La situación heredada por los españoles en el septentrión era caótica, dado el vasto territorio bajo su control de facto en comparación con la escasa población que habitaba en las villas. Sumado a esto, el clima belicoso generado por la animadversión con las tribus hizo que, para finales del siglo XVIII y principios del XIX, los estadounidenses encontraran un escenario propicio para hacer negocios e incluso reclamar esas tierras. El gobierno mexicano solo contaba con el respaldo otorgado por el Tratado Adams-Onís, firmado en 1819, para reafirmar su soberanía sobre esos inmensos territorios. Sin embargo, carecían del personal necesario para garantizar la protección fronteriza, ya que heredaron las milicias virreinales. Además, la pobreza económica de las provincias hacía imposible competir o contener a los comerciantes estadounidenses de Missouri. Por lo tanto, la presencia de estos comerciantes era considerada necesaria para romper el aislamiento en el que vivían los habitantes del norte.
En los primeros trabajos legislativos, los representantes de Nuevo México fueron los principales impulsores para establecer el libre comercio con los estadounidenses, ya que constituía su única fuente de ingresos. Sin embargo, esta opinión no era compartida ni por el resto de los legisladores ni por el gobierno. Incluso los encargados de negocios mexicanos en Washington intentaban persuadir al gobierno de prohibir el comercio a través de la ruta de Saint Louis-Santa Fe.
Para aumentar la tensión, la sociedad novomexicana estaba completamente a favor de la presencia estadounidense y buscaba maneras de estrechar lazos. Además del factor económico y mercantil, esta presencia les otorgaba la fuerza necesaria para liberarse del yugo de los comerciantes chihuahuenses. Antes de la llegada de los estadounidenses, estos comerciantes eran los encargados de mantener la comunicación de la provincia con el resto del reino, imponiendo sus condiciones y vendiendo a precios elevados.
Desde el punto de vista de Chihuahua, la presencia de los comerciantes estadounidenses representaba una amenaza a su monopolio, ya que traían mercancías de mejor calidad. Además, este fenómeno suponía un problema a nivel nacional, dado que los comerciantes siempre habían actuado como agentes del gobierno de México, dictando las ordenanzas que debían acatarse. La amenaza aumentó considerablemente cuando las caravanas estadounidenses empezaron a descender hasta la capital, disputándoles el mercado.
El primero en tomar medidas fue el gobernador José de Urquidi, quien en 1825 convenció al secretario de Relaciones Interiores y Exteriores de aplicar aranceles a los comerciantes a su paso por la frontera. Estas medidas se implementaron con el fin de salvaguardar los intereses chihuahuenses, pero resultaron ser insuficientes.
En el ámbito exterior, la cancillería mexicana establecida en Washington, a través de su representante Pablo Obregón, estaba al tanto de los intereses estadounidenses en el mercado de Santa Fe. La importancia de este hecho se reflejó en el nombramiento de cónsules tanto para Santa Fe como para Saltillo, cuya función era brindar asistencia a los ciudadanos estadounidenses. En reciprocidad, se solicitó el permiso para establecer un consulado en Saint Louis, lo que permitiría mantener vigilancia sobre las caravanas.
Cualquier intento de ejercer control sobre la frontera resultaba insuficiente, ya que no se disponía de los recursos ni del personal necesario para garantizar la recaudación de derechos aduanales a las caravanas, que prácticamente transitaban de manera libre. Además, se tenía presente la limitación para imponer impuestos elevados debido a la permeabilidad de la frontera, lo cual podría incentivar el aumento del contrabando.
Uno de los problemas fundamentales residía en una de las antiguas promesas de la independencia: la eliminación de la estructura monopólica que sustentaba la economía española. Entre las clases populares, el libre comercio se percibía como una oportunidad para que más personas pudieran ganar dinero sin mayores controles.
Con el fin de cumplir con esas expectativas, desde el Primer Imperio se decidió mantener la Dirección de Aduanas virreinal, cambiando únicamente de personal. Esto se hizo con el objetivo de ejercer cierto control sobre las entradas de mercancías en los puntos de llegada, todo conforme al reglamento «Arancel general interino para el gobierno de las aduanas marítimas en el comercio libre del Imperio». Este reglamento establecía un cobro del 25% sobre el valor de la mercancía, más un derecho de 20 reales por tonelada, considerablemente más económico que el anterior sistema.
Los puntos de llegada para las importaciones se establecieron en Veracruz, Acapulco, Soto la Marina, El Refugio, San Blas, Mazatlán y San Diego, aunque con el tiempo se ampliaría la lista. Aunque existía un consenso en la implementación de una política comercial libertaria, otro sector abogaba por el proteccionismo. Estos individuos eran conscientes de que, si no se establecían límites a los comerciantes extranjeros, podrían afectar a largo plazo la economía del país. Por lo tanto, se produjo un aumento gradual de los aranceles aduaneros con una tendencia hacia la moderación.
Al concluir la década de los veinte, las aduanas se habían consolidado como una fuente segura de financiamiento para el Estado, dada la incapacidad de recaudar impuestos de manera efectiva de parte de los ciudadanos en general. Esto se convirtió en un incentivo para la llegada continua de comerciantes, a pesar del detrimento de la endeble industria nacional, la cual carecía de los medios para competir con las importaciones. Esto generó una constante demanda por parte del gobierno para que se les apoyara mediante la imposición de un mercado cerrado.
El principal producto de importación era la tela, alcanzando el 64% del total de ingresos. Esto desencadenó una serie de problemas que afectaron desde los agricultores de algodón y lino hasta las primeras fábricas textiles del país. Estas fábricas habían demostrado, en los últimos años del virreinato, su potencial para convertirse en la base de la industria nacional, convirtiendo al sector textil en uno de los rubros que los gobiernos buscarían proteger.
Gracias por su atención y los espero en la siguiente lectura.
Federico Flores Pérez.
Bibliografía: Ignacio del Rio. Mercados en asedio. El comercio transfronterizo en el norte central de México (1821-1848).
Para más contenido histórico o para opinar del tema, visita la página de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064319310794
Si te gustan los artículos, leer mas de los publicados en el blog y apoyar al proyecto, vuélvete un asociado en la cuenta de Patreon: https://www.patreon.com/user?u=80095737
Únete a Arthii para conocer a mas creadores de contenido siguiendo este enlace: https://www.arthii.com?ref=antroposfera
Imagen: S/D. Caravanas abasteciéndose de provisiones, principios de siglo XIX.
Antropósfera 