaba dispuesto a hacer valer la Constitución de 1917, por lo que una vez en el gobierno empieza a trabajar en proyectos de ley para eficientar el control estatal sobre el petróleo.
El trabajo legislativo ordenado por el presidente empezaría a discutir el tema a principios de 1925, siendo a finales de año cuando se concreta la llamada “Ley del Petróleo”, donde se ratifica el monopolio exclusivo del petróleo al considerarse una industria de utilidad pública, siendo el estado quien otorga los permisos para su aprovechamiento. Se le suma una revaluación sobre los acuerdos y títulos de propiedad adquiridos antes de la promulgación de la nueva constitución para sustituirlos por “concesiones confirmatorias” con un plazo de 50 años, pero para las nuevas concesiones tenían que ser otorgadas tanto a ciudadanos o sociedades mexicanas, así como a extranjeros tomando como base las disposiciones de ley de extranjería, limitándolos a no adquirir terrenos sobre la franja costera con un alcance de 50 km y de la frontera a 100 km, mientras los derechos de los tratos hechos antes de la promulgación constitucional tendrían validez de por vida para los propietarios y solo diez años en caso de ser heredados.
Tanto la cancillería estadounidense como la británica estaban a la expectativa de la formulación de aquella reglamentación y fueron estudiándola conforme iban surgiendo, para finales de año cuando vieron su inminente aprobación fue cuando el gobierno estadounidense entra en acción ordenando a su embajador James R. Sheffield a protestar ante el gobierno tratando de sostenerse con los acuerdos de Bucareli, pero como no fueron oficializados por el poder legislativo le permitió al canciller Aaron Sáenz a desdeñar cualquier alegato derivado de ellos. El problema sería abordado por el secretario de Estado Frank B. Kellogg, quien trata de abordar la disputa de forma agresiva, pero Sáenz logra refutarlos usando incluso el derecho internacional, pero la defensa estadounidense llega a acusar la ley de retroactiva, siendo contestados de que el estado de derecho de una ley anterior podía ser cambiada por una nueva ya que de lo contrario no se podría realizar avances en la legislación, incluso usa la cláusula de los acuerdos de Bucareli donde se le reconocía a México el derecho a legislar en materia agraria y como las expropiaciones pueden ser aceptadas siempre y cuando se pagase la indemnización correspondiente.
La cancillería mexicana hizo un trabajo impecable para la defensa de las acciones del gobierno, pero el estallido de la Guerra Cristera en 1926 cambio el panorama al debilitar al Estado, por lo que tanto Calles como sus partidarios no dudaron en acusar a los cristeros de estar financiados por las empresas estadounidenses. El tiempo estaba corriendo en contra de ambos lados, ya que la ley ponía como límite hasta enero de 1927 para la revisión de las concesiones petroleras, negándose las empresas estadounidenses a someterse a las disposiciones y haciendo que el presidente estadounidense Calvin C. Coolidge elevase a amenaza de guerra en caso de implementarse las disposiciones que iban desde la cancelación de permisos y la clausura de pozos e instalaciones petroleras, siendo respondido por Calles haciendo publica la orden dada al general Lázaro Cárdenas (jefe de operaciones militares en la Huasteca) de incendiar los pozos en caso de que llegasen las tropas estadounidenses a Tampico y amenazando con llevar a la Corte Internacional de La Haya los planes de invasión robados de la embajada por la gente de Luis N. Morones. Como la situación de había llegado a tales extremos, ambos gobiernos tuvieron que ceder, tanto EU tuvo que olvidarse de sus amenazas y Calles se vio obligado a rebajar las exigencias a las empresas sin quitar ninguna ley, sirviendo de base para las acciones de Lázaro Cárdenas como presidente.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Pedro Salmerón. Al borde de la guerra. La defensa del petróleo mexicano, de la revista Relatos e Historias en México no. 49.
Imagen:
- Izquierda: Anónimo. Pozos petroleros de la Compañía Union, Tampico, Tamaulipas, 1920.
- Derecha: Archivo Casasola. Plutarco Elías Calles, Presidente de México, 1928.
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